por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Nacional
El Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) envió una carta al Gobierno en la que manifestó su preocupación frente a las afectaciones que pueden generar las tensiones comerciales entre Colombia y Estados Unidos a las exportaciones de café.
La Federación recordó que para 2024 la lista de los principales destinos de exportación de café fue encabezada por Estados Unidos con un 40%, un mercado que ha sido construido a través de las décadas.
“La situación internacional, determinada por las tensiones comerciales entre las principales economías del planeta, genera incertidumbre en los mercados, situación de la que no está exenta el café”, destacó la FNC.
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“Siempre hemos sido conscientes de la necesidad de diversificar los mercados, y esa ha sido la tarea de la Federación. Sin embargo, como bien conocemos esas labores, también somos conscientes de que la apertura de mercados toma tiempo, como quiera que lleva consigo la generación de consumidores y, con ello, de demanda de nuestro producto”, añadió la Federación.
En ese sentido, el Comité Directivo aseguró que un incidente en las relaciones comerciales entre los dos países podría traer graves consecuencias para miles de familias que tienen como sustento las ventas del café colombiano.
El llamado surgió en momentos en que Colombia se apresta a firmar su ingreso a la ruta de la seda con China y en medio de una «guerra comercial» entre Washington y Pekín, y cuando desde la Casa Blanca han manifestado su intención de reducir la presencia china en la región.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Nacional
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó el balance del primer trimestre de ejecución del Plan 365, una estrategia que fortalece la presencia institucional en las vías del país y articula esfuerzos entre autoridades locales, organismos de tránsito y entidades del sector transporte para salvar vidas todos los días del año.
Entre el 11 de enero y el 31 de marzo de 2025, la implementación del Plan 365 permitió reducir en un 5% la siniestralidad vial, con 98 vidas salvadas en comparación con el mismo periodo del año anterior. En ese lapso, se reportaron 1.869 muertes por siniestros viales, frente a las 1.967 registradas en 2024.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó: “Gracias al trabajo articulado del sector transporte y al compromiso de la ciudadanía, logramos una reducción del 5% en la siniestralidad vial, lo que demuestra que sí es posible avanzar hacia una movilidad más segura en todo el país”.
Durante estos tres meses, las autoridades reportaron 2.107 acciones operativas, desarrolladas por organismos de socorro, terminales, concesiones y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), principalmente en horas de la mañana y la tarde, que concentraron el 87% del total de controles.
Zonas de alto riesgo fueron priorizadas, conforme a lo estipulado en la Circular 023 de 2025, que define la hoja de ruta del Plan 365 y los municipios críticos durante los puentes festivos.
Acciones con impacto nacional
1.697 puntos de control se desplegaron en todo el país, centrados en revisión de embriaguez, velocidad y documentación, además de generar presencia disuasoria.
Se impusieron 24.395 comparendos, principalmente por incumplimiento de requisitos obligatorios como SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia.
7.896 vehículos fueron inmovilizados.
112.060 actores viales fueron sensibilizados sobre uso del cinturón, respeto a los límites de velocidad, fatiga, consumo de alcohol y conducción segura para motociclistas y ciclistas.
Las acciones más contundentes ocurrieron en mañana y tarde (87% del total), los horarios de mayor circulación vehicular.
El Plan 365 alcanzó 159 municipios en 28 departamentos, con énfasis en zonas con alta siniestralidad en festivos de años anteriores. Santander, Tolima, Antioquia y Boyacá lideraron la ejecución de acciones, evidenciando una respuesta coordinada y efectiva para salvar vidas en las vías.
Para más detalles y análisis de resultados, consulte el tablero interactivo del Plan 365. Salvar vidas en las vías es responsabilidad de todos, todos los días.
Cifras a corte de marzo de 2025
Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con corte a marzo de 2025, la siniestralidad vial presenta una reducción del 5% frente al mismo periodo de 2024, marcando el primer descenso significativo desde la pandemia.
En enero, la reducción fue del 7,7%, con 56 víctimas menos.
En febrero, el descenso fue del 6,6%, equivalente a 40 fallecidos menos.
