por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Política
Un choque de trenes entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá ha generado la atención de los indígenas emberá que se encuentran en la ronda del Parque Nacional, en protesta por la falta de ayudas y los incumplimientos para el retorno.
Este martes, el Ejecutivo cuestionó directamente a las autoridades distritales por la desatención de los indígenas, cuestionando directamente su responsabilidad en su atención y recibimiento.
“Bogotá estaba comprometida a hacer fumigaciones en los albergues, a arreglar las baterías sanitarias, a condicionar los lugares de la alimentación, a tener la recolección de las basuras, al suministro de agua. Eso es lo básico. Bogotá incumplió”, afirmó Gloria Cuartas, directora encargada de la Unidad de Víctimas.
La funcionaria resaltó que la Alcaldía es el primer responsable y quien debe garantizarle a los embera unos albergues y toda la atención requerida porque “la unidad para las víctimas no debe pagar albergues, Bogotá debe cumplir lo acordado”.
En su mensaje, la directora encargada señaló que tanto la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, “han asumido con plena responsabilidad su rol frente a la situación de esta comunidad indígena”, pero hizo un llamado a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán a cumplir con las acciones de protección acordadas.
“Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá para comprender que esta no es una situación simplista. Se trata de un proceso estructural de retorno, reubicación e integración local, que requiere una articulación real y efectiva entre autoridades del orden nacional, distrital y territorial”, planteó Cuartas.
Invitó además a Galán a «abrir un diálogo directo con sus secretarías de despacho y a sumarse de manera efectiva a la colaboración armónica entre niveles de Gobierno, que es la única vía posible para garantizar derechos y soluciones duraderas”.
El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, anunció que «el Gobierno nacional cita mañana a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para abordar el retorno de los Emberá y la posibilidad de que algunas de estas comunidades se quieran quedar a vivir en Bogotá”.
En sus declaraciones, los funcionarios señalaron que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se encargará de hacer una articulación con el Ministerio del Interior, alcaldes y gobernadores del Chocó y Risaralda, para definir una ruta clara y consensuada de retorno y reubicación.
Al respecto se detalló que, desde el año 2021, la entidad ha invertido $3.743 millones en la atención de esta población. Desde el 7 de enero de 2023 la Unidad ha entregado más de 3.428 kits de alimentos a los embera asentados en la UPI La Rioja. Esta atención ha representado una inversión superior a $1.816 millones en alimentación.
Desde la Alcaldía de Bogotá han reiterado que el Gobierno es el responsable de los incumplimientos a este grupo indígena, por lo cual es necesario reunirse con este grupo para cumplir sus solicitudes en medio de las manifestaciones que se han realizado en el centro de la ciudad.
Incluso el alcalde Galán anunció en la víspera que acudirá a instancias judiciales para se obligue al Gobierno a cumplir con la orden de retorno de esta comunidad indígena y avisó que presentará una acción de tutela para que se les restablezcan los derechos de unos 220 niños que acompañan a sus padres en las protestas y estás expuestos a la violencia.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Indígenas
El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, advirtió que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrentan un riesgo real de desaparecer a causa de la violencia de la que son víctimas.
“El riesgo de extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, dijo Campbell, luego de visitar la zona los días 13 y 14 de mayo.
Hizo un llamado a todos los niveles de gobierno del país para que adopten medidas urgentes y coordinadas para proteger a los cinco Pueblos: Kogui, Wiwa, Arhuako, Kankuamo y Ette Naka.
“Los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sufren ataques crueles y diversos por parte de los grupos armados no estatales, con consecuencias devastadoras en sus vidas, su tierra, su territorio, su gobierno propio, su autodeterminación, su cultura, su espiritualidad y su sistema de justicia propia”, señaló.
Desde 2022 hasta hoy ha habido un incremento de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, como consecuencia de la disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico y de diversas actividades ilícitas.
Según la ONU, la respuesta estatal a esta situación ha sido insuficiente. Los hechos de violencia registrados en la zona incluyen: restricciones a la movilidad con imposición de horarios, toques de queda, limitaciones a la reunión; interrupción y presencia de miembros de grupos armados no estatales en reuniones de pueblos indígenas; e imposición de conductas de convivencia.
«Es de particular preocupación para la Oficina, la situación de las mujeres y las niñas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta quienes enfrentan riesgos persistentes y grandes dificultades para acceder a la justicia», agregó la ONU.
“Las mujeres indígenas de los Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta nos dieron un testimonio valiente y angustioso desde sus experiencias de vida, nos urgieron pedir al Estado que garantice sus derechos colectivos, simplemente, para seguir existiendo como Pueblos Indígenas. Llamaron a que las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes tengan acceso a educación, salud y trabajo en su territorio, asi como por servicios de salud adecuados para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; Algunas mujeres indígenas describieron su acceso a los derechos humanos como si se encontraran en el siglo X”, dijo Scott Campbell.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Región
La Procuraduría General de la Nación solicitó medidas urgentes para proteger a la comunidad indígena de Geando, desplazada en el Chocó, y a los habitantes de al menos diez veredas del Guaviare, luego de advertencias sobre posibles convocatorias armadas por parte de integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central que, según el organismo, estarían poniendo en riesgo a la población civil.
La Procuraduría dirigió un oficio al comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 32 para que informe sobre las acciones emprendidas tras conocerse un audio en el que alias “Miller Nariño”, presunto integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño de esa disidencia, convocó a pescadores, comerciantes y residentes de varias veredas del municipio de Mapiripán, a una reunión el pasado 13 de mayo en Barranco Colorado.
