por Konuco | Ene 22, 2023 | Destacadas, Indígenas
Por cerca de un mes se prolonga ya el bloqueo que los indígenas waorani de la comunidad nativa de Dícaro realizan en un campo petrolero de la Amazonía ecuatoriana, tras el reciente ingreso de la petrolera estatal Petroecuador, que ha asumido la operación desde enero.
Con una población cercana a los 300 habitantes, Dícaro es una de las ocho comunidades del pueblo indígena waorani que habitan en los bloques 16 y 67, ubicados en el Parque Nacional Yasuní, y la única que de momento ha iniciado una protesta desde el 25 de diciembre en coincidencia con el cambio de operadora de los bloques.
Este grupo de waoranis, un pueblo indígena que hasta hace prácticamente 60 años vivía de manera aislada del resto del mundo, reclama la reparación de antiguas contingencias ambientales por un derrame de crudo en 2008, una consulta previa sobre el ingreso de Petroecuador a los campos y un acuerdo directo con la petrolera estatal.
Para levantar el bloqueo, los nativos exigen que lleguen hasta el lugar a dialogar un nuevo convenio el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, y el gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar.
«Queremos que vengan personalmente aquí a conversar y llegar a un acuerdo. Si no vienen, vamos a seguir paralizados», señaló el presidente de la Dícaro, Robinson Coba.
Demandan acuerdo bilateral
Por su parte, Freddy Avilés, habitante de Dícaro, aseguró también que la comunidad está muy disgustada con la forma en la que Petroecuador ha ingresado a los bloques, «sin avisar».
Avilés destacó la ambición de la comunidad de tener un acuerdo directo con la empresa en lugar de uno conjunto con la Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe), una entidad que abarca todo el territorio del pueblo waorani, repartido entre las provincias ecuatorianas amazónicas de Orellana, Napo y Pastaza.
«Las propuestas ya las tenemos. Las hemos presentado y enviado a las máximas autoridades del país, y ahora lo que estamos esperando es la respuesta. Quienes vengan a la mesa de diálogo deben ser representantes con la facultad de firmar el convenio, porque si no, la vía seguirá paralizada», aseveró Avilés.
A su vez, Karina Boya, otra vecina de la comunidad, deseó que las demás comunidades colindantes se les unan en la protesta, que no es compartida por la Nawe, a la que la comunidad acusa de ser portavoz de la empresa.
La comunidad teme un eventual ingreso de militares a la zona para reabrir la vía y el 11 de enero denunciaron un corte de suministro eléctrico, ya que la energía es provista por la empresa. Sin embargo, la Nawe aseguró en un comunicado que fue temporal y afectó a todo el bloque petrolero.
No corresponde consulta, según empresa
Consultada por EFE, Petroecuador señaló a EFE que corresponde al Ministerio de Ambiente señalar si existen o no asuntos ambientales pendientes en ambos bloques y ponerlo en conocimiento en las comunidades.
Sobre el reclamo de una consulta previa, la compañía afirmó que no corresponde su realización en este caso, ya que la norma exige aplicarlo para aquellos proyectos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 2008 y no es obligatorio para proyectos que estaban operando desde antes, como son los bloques 16 y 67.
La empresa pública mostró su intención de solucionar este conflicto, y para ello el Ministerio de Energía y Minas lidera un comité interinstitucional que analiza el pliego de demandas e ingresará al territorio para establecer una mesa de diálogo y negociación.
Producción estable
Pese al bloqueo, apenas se ha resentido la producción de los dos bloques, que en conjunto producen al día cerca de 15.000 barriles de crudo, ya que Petroecuador está abasteciendo las instalaciones y al personal por vía aérea a través de helicópteros y así salvar la carretera cortada por los indígenas.
Los bloques 16 y 67 están en explotación desde 1994 y hasta final de 2022 han pasado por diferentes empresas privadas, la última de ellas Petrolia, filial de la canadiense New Stratus Energy (NSE), con la que el Gobierno no quiso negociar la extensión de los contratos de servicios y migrarlos a contratos de participación, por lo que la compañía anunció en diciembre que recurriría a un arbitraje internacional.
Así, los campos pasaron a manos de Petroecuador, que este viernes ha anunciado la resolución de otro conflicto con indígenas waorani de la comunidad de Dikapare, en el campo Armadillo, del Bloque 55, también en Orellana, donde reclamaban la contratación de obra local, en una protesta que causó la caída temporal de 3.000 barriles diarios de petróleo en su producción.
