URRÁ responde a acusaciones en medios de comunicación sobre tarifas y contratos

URRÁ responde a acusaciones en medios de comunicación sobre tarifas y contratos

Montería, 29 de agosto de 2024. La Empresa URRÁ ha salido al paso de las recientes acusaciones que han circulado en algunos medios de comunicación, con un comunicado donde defiende la transparencia y legalidad de sus operaciones.

Tarifas de energía de URRÁ: Basadas en criterios técnicos y regulatorios

URRÁ asegura que, durante sus 24 años de operación, las tarifas de venta de energía han sido establecidas conforme a criterios técnicos y reguladores definidos por las autoridades competentes. Estas tarifas reflejan los costos reales de producción y están diseñadas para ser competitivas en el mercado, justas para los consumidores y sostenibles para la planta.

Transparencia en la relación con comercializadoras

La empresa también abordó las acusaciones sobre posibles vínculos indebidos con comercializadoras de energía, negando rotundamente cualquier favoritismo o relación privilegiada. URRÁ aclara que los contratos de venta de energía son adjudicados a través de procesos totalmente transparentes y competitivos, en estricto cumplimiento con las normativas del mercado eléctrico.

Compromiso ético y legal de URRÁ

En su comunicado, URRÁ reafirma su compromiso con la ética, la transparencia y la legalidad en todas sus operaciones. Todos los procesos relacionados con la generación y venta de energía se llevan a cabo bajo rigurosos controles para asegurar que cumplen con la legislación vigente.

Disposición a colaborar y decisiones técnicas

La empresa expresó su disposición a colaborar plenamente con cualquier investigación que se realice para esclarecer sus operaciones, destacando que todas sus decisiones se basan en criterios técnicos y no están influenciadas por intereses políticos.

Con este comunicado, URRÁ busca aclarar cualquier duda y reafirmar su compromiso con la transparencia y la ética en su gestión.

Cambio Radical impulsa reforma para ampliar la participación política juvenil en Colombia

Cambio Radical impulsa reforma para ampliar la participación política juvenil en Colombia

En un esfuerzo por fortalecer la democracia y ampliar la participación política de los jóvenes en Colombia, el partido Cambio Radical ha presentado un ambicioso proyecto de ley ante el Congreso de la República. Esta iniciativa busca reformar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, modificando las leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018, con el objetivo de garantizar que las voces juveniles sean prioritariamente consideradas en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones políticas.

Con el fin de empoderar a la juventud colombiana y asegurar que sus preocupaciones y necesidades se reflejen en las decisiones políticas, Cambio Radical ha propuesto una reforma que promete revolucionar la participación política de los jóvenes en el país. Esta propuesta incluye la implementación de listas abiertas en las elecciones de los Consejos de Juventud, un cambio que busca fomentar una mayor participación ciudadana y fortalecer la representación política juvenil.

El proyecto de ley, anunciado oficialmente el 27 de agosto de 2024, establece a los Consejos de Juventud como interlocutores obligatorios en cualquier decisión política que afecte a la juventud colombiana. Este cambio representa un avance significativo en la representación juvenil, asegurando que las políticas públicas reflejen mejor las inquietudes y necesidades de los jóvenes en el país.

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Según Sebastián Rengifo, director de juventudes de Cambio Radical, “Esta reforma es un paso fundamental para empoderar a los jóvenes y asegurar que sus voces sean escuchadas en la política colombiana. Queremos una democracia más inclusiva donde todos tengan la oportunidad de participar y ser representados».

Entre los cambios propuestos, destaca la redistribución de curules dentro de los Consejos de Juventud, que asignará el 30% a jóvenes independientes, otro 30% a procesos organizativos, y el 40% restante a partidos políticos. Este enfoque busca un equilibrio entre representación política y participación ciudadana, fomentando la inclusión y diversidad en el ámbito político.

