por Konuco | May 6, 2025 | Destacadas, Indígenas
La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate los 57 artículos del Proyecto de Ley 287 de 2023 que reglamenta la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el sistema de justicia ordinario colombiano sin votos en contra.
La iniciativa busca saldar una deuda de más de tres décadas con los pueblos indígenas del país al desarrollar el artículo 246 de la Constitución, que desde 1991 ordena establecer mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones.
La falta de una norma clara ha generado durante años conflictos interjurisdiccionales y vacíos normativos que han debido ser resueltos por la Corte Constitucional, a través de sentencias individuales, sin procesos de consulta previa.
La propuesta legislativa establece principios rectores para la coordinación como mujer, familia y generación, y reconoce la justicia propia de los pueblos indígenas, su autonomía y sus competencias, en un marco de respeto a los derechos fundamentales y al bloque de constitucionalidad.
El proyecto fue construido de forma participativa con las organizaciones que integran la Mesa Permanente de Concertación, en un proceso liderado por el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y los representantes indígenas. Según el Gobierno, más de 5.000 personas participaron en la consulta previa, libre e informada que dio origen al articulado aprobado.
La viceministra de Promoción de la Justicia, Helen Ortiz Carvajal, explicó que la ley define competencias claras, incorpora herramientas como la mediación lingüística y garantiza una justicia intercultural “respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas”.
Tras su aprobación en la Comisión Primera, el proyecto pasará a segundo debate en la plenaria del Senado. Si logra su aprobación, deberá continuar su trámite en la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley de la República.
El Ministerio de Justicia señaló que este avance legislativo representa un paso firme hacia el fortalecimiento del pluralismo jurídico, el acceso a la justicia en los territorios y el reconocimiento de los sistemas propios de justicia indígena dentro del marco institucional colombiano.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 5, 2025 | Destacadas, Indígenas
Amenazas, estigmatización, xenofobia y falta de recursos son las principales situaciones que enfrentan defensoras y defensores de personas en movilidad humana forzada en América Latina y el Caribe, reveló este miércoles un informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
El estudio documentó las condiciones de quienes trabajan en defensa de los derechos de migrantes y refugiados en diez países de la región: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según CODHES, los obstáculos van desde agresiones directas hasta precariedad económica y ausencia de garantías legales.
“El rol de quienes defienden a personas migrantes y refugiadas es clave para mitigar las crisis migratorias del continente, pero cada vez se enfrentan a más riesgos”, explicó Marco Romero Silva, director de CODHES.
Añadió que es urgente que los Estados y la cooperación internacional reconozcan su papel y brinden garantías para el desarrollo de su labor.
En Colombia, cerca del 80% de las personas que defienden los derechos de la población migrante lo hacen sin recibir salario o con pagos muy bajos, lo que las obliga a complementar sus ingresos con empleos informales.
El país acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, lo que lo convierte en el principal receptor de migrantes y refugiados en la región.
Las amenazas provienen en muchos casos de grupos armados ilegales, que estigmatizan a defensores como “colaboradores de la guerrilla” o los agreden directamente, según el informe.
EL PANORAMA EN LA REGIÓN
En Venezuela, las personas defensoras enfrentan un entorno restrictivo y hostil. El informe documenta casos de criminalización mediante leyes que castigan el ejercicio de derechos, con cargos como “traición a la patria” o “terrorismo”.
A esto se suma la inflación, la falta de acceso a divisas y la escasez de financiamiento, que han llevado a la reducción o cierre de muchas organizaciones.
La cooperación internacional también ha disminuido en el país, dificultando aún más la labor de quienes intentan brindar apoyo a población migrante, refugiada o en tránsito.
En Nicaragua las amenazas a defensores incluyen vigilancia, hostigamiento legal, amenazas contra familiares y criminalización directa. Desde 2018, más de 5.000 organizaciones sociales han sido ilegalizadas y más de 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad.
El gobierno ha intensificado la represión, lo que ha obligado a miles de personas defensoras a salir al exilio, principalmente a Costa Rica. El informe advirtió que alrededor del 4 % de la población nicaragüense ha huido del país en los últimos seis años.
En Brasil, país que acoge a más de 568.000 venezolanos y migrantes de Haití, África y Asia, las personas defensoras carecen de apoyo institucional. El Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos no incluye una línea específica para defensores de personas en movilidad humana.
Las defensoras indígenas, especialmente del pueblo warao, sufren racismo, discriminación y exclusión de servicios básicos. La criminalización de su activismo también ha aumentado en regiones donde se han asentado comunidades indígenas migrantes.