EFE
por Konuco | Ene 20, 2023 | Destacadas, Indígenas
Autoridades colombianas denunciaron que entre los recientes casos de abusos sexuales contra menores de edad en el departamento del Guaviare hay 69 cometidos contra niñas de comunidades jiw y nukak, dos pueblos indígenas declarados en vías en extinción.
A principios de este año se comenzó a destapar varios casos de militares, que durante los últimos 5 años han metido violaciones y abusos sexuales contra menores de varias comunidades indígenas de esta zona.
A raíz de esta situación, por la que se ha cuestionado a instituciones como la Fiscalía por no hacer nada o desconocerla, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha revelado que tiene registrados 587 casos de denuncias entre 2018 y 2020 en este departamento del sur del país.
Ahora, el ICBF asegura que el 12 % de los casos reportados con denuncia penal en estos cuatro años -35 de niñas nukak y 34 de jiw- afectan a las comunidades jiw y nukak, comunidades que también se ven afectadas con otros problemas como el consumo de sustancias psicoactivas y pegante o una situación alimentaria crítica, que es la que en muchas ocasiones lleva a estos abusos.
«Según el informe de la comisión especial, esta situación de crisis alimentaria conlleva a que los niños bajen a buscar comida, lo que es aprovechado por posibles redes de microtráfico y de trata de personas en la región», informó la Presidencia colombiana en un comunicado, en el que no descarta que exista en esa zona «una red de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes».
TOMAR MEDIDAS
El presidente Gustavo Petro anunció este jueves, desde Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial, medidas urgentes para atender la situación que viven las niñas y adolescentes en el Guaviare, asegurando que se va a investigar a funcionarios del ICBF por posible omisión y también a los militares que pudieran estar involucrados en los abusos.
También habrá dos unidades especiales para atender a población indígena y otra especializa en violencia de género y se aumentará la presencia de policía de Infancia y Adolescencia en el territorio, así como puntos fijos e itinerantes de atención a víctimas e información para evitar nuevos casos.
La controversia se desató a raíz de la publicación de un reportaje de Univision en el que destapaban una supuesta violación de una niña indígena de 10 años por un militar estadounidense, información que fue desmentida por las autoridades colombianas y estadounidenses, pero que comenzó una oleada de denuncias por abusos y violaciones a menores indígenas.
De hecho, la Procuraduría informó la semana pasada que hay un proceso disciplinario contra seis integrantes del Ejército Nacional por presuntamente violar a una menor de 15 años perteneciente a la comunidad indígena nukak en la vereda (caserío) Charras, de San José del Guaviare.
De todos los casos recibidos por violencia sexual, el ICBF asegura que, a pesar de estas denuncias, no le consta ninguno cometido por fuerzas militares extrajeras y solo 3, en 2019, por militares colombianos.
Fuente: EFE
por Konuco | Ene 18, 2023 | Destacadas, Indígenas
La idea del cineasta Asael Talavera, hace un año, de hacer algo cultural que trascendiera fronteras, dio como fruto un corto documental, con el productor Guillermo Mahchi, que lleva por título «Apinán: Nosotros los lencas», que recoge parte de la etnia lenca que vive en el occidente de Honduras.
Corría enero de 2022 cuando Talavera, un cineasta autodidacta, llamó a Mahchi, en El Progreso, norte hondureño, donde residen, para proponerle que hicieran algo memorable sobre su país para el mundo.
Apinán significa «nosotros», en lengua lenca
«Vamos a hacer algo que sea memorable, algo que podamos enviar de nuestra hondureñidad legítima al mundo. Vamos a buscar premios, vamos a buscar competencia internacional», recordó Mahchi que le dijo Talavera, con quien ya había trabajado en otras producciones menores, entre ellas una sobre el cacao hondureño y su historia.
Fue así como Mahchi, director de Banahna Productions, y Talavera, «con la esperanza de encontrar lencas», viajaron a La Esperanza, departamento de Intibucá, una de las regiones donde vive ese grupo étnico hondureño, cuya lengua desapareció hace muchos años.
Hasta entonces, Mahchi, quien conoce muchos países, sabía muy poco de los lencas, uno de los nueve grupos étnicos que tiene Honduras, los que en su mayoría, en gran medida, han sido abandonados por los gobiernos civiles y militares que ha tenido el país centroamericano desde su independencia de la Corona española, el 15 de septiembre de 1821.
Maravillado por la belleza de los paisajes de Intibucá, una de las zonas más altas y frías de Honduras, Mahchi dice que a veces se sentía como si estuviera en alguna región del Reino Unido, Suiza o «en todas las partes del mundo, menos en Honduras».
