por Konuco | Jul 4, 2025 | Destacadas, Indígenas
En 1948, cuando en Colombia la violencia partidista había escalado el más alto nivel de barbarie en esa modalidad, el jefe del Partido Liberal de entonces, Jorge Eliécer Gaitán, convocó a una llamada “marcha del silencio”, como expresión pública de rechazo a tantos actos homicidas. Era la causa de la paz o no violencia. Se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero del año señalado. Fue caudalosa y cubría todo el escenario escogido. La solemnidad de esa manifestación no tuvo grietas. Nadie le hizo disidencia al orden acordado. Con tono resonante pero armónico, en demanda de la paz, Gaitán pronunció uno de sus más relevantes discursos.
Dijo Gaitán: “Señor Presidente: Aquí están presentes todos los hombres que han desfilado y demuestran una fuerza y un poderío no igualados y sin embargo, no hay un solo grito”. En esa oración sustentó la capacidad popular para rechazar la ofensiva criminal y promover la paz.
La manifestación del silencio de 1948 y la oración por la paz de Gaitán hacen parte del legado histórico en defensa del derecho a vivir en condiciones de protección.
Frente a los desatinos criminales, como el atentado de que fue víctima el precandidato Miguel Uribe Turbay, lo procedente es rechazar esa agresión sin incurrir en narrativas de estigmatización dictadas por el odio y la fijación con señalamientos mentirosos.
La marcha del silencio que se organizó como repudio al atentado criminal contra Miguel Uribe debió cumplir esa legítima finalidad, pero muchos de sus participantes se salieron del orden acordado y se dedicaron al insulto. Convirtieron el silencio en agresión, como si con ese extravío repararan tan criminal acción. No fue como la manifestación de Gaitán, que sigue siendo una lección de sustentación democrática.
Tampoco es aceptable que el atentado contra Uribe Turbay pretenda ser explotado con fines electorales sucios.
Ante la consumación del atentado contra Miguel Uribe Turbay debe ser activo el rechazo nacional, con sentido de solidaridad contra la violencia, como también debiera ser en los casos de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, promotores de las marchas de protesta ciudadana, campesinos o representantes de comunidades afros o indígenas.
La recurrente violencia en Colombia debe parar y no tener repetición. El exterminio de la Unión Patriótica, la ejecución perversa en la operación de los “falsos positivos”, los homicidios contra candidatos a la Presidencia y otros linchamientos de finalidad política son golpes contra la democracia, con los cuales se busca el debilitamiento de las posibilidades de superar las brechas que la codicia excluyente ha impuesto.
Se impone que la justicia, administrada con transparencia y certezas, ponga al descubierto a los actores de la ofensiva criminal y desmonte los desvíos mediante los cuales los responsables de los delitos cometidos se cubren con la impunidad y siguen alargando la cadena de esa carnicería letal a sangre y fuego.
Desenmascarar a los autores de las violencias que tantas víctimas le dejan a Colombia es una tarea prioritaria de jueces y veedores de los desvíos que se le imponen a los colombianos desde esferas que tienen manejo del poder en diferentes instancias.
Puntada
La aprobación por el Congreso de una reforma laboral es el resultado de la participación popular en defensa de los derechos sociales que algunos “padres de la patria” insisten en abolir. Hay que seguir en esa lucha.
Columna de opinión
De Colprensa
por Konuco | Jul 3, 2025 | Destacadas, Indígenas
Concluyó la consulta pública dirigida por el Ministerio TIC y la Agencia Nacional del Espectro (ANE) que tenía por objetivo consultar a los colombianos de zonas rurales del país sobre diversos temas de conectividad, con el fin de analizar la posible utilización de la banda de 900 MHz para llevar conectividad a estos puntos de la Colombia profunda.
Las instituciones reportaron un total de 3.549 respuestas recibidas durante el proceso, representando una gran participación de organizaciones de diversa naturaleza, como las Juntas de Acción Comunal, que aportaron 3.286 respuestas, que representan un 92.58%; Asociaciones, con 175 participaciones, equivalentes al 4.93%; Comunidades Indígenas, con 70 consultas resueltas, para un 1.97%, y las Empresas de Servicios Públicos, con 14, que se traducen en un 0.39%.
También se registraron tres respuestas desde Instituciones Educativas, que acumulan un 0.08%, y una respuesta desde un prestador de servicio de internet, que equivale a un 0.03%.