En Perú, donde hay más de 1,5 millones de venezolanos, se reportan más de 100 amenazas al año contra personas defensoras, especialmente en la región amazónica. La eliminación de la visa humanitaria y el endurecimiento de políticas migratorias han aumentado la exposición de migrantes a redes de trata, explotación y violencia.
El informe subrayó la especial vulnerabilidad de mujeres trans defensoras, quienes enfrentan discriminación institucional, exclusión de refugios y dificultades para acceder a servicios básicos.
En Ecuador la mayoría de personas defensoras también trabajan de manera voluntaria y sin recursos estables. Son comunes las amenazas, el hostigamiento en redes sociales y los ataques verbales por parte de ciudadanos y funcionarios públicos. En zonas de frontera, como Sucumbíos y Esmeraldas, los riesgos se incrementan por la presencia de grupos armados ilegales.
El sistema de protección estatal no incluye a este grupo de defensores como una población prioritaria, y los procesos de regularización migratoria siguen siendo lentos y restrictivos.
En Chile el fenómeno de la judicialización se ha incrementado, defensores han sido objeto de denuncias penales por brindar asistencia humanitaria a personas migrantes, particularmente en regiones fronterizas del norte.
Además, el discurso institucional ha contribuido a generar rechazo social hacia las personas migrantes, lo que ha derivado en ataques y amenazas contra quienes las apoyan. El informe advierte que en varias regiones del país se han cerrado albergues y centros de atención por falta de fondos.
En México, uno de los países con mayor flujo migratorio del continente, los defensores enfrentan violencia directa por parte del crimen organizado, así como omisión y negligencia del Estado. El informe recoge casos de personas defensoras asesinadas, hostigadas o desplazadas por proteger a migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.
Organizaciones como albergues, casas de paso y colectivos de búsqueda de desaparecidos también han sido blanco de amenazas y atentados. La falta de una política nacional de protección agrava la situación.
En Guatemala y Honduras los defensores de personas en movilidad son frecuentemente estigmatizados como promotores de la migración irregular o como “enemigos del Estado”. En ambos países, la falta de legislación específica para la protección de personas defensoras deja a muchas organizaciones en estado de vulnerabilidad.
El informe alertó sobre la falta de respuesta de las autoridades ante denuncias de amenazas o ataques, así como sobre la precariedad de las condiciones en las que trabajan las organizaciones humanitarias en las zonas rurales o fronterizas.
CODHES concluyó que la defensa de los derechos de personas en movilidad humana forzada en América…
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 2, 2025 | Indígenas
Como la posibilidad para «cerrar brechas» sociales calificó hoy la ministra de Ambiente, Lena Estrada, el contenido de la consulta popular que esta tarde radicará en el Congreso el presidente, Gustavo Petro, con la que pretende convocar a los colombianos a la urnas y preguntarles si quieren o no una reforma al sistema actual de contratación laboral.
«Hoy nuestro Gobierno va a poner las preguntas de la consulta popular en el Congreso de la República. Es una consulta en la que se le hace la convocatoria a toda la población colombiana porque necesitamos mejores condiciones de trabajo, condiciones dignas para que podamos cerrar las brechas que tiene esta sociedad», precisó Estrada.
(Te puede interesar:Centro Democrático denuncia contratos millonarios con indígenas)
La Ministra es miembro de la comunidad indígena uitoto M+n+k del Amazonas y durante la jornada de conmemoración del Día del Trabajo marchó junto a la minga indígena, que viajó a Bogotá para hacer parte de la celebración.
“Esto es Colombia, la diversidad, la fuerza y también las reclamaciones por esas brechas que debemos de cerrar porque necesitamos tener igualdad y aunque se viva en la periferia, se viva en los territorios, allá hay otras complicaciones, otras dificultades que este Gobierno Nacional debe solucionar», advirtió.
Está previsto que Petro junto a varios de sus ministros y miembros de la bancada del Pacto Histórico radique esta tarde en el Senado la consulta popular que contiene 12 preguntas, que sería el cuestionario que deberán responder al menos 13 millones de personas para que se conviertan en factor de obligatoriedad legislativa por parte del Congreso.
(Colprensa)
por Konuco | Abr 30, 2025 | Indígenas
BOGOTÁ (Colprensa). Mientras que las comunidades indígenas siguen llegando a Bogotá para participar en la jornada del Primero de Mayo, el Centro Democrático por intermedio de algunos de sus congresistas cuestionaron los mecanismos usados por el gobierno nacional para las movilizaciones, además de que pidieron una investigación a la Procuraduría.
