Medellín se convirtió en el sopladero y la casa del lenocinio más grande de Colombia

Medellín se convirtió en el sopladero y la casa del lenocinio más grande de Colombia

El olor de la ex hermosa ciudad de la eterna primavera que en el pasado se congraciaba con el aroma de las flores que engalanaban a Medellín con sus bellas silletas, en una ciudad prospera, segura con arraigo y cultural, que se enorgullecía de sus calles, hoy se lamenta del deterioro y descuido que sitúa a nuestra ciudad como una casa grande de prostitutas y venta de todo tipo de drogas.

El aroma de la marihuana, el basuco, y la cocaína que se trafican en las comunas a la luz de todas las autoridades sin que nada pase hace, juego con el color rojo que corre en las calles con la sangre de los jóvenes que protagonizan la guerra de microtráfico que se libra centímetro a centímetro en la ciudad, al parecer por orden de los jíbaros o dealers que con el respaldo de las llamadas bandas criminales operan en total impunidad.

«Por eso Medellín necesita más lucas para dotar de mecanismos claros a las autoridades permitiéndole a la ciudad enfrentar la inseguridad y la prostitución que camuflada en distintas formas y vejámenes se han tomado las calles, restaurantes, bares y sitios emblemáticos o turísticos de nuestro distrito especial de ciencia innovación y tecnología”. Dijo Lucas Cañas concejal de Medellín quien además indicó que:

“ Y es que desde el Partido Conservador quienes con dignidad hemos defendido el legado de Álvaro Gómez Hurtado, daremos la pelea necesaria para combatir a esos nuevos traquetos que pretenden atemorizar a nuestros ciudadanos. Lo haremos sin temor alguno por eso le declaro la guerra a los chulos qué prostituyen a nuestras niñas y niños a esas escorias que los explotan sexualmente sometiendo a los vejámenes y actos atroces, terribles que atentan contra la dignidad y los derechos humanos sin que al parecer nada pase».

Cabe indicar que el candidato de las “Lucas para Medellín”; Cañas Jaramillo anuncia un debate de control político con serias repercusiones a las autoridades correspondientes y hace un llamado para que las autoridades migratorias y judiciales actúen con prontitud en la guerra que apenas se inicia en la ciudad en contra de la prostitución y venta de drogas principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales en la ciudad que atemorizan a la ciudadanía.

Capturado Exintegrante del Ejército Nacional que abría abusado de una menor

Capturado Exintegrante del Ejército Nacional que abría abusado de una menor

Luego de Fiscalía General de la Nación iniciaría las investigaciones pertinente sobre el caso y lograra aclarecer los hechos que se habrían presentado, sobre agresión sexual contra menores de edad que involucraría a personal de la fuerza pública. 

Luego de valorar el material de prueba presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Eliecer Rodríguez Reinoso, un exintegrante del Ejército Nacional que habría abusado sexualmente de una niña indígena de 13 años en Guaviare, en 2016. Esta persona, soldado regular para la fecha de los hechos, presuntamente abordó a la menor de edad que, en compañía de una compañera del colegio, se bañaba en el caño Refugio, en la vía Barrancón, en inmediaciones de San José del Guaviare. 

Según informo la Fiscalía por medio de un comunicado el exmilitar del ejercito habría dialogado con ella y posteriormente la agredió sexualmente. La víctima, perteneciente a la etnia Sikuani, se abstuvo de revelar lo sucedido durante tres años. Finalmente, a finales de 2019 decidió contarles a algunos familiares, y ampliar su versión ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Desde entonces, a través de una metodología de enfoque diferencial, la Fiscalía verificó las versiones entregadas por la niña y su amiga, y encontró absoluta coincidencia en los relatos. De esta manera, se pusieron en marcha diversas actividades de policía judicial para establecer la identidad real del señalado abusador, pues usaba el nombre de Cristian. 

Por ultimo el exmilitar, fue la fiscalía inicio el proceso de la respectiva orden de captura, que fue materializada por personal del CTI en Bogotá. En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó a Eliecer Rodríguez Reinoso el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, además cambio su identidad para no ser identificado, lo cual genero dificultad para la continuidad del proceso. Al aparecer el cargo no fue aceptado por el procesado. 

Archivo de investigación De otra parte, la Fiscalía General de la Nación cerró la investigación por el supuesto abuso sexual a una niña indígena en Guaviare por parte de un militar estadounidense. Testimonios, abundante documentación y otros elementos de prueba obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indican que el caso no ocurrió. Asimismo, no hay evidencia que soporte la existencia de la víctima y de su estado de embarazo, como fue informado públicamente.

Indígenas u’wa de Colombia, expectantes por la fecha de su audiencia en la CorteIDH

Indígenas u’wa de Colombia, expectantes por la fecha de su audiencia en la CorteIDH

El pueblo u’wa, que habita en el noreste de Colombia, está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) fije la fecha de la audiencia en la que estudiará una demanda contra el Estado para que les reconozca el control sobre su territorio atravesado por la extracción de petróleo y gas.

El pueblo u’wa considera que sus derechos territoriales y culturales fueron violados por el Estado colombiano como consecuencia de la falta de reconocimiento y protección de su territorio con la promoción e implementación de proyectos extractivos en sus tierras.

Este pleito, que lleva más de 20 años, «es muy significativo» porque nunca antes una comunidad indígena había logrado llegar a la CorteIDH, dijo en una entrevista con EFE la directora de la Oficina de Amazonía de la ONG internacional Earth Rights International (ERI), Juliana Bravo, que acompaña a los u’wa en su demanda.

«La Corte Interamericana ha fallado muchas veces contra Colombia pero nunca ha analizado un caso como este y por supuesto no ha declarado la responsabilidad de ningún caso en el que se traten cuestiones relacionadas con temas territoriales y temas de derechos culturales de pueblos indígenas en Colombia», puntualizó Bravo.

La funcionaria explicó que los u’wa llegaron a estas instancias internacionales porque consideran que pese a que hay legislación y fallos de tribunales colombianos «no han encontrado justicia».

La problemática

El pueblo u’wa, compuesto por casi 13.000 personas, habita principalmente en el departamento de Boyacá, aunque también en Arauca, Casanare, Norte de Santander y Santander.

Su disconformidad con el Estado colombiano comenzó hacia 1998 cuando se autorizó que empresas extranjeras hicieran exploraciones para encontrar petróleo y gas en sus tierras ancestrales.

Pese a que los Gobiernos de turno dijeron en su momento que todo fue ajustado a la ley, los indígenas reclaman que no fueron consultados y se violó su territorio.

También alegan que sus derechos culturales fueron vulnerados y que todo ello ha afectado la integridad étnica y cultural del pueblo, poniendo en riesgo su posibilidad de sobrevivir.

Adicionalmente, en 1999, Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay, tres estadounidenses que trabajaban con los u’wa, fueron secuestrados y asesinados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) después de una visita a territorios de los indígenas.

Desde ese entonces los u’wa han pedido que el Estado les reconozca el derecho a su territorio y a disponer de todos los recursos y también que tome las medidas necesarias para evitar su extinción porque el conflicto armado interno los ha afectado.

Las peticiones

Según la abogada, los indígenas esperan ser escuchados y que en el fallo, que puede demorar otros meses, el Estado colombiano sea declarado por la CorteIDH responsable por las violaciones que han sufrido.

También esperan que el alto tribunal «ordene al Estado colombiano una serie de reparaciones que les permitan a ellos gozar libremente del territorio y puedan tener el control y la posibilidad de autodeterminarse de acuerdo a sus usos y sus costumbres».

Y que se defina mejor lo relacionado con el tema de los Parques Naturales Nacionales, pues en varias ocasiones estas denominaciones se solapan con sus territorios ancestrales.

Eso ocurre, por ejemplo, con el Parque Nacional Natural El Cocuy, ubicado entre Boyacá, Casanare y Arauca, y sobre el cual ellos no tienen control.

La audiencia de los u’wa ante la CorteIDH ocurrirá después de que ese tribunal condenara al Estado colombiano por el «plan de exterminio» del cual fueron víctimas unos 6.000 militantes del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) a lo largo de dos décadas.

EFE

Indígenas intentan entrar a la fuerza al congreso reclamando el cumplimiento de las promesas del gobierno

Indígenas intentan entrar a la fuerza al congreso reclamando el cumplimiento de las promesas del gobierno

La entrada del Capitolio Nacional recibió este martes a cientos de indígenas que se tomaron la entrada al congreso, según las personas que se encontraban en el lugar intentaron ingresar a la fuerza.

La protesta inició alrededor de las 2:00 p.m. y terminó pasadas las 6:30 de la tarde. Los indígenas aseguraron que no se irán de la Plaza de Bolívar hasta que alguna instancia del gobierno hable con ellos para recibir sus peticiones. Se prevé que pueda ser la vicepresidenta Francia Márquez, el Ministerio de Salud, Trabajo o Educación.

https://twitter.com/MINUTOPEREIRA/status/1623101028793982978

Uno de los indígenas con megáfono en mano le reclamó a la vicepresidenta Francia Márquez, al asegurar que no están “viviendo sabroso” y que los “están matando” en el Cauca. Según datos mencionados se trata de un grupo de docentes provenientes del departamento del Cauca que llegaron protestando por las precarias condiciones de salud de la región.

 

Denuncian en Perú proyecto de ley que promueve el genocidio de pueblos indígenas

Denuncian en Perú proyecto de ley que promueve el genocidio de pueblos indígenas

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Plataforma para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial (Piaci) rechazaron este jueves un proyecto de ley que promueve el genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

En un comunicado, las organizaciones precisaron que el proyecto de ley No. 3518/2022-CR fue presentado en noviembre pasado por un congresista fujimorista, Jorge Marante, y denunciaron que actores estatales y privados se aprovechan de la crisis y las protestas en el país para auparlo sin que despierte oposición.

Aseguraron que, de aprobarse, generaría el exterminio de los Piaci, pues entregaría a gobiernos regionales la facultad de revocar o extinguir las reservas indígenas existentes y evitar la creación de nuevas, y les permitiría anular el reconocimiento oficial de estas comunidades.
Consideraron que esta iniciativa legislativa es anticonstitucional, por su carácter regresivo en materia de derechos humanos.

Alertaron que actores estatales y empresariales montaron una campaña de información espuria para hacer creer que abrir reservas indígenas para los Piaci quitará el territorio y las fuentes de subsistencia a otras comunidades originarias, así como para desprestigiar a Aidesep.

Señalaron que detrás de la divulgación de falsedades están grupos con fuertes intereses económicos, deseosos de explotar los recursos naturales de los territorios indígenas y destruir la Amazonía.

Aidesep y Plataforma Piaci recordaron que el Estado peruano ha reconocido hasta el momento la existencia de 25 Piaci, que viven en la Amazonía desde antes de la creación del Estado actual, y se opusieron a que les sean negados sus derechos “a la vida, integridad, salud y territorio”.

Además, instaron a sus bases, a la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil, la iglesia e instancias tutelares de derechos humanos a impedir la aprobación de ese proyecto de ley y no abrir paso al enriquecimiento de unos pocos “a costa de las vidas de miles de compatriotas más vulnerables”.

Por otra parte, recalcaron a las autoridades y funcionarios públicos que “su principal obligación constitucional es la defensa de la persona humana y su dignidad, en especial de los grupos más vulnerables de la población”.

Adesep representa a nueve organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades de pueblos originarios. Por su parte, la Plataforma Piaci está conformada por la ORAU y Orpio (representaciones de Aidesep en Ucayali y el Oriente peruano, respectivamente), la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (Corpiaa).

Telesur