Las zonas mencionadas incluyen Barranco Colorado, Caño Minas, Caño Negro, Mapiripán, Nare, El Mielón, Puerto Limón, Casa Roja, Los Cámbulos y San José del Guaviare. Según el Ministerio Público, esta convocatoria representa una violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a la población civil en medio de un contexto de conflicto armado.
La Procuraduría recordó que el 17 de abril fue expedido un decreto presidencial que ordenó la suspensión de operaciones ofensivas contra frentes del Estado Mayor Central, incluyendo el bloque señalado. Por ello, solicitó que se adelanten medidas que salvaguarden la vida de los habitantes y el cumplimiento del orden constitucional en la región.
En paralelo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos pidió la intervención inmediata del Estado ante la crítica situación que vive la comunidad indígena de Geando, desplazada desde hace cuatro años y asentada actualmente en la Casa Humanitaria del municipio de Pizarro, Chocó.
El ente de control alertó que niños, niñas y adolescentes están en riesgo de reclutamiento forzado y otras formas de violencia, mientras que problemas graves de salud y nutrición ya habrían causado la muerte de dos menores de cinco años y una adulta mayor.
La Procuraduría subrayó que esta población es sujeto de especial protección constitucional y urgió a las autoridades a adoptar medidas administrativas con enfoque diferencial. Entre las entidades requeridas se encuentran los ministerios del Interior, Defensa y Salud, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Pizarro.
El organismo enfatizó que sus actuaciones preventivas respetan plenamente la autonomía de las entidades involucradas, pero reiteró su obligación de actuar ante situaciones que comprometen la seguridad, dignidad y derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Nacional
El Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá sostienen una reunión en la mañana de este miércoles, para buscar soluciones a la situación de la comunidad Embera que se encuentra en Bogotá.
Los indígenas, que están asentados en la Unidad de Protección Integral de La Rioja, en la capital, han intentado en varias ocasiones en las últimas semanas volver a ocupar el Parque Nacional, en donde permanecieron por varios meses el año pasado y que terminó muy deteriorado luego de que se retiraron.
Mientras que la Alcaldía acusa a los líderes de la comunidad de instrumentalizaron a los niños y niñas para sus protestas, el Gobierno nacional dice que el Distrito no ha cumplido los compromisos a los que se comprometió con la comunidad.
En la reunión de esta mañana participan la directora de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas, y delegados del Distrito.
«Esta mesa de trabajo tiene como objetivo revisar el avance en el cumplimiento de los compromisos con la comunidad Emberá e identificar los principales retos para fortalecer la respuesta institucional no solo en la situación del Parque Nacional y la toma a las instalaciones de la sede nacional de la Unidad para las Víctimas, sino con soluciones duraderas», manifestó la Unidad para las Víctimas.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 21, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Más de 120 víctimas del reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado participaron entre el 6 y el 9 de mayo en audiencias reservadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá para presentar sus observaciones sobre las versiones rendidas por 70 comparecientes de las extintas Farc en el marco del Caso 07.
Las víctimas pidieron verdad sustancial, reconocimiento de responsabilidades y acciones concretas que permitan avanzar hacia la reparación y la no repetición.
Las audiencias fueron convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Asistieron 121 víctimas acreditadas, provenientes de 18 departamentos, entre ellos Caquetá, Meta, Huila, Antioquia y Vaupés. De ese grupo, 77 son víctimas directas del reclutamiento y 44 son familiares de menores desaparecidos, en su mayoría mujeres.
Durante las intervenciones, las víctimas solicitaron a los ex guerrilleros que ofrecieran una verdad restauradora, basada en el reconocimiento franco de hechos como abortos forzados, violencias sexuales, fusilamientos, anticoncepción obligatoria y actos motivados por prejuicios hacia la orientación sexual. “Queremos avanzar con la verdad, con protección y con garantías”, dijo una de las participantes.
Las víctimas expresaron que muchos comparecientes aún se aferran a discursos procesales sin admitir la existencia de una política sistemática de reclutamiento. Señalaron que reconocer que muchos adultos ex combatientes también fueron niños reclutados es un paso clave para entender la dimensión del crimen.
También advirtieron que los aportes de verdad deben ser sinceros y no una formalidad sin contenido. La magistratura de la JEP ya había advertido a los comparecientes que esta es una “única e irrepetible oportunidad histórica” para responder a las demandas de verdad y justicia de las víctimas.
Uno de los reclamos más sentidos fue la necesidad de acelerar la búsqueda de niñas y niños reclutados cuyo paradero sigue siendo desconocido. Actualmente, hay 289 casos de reclutamiento con desaparición registrados en el Caso 07. Las víctimas exigieron acciones humanitarias que faciliten respuestas, así como el fortalecimiento del Plan de Apoyo a la Búsqueda que lidera la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
“Estoy preparada para recibir la verdad, por muy cruda que sea, para que acabe este calvario que llevamos por dentro”, expresó otra de las madres que intervino ante la Sala.
Las audiencias también contaron con la participación de representantes de cuatro pueblos étnicos acreditados en el caso. La etapa de escucha culminará este mes en el departamento del Vaupés. Luego de recibir y trasladar las observaciones a los comparecientes, la JEP evaluará las responsabilidades regionales de los bloques de las extintas Farc y definirá un segundo nivel de máximas responsabilidades.
En noviembre de 2024, la JEP imputó a seis ex integrantes del Secretariado de las Farc por reclutamiento y otros crímenes de guerra contra menores. Ellos son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, quienes recibieron una prórroga para decidir si reconocen o no su responsabilidad. La magistratura reiteró que las víctimas esperan que ese eventual reconocimiento sea “auténtico, sustancial y comprometido”.
De Colprensa para Konuco.