Entre las respuestas captadas en la consulta pública se encuentra la intención de las comunidades de priorizar el uso de internet en sus territorios para la educación, seguido por los negocios, el comercio electrónico y la salud, entre otras variables.
“Agradecemos a las 3.549 comunidades de todo el país que respondieron sobre la disposición que tienen para que una estrategia de este tipo pueda implementarse en sus territorios. La banda de 900 MHZ puede ser una herramienta adicional para seguir garantizando que el internet de todos y para todos, y así avanzar en el cierre de la brecha digital en el país”, afirmó el ministro TIC, Julián Molina.
Por su parte, el director de la ANE, Sergio Sotomayor, explicó los beneficios de usar el espectro 900 MHz, permitiendo, entre otras cosas, mayor cobertura en zonas de difícil acceso.
“Esta banda se destaca por su excelente capacidad de propagación, que permite una mayor cobertura en zonas de difícil acceso, cuenta con una amplia disponibilidad de equipos compatibles con esta frecuencia, lo que facilita su adopción y facilita la posibilidad de desplegar redes inalámbricas con cobertura de varios kilómetros», explicó Sotomayor.
Las instituciones informaron que el siguiente paso en el proceso corresponde a idear como la banda de 900 MHz puede convertirse en una solución más desde las propuestas de futuras modificaciones a las normativas y leyes, en la construcción de un escenario de conexión para las regiones en su ruralidad, con costos más accesibles y eficientes.
De Colprensa
por Konuco | Jul 2, 2025 | Destacadas, Indígenas
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó en primera instancia al Estado colombiano por su responsabilidad en los daños ocasionados a las víctimas de la avalancha que arrasó con parte del municipio de Mocoa (Putumayo) entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017.
La decisión, tomada por la Sección Primera, Subsección A, concluyó que hubo omisión en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por parte de entidades del orden nacional, departamental y municipal.
La sentencia, con ponencia del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, concluyó que la tragedia fue previsible, dado que varias entidades estatales contaban con estudios sobre el riesgo en las cuencas hídricas de la región. Sin embargo, el fallo señala que no se adoptaron medidas preventivas efectivas para proteger a la población.
“El tribunal encontró que la falta de acción por parte de las autoridades contribuyó directamente a la magnitud del desastre”, se indica en el documento. Entre las entidades demandadas figuran la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), CORPOAMAZONÍA, el Municipio de Mocoa y el Departamento del Putumayo.
El Tribunal ordenó el pago de indemnizaciones colectivas por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a cientos de personas afectadas por la avalancha. La demanda, interpuesta por la ciudadana María Rosa Ordóñez Gómez junto a otros integrantes del grupo actor, solicitó una reparación por más de $1,8 billones de pesos. Aunque esta suma no fue concedida en su totalidad, la sentencia reconoce el derecho a ser reparadas por el Estado.
El proceso incluyó múltiples fases judiciales entre 2017 y 2025, con la intervención de más de una decena de entidades estatales y más de 50 decisiones procesales, entre autos, recursos y audiencias de pruebas. Durante el trámite, se recibió el testimonio de decenas de personas y se valoraron estudios técnicos y peritajes sobre la gestión del riesgo en Mocoa antes del desastre.
Durante la defensa, varias de las entidades señaladas —incluidos el IDEAM, CORPOAMAZONÍA, el SGC y el Departamento del Putumayo— argumentaron que el evento constituyó una fuerza mayor debido a la intensidad extraordinaria de las lluvias en pocas horas y a la dificultad de prever una tragedia de tal magnitud.
Sin embargo, el Tribunal consideró que existió una responsabilidad compartida derivada de la falta de acción ante información técnica ya disponible que advertía sobre el riesgo inminente en la zona.
MOCOA SIGUE SIN LAS 900 VIVIENDAS PROMETIDAS
La reconstrucción de Mocoa presenta un balance negativo y lamentable, según concluyó el Vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, durante una visita de seguimiento a las obras que debían ejecutarse tras la tragedia ocurrida hace ocho años y que dejó más de 900 familias damnificadas.
Zuluaga explicó que la UNGRD no liquidó oportunamente los contratos de vivienda, a pesar de las advertencias hechas por la Contraloría en años anteriores. Señaló que, hasta el momento, apenas se estaban construyendo 160 casas y que la culminación del proyecto depende de una nueva evaluación del estado de esas obras y de los recursos disponibles.
