ANM propone castigar con cárcel el uso ilegal de mercurio en la minería
En un intento por frenar el uso del mercurio en la minería ilegal en Colombia la Agencia Nacional de Minería (ANM) presentó un proyecto de ley que busca castigar penalmente toda la cadena asociada a la utilización ilícita de este metal pesado que continúa afectando zonas de alta biodiversidad y comunidades vulnerables.
La iniciativa contempla penas de entre 60 y 84 meses de prisión, así como multas que podrían alcanzar los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las sanciones se agravan si el mercurio es usado en áreas de especial protección ambiental o si pone en riesgo poblaciones vulnerables.
El proyecto exceptúa el uso con fines médicos, científicos o industriales que cuenten con autorización expresa de las autoridades competentes.
Aunque desde 2018 está prohibido el uso del mercurio en la minería en Colombia, su aplicación persiste en departamentos como Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Santander, Huila, Cauca y Nariño, donde la extracción de oro continúa dependiendo de esta sustancia pese a los esfuerzos de formalización minera y fomento de tecnologías limpias.
Los impactos de este metal en la salud y el medioambiente han sido ampliamente documentados por autoridades sanitarias y ambientales.
“Colombia no puede seguir siendo territorio de impunidad para quienes usan el mercurio de manera indiscriminada”, señaló el presidente de la ANM, Luis Álvaro Pardo Becerra, durante la presentación del articulado.
El funcionario explicó que esta propuesta busca garantizar el derecho a un ambiente sano y avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco del Convenio de Minamata, un tratado suscrito por más de 140 países para reducir y eliminar el uso del mercurio en procesos industriales y mineros.
La iniciativa fue expuesta ante delegados de los ministerios de Justicia, Defensa, Minas, Ambiente y Energía, así como representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y organismos internacionales como la ONU.
El propósito, según la ANM, es construir una propuesta articulada que pueda contar con respaldo del Ejecutivo y ser radicada en el Congreso en la próxima legislatura.
Si bien sectores ambientalistas han recibido positivamente la propuesta, su implementación enfrenta varios retos. Entre ellos, el control de las cadenas ilegales de suministro, la fiscalización en territorios de difícil acceso y el acompañamiento técnico y financiero a pequeños mineros que aún dependen del mercurio por falta de alternativas viables.