Al adentrarse en el pueblo lenca, Mahchi y Talavera fueron conociendo la calidez de su gente -de piel cobriza y pelo lacio-, su ternura y entrega plena al trabajo en el campo, su rica alfarería y los telares artesanales con los que las mujeres elaboran diversos tipo de prendas de hermoso colorido, lo que les caracteriza en su país, entre otros aspectos culturales.
«Así comenzamos, preguntando. En Intibucá están los paisajes más maravillosos que he visto. Así nace Apinán, buscamos palabras en su lengua muerta y encontramos una que decía que, Apinán, significa nosotros», acotó Mahchi.
Los lencas no se quejan y tratan su vida con dignidad
Talavera dijo a EFE que cuando comenzaron con la producción, la idea era hacer «un documental que hablara un poco de quiénes somos, de dónde venimos y conocer un poco más de la cultura lenca».
En el caso de la cultura lenca, es una de las más ricas en cuestiones de artesanía, tradiciones y gastronomía, agregó el cineasta, quien cree que ahora también hay que darle «el lugar e importancia a cada una de nuestras etnias».
El proyecto de Talavera con los lencas comenzó teniendo una visión y una idea general de crear una serie de documentales de todas las etnias, en los cuales se puedan dar a conocer cómo están actualmente y en qué pueden colaborar con Mahchi «a que se siga construyendo más patria de ese modo».
«Apinán nace también de esa necesidad de darle voz a aquellas personas que quizás solamente han sido explotadas de una manera turística, pero que tienen mucho más que demostrar. Queríamos que la historia fuera parte de cada uno de ellos, por eso el documental está formado con varios segmentos», explicó.
En ese sentido, cada segmento del corto documental, de 32 minutos de duración, es una historia diferente que tiene relación con algún aspecto de la cultura lenca.
En La Esperanza, Talavera encontró un pueblo originario que les brindó toda la ayuda que necesitaban, además de «toda la apertura de sus corazones, de su historia en sus casas».
Los lencas, además, le demostraron a Talavera que, «aunque su situación no es la mejor que nosotros quisiéramos que tuvieran, no se quejan, tratan su vida con dignidad y nos permiten también a nosotros darnos cuenta de las bellezas que tenemos en nuestro país».
Primeros reconocimientos internacionales
Un año después de haber iniciado con su nuevo proyecto, Mahchi y Talavera se congratulan de la buena andadura que esta teniendo «Apinán: Nosotros los lencas», que al cerrar diciembre de 2022 ya había participado en siete concursos internacionales, recibiendo varios reconocimientos, entre los que sobresalen el del Festival Ícaro Internacional, en Guatemala.
El documental también fue reconocido por el Festival Hablemos con la Verdad, mexicano, y el San Diego Short Film Festival, en EE.UU., nada mal para Talavera, quien se ha propuesto hacer trascender al mundo a los pueblos indígenas de Honduras.
Fuente: EFE
por Konuco | Ene 16, 2023 | Destacadas, Indígenas
La Defensoría del Pueblo confirmó que existen más de 30 asentamientos indígenas conformados por varias etnias en Guaviare.
El Defensor del Pueblo enviará su informe anual de DDHH del Guaviare a la Procuradora para que inicie las investigaciones disciplinarias, a que haya lugar, contra los funcionarios del nivel municipal, departamental y nacional que, por acción u omisión, hayan permitido la vulneración de los derechos de las comunidades, y especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Los riesgos advertidos desde 2019 a través de la Alerta Temprana Estructural 005, no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entregó un informe anual sobre vulneraciones a las comunidades indígenas del departamento del Guaviare para que las entidades del orden municipal, departamental y nacional presenten planes concretos a fin de solucionar la crisis humanitaria en esta región. “Con paños de agua tibia no se pueden solucionar los problemas estructurales y las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que hemos venido denunciando desde hace varios años”, añadió.
Además de compartir el informe directamente en San José del Guaviare con líderes de los pueblos indígenas Jiw, Nükak, Sikuani, Tucano y Karijona, el Defensor del Pueblo le entregará una copia a la señora Procuradora Margarita Cabello, como cabeza del ministerio público, para que se puedan adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar contra los funcionarios que, por acción u omisión, hayan permitido la vulneración de los derechos de las comunidades, y especialmente de los niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección constitucional.
“Vinimos a San José del Guaviare a reiterarle a las comunidades, como lo hicimos en agosto pasado, que seguiremos trabajando sin descanso para lograr que las entidades del Estado cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los pueblos étnicos de esta región del país”, aseguró Carlos Camargo.