Durante la visita, el Vicecontralor advirtió que no será posible entregar las 900 viviendas antes de que finalice el actual gobierno. “Pasaron tres gobiernos y los damnificados de Mocoa no verán las viviendas construidas”, afirmó.
Además del retraso en las viviendas, la Contraloría abrió dos procesos por presunta responsabilidad fiscal relacionados con el proyecto habitacional y con la bocatoma del acueducto, ambos por un valor de $24.000 millones de pesos.
Zuluaga indicó que estos procesos incluyen la evaluación de la responsabilidad del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del actual director, Carlos Carrillo, por haber desatendido las observaciones formuladas por la entidad. Según el Vicecontralor, si se hubiesen atendido esas advertencias, se habría evitado el daño patrimonial que ahora se investiga.
El funcionario también recordó que el cauce del río destruyó la bocatoma, una de las obras clave para garantizar el suministro de agua potable en Mocoa.
Como balance positivo, la Contraloría resaltó la culminación del colegio y del centro de salud, que actualmente están en funcionamiento y prestan servicios a la comunidad. Sin embargo, Zuluaga concluyó que otras infraestructuras, como la cárcel y el cementerio, siguen inconclusas y se han convertido en “una ilusión que ha victimizado a los habitantes del departamento de Putumayo”.
De Colprensa
por Konuco | Jul 1, 2025 | Destacadas, Indígenas
El 9 de junio de 2023, los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría al conocerse que los cuatro hermanos indígenas que llevaban 40 días perdidos en la selva del Guaviare, habían sido encontrados. La imagen era estremecedora: tenían evidentes signos de desnutrición y deshidratación, estaban envueltos en frazadas sobre una tela sintética y sus rostros denotaban el cansancio de su lucha por sobrevivir.
Todo empezó el 1 de mayo de 2023, cuando la aeronave en la que se viajaban se fue a pique por fallas en el motor. Funcionaba como taxi aéreo, realizando la ruta entre Araracuara y San José del Guaviare, con seis pasajeros a bordo (dos adultos y cuatro niños), más el piloto. De ellos solo sobrevivieron los menores de edad, entre ellos un bebé de 11 meses. Las víctimas fueron identificadas como Hernando Murcia; Herman Mendoza, líder indígena; y Magdalena Mucutuy, la madre de los pequeños.
Pero esa información solo se conoció 14 días después del accidente, cuando un grupo de ocho indígenas encontró el avión siniestrado y pistas que daban cuenta que los menores estaban con vida en algún lugar de la espesa e inmensa selva. Y no se equivocaban, tras el accidente, Lesly Jacobo Bonbaire, de 13 años, quedó inconsciente, pero el llanto de sus hermanos Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de nueve; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de cuatro, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de uno, la despertaron.
Al hacerlo se dio cuenta de que su cabeza estaba sangrando, por lo que improvisó un vendaje con algunas prendas de ropa que se encontraban dentro de la aeronave, y con la gasa que encontró en el kit de primeros auxilios. Luego liberó a su hermano más pequeño, quien presentaba signos de sofocamiento, porque su madre estaba encima de él, y finalmente hizo lo mismo con sus demás hermanos. En ese punto, se convirtió en el ángel de cada uno de ellos.
Permanecieron al menos dos días cerca de la aeronave, pero la necesidad de sobrevivir y el pensamiento de que nadie vendría a rescatarlos los hizo moverse de allí. Sobrevivieron, según ha contado Lesly, gracias a las enseñanzas de su mamá, quien le había proporcionado indicaciones básicas sobre las semillas comestibles que podría encontrar en zonas selváticas. Por eso solo comieron de la Palma y un fruto conocido como ‘mil pesos’. También tuvo que enfrentarse a un problema en una pierna, por lo que tuvo que desplazarse sobre sus rodillas y manos, cargando en el lomo a su hermano de 11 meses.
Nunca vieron a nadie hasta el día que los encontraron. Fueron llevados al Hospital Militar donde les hicieron los chequeos médicos necesarios, los internaron por varios días hasta recuperarse de su déficit nutricional y luego se los entregaron al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) para el proceso de restablecimiento de derechos por los presuntos hechos de violencia intrafamiliar y hasta abuso sexual que se conocieron al interior de su hogar. Situación que tiene en juicio al padre, Manuel Ranoque.
