por Konuco | Mar 14, 2025 | Indígenas
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a la comunidad indígena de Sanandocito, desplazada por el conflicto armado en el municipio de Sipí, Chocó. Esta comunidad lleva más de dos meses en la cabecera municipal, después de ser obligada a abandonar sus hogares debido a las confrontaciones armadas.
La ayuda proporcionada benefició a 24 familias, sumando un total de 115 personas. Los miembros de estas familias llegaron a Sipí en enero de este año, huyendo con lo puesto y sin tiempo para llevar pertenencias esenciales. El CICR entregó diversos elementos de higiene y de habitabilidad para mejorar las condiciones de vida de estas familias mientras esperan resolver su situación de desplazamiento.
Mariana Sandoval, jefa de la oficina del CICR en Quibdó, destacó la urgencia de la situación: “Estas personas tuvieron que salir de sus hogares debido al conflicto armado. Salieron rápidamente, sin más que la ropa que llevaban puesta. Estamos complementando el apoyo inicial que proporcionó la Alcaldía”, comentó Sandoval.
Una de las entregas clave fue la de tanques de agua y filtros para asegurar un consumo seguro. El CICR también brindó capacitación sobre la correcta potabilización del agua, vital para la salud de la comunidad. Arquímides Natigay, líder de la comunidad, agradeció la ayuda recibida: «Gracias a estos materiales, ahora podemos recoger agua potable de manera segura», afirmó.
Adicionalmente, el CICR entregó kits maternos a mujeres embarazadas y lactantes, con elementos esenciales como pañaleras, ropa, pañitos húmedos y teteros. Estas ayudas tienen un enfoque diferencial, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los miembros más vulnerables de la comunidad.
El Comité Internacional de la Cruz Roja sigue comprometido con la asistencia humanitaria en situaciones de conflicto armado, trabajando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la violencia en Colombia.
por Konuco | Mar 14, 2025 | Indígenas
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este jueves una sentencia histórica en la que responsabiliza al Estado ecuatoriano por violar los derechos de los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, que viven en aislamiento voluntario en la región amazónica de Ecuador. Esta es la primera vez que el tribunal se pronuncia sobre los derechos específicos de los pueblos indígenas que han elegido vivir de manera aislada.
La Corte subrayó que el Estado ecuatoriano no ha protegido adecuadamente los derechos fundamentales de estas comunidades, tales como la propiedad colectiva, la libre determinación, el derecho a la vida, la salud, la alimentación y la vivienda. Además, el tribunal destacó que es vital proteger la decisión de estos pueblos de permanecer en aislamiento, asegurando que el respeto al principio de no contacto debe ser primordial en todas las acciones del Estado.
Violación de derechos y amenazas a la intangibilidad de la zona
En su análisis, la Corte IDH señaló que, aunque Ecuador creó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) en 1999 para proteger a estas comunidades, la delimitación de la zona no se completó hasta 2007. A pesar de este esfuerzo, la Corte encontró que existen numerosos pozos petroleros cercanos a la ZITT, lo que pone en peligro la vida y el bienestar de las comunidades. Estas actividades extractivas, en particular la explotación petrolera, son una de las principales amenazas para el aislamiento de los pueblos indígenas.
El tribunal también abordó tres incidentes violentos ocurridos en 2003, 2006 y 2013, en los cuales miembros de otros pueblos indígenas o de grupos externos atacaron a las comunidades en aislamiento. Uno de los ataques más graves incluyó el secuestro de dos niñas, quienes fueron separadas de sus familias y entregadas a otro grupo indígena en contacto inicial.
Medidas urgentes y reparación
Como parte de la sentencia, la Corte instó al Estado ecuatoriano a ampliar la ZITT y a garantizar una protección efectiva de la intangibilidad de la zona. También ordenó la creación de una comisión técnica para evaluar y mejorar las condiciones de la zona de aislamiento. Además, la Corte solicitó al gobierno ecuatoriano implementar las medidas acordadas en la consulta popular de 2023, que busca mantener el petróleo del Bloque 43 del Yasuní bajo tierra para proteger la biodiversidad de la región.
Reacciones y apoyo a la sentencia
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) celebró la decisión, calificándola como un «momento histórico» para los pueblos indígenas en aislamiento. A través de su cuenta en X, la organización expresó: “Una decisión clave para la defensa de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Yasuní y la región”.
El colectivo Yasunidos, que ha luchado por la no explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, también respaldó la sentencia, destacando que refuerza su lucha en defensa de la región. “Esta es una victoria fundamental para los pueblos indígenas en aislamiento y una razón más para exigir el cumplimiento de la consulta por el Yasuní”, indicó el grupo.
Hasta el momento, la Presidencia de Ecuador no ha respondido oficialmente a la sentencia de la Corte Interamericana. La decisión de la Corte representa un paso significativo hacia la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador y un llamado a respetar su voluntad de vivir sin interferencias externas.
por Konuco | Mar 13, 2025 | Indígenas
El presidente Gustavo Petro lideró este martes 12 de marzo de 2025 un encuentro en la Casa de Nariño con representantes de organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil. Durante la reunión, en la que también participó el ministro del Interior, Armando Benedetti, se discutieron temas clave para las comunidades del país. Entre los asistentes se encontraban líderes indígenas de diversas regiones, como Valle del Cauca, Antioquia, Amazonas, Vichada y Meta, quienes expresaron su disposición para apoyar las iniciativas del Gobierno.
Uno de los puntos más relevantes de la reunión fue la agenda indígena, que abarcó temas como el acceso a la tierra, el proceso de paz y la situación de proyectos específicos como las Salinas de Manaure (Sama) en La Guajira. La senadora indígena Martha Peralta, quien estuvo presente en el encuentro, resaltó la importancia de socializar las problemáticas regionales, especialmente aquellas relacionadas con la tierra y la paz. Según Peralta, estas cuestiones deben ser tomadas en cuenta al momento de desarrollar políticas públicas que impacten directamente a las comunidades indígenas.
La reunión también permitió avanzar en la colaboración entre el Gobierno y las organizaciones sociales, destacando la voluntad de las autoridades indígenas para seguir acompañando las políticas de la administración Petro. Los participantes acordaron continuar el trabajo conjunto para garantizar que los intereses de los pueblos indígenas sean incluidos en las decisiones políticas y en la implementación de proyectos en el territorio.
por Konuco | Mar 13, 2025 | Indígenas
En un acto que destacó la unión entre el Ministerio Público y los pueblos indígenas de Colombia, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, recibió el bastón de mando y otros elementos sagrados de las autoridades espirituales de los pueblos Kogui y Wiwa, habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Este gesto simboliza el respeto y el compromiso mutuo entre las comunidades indígenas y el Ministerio Público. Además, resalta la importancia de defender los derechos humanos y la diversidad étnica y ecológica del país. Durante la ceremonia, los líderes espirituales, conocidos como mamos y mamas, explicaron que el bastón de mando es un símbolo de autoridad y responsabilidad, que se otorga a aquellos líderes que trabajan por el bienestar colectivo.
Eljach Pacheco expresó su profunda gratitud por el honor recibido y reafirmó su compromiso con la protección de las comunidades ancestrales y su territorio. «Es un gran honor que me compromete aún más con la defensa de los derechos de las etnias que habitan la Sierra Nevada, el corazón del mundo», destacó.
Un hito institucional sin precedentes ocurrió durante el evento. Por primera vez, los 12 sindicatos del Ministerio Público emitieron un mensaje conjunto, reconociendo el liderazgo de Eljach y su enfoque en el consenso y el diálogo. En su comunicación, los representantes sindicales destacaron la trayectoria del Procurador, resaltando su dedicación y principios en la nueva etapa de su gestión.
El mensaje sindical resalta que la labor del Procurador busca fortalecer la institucionalidad y la justicia en Colombia. «Su trayectoria refleja dedicación, conocimiento y principios que hoy, en esta nueva etapa como Procurador General, se proyectan como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y la justicia en el país», manifestaron.
Finalmente, el encuentro enfatizó la importancia del respeto por la diversidad cultural y la necesidad de fomentar el diálogo social. Eljach Pacheco confirmó que continuará promoviendo espacios de concertación y participación para garantizar la protección de los derechos y el bienestar de todas las comunidades en Colombia.
Este acto refleja el compromiso del Procurador con la inclusión y el diálogo entre todos los sectores de la sociedad, dentro de su visión de generar «diálogo para construir consenso» en el país.
por Konuco | Mar 12, 2025 | Indígenas
En el resguardo indígena Mandiyaco, ubicado en el territorio Tandachiridu Wasi, que marca el límite entre los departamentos del Cauca y Putumayo, se llevó a cabo un encuentro clave dentro del proceso de socialización del Sistema de Gobierno Propio. Este espacio tiene como objetivo fortalecer la autonomía indígena y revisar los avances y obstáculos en la implementación de los Decretos 982 de 1999 y 1811 de 2017, que protegen los derechos territoriales, políticos y culturales de los pueblos indígenas.
Las comunidades han luchado por el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional desde hace varias décadas. La movilización de 1999, a lo largo de la vía Panamericana, resultó en un hecho histórico: un Ministro del Interior se sentó a dialogar con las autoridades indígenas. Esto permitió la expedición del Decreto 982, que declaró la emergencia política, cultural y territorial de los pueblos indígenas, reconociendo la exclusión sistemática y el incumplimiento de más de 360 acuerdos en temas como educación, infraestructura y derechos fundamentales. Sin embargo, aunque se reconoció la situación, las soluciones continúan postergándose.
En 2014, el Gobierno expidió el Decreto 1953, creando los Sistemas Indígenas en sustitución de los programas sectoriales, incluyendo el SISPI, Administración Propia, Autoridad Territorial Económico Ambiental y el Sistema de Gobierno Propio. Sin embargo, la falta de implementación de estos programas llevó a nuevas movilizaciones en 2017, resultando en la expedición del Decreto 1811. Este Decreto establece la creación de una Comisión Mixta que involucra directamente a ministros y directores de entidades, asegurando que las decisiones sobre los recursos destinados a mejorar las condiciones de los territorios indígenas sean tomadas con su participación.
Pese a estos avances, los retrasos en la asignación y ejecución de los recursos siguen siendo un problema grave. En el gobierno de Iván Duque, se acordó un plan de inversión, pero solo se ejecutó el 56% de los fondos destinados, afectando áreas clave como Planes de Vida, Comunicaciones, Mujer, Jóvenes, Guardia Indígena y Derechos Humanos. Esta falta de acción ha generado tensiones dentro de las comunidades, que ahora exigen respuestas concretas y la ejecución efectiva de los recursos comprometidos.
El Sistema de Gobierno Propio también enfrenta el reto de ser reconocido de manera tangible. Aunque se reconoce su labor política organizativa, la falta de medición material ha complicado la asignación de recursos para fortalecerlo. Por ello, las comunidades insisten en la importancia de su trabajo dentro de la estructura autonómica del CRIC.
El evento realizado en Mandiyaco, parte del territorio Tandachiridu Wasi, fue crucial para revisar estrategias y garantizar que los recursos comprometidos para 2024 sean ejecutados sin demora. Las comunidades indígenas, lejos de rendirse, continúan luchando contra el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional, reafirmando su compromiso con la autonomía y la supervivencia de sus territorios.
