por Konuco | May 6, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación pidió este martes a las autoridades del Gobierno adoptar medidas inmediatas para garantizar el pago de los subsidios de energía y gas a los usuarios de menores ingresos.
El llamado se hizo en el marco de una audiencia pública convocada por el Tribunal de Cundinamarca en el curso de una acción de cumplimiento sobre este tema.
Durante su intervención, el Ministerio Público advirtió que la falta de recursos para cubrir los subsidios pone en riesgo la prestación continua de estos servicios esenciales.
La entidad citó datos de la Contraloría General y del Comité Intergremial que estiman la deuda acumulada con el sector energético en $2,7 billones al cierre de 2024, cifra que sigue creciendo en 2025.
La Procuraduría explicó que esta situación puede derivar en afectaciones directas para millones de colombianos en condición de vulnerabilidad, entre ellas alzas tarifarias de hasta el 150 % o incluso la suspensión del servicio por parte de las empresas comercializadoras.
Frente a este panorama, la entidad instó a los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía a coordinar acciones que garanticen la disponibilidad de recursos y la realización oportuna de los giros. Según cifras oficiales citadas en la audiencia, la deuda reconocida por el Gobierno con las comercializadoras ya supera $1,9 billones.
La Procuraduría concluyó que es urgente actuar con rapidez y coordinación para asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger a las comunidades más necesitadas que dependen de estos subsidios.
Como medida adicional, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios sugirió al Tribunal de Cundinamarca requerir a las autoridades competentes un reporte detallado de los pagos efectuados y los saldos pendientes con las empresas del sector.
El Ministerio Público reiteró que garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios en condiciones dignas es una obligación constitucional y que la omisión del Estado en el cumplimiento de sus compromisos financieros podría generar impactos sociales y económicos de gran escala.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 6, 2025 | Destacadas, Nacional
El Gobierno firmó el Decreto 0481 del 2025 que establece el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) como política pública de Estado.
Según el Ministerio de Educación, esta medida busca garantizar el ejercicio del derecho a una educación basada en la autonomía, la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas.
La entidad destacó que el SEIP reconoce entre otros principios, la Ley de Origen, el Derecho Mayor, el Derecho Propio, el Gobierno Propio, la Diversidad Cultural, la Memoria Colectiva, y establece que los territorios indígenas que así lo decidan podrán administrar el SEIP a través de sus autoridades y estructuras de gobierno propio.
«Esta firma honra la palabra empeñada. Es un reconocimiento concreto a las luchas de los pueblos indígenas y a su derecho a formar a las nuevas generaciones desde su propio horizonte cultural. El SEIP es un modelo de dignidad y soberanía pedagógica que fortalecerá el tejido social del país», expresó el ministro de Educación, Daniel Rojas.
“Lo que durante más de 16 años fue una aspiración legítima de los pueblos indígenas, hoy se materializa como un sistema educativo fundado en sus propias culturas, lenguas nativas, saberes ancestrales, sentido comunitario, planes de vida y territorio”, agregó el Ministerio de Educación.
En ese sentido, el Gobierno aseguró que esta decisión fortalece aspectos como la autonomía educativa de los pueblos indígenas y consolida los acuerdos alcanzados en espacios de diálogo como la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación de los Pueblos Indígenas (CONTCEPI).
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 6, 2025 | Destacadas, Nacional
Nación Paisa denunció públicamente al jefe de prensa de Atlético Nacional, Camilo Vasseur, por imponer condiciones para acceder a la información oficial del club, en una conducta que vulnera los principios fundamentales del periodismo libre e independiente.
El escándalo estalló tras la rueda de prensa posterior al clásico paisa, donde un periodista del medio —acreditado por la Dimayor— cuestionó directamente a Vasseur sobre la negativa sistemática para brindar acceso a contenido, entrevistas y eventos del club. La respuesta fue tan preocupante como reveladora.