Los menores siguen en custodia de la entidad, nunca se han separado. Estudian, mantienen el contacto con su etnia, y, según pudo conocer Colprensa, esta semana que viene se anunciará a quién le será asignada su custodia.
Y LOS MILITARES
La búsqueda de los menores no fue fácil. Cuando se conoció que podían estar vivos, ingresaron a la zona tropas de Fuerzas Especiales, es decir, militares que durante años han adelantado operaciones contra las cabezas de los grupos armados ilegales, y que tienen un entrenamiento superior a cualquier soldado. A ellos se sumaron indígenas de varias comunidades del país que conocen, como nadie, la selva, en las denominadas células combinadas de búsqueda.
También se usaron reflectores que eran encendidos en las noches y cabinas de sonido y perifoneo terrestre, por los cuales se emitían mensajes en medio de la espesa selva. Además, lanzaron kits compuestos por agua, suero, bocadillos y dulces para que los niños los consumieran. Los amarraban con una cuerda y los bajaban a zonas cercanas a donde estaban las huellas. Las Fuerzas Militares emplearon también tres perros entrenados para la búsqueda. Uno de ellos, Ulises, fue el primero que entró, pero se enfermó y tuvo que salir de la zona. También estuvo Shaina y, por último, Wilson, que sigue perdido en la selva.
Durante los días de búsqueda, los equipos encontraron un tetero, que al parecer era del bebé, un cambuche en el que se encontraron unas tijeras y unas “moñas” para el cabello. Además, en la zona del siniestro se halló una maleta que fue abierta. Todo ello aumentaba las esperanzas de los rescatistas, quienes el 9 de junio de 2023 escucharon a través de sus radios las palabras claves “Milagro. Milagro. Milagro”. Los niños fueron hallados.
El líder de esa operación fue el entonces general Pedro Sánchez, quien hoy es el ministro de Defensa nombrado por el presidente Gustavo Petro. Varios de los militares que hicieron parte de esa operación como miembros de Fuerzas Especiales se retiraron voluntariamente del Ejército y se encuentran trabajando en Dubái, entre ellos el operador de Wilson.
Otros se pensionaron y unos pocos siguen en la institución, en la que han tomado parte de operaciones como la que se ejecuta en Cauca, en el corregimiento de El Plateado o en Norte de Santander.
El milagro de la selva no solo salvó cuatro vidas: también dejó una lección de resistencia, solidaridad y memoria que sigue vigente.
De Colprensa
por Konuco | Jun 30, 2025 | Destacadas, Indígenas
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU condenó hoy las amenazas y desplazamiento de al menos 15 familias indígenas del resguardo Naxael Latj hacia San José del Guaviare y Puerto Concordia, en el departamento del Guaviare.
Los hechos habrían ocurrido el 16 y 24 de este mes y hacen parte de la crisis humanitaria que atraviesa ese departamento del sur del país, producto del enfrentamiento entre grupos armados ilegales por el control territorial en la llamada «Trocha Ganadera», en el bajo río Guaviare, agravada por la ola invernal.
«Instamos a autoridades a reforzar planes de contingencia y capacidad presupuestal de #Mapiripán #Meta como receptor de población desplazada proveniente de la Trocha Ganadera, y a fortalecer las medidas de prevención para proteger a Pueblos Indígenas y comunidades campesinas», reclamó la Oficina de Naciones Unidas, en un mensaje desde su cuenta de X.
También pidió a los grupos armados ilegales señalados de participar en estos actos violentos que respeten los derechos humanos de la población civil de esa región del Guaviare.
«Junto con @DefensoriaCol y la alcaldía de #Mapiripan verificamos la situación de las comunidades indígenas y campesinas, quienes manifestaron la necesidad de acompañamiento y articulación institucional entre #Meta y #Guaviare para la garantía de #DDHH y atención humanitaria», agregó la ONU.
A inicios de este mes la Defensoría del Pueblo denunció del confinamiento de unos 10 mil habitantes de al menos 60 veredas en el Guaviare, en medio de la confrontación armada entre miembros de las disidencias del Estado Mayor Central y el llamado Estado Mayor Central de Bloques y Frentes.
De Colprensa