A juicio del Defensor del Pueblo, “es inconcebible que las entidades requieran que nosotros, como organismo de control en DDHH, tengamos que presentar nuestro informe anual o que se anuncien investigaciones para que los funcionarios tanto del nivel municipal, departamental y nacional cumplan con sus obligaciones”.
A través de la Alerta Temprana Estructural 05-2019 y en el Informe de Seguimiento del 31 de diciembre de 2021 la Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades Nükak y Jiw en situación de desplazamiento, ubicados en asentamientos temporales en San José del Guaviare. “Hoy ese riesgo no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.”, recalcó Carlos Camargo.
“Lo que queda claro con la situación de vulneración a los derechos humanos de las comunidades indígenas es la indiferencia institucional para tomar acciones concretas que pongan freno al abuso y la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que los funcionarios públicos ni la ciudadanía normalicen este tipo de vulneraciones”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
Datos preocupantes
La crisis humanitaria por la que atraviesan los pueblos Jiw y Nükak en Guaviare, es la consecuencia de un cúmulo de circunstancias que se configuran a partir de factores estructurales asociados a la pobreza, la exclusión, el despojo territorial y el conflicto armado interno.
En San José del Guaviare, los niños, niñas y adolescentes indígenas permanecen en alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada. Esta grave amenaza se incrementa por la alta vulnerabilidad socioeconómica y la falta de presencia y oferta institucional, que los exponen a la explotación sexual comercial, a la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, entre otras.
Son cientos los casos de violencia sexual los que la Defensoría del Pueblo ha venido denunciando y poniendo en conocimiento de las autoridades. Desde la Regional Guaviare, la Defensoría del Pueblo atendió entre el 2020 y el 2022 un total de 933 casos relacionados con vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores y comunidad indígena. Vale destacar que se han atendido 68 casos de presunta violencia sexual en los que se encuentran involucrados menores de edad.
En el informe que presentó la Defensoría del Pueblo llama la atención el aumento de casos de violencia sexual en el Guaviare en los últimos 3 años. Mientras en 2020 registramos 67 casos la cifra llegó hasta los 81 casos durante 2022. Esto coincide con el hecho de que el 80 por ciento de las personas privadas de la libertad enfrentan procesos o han sido condenamos por este tipo de delitos.
En la última semana ha habido gran indignación por la situación que viven los niños indígenas en San José del Guaviare, lo importante es que esa indignación se traduzca en una acción estatal efectiva, completa e integral, permanente y sostenida, respetando las prácticas y creencias ancestrales de estas comunidades étnicas, y que han sido retratadas con suficiencia en órdenes judiciales, y en nuestras alertas tempranas e informes.
por Konuco | Ene 10, 2023 | Destacadas, Indígenas
Según el Informe Final 2022 de Afectaciones a los Derechos Humanos en los Pueblos Indígenas de Colombia y de frontera Colombia- Venezuela, se revela una importante crisis humanitaria y la persistencia del conflicto armado interno en sus territorios. Las autoridades indígenas se pronunciaron por medio del siguiente comunicado.
La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, a través de la labor del Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC, le hubiese gustado evidenciar en este informe la disminución o cese de acciones de violencia armada en los territorios ancestrales para el año 2022, sin embargo, los hechos dan cuenta de su recrudecimiento, así como de la profunda crisis humanitaria en que se encuentran nuestros Pueblos Indígenas. La persistencia del conflicto armado interno, incluyendo el resurgimiento de grupos armados en Colombia después de la firma del AFP, con sus múltiples intereses de control sobre el territorio y las rentas derivadas del narcotráfico y la extracción de recursos naturales, se ha convertido en una constante en el diario vivir en los territorios ancestrales.
A pesar de este panorama, la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz ha continuado con la denuncia y la visibilización de las afectaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con la convicción de que, a través de esta ardua labor, bajo la luz de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, seguirá aportando en el proceso para el cese de las violencias sistemáticas contra nuestros hermanos y hermanas indígenas.
Como parte de esta labor, en este informe se presenta un análisis de la situación de DDHH de los Pueblos Indígenas a nivel nacional y macrorregional para el año 20221 , siendo la fuente principal de información los reportes sobre las afectaciones a los DDHH y al DIH realizados directamente por las organizaciones filiales de la ONIC, cuya verificación y sistematización es realizada por el Observatorio de Derechos Humanos. En complemento, se han integrado los datos provistos por los observatorios de las organizaciones indígenas regionales, el Consejo Regional indígena del Cauca – CRIC- y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC-, así como información secundaria, con su debida revisión, dispuesta por medios de comunicación locales, regionales y nacionales.