Por un lado, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, sostuvo que a lo largo de los casi tres años del mandato de Gustavo Petro, su administración ha firmado 172 contratos con las diversas organizaciones indígenas y que suman $726.661 millones, un aumento del 119% frente al mismo periodo del gobierno anterior.
(Te puede interesar :Los contratos del Gobierno con los indígenas que participan en la Minga)
“Con los impuestos de los colombianos, el gobierno de Gustavo Petro hace politiquería y promueve la violencia”, manifestó el senador, quien además resaltó que uno de los casos más graves es el del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que ha recibido 62 contratos por $533.495 millones, un incremento del 137%.
Detalló además que hay 39 contratos más por $117.553 millones entregados a la ONIC (+48%) y los 46 contratos por $54.582 millones a la OPIAC (+295%). Incluso las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia han recibido 25 contratos por $21.029 millones, con un aumento del 57%.
“¿Por qué el Gobierno dice que no hay plata para medicamentos, para la educación de los jóvenes a través del ICETEX o para la alimentación escolar, pero sí hay para derrochar en contratos políticos?… ¿Se preguntan por qué se desplazan miles de indígenas en chivas desde el Cauca y otras regiones a Bogotá? Pues porque Gustavo Petro los compra, les paga”, apuntó el senador opositor.
“Cuando la plata no se roba, alcanza. El problema de este Gobierno es el derroche, el desperdicio y la corrupción. Necesitamos un Estado austero, eficiente y eficaz; pequeño en lo burocrático, pero gigante en lo social. Esta sinvergüencería se acaba el 7 de agosto de 2026”, aseveró Uribe.
Por otra parte, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Villamizar, radicó en la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra Leopoldo Múnera Ruíz, rector de la Universidad Nacional, por permitir el ingreso de la Minga Indígena a las instalaciones del claustro y, al Ministro Daniel Rojas Medellín.
Villamizar, radicó la queja disciplinaria a Munera y Rojas, por afectar no solo el derecho a la educación de sus estudiantes, de la comunidad universitaria y el normal desarrollo del calendario académico, sino también está propiciando un daño a los bienes públicos por el mal manejo dado a las instalaciones.
«Tanto el rector de la Universidad Nacional, como el Ministro de Educación, deben ser sancionados. No pueden tomar decisiones diestra y siniestra con bienes públicos», declaró Villamizar.
(Colprensa)
por Konuco | Abr 29, 2025 | Indígenas
Desde el domingo y durante toda la semana continuará la llegada de la minga indígena para participar en las manifestaciones convocadas por el Gobierno para el próximo 1 de mayo.
Y aunque a la mayoría de los miembros de las comunidades indígenas no se les aplicarán las preguntas de la consulta popular —relacionadas con la reforma laboral—, su cercanía con el Gobierno Petro sí es significativa.
En lo que va de 2025, el Gobierno le ha entregado más de 300 mil millones de pesos al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones que lidera la movilización de la Minga hacia la capital, según denunció el concejal Daniel Briceño.
(Te puede interesar:Indígenas, víctimas de red corrupta en la UNGRD)
“Lo de la Universidad Nacional no es gratuito”, dijo el concejal.
Uno de los contratos lo tiene la ONIC con el Ministerio de Salud. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo entregó 39.000 millones de pesos al CRIC para implementar acciones diferenciales en el sistema de salud indígena. Se pagará entre $50.000 y $70.000 diarios por persona en puestos de olla comunitaria.
Este mismo ministerio también les pagará al CRIC entre 1 y 4 millones de pesos por chiva, bus o camión para transportar a los miembros de las comunidades indígenas.
“Este convenio se publicó en SECOP, se ofertó y firmó el día de ayer entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., momento en el que se estaban presentando los graves disturbios en la Universidad Nacional. ¿Sirvió la presión?”, señala Briceño.
El concejal presentó un documento titulado “Sesión XXVIII de Comisión Técnica”, donde se habla de una concertación del plan de acción 2025.
Este pacto, firmado entre el Gobierno Petro y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, establece que para el año 2025 el gobierno entregará $300 mil millones de pesos en contratos a esa organización.
Según la Alcaldía de Bogotá, se espera que por lo menos 20.000 indígenas de la Minga lleguen a Bogotá para participar en las movilizaciones del jueves.
(Colprensa)