En marzo, se salvaron 98 vidas respecto al mismo mes del año anterior.
Motociclistas siguen siendo los más afectados: en marzo de 2024 hubo 1.185 fallecidos, y en 2025, 1.145. Les siguen los peatones, con 446 muertes en 2024 y 423 en 2025.
El acumulado hasta marzo de 2025 indica una reducción en víctimas fatales en todos los usuarios viales, excepto ciclistas, quienes pasaron de 96 fallecidos en 2024 a 109 en 2025.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Nacional
Lo que alguna vez fue presentado como una solución digna al colapso del sistema penitenciario en Putumayo, hoy no es más que un esqueleto de cemento devorado por la vegetación. La infraestructura de lo que debía ser la nueva cárcel de Mocoa —levantada sobre las ruinas de un viejo matadero— permanece abandonada, sin servicios básicos ni módulos habitables. Solo quedan columnas sin sentido y un cartel que parece más una burla que una promesa.
El caso resurgió tras un recorrido de Nación Colombia por la zona, como parte de una investigación sobre las promesas gubernamentales incumplidas tras la avalancha que azotó la capital del Putumayo en 2017.
“Este lugar es el reflejo de la corrupción y el abandono. Se robaron la plata”, denunció una habitante de Mocoa, señalando los muros cubiertos por la maleza.
Una emergencia anunciada
El 19 de abril de 2018, el medio Mi Putumayo Noticias informaba que el INPEC ordenó el cierre de la cárcel de Mocoa tras una evaluación que la ubicó en zona de alto riesgo, luego de la avalancha que destruyó el 40% de la ciudad. Según la resolución firmada por el entonces director del INPEC, brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, la decisión se tomó tras un concepto técnico emitido por Corpoamazonia y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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La medida tomó por sorpresa a autoridades locales. El entonces alcalde José Castro criticó al INPEC por no haber adquirido un lote para una nueva construcción. La gobernadora Sorrel Aroca advirtió que el traslado de internos a otras regiones vulneraba su derecho a la unidad familiar, mientras que la Defensoría del Pueblo calificó la acción como “sorpresiva y carente de alternativas”.
A la deriva: 435 reclusos y ningún plan claro
En 2018, el penal albergaba 435 internos y 80 funcionarios entre guardias y personal administrativo. Tras su cierre, los detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios en otras regiones, y en Mocoa solo quedaron celdas improvisadas, algunas ubicadas a escasos metros de la quebrada que originó la tragedia.
“Actualmente los privados de la libertad viven en condiciones infrahumanas, sin garantías mínimas de seguridad”, advierten organizaciones locales de derechos humanos. La Fiscalía ha tenido que construir celdas transitorias con capacidad máxima para tres personas, lo que afecta el curso de los procesos judiciales.
Una promesa renovada (pero aún incumplida)
Cinco años después del cierre, el 14 de abril de 2023, el ministro de Justicia Néstor Iván Osuna Patiño anunció en Mocoa que el Gobierno Nacional iniciaría la construcción de una nueva cárcel en un plazo de 25 meses. También aseguró que se habilitaría provisionalmente el viejo centro penitenciario mientras se avanzaba en la nueva obra.
“Vamos a construir una cárcel nueva y readecuar esta vieja para que funcione provisionalmente. Ojalá sea una colonia agrícola o un penal con todas las características apropiadas para la resocialización”, declaró Osuna, acompañado de directivos del INPEC, USPEC, la Sociedad de Activos Especiales y autoridades regionales.
El compromiso fue celebrado por autoridades locales, congresistas, líderes comunitarios y familiares de personas privadas de la libertad. No obstante, a más de dos años del anuncio, la situación en el terreno no ha cambiado: la cárcel sigue siendo un proyecto inconcluso, sin actividad y sin fecha cierta de entrega.
¿Y ahora qué?
Hoy, en mayo de 2025, la infraestructura permanece sin avance visible. El letrero del contrato original, aún visible, habla de un plazo de seis meses para su ejecución. Han pasado años. No hay cárcel. No hay respuestas. Y el riesgo sigue latente.
Mientras el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia prometen nuevas inspecciones y mesