JEP impuso sus primeras sanciones restaurativas a exFARC por secuestros y ejecuciones
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estuvo a punto de dar un paso crucial en el proceso de justicia transicional en Colombia al imponer las primeras sanciones restaurativas contra exjefes de las FARC, en el contexto de los macrocasos que investigan violaciones graves de derechos humanos, como secuestros (Caso 01) y ejecuciones extrajudiciales (Caso 03).
Esta medida, que fue la primera de su tipo en la historia reciente del país, generó controversia debido a los impactos que tuvo tanto en las víctimas como en los comparecientes, quienes asumieron sanciones sin recurrir a la cárcel, pero con restricciones significativas a sus derechos.
«Nosotros tomamos el camino difícil: estructurar los proyectos primero para que no sea una sentencia imposible de cumplir«, señaló en su momento a Colprensa el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien indicó que esta fase, clave en la justicia transicional, implicó la verificación de las condiciones para que las sanciones, que incluyeron trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador (TOAR), fueran viables y ejecutables.
Estos proyectos, que según la JEP respondieron a las necesidades y expectativas de las víctimas, incluyeron acciones como la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado en zonas afectadas y la reparación simbólica mediante la memoria histórica.
El modelo judicial que se aplicó en estos casos buscó romper con la justicia punitiva tradicional, apostando por un enfoque de reparación, reincorporación y no repetición. Pero, ¿qué se pudo esperar de estas penas? ¿Cómo operaron en la práctica y qué impacto tuvieron en las víctimas y los responsables?
Ramelli indicó en diversas intervenciones que el modelo de sanciones restaurativas «requirió estructurar proyectos viables antes de dictar sentencia«, pues el objetivo fue evitar que las decisiones judiciales se convirtieran en «promesas incumplidas para las víctimas«. Según el magistrado, este proceso fue «difícil«, pero permitió diseñar sanciones que no se quedaran en el papel.
Las sanciones que se prepararon incluyeron TOAR y fueron el resultado de un largo proceso de negociación y trabajo conjunto con las víctimas. Según el Tribunal de Paz, se consultó a más de 200 víctimas, representantes indígenas y autoridades étnicas, quienes aportaron sus ideas y demandas para que los proyectos fueran lo más pertinentes y efectivos posible.
Para garantizar que las sanciones fueran efectivas, la JEP enfrentó desafíos logísticos y financieros. «No basta con dictar sentencia, sino que hay que construir la infraestructura necesaria para que los proyectos sean viables«, destacó Ramelli.
El acuerdo firmado con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) estableció una financiación de $50 mil millones para hacer realidad las sentencias. Sin embargo, esta financiación enfrentó desafíos adicionales, ya que la JEP debió coordinar el cumplimiento de los proyectos con diferentes actores del Estado y de la sociedad civil.
La JEP no solo tuvo la tarea de estructurar las sanciones, sino también de monitorear su cumplimiento. En este sentido, se diseñaron «bitácoras de seguimiento» que permitieron verificar, por ejemplo, si los excombatientes realmente estaban trabajando en el desminado de las zonas afectadas por las minas antipersonales, o si cumplían con las labores de reparación en las comunidades víctimas de secuestros y otras violaciones de derechos humanos.
LAS SANCIONES RESTAURATIVAS PILOTO
El Tribunal de Paz inició tres proyectos restaurativos anticipados con el fin de implementar sanciones en el marco de la justicia transicional. Estos proyectos, desarrollados en diversas regiones del país, involucraron a exintegrantes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública, y buscaron reparar el daño a las víctimas y contribuir a la reconciliación.
“Nosotros ya realizamos tres proyectos anticipados (…) para medir todas las complejidades” de las Sanciones Propias de la JEP, aseguró Ramelli.
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En el municipio de Nariño, 13 excombatientes de las FARC colaboraron con la comunidad indígena Awá en la reconstrucción de la Casa de la Sabiduría Marcos Paí, un espacio cultural y espiritual para este pueblo. El proyecto consistió en la construcción de un camino hacia la Casa, en el marco de una minga, o trabajo colectivo, que involucró a ambos grupos en actividades de restauración. Este proyecto buscó fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado en la región.
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El proyecto Horizontes Seguros, llevado a cabo en Dabeiba, Antioquia, involucró tanto a exintegrantes de las FARC como a miembros de la Fuerza Pública, investigados por ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos”. Estos comparecientes colaboraron en la educación de las comunidades sobre el riesgo de minas antipersona en cuatro municipios: Dabeiba, Mutatá, Frontino y Murindó.
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Tres máximos responsables del subcaso Huila, vinculados al Caso 03, participaron en el proceso de exhumación de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Cementerio Central de Neiva, en colaboración con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
¿QUÉ SE PUDO ESPERAR DE LAS SANCIONES?
En la práctica, los responsables de crímenes graves como secuestros y ejecuciones extrajudiciales realizaron actividades directamente relacionadas con la reparación de los daños causados, tales como el desminado, la exhumación de víctimas y la construcción de proyectos comunitarios. Estas actividades fueron validadas tanto por la Secretaría Ejecutiva de la JEP como por las víctimas.
El impacto en las víctimas se reflejó en su participación activa en la definición y ejecución de los proyectos restaurativos. La JEP garantizó que las víctimas tuvieran voz en la creación de los TOAR, y que estos respondieran a sus necesidades y demandas.
También se promovió la participación de comunidades étnicas, con enfoques diferenciales y un respeto a sus valores culturales. En los casos de mujeres y personas LGTBI, los TOAR se diseñaron con enfoque de género y diversidad.
En cuanto a los responsables, el proceso se enfocó en su reintegración social mediante estas actividades reparadoras, con restricciones de libertad como limitación de residencia y movimiento, sin necesidad de recurrir a la prisión tradicional.
Para garantizar la efectividad, se estableció un sistema de monitoreo y verificación, en colaboración con organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU y autoridades nacionales como el Ministerio de Defensa.
CAMBIAR EL PARADIGMA
El modelo de justicia restaurativa, aunque innovador, se enfrentó al reto de cambiar una mentalidad arraigada en la sociedad colombiana. Durante décadas, el conflicto armado se resolvió bajo un sistema de castigo y prisión. La transición hacia un enfoque de reparación y reconciliación exigió un cambio cultural profundo.
Según Ramelli, este cambio no fue fácil. Surgieron voces críticas que calificaron estas sanciones como una forma de impunidad, sobre todo en casos como los secuestros y las ejecuciones extrajudiciales.
Estos sectores defendieron que solo las penas de prisión garantizaban justicia. Por ello, el reto fue doble: implementar el modelo y convencer a la sociedad de que era un camino más efectivo hacia la paz.
«La verdad tiene un contenido terapéutico«, subrayó Ramelli, insistiendo en la importancia de la reparación emocional y social. «El primer paso para la reconciliación es el establecimiento de la verdad«, concluyó el presidente de la JEP.