Además, la reforma pretende implementar listas abiertas en las elecciones de los Consejos de Juventud, permitiendo una mayor diversidad de opciones y asegurando que los jóvenes tengan un rol más activo y efectivo en el proceso electoral.

La implementación de estas reformas se considera crucial para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Al promover la participación activa de los jóvenes y fomentar la innovación política a través de nuevos liderazgos, Cambio Radical demuestra su compromiso con la renovación política y la construcción de un país más inclusivo y representativo. Este proyecto no solo busca garantizar que los jóvenes sean escuchados, sino también que tengan un papel central en la toma de decisiones que afectan su futuro.

 

Proyecto para modificar el escudo de Colombia será presentado por el Pacto Histórico en los próximos días

Proyecto para modificar el escudo de Colombia será presentado por el Pacto Histórico en los próximos días

La representante Dorina Hernández, miembro del Pacto Histórico, ha confirmado que en los próximos días se radicará un proyecto de ley en el Congreso que busca modificar el escudo de Colombia para incluir la frase «Libertad y Orden Justo». Esta iniciativa se enmarca dentro de la propuesta lanzada semanas atrás por el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de actualizar los símbolos nacionales para reflejar los valores de justicia social y equidad en la Colombia del siglo XXI.

Dorina Hernández, encargada de dar forma a esta propuesta, señaló que la modificación del escudo no es solo un cambio estético, sino un símbolo de la aspiración del país hacia una justicia social más inclusiva y equitativa. Según la representante, este cambio reflejará la democracia y la equidad que deben inspirar a la nación.

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El presidente Petro ha sido un ferviente defensor de esta iniciativa, argumentando que el escudo debe reflejar un «orden justo» que permita alcanzar una verdadera libertad. Durante un evento en Bolívar, el mandatario instó a los congresistas de su bancada a presentar el proyecto, incluso sugiriendo que, aunque no se apruebe como ley, el escudo se modificará para incluir la nueva consigna.

Sin embargo, esta propuesta ha generado debate no solo por su significado, sino también por sus implicaciones prácticas. Un cambio en el escudo nacional implicaría modificaciones en el manual de marca de la Presidencia, la papelería oficial, identificadores, banderas y otros elementos visuales utilizados por las entidades del Estado. El representante Cristian Avendaño, de la Alianza Verde, ha expresado preocupaciones sobre los costos asociados y ha instado al Ministerio de Cultura a realizar un estudio completo sobre la conveniencia del cambio, tanto desde una perspectiva identitaria como financiera.

Mientras tanto, la representante María del Mar Pizarro, también del Pacto Histórico, ha sugerido que podría ser el momento de discutir cambios en otros símbolos nacionales, como el himno nacional, lo que amplía aún más el alcance de este debate.

Este proyecto de ley promete ser un tema de discusión significativo en el Congreso en los próximos meses, mientras se evalúan tanto sus méritos simbólicos como sus posibles impactos prácticos y financieros.

Colombia, Panamá y Estados Unidos reafirman su compromiso con una gestión coordinada y humanitaria de la migración irregular

Colombia, Panamá y Estados Unidos reafirman su compromiso con una gestión coordinada y humanitaria de la migración irregular

En un significativo paso hacia una gestión más efectiva y humanitaria de la migración irregular, los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos han reafirmado su compromiso de abordar esta problemática con un enfoque integral centrado en los derechos humanos y la responsabilidad compartida.

Este compromiso fue ratificado en la III Reunión del Mecanismo Tripartito sobre Migración, celebrada en Cartagena de Indias, y se enmarca dentro de los principios establecidos en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.

Durante la reunión, los representantes de los tres países subrayaron la importancia de la cooperación internacional para gestionar los flujos migratorios de manera eficiente y respetuosa con los derechos de las personas. El Canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, destacó los avances logrados por el Gobierno del Cambio, que incluyen la regularización de 2,5 millones de migrantes venezolanos y la implementación de Oficinas de Movilidad Segura. Estas oficinas facilitan el acceso a vías legales para Estados Unidos y otros países, y buscan expandir la cobertura de regularización para los venezolanos no incluidos en el Estatuto Temporal de Protección.