“Buscamos que nuestra información sea amplificada en los diferentes medios. Una vez evidenciamos esa amplificación, vamos teniendo en cuenta para una posible acreditación”, afirmó Vasseur semanas atrás. Con esta declaración, el comunicador dejó claro que exige publicaciones favorables como requisito previo para otorgar acreditaciones, en una práctica que recuerda más a la propaganda que al ejercicio democrático del periodismo.
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Varios medios independientes, como Gente, Pasión y Fútbol, han reportado hechos similares, describiendo un sistema de acceso excluyente que favorece solo a periodistas afines al equipo. La información, entrevistas y cobertura privilegiada se concentra en un grupo reducido de comunicadores, mientras se bloquea a quienes no replican el discurso oficial.
La situación ha generado un creciente malestar en el gremio periodístico. Nación Paisa advierte que no cederá a presiones, chantajes ni vetos, y que seguirá ejerciendo su labor con rigor, pluralismo y responsabilidad informativa.
“El periodismo no es propaganda. Nuestro deber no es complacer al poder, sino informar con veracidad y respeto por el lector”, declaró la redacción del medio, rechazando categóricamente cualquier tipo de censura encubierta.
El llamado ahora es al presidente del club, Sebastián Arango, para que actúe con urgencia y garantice un acceso equitativo a todos los medios, sin exigir publicaciones previas ni imponer sesgos editoriales.
La pelota está en su cancha, señor presidente. El fútbol necesita transparencia, no discursos dirigidos. El periodismo necesita libertad, no favores. Y la democracia necesita, más que nunca, voces diversas y espacios abiertos.
por Konuco | May 5, 2025 | Destacadas, Indígenas
Amenazas, estigmatización, xenofobia y falta de recursos son las principales situaciones que enfrentan defensoras y defensores de personas en movilidad humana forzada en América Latina y el Caribe, reveló este miércoles un informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
El estudio documentó las condiciones de quienes trabajan en defensa de los derechos de migrantes y refugiados en diez países de la región: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según CODHES, los obstáculos van desde agresiones directas hasta precariedad económica y ausencia de garantías legales.
“El rol de quienes defienden a personas migrantes y refugiadas es clave para mitigar las crisis migratorias del continente, pero cada vez se enfrentan a más riesgos”, explicó Marco Romero Silva, director de CODHES.
Añadió que es urgente que los Estados y la cooperación internacional reconozcan su papel y brinden garantías para el desarrollo de su labor.
En Colombia, cerca del 80% de las personas que defienden los derechos de la población migrante lo hacen sin recibir salario o con pagos muy bajos, lo que las obliga a complementar sus ingresos con empleos informales.
El país acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, lo que lo convierte en el principal receptor de migrantes y refugiados en la región.
Las amenazas provienen en muchos casos de grupos armados ilegales, que estigmatizan a defensores como “colaboradores de la guerrilla” o los agreden directamente, según el informe.
EL PANORAMA EN LA REGIÓN
En Venezuela, las personas defensoras enfrentan un entorno restrictivo y hostil. El informe documenta casos de criminalización mediante leyes que castigan el ejercicio de derechos, con cargos como “traición a la patria” o “terrorismo”.
A esto se suma la inflación, la falta de acceso a divisas y la escasez de financiamiento, que han llevado a la reducción o cierre de muchas organizaciones.
La cooperación internacional también ha disminuido en el país, dificultando aún más la labor de quienes intentan brindar apoyo a población migrante, refugiada o en tránsito.
En Nicaragua las amenazas a defensores incluyen vigilancia, hostigamiento legal, amenazas contra familiares y criminalización directa. Desde 2018, más de 5.000 organizaciones sociales han sido ilegalizadas y más de 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad.
El gobierno ha intensificado la represión, lo que ha obligado a miles de personas defensoras a salir al exilio, principalmente a Costa Rica. El informe advirtió que alrededor del 4 % de la población nicaragüense ha huido del país en los últimos seis años.
En Brasil, país que acoge a más de 568.000 venezolanos y migrantes de Haití, África y Asia, las personas defensoras carecen de apoyo institucional. El Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos no incluye una línea específica para defensores de personas en movilidad humana.
Las defensoras indígenas, especialmente del pueblo warao, sufren racismo, discriminación y exclusión de servicios básicos. La criminalización de su activismo también ha aumentado en regiones donde se han asentado comunidades indígenas migrantes.
En Perú, donde hay más de 1,5 millones de venezolanos, se reportan más de 100 amenazas al año contra personas defensoras, especialmente en la región amazónica. La eliminación de la visa humanitaria y el endurecimiento de políticas migratorias han aumentado la exposición de migrantes a redes de trata, explotación y violencia.
El informe subrayó la especial vulnerabilidad de mujeres trans defensoras, quienes enfrentan discriminación institucional, exclusión de refugios y dificultades para acceder a servicios básicos.
En Ecuador la mayoría de personas defensoras también trabajan de manera voluntaria y sin recursos estables. Son comunes las amenazas, el hostigamiento en redes sociales y los ataques verbales por parte de ciudadanos y funcionarios públicos. En zonas de frontera, como Sucumbíos y Esmeraldas, los riesgos se incrementan por la presencia de grupos armados ilegales.
El sistema de protección estatal no incluye a este grupo de defensores como una población prioritaria, y los procesos de regularización migratoria siguen siendo lentos y restrictivos.
En Chile el fenómeno de la judicialización se ha incrementado, defensores han sido objeto de denuncias penales por brindar asistencia humanitaria a personas migrantes, particularmente en regiones fronterizas del norte.
Además, el discurso institucional ha contribuido a generar rechazo social hacia las personas migrantes, lo que ha derivado en ataques y amenazas contra quienes las apoyan. El informe advierte que en varias regiones del país se han cerrado albergues y centros de atención por falta de fondos.
En México, uno de los países con mayor flujo migratorio del continente, los defensores enfrentan violencia directa por parte del crimen organizado, así como omisión y negligencia del Estado. El informe recoge casos de personas defensoras asesinadas, hostigadas o desplazadas por proteger a migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.
Organizaciones como albergues, casas de paso y colectivos de búsqueda de desaparecidos también han sido blanco de amenazas y atentados. La falta de una política nacional de protección agrava la situación.
En Guatemala y Honduras los defensores de personas en movilidad son frecuentemente estigmatizados como promotores de la migración irregular o como “enemigos del Estado”. En ambos países, la falta de legislación específica para la protección de personas defensoras deja a muchas organizaciones en estado de vulnerabilidad.
El informe alertó sobre la falta de respuesta de las autoridades ante denuncias de amenazas o ataques, así como sobre la precariedad de las condiciones en las que trabajan las organizaciones humanitarias en las zonas rurales o fronterizas.
CODHES concluyó que la defensa de los derechos de personas en movilidad humana forzada en América…
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 5, 2025 | Destacadas, Región
La vicepresidenta, Francia Márquez, exigió la liberación inmediata del niño de 11 años secuestrado por el grupo criminal Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, en Jamundí.
«No podemos permitir que el horror de este conflicto irracional toque a nuestros niños, que son esperanza y futuro de la nación. La vida es sagrada y la libertad de cualquier ser humano no es negociable, mucho menos tratándose de un menor de edad”, manifestó la funcionaria.
La vicepresidenta hizo un llamado a los organismos de seguridad del Estado para que intensifiquen la búsqueda del niño para que pueda volver sano y salvo con su familia.
La Gobernación del Valle ofreció una recompensa de 200 millones de pesos para quien dé información sobre el secuestro de un niño de 11 años en Cauca, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, culpó al grupo criminal Jaime Martínez de las disidencias FARC de su privación de la libertad.
«Secuestrar a un niño de 11 años es cruzar todos los límites del horror», manifestó el ministro, quien explicó que el hecho, que se registró en zona rural de Jamundí, fue cometido por el grupo que lidera alias Marlon. Hombres armados ingresaron en un condominio y se llevaron al pequeño y a una mujer, que minutos después fue liberada.
“Un país que no sea capaz de garantizar a sus niños un futuro de esperanza y paz está condenado al fracaso. Tenemos que seguir trabajando por la paz”, dijo la vicepresidenta.
De Colprensa para Konuco.
