La Nueva EPS ha girado $22,8 billones a prestadores de salud entre abril de 2024 y 2025

La Nueva EPS ha girado $22,8 billones a prestadores de salud entre abril de 2024 y 2025

La Nueva EPS informó que entre abril de 2024 y abril de 2025 giró $22,8 billones a su red de prestadores públicos y privados, proveedores de servicios y tecnologías en salud.

Según destacó el agente interventor de la Nueva EPS, Bernardo Camacho, del total girado, $9,6 billones han sido pagados desde el inicio de su gestión, entre noviembre de 2024 y abril de 2025.

Esto no sería posible sin el apoyo de la red de prestadores de la red privada y pública, y es por ello que estamos trabajando en el mejoramiento de los contratos entre instituciones, mejorando y ampliando las capacidades, para que cada vez los colombianos y colombianas se han atendido más cerca del territorio y accedan al sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo”, indicó el agente interventor de la Nueva EPS.

Además, el agente interventor destacó que entre noviembre de 2024 y abril de 2025 la entidad ha prestado más de 140 millones de servicios de salud, lo que equivale a que cada afiliado haya recibido en promedio 14 atenciones en los distintos niveles de complejidad.

De Colprensa para Konuco.

CEJ rechaza consulta popular por decreto: advierte abuso de poder presidencial

CEJ rechaza consulta popular por decreto: advierte abuso de poder presidencial

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) rechazó este miércoles el anuncio del presidente, Gustavo Petro, de convocar por decreto la consulta popular sobre las reformas laboral y pensional.

La organización consideró que esta decisión representa una forma de abuso del poder presidencial y advirtió que pone en riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia del poder Legislativo.

Valerse de interpretaciones amañadas de la Constitución Política de Colombia y, más grave aún, atribuir a la norma superior aquello que no dice ni pretende decir, es una forma de abuso del poder presidencial y pone en serio riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia inherente al poder Legislativo”, sentenció la entidad.

La CEJ cuestionó el fundamento jurídico esgrimido por el mandatario para justificar la consulta sin intervención previa del Senado. Señaló que “valerse de interpretaciones amañadas de la Constitución Política de Colombia” y atribuirle a la norma superior competencias que no contempla constituye un desconocimiento de las decisiones legítimas del Congreso de la República.

La Corporación recordó que el Presidente de la República tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y reiteró que su rol no incluye revisar ni juzgar la forma en que el poder Legislativo adopta sus decisiones. En ese sentido, advirtió que, de expedirse el decreto anunciado, este podría ser considerado ilegal.

La CEJ instó al respeto por la autonomía del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, instancias competentes para definir la legalidad del eventual decreto de convocatoria. Indicó que será en esos escenarios donde se deben examinar todos los aspectos asociados a lo que calificó como un asunto de alta sensibilidad institucional.

El Presidente de la República no es juez del Senado”, enfatizó la entidad, y recordó que la institucionalidad judicial es el pilar sobre el que se sostiene la vida democrática del país. Reiteró la necesidad de preservar la separación de poderes y la independencia de las ramas del Estado.

Petro anunció el martes que firmará esta semana el decreto para convocar a una consulta popular, argumentando que el Congreso ha bloqueado las reformas. Aseguró que la votación en el Legislativo que negó el trámite de consulta sobre la reforma laboral fue ilegítima, al no haberse discutido el concepto favorable o negativo sobre la iniciativa.

Durante su intervención, el mandatario defendió la reforma laboral como una herramienta para eliminar lo que calificó como “neo esclavismo”, al referirse a la contratación por horas aprobada en la Comisión Cuarta del Senado. También defendió la reforma pensional, ya aprobada por el Congreso y ahora en manos de la Corte Constitucional, destacando el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Petro afirmó que el actual sistema pensional excluye al 80% de los afiliados a fondos privados, y prometió aumentar la cobertura del 24% al 52% antes de finalizar el año. Reiteró que “el pueblo es el único dueño del poder en Colombia” y pidió a la Corte Constitucional avalar el proceso de consulta.

De Colprensa para Konuco.

Comunidades wayuu acuerdan con Celsia medidas para proyecto eólico en La Guajira

Comunidades wayuu acuerdan con Celsia medidas para proyecto eólico en La Guajira

Las comunidades indígenas Mashalesirra y Pariyen, ubicadas en zonas rurales de La Guajira, lograron un acuerdo con la empresa Celsia Colombia S.A. E.S.P. tras un proceso de consulta previa liderado por el Ministerio del Interior. El objetivo: definir las condiciones para la modificación de la licencia ambiental de los parques eólicos Camelia, Camelia 1 y Camelia 2.

El encuentro se realizó en el centro de eventos Yotojoro, en Riohacha, donde las autoridades tradicionales wayuu, voceros comunitarios, delegados del Ministerio de Minas y Energía, la ANLA y representantes de Celsia participaron activamente.

Durante la jornada se concertaron medidas de manejo social, ambiental y cultural que deberán aplicarse en todas las etapas del proyecto, incluyendo la preconstrucción, operación y desmantelamiento, estimado para dentro de 30 años. Además, se garantizó el uso del wayuunaiki como lengua oficial en todo el proceso.