Por su parte, el Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, resaltó la reciente firma de un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para repatriar a los migrantes que no cuentan con una base legal para permanecer en Panamá. Esta medida es parte de un esfuerzo coordinado para regularizar y gestionar de manera más eficiente la migración en la región.

Además de estos esfuerzos, los tres países han reconocido la amenaza significativa que representan las organizaciones criminales transnacionales que se benefician de la explotación de los migrantes. En respuesta, han reafirmado su compromiso de identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a estas redes criminales.

La reunión también abordó la complejidad de los flujos migratorios irregulares que atraviesan la frontera entre Colombia y Panamá. Estos flujos, que involucran a personas de más de 90 nacionalidades, algunas de las cuales ingresan a la región a través de terceros países, requieren un enfoque regional coordinado. Por ello, los tres países se han comprometido a fomentar el diálogo con otros países de la región para aumentar las alternativas seguras de migración.

Colombia y Panamá han subrayado la importancia de proteger los ecosistemas estratégicos y las comunidades locales a lo largo de su frontera común. En línea con los principios interamericanos de derechos humanos, los tres países han expresado su intención de fortalecer los esfuerzos de regularización e integración socioeconómica para los migrantes.

SAE entregó cinco fincas a 300 campesinos en Córdoba

SAE entregó cinco fincas a 300 campesinos en Córdoba

Sahagún, Córdoba, 23 de agosto de 2024. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó el día de ayer una significativa entrega de terrenos en Sahagún, Córdoba, que promete transformar la vida de 300 campesinos de la región.

Un total de cinco fincas, que suman 1.378 hectáreas, fueron oficialmente transferidas a diversas organizaciones y agencias gubernamentales con el objetivo de rehabilitar estas tierras previamente vinculadas con actividades ilegales.

Entre las propiedades entregadas destaca la Finca Nuevo México, una extensión de 497 hectáreas, que ha sido asignada a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta acción es parte de una estrategia integral del Gobierno Nacional destinada a mejorar la calidad de vida de los campesinos en Sahagún.

La Finca Tucunare, con 17 hectáreas, también ha sido entregada a la ANT, facilitando así la distribución de tierras y fortaleciendo el apoyo a los agricultores locales.

La Finca Maragón, que cuenta con 710 hectáreas, ha sido cedida a la organización Los Laureles. Esta propiedad es especialmente prometedora para la producción de alimentos, lo que contribuirá al desarrollo económico y la seguridad alimentaria en la región.

Por otro lado, la Finca Tengo Amores, de 40 hectáreas, ha sido asignada a sus nuevos ocupantes que planean implementar proyectos agrícolas y piscícolas, diversificando así las actividades económicas de la zona.

La Finca Las Monitas, con 114 hectáreas, fue entregada a la Asociación Rosmug, que se encargará de la producción de cultivos de pancoger y avicultura, este terreno beneficiará directamente a 18 personas, quienes podrán generar ingresos y mejorar su bienestar mediante actividades agrícolas sostenibles.

Estos terrenos estaban anteriormente asociados con delitos como lavado de activos, narcotráfico y corrupción. La transferencia de estas fincas es parte de un esfuerzo continuo del Gobierno Nacional para restituir tierras a comunidades que las necesitan, promoviendo un desarrollo rural inclusivo y sostenible.

La SAE, junto con la ANT y otras organizaciones locales, busca convertir estos espacios en motores de progreso económico y social, impulsando así la economía popular y el bienestar de las comunidades campesinas en Sahagún.

Con esta entrega, el Gobierno reafirma su compromiso con la justicia social y el desarrollo integral de las regiones afectadas por conflictos y actividades ilícitas, dando un nuevo propósito a las tierras que una vez fueron símbolos de problemas y ahora se transforman en oportunidades para el crecimiento y la prosperidad local.