Contraloría alerta: EPS deben $32,9 billones y solo 6 cumplen requisitos financieros

Contraloría alerta: EPS deben $32,9 billones y solo 6 cumplen requisitos financieros

Como un año en el que se profundizó la crisis de recursos de parte de las EPS se pueda calificar al 2024, de acuerdo con el informe emitido por la Contraloría General de la República de las cifras del informe financiero con corte al 31 de diciembre de 2024.

En el reporte de la Contraloría General de la República, se reporta que la deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud asciende a $32,9 billones, lo que evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema. Adicionalmente, 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas.

Igualmente la Contraloría identificó que de las 29 EPS activas, únicamente 6 cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas), pero tiene apenas un cubrimiento del 10,92% de los afiliados. “El resto de la población afiliada (89,08%) lo están en EPS que incumplen uno o más de estos requisitos”, precisa el reporte de la Contraloría. Además ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente.

Un aspecto más identificado fue que desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, han sido autorizadas 157 EPS, “hoy solo operan 29, de las cuales solamente 6 cumplen con los requisitos habilitantes. Las liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, que deben asumir afiliados sin contar con capacidad operativa o financiera suficiente, profundizando la crisis”.

En cuanto a la solvencia, el reporte dice que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 EPS incumplen el patrimonio adecuado, 22 EPS no invierten sus reservas técnicas como exige la norma.

Se identificó además que las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos, “no obstante, a que en la vigencia 2024 les fueran pagadas cerca del 90% de la facturación (13.3 de 14.7 billones de pesos), ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de PQR”.

La Contraloría señala que con respecto a la Nueva EPS —con más de 11.5 millones de afiliados— no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024 y registra patrimonio negativo, “su intervención no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país”.

Para el ente de control fiscal la modalidad de Pago Global Prospectivo (PGP), establecida en el Decreto 441 de 2022, “representa un riesgo fiscal significativo al permitir pagos anticipados sin mecanismos sólidos de control sobre la prestación efectiva de los servicios. Esta medida progresiva, debilita la discusión del sector en torno a la suficiencia de los recursos dispuestos para la UPC”.

Con respecto al gasto administrativo de 8% para el régimen subsidiado y de 10% para el contributivo, dice la Contraloría que “27 EPS reportan entre el 4% y 8% en este margen. No existe una reglamentación clara para el cálculo de este gasto y, Ministerio de Salud y Protección Social ni Superintendencia Nacional de Salud, han emitido lineamientos técnicos al respecto. Esto, en el marco de una siniestralidad promedio reportada del 111%, conduce a la necesaria discusión sobre la viabilidad del sistema actual.

La Contraloría indica que las EPS Sura, Emssanar, Aliansalud y otras reportaron utilidades operativas y netas por $198.745 millones, que, según certificaciones, fueron reinvertidas en reservas legales y en la cobertura de pérdidas acumuladas.

Un aspecto clave del reporte de la Contraloría General es que las medidas adoptadas por la Superintendencia no han revertido la crisis financiera ni mejorado la calidad de la atención. La CGR advierte además que no se han exigido acciones contundentes a los interventores para lograr la estabilidad de las EPS.

Las PQR aumentaron en un 23,2%, pasando de 1.3 millones en 2023 a más de 1.6 millones en 2024. El 91% se relaciona con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. La Nueva EPS concentró el 22% del total. Se presentaron 175.025 tutelas en 2024 por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior.

De Colprensa

Bancada uribista pide corregir rumbo con EE. UU. y fortalecer relación estratégica

Bancada uribista pide corregir rumbo con EE. UU. y fortalecer relación estratégica

La bancada del Centro Democrático expresó sus cuestionamientos al gobierno nacional por el manejo de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

Señalaron que esta crisis que enfrentan el país con el llamado a consultas del los embajadores de ambos países es un «grave daño» y un deterioro de estas relaciones producto de las acciones del presidente Gustavo Petro.

En su señalamiento, el Centro Democrático defendió al Secretario de Estado Marco Rubio y los Congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, quienes «han sido amigos y aliados del pueblo colombiano».

Agregaron que estas descalificaciones a integrantes del gobierno Trump «no representan los intereses del pueblo colombiano y deterioran una relación estratégica para ambos paises«.

Ante esta situación, hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro a tomar acciones ante estas relaciones con los Estados Unidos que generan beneficios comerciales superiores a los 32 mil millones de dolares.

«Instamos al presidente Gustavo Petro a tramitar cualquier diferencia por las vías instituciones y con respeto, evitando insultos y provocaciones publicas», señalaron.

Finalmente, hacen un llamado al pueblo a elegir para el 2026 un gobierno que priorice el respeto internacional y fortalezca los lazos con los Estados Unidos.

De Colprensa

Violencia política en Colombia: ¿cuándo romperá el ciclo?

Violencia política en Colombia: ¿cuándo romperá el ciclo?

En 1948, cuando en Colombia la violencia partidista había escalado el más alto nivel de barbarie en esa modalidad, el jefe del Partido Liberal de entonces, Jorge Eliécer Gaitán, convocó a una llamada “marcha del silencio”, como expresión pública de rechazo a tantos actos homicidas. Era la causa de la paz o no violencia. Se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero del año señalado. Fue caudalosa y cubría todo el escenario escogido. La solemnidad de esa manifestación no tuvo grietas. Nadie le hizo disidencia al orden acordado. Con tono resonante pero armónico, en demanda de la paz, Gaitán pronunció uno de sus más relevantes discursos.

Dijo Gaitán: “Señor Presidente: Aquí están presentes todos los hombres que han desfilado y demuestran una fuerza y un poderío no igualados y sin embargo, no hay un solo grito”. En esa oración sustentó la capacidad popular para rechazar la ofensiva criminal y promover la paz.

La manifestación del silencio de 1948 y la oración por la paz de Gaitán hacen parte del legado histórico en defensa del derecho a vivir en condiciones de protección.

Frente a los desatinos criminales, como el atentado de que fue víctima el precandidato Miguel Uribe Turbay, lo procedente es rechazar esa agresión sin incurrir en narrativas de estigmatización dictadas por el odio y la fijación con señalamientos mentirosos.

La marcha del silencio que se organizó como repudio al atentado criminal contra Miguel Uribe debió cumplir esa legítima finalidad, pero muchos de sus participantes se salieron del orden acordado y se dedicaron al insulto. Convirtieron el silencio en agresión, como si con ese extravío repararan tan criminal acción. No fue como la manifestación de Gaitán, que sigue siendo una lección de sustentación democrática.
Tampoco es aceptable que el atentado contra Uribe Turbay pretenda ser explotado con fines electorales sucios.

Ante la consumación del atentado contra Miguel Uribe Turbay debe ser activo el rechazo nacional, con sentido de solidaridad contra la violencia, como también debiera ser en los casos de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, promotores de las marchas de protesta ciudadana, campesinos o representantes de comunidades afros o indígenas.

La recurrente violencia en Colombia debe parar y no tener repetición. El exterminio de la Unión Patriótica, la ejecución perversa en la operación de los “falsos positivos”, los homicidios contra candidatos a la Presidencia y otros linchamientos de finalidad política son golpes contra la democracia, con los cuales se busca el debilitamiento de las posibilidades de superar las brechas que la codicia excluyente ha impuesto.

Se impone que la justicia, administrada con transparencia y certezas, ponga al descubierto a los actores de la ofensiva criminal y desmonte los desvíos mediante los cuales los responsables de los delitos cometidos se cubren con la impunidad y siguen alargando la cadena de esa carnicería letal a sangre y fuego.

Desenmascarar a los autores de las violencias que tantas víctimas le dejan a Colombia es una tarea prioritaria de jueces y veedores de los desvíos que se le imponen a los colombianos desde esferas que tienen manejo del poder en diferentes instancias.

Puntada

La aprobación por el Congreso de una reforma laboral es el resultado de la participación popular en defensa de los derechos sociales que algunos “padres de la patria” insisten en abolir. Hay que seguir en esa lucha.

Columna de opinión

De Colprensa

Tos ferina preocupa al INS: Bogotá y Antioquia, los más afectados

Tos ferina preocupa al INS: Bogotá y Antioquia, los más afectados

El Instituto Nacional de Salud reconoció que es necesario fortalecer la vigilancia del comportamiento de la tos ferina, en especial en las comunidades indígenas, pues en lo que va corrido de este año se han presentado 59 casos, 3 de los cuales han terminado en muerte.

De acuerdo con el reporte hecho por la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, en 2025 se han confirmado 427 casos de tos ferina, se han descartado 2.157 y siguen en estudio 527.

Los territorios con mayor número de casos han sido Bogotá, con 166; Antioquia, con 99; Cundinamarca, con 25, y Huila, con 22 casos.

De los casos registrados en comunidades indígenas, 28 se registraron en el municipio de Betulia (Antioquia), 8 en Bagadó (Chocó) y 6 en Bogotá.

El Instituto Nacional de Salud acompaña brotes en las comunidades indígenas de Tierralta (Córdoba), Tadó (Chocó) y Ciénaga (Magdalena).

De Colprensa

«La seguridad de Gustavo Petro está garantizada» min Defensa

«La seguridad de Gustavo Petro está garantizada» min Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió en las últimas horas a las presuntas nuevas amenazas a la seguridad del presidente, Gustavo Petro, al sostener que la protección del Jefe de Estado está asegurada.

«Podemos decir que la seguridad del presidente, Gustavo Petro, está garantizada. Ese es nuestro deber constitucional», puntualizó Sánchez.

El Ministro explicó además cómo es el esquema que protege al mandatario, además del grupo encargado de su seguridad, a través de la Jefatura de Protección Presidencial, está dispuesto todo un dispositivo de parte de las Fuerzas Militares, específicamente con la Brigada 13, con el Batallón Guardia Presidencial y con un Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, acompañados de la Policía.

El Presidente cuenta también con apoyo para sus desplazamientos, incluso aéreo, y la seguridad en los lugares a donde va, agregó el jefe de la cartera de Defensa, quien sostuvo que «siempre donde esté el señor Presidente de la República va a estar una amenaza latente».

De Colprensa