“Este proceso protege el derecho fundamental de las comunidades étnicas a ser consultadas y fortalece el respeto por la diversidad cultural en nuestro departamento”, expresó René Segundo Hernández, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior confirmó que La Guajira concentra el 33 % de las consultas previas activas del país, lo que refleja el reto y la importancia de asegurar que los grandes proyectos energéticos respeten la autonomía de las comunidades originarias.

El acuerdo representa un paso decisivo en la transición energética del Caribe colombiano, con un enfoque diferencial y participativo.

Paro de camioneros en Nariño y Cauca por violencia e inacción del Gobierno; indígenas, en el centro del reclamo

Paro de camioneros en Nariño y Cauca por violencia e inacción del Gobierno; indígenas, en el centro del reclamo

A partir del 16 de junio los camioneros del suroccidente del país se irán a paro indefinido, con la posibilidad de que se extienda a todo el país, en protesta por los altos niveles de inseguridad y los constantes bloqueos en la vía Panamericana.

Así lo anunció este lunes Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), quien aseguró que los transportadores se cansaron de las promesas incumplidas tanto del Gobierno como de los alcaldes de Popayán, Pasto e Ipiales, quienes se comprometieron hace un año con el gremio a mejorar las condiciones de seguridad en esa vía.

«Habíamos solicitado en la carretera que va hacia Popayán, hacia Pasto y hacia Ipiales que se crearán zonas de seguridad por que son bastante los bloqueos diarios de los indígenas, a parte de la delincuencia organizada y la delincuencia política que no nos dejan avanzar», afirmó Medrano, quien aseguró que «la violencia» en esa zona del país es «rampante«, a parte del mal estado de la vía.

El dirigente gremial también se quejó de la indiferencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, con quien solo se han reunido una vez y a la que le pidió enfrentar el asunto o renunciar, al advertir que el paro puede extenderse a todo el país.

«No tenemos Ministra de Transporte, solo una vez nos dio una reunión corta hace dos meses y no volvió a aparecer, la Ministra no quiere dar la cara. Iniciaremos el paro en Nariño y Cauca, pero si no nos cumple o no renuncia a su cargo, lo haremos en todo el país«, avisó hoy Medrano, en declaraciones a W Radio.

Rojas le dijo a esa misma radio que viajará el próximo miércoles en compañía de su par de Defensa, Pedro Sánchez, a Nariño y el Cauca para abrir un diálogo con los transportadores y encontrar soluciones a la situación.

«Yo entiendo las molestias. Tienen derecho a expresarse y nosotros tenemos la obligación de trabajar sin descanso«, afirmó la jefa de la cartera de Transporte.

Por su parte, Sánchez dijo que espera el miércoles presentarle a los transportadores la «estrategia» que «les va a garantizar la seguridad de todos los camioneros y la población«.

De Colprensa para Konuco

Fundación alerta fractura institucional por decreto de consulta popular sin aval del Senado

Fundación alerta fractura institucional por decreto de consulta popular sin aval del Senado

La Fundación para el Estado de Derecho aseguró que la intención del Gobierno de convocar una consulta popular por decreto, sin el aval del Senado, representa una fractura institucional que podría desfigurar el régimen constitucional colombiano y afectar la estabilidad democrática del país.

La entidad señaló que esta medida viola tres principios fundamentales: primero, atenta contra un gobierno constitucional basado en la separación de poderes, al desconocer la función legislativa del Senado; segundo, contradice el principio de democracia representativa, que establece que las decisiones políticas deben pasar por los representantes elegidos por la ciudadanía; y tercero, infringe el principio de legalidad, al no cumplir con los procedimientos legales establecidos para la convocatoria de consultas populares.

Según la Fundación, el respeto a estos principios es esencial para garantizar el equilibrio entre las ramas del poder público y preservar la legitimidad de las instituciones colombianas.

Adicionalmente, la organización alertó sobre los riesgos que implica que el Ejecutivo adelante mecanismos de participación ciudadana sin seguir los cauces legales, lo que podría generar precedentes que debiliten el Estado de derecho y la confianza en la democracia colombiana.

El pronunciamiento surge en medio del anuncio del presidente, Gustavo Petro, quien denunció un plan para asesinarlo atribuido a una “junta del narcotráfico” que busca mantener control sobre las instituciones colombianas y anunció que firmará el decreto para convocar una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas laboral y pensional.

Durante una alocución desde la Casa de Nariño, Petro aseguró que ha sido blanco de múltiples intentos de asesinato, señaló la existencia de armas de guerra y francotiradores cerca de la sede presidencial y afirmó que la organización criminal detrás de estos planes opera desde Dubái con integrantes de diversas nacionalidades.

El mandatario criticó la aprobación en el Congreso de lo que calificó como “neo esclavismo” en la contratación laboral por horas y defendió la reforma pensional respaldada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Insistió en que la consulta popular es necesaria porque considera que el Congreso ha bloqueado estas reformas.

Petro solicitó a la Corte Constitucional que avale la consulta y reiteró que el pueblo es “el único dueño del poder en Colombia”. Además, anunció auditorías para verificar el destino de recursos destinados a la contratación de docentes en áreas como arte e inteligencia artificial y denunció intentos de extorsión a un contrabandista para obtener información sobre vínculos políticos.

De Colprensa para Konuco