Aprobadas 356 hectáreas de tierra para comunidades afro e indígenas de La Guajira

Aprobadas 356 hectáreas de tierra para comunidades afro e indígenas de La Guajira

En el departamento de La Guajira, la Comisión Técnica de la Agencia Nacional de Tierras aprobó dos títulos colectivos para comunidades negras que suman 328 hectáreas. Además, se aprobó la constitución del resguardo indígena Chiasalú del pueblo Wayúu, con una extensión de 27 hectáreas que beneficiarán a 20 familias.

Una de las comunidades afro beneficiadas es el consejo de Negros Cimarrones (Coneciba), en el municipio de Barrancas, que recibió 15 hectáreas + 2.677 metros cuadrados que benefician a 76 familias, unas 221 personas. Entre tanto, el consejo Celinda Arévalo, ubicado en el corregimiento Matitas del municipio de Riohacha, recibió 313 hectáreas + 2.831 metros cuadrados que benefician a 75 familias, 409 personas.

El anuncio fue hecho por el director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina en la comunidad indígena de Tungueka, municipio de Dibulla, donde además la Agencia le entregó 490 hectáreas + 3.067 metros cuadrados al resguardo Kogui Malayo Arahuaco y 188,75 hectáreas a la Cooperativa Multiactiva de Paz (Coompazcol) creada por firmantes de paz del Antiguo Espacio de Capacitación y Reincorporación de Ponderes.

“Con esta titulación a los pueblos étnicos avanzamos en la Reforma Rural en el país para que las comunidades accedan a la tierra productiva y para la protección del territorio”, dijo Vega Medina.

Con estas entregas la Agencia Nacional de Tierras avanza en la Reforma Agraria del Gobierno del Cambio beneficiando a 630 personas de dos comunidades afrodescendientes, 18.183 indígenas del pueblo Kogui Malayo Arahuaco y 144 firmantes del Acuerdo de Paz en La Guajira.

Estas entregas hicieron parte de la jornada Reforma Agraria para la Vida, realizada durante la semana del Gobierno con el Pueblo liderada por el presidente Gustavo Petro en La Guajira.

La comunidad Wayuu será prioridad en el acceso a la educación superior

La comunidad Wayuu será prioridad en el acceso a la educación superior

En el marco de la jornada «Gobierno con el Pueblo», que lidera el presidente de la República, Gustavo Petro en La Guajira, la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, escuchó las propuestas y las diferentes voces de los actores educativos del departamento frente a la Reforma de La Ley 30 de 1992.

En la apertura de la jornada, la jefe de la cartera de Educación en su compromiso con la equidad y la dignificación en la educación superior y la transformación social de los territorios entregó oficialmente al rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, los registros calificados de los programas de nutrición, dietética y enfermería, con los cuales se pone en marcha la Facultad de Salud de esta Alma Mater.

La Ministra de Educación indicó que este logro para el departamento de La Guajira refleja el compromiso del Gobierno Nacional, por ampliar la oferta de cualificada dirigida a los profesionales de las ciencias de la salud en la región.

«Es fundamental que la apuesta que tiene la Institución, a partir de estos nuevos registros, sea coherente con la demanda que tenemos para garantizar que se formen personas en las ciencias de la salud con perspectiva propia, con su cosmovisión y la de sus pueblos», dijo la funcionaria desde la Universidad de La Guajira, epicentro de la sexta jornada de los Diálogos Permanentes por la Educación Superior.

Comunidades indígenas se rehúsan a documental propuesto por el presidente Petro

Comunidades indígenas se rehúsan a documental propuesto por el presidente Petro

La historia de los cuatro niños que se perdieron en la selva del Guaviare después de un accidente aéreo el 1 de mayo y que fueron encontrados después de cuarenta días es tan sorprendente que parecía sacada de una película. Estos niños lograron sobrevivir a dos tragedias, y su historia es digna de ser destacada. El presidente Gustavo Petro demostró esto al publicar una foto en su cuenta de Twitter el jueves 22 de junio, en la que aparecía junto al productor de cine Simon Chinn, quien ha ganado dos premios Óscar, y Hollman Morris, subgerente de la RTVC.

Acompañando la imagen, el presidente anunció la producción de un documental llamado «Operación Esperanza». Sin embargo, esta producción tomó por sorpresa a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), quienes expresaron su descontento a través de un comunicado publicado el sábado 24 de junio.

En el comunicado, la Opiac rechaza las declaraciones recientes del presidente Gustavo Francisco Petro, ya que anuncia la realización del documental sobre la Operación Esperanza sin haberlo concertado previamente con los familiares de los niños, los pueblos indígenas, sus organizaciones ni las demás personas que estuvieron involucradas en la búsqueda.

El representante legal y coordinador general de la Opiac, Julio César López Jamioy, firma el comunicado y se dirige al mandatario solicitando una reunión con el pueblo indígena, la Guardia Indígena de Acilapp y Acips, los rescatistas de Araracuara del Crima y todas las personas que participaron en la búsqueda de los menores desde el principio, incluyendo algunos de sus familiares, para asegurar una representación precisa y fiel de lo que fue el rescate de los niños.

Comunidades indígenas en el Huila recibió oferta institucional de la Unidad para las Víctimas

Comunidades indígenas en el Huila recibió oferta institucional de la Unidad para las Víctimas

La Unidad para las Víctimas, entidad encargada de la atención y reparación a víctimas del conflicto armado en Colombia, presentó su oferta institucional a las comunidades indígenas del departamento de Huila. En un encuentro celebrado en la sede del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) en la ciudad de Neiva, los representantes del gobierno indígena se apoyaron con la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para conocer las respuestas a sus solicitudes de atención.

Este encuentro fue el resultado de un compromiso adquirido por parte de la Unidad durante la minga indígena que tuvo lugar en Bogotá en abril de este año. En respuesta a este compromiso, se brindó información detallada sobre el número de miembros de las comunidades indígenas incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), así como las diferentes vías de acceso a los procesos de atención, asistencia, retornos, reubicaciones y reparación, tanto a nivel individual como colectivo.

Durante la reunión, los representantes de las comunidades indígenas tuvieron la oportunidad de plantear sus dudas y recibir respuestas por parte de la Unidad para las Víctimas. Este diálogo abierto y transparente permitió aclarar las inquietudes relacionadas con los procesos de reparación integral, fortaleciendo así la confianza entre las comunidades indígenas y la entidad responsable de la atención a las víctimas.

La Unidad para las Víctimas reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con las comunidades indígenas, reconociendo su condición de víctimas del conflicto armado y su derecho a una reparación integral. Asimismo, se resaltará la importancia de la participación activa de las comunidades en la construcción de las estrategias y acciones que se implementarán para garantizar su bienestar y superar las afectaciones sufridas.

Este encuentro representa un avance significativo en el proceso de atención y reparación a las víctimas indígenas en el departamento de Huila. La Unidad para las Víctimas continúa trabajando en estrecha colaboración con las comunidades indígenas y otras entidades del Estado para asegurar que sus derechos sean protegidos y sus necesidades atendidas de manera integral.

Barcos en el Perú son detenidos por indígenas

Barcos en el Perú son detenidos por indígenas

Un inusual incidente se ha registrado en la Amazonía peruana, donde un grupo de indígenas ha retenido dos embarcaciones que transportaban petróleo perteneciente a la empresa canadiense Petrotal. Según informó José Luis Medina, gerente de sostenibilidad de PetroTal, la retención de las embarcaciones se ha considerado un acto de secuestro, ya que las tripulaciones se encuentran retenidas contra su voluntad.

Las dos embarcaciones retenidas son una de bandera brasileña, con tripulación brasileña, y otra de nacionalidad peruana. Esta situación ha generado preocupación debido a que una de las barcazas transporta aproximadamente 40.000 barriles de crudo, lo que representa un riesgo significativo para el impacto ambiental de la zona.

La retención de estas embarcaciones ha generado un gran riesgo ambiental, ya que la posible liberación del petróleo en la zona de la Amazonía podría causar graves daños ecológicos. Las autoridades locales y la empresa PetroTal están trabajando para resolver la situación de manera pacífica y garantizar la seguridad de las tripulaciones involucradas.

Se desconocen las motivaciones exactas de los indígenas para retener las embarcaciones y el petróleo. Sin embargo, este incidente destaca la importancia de los derechos y la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones que afecten sus territorios y recursos naturales.

Las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para resolver esta situación y garantizar la integridad de las embarcaciones, la tripulación y el medio ambiente. Es fundamental encontrar una solución que respete tanto los derechos de las comunidades indígenas como la protección del ecosistema amazónico, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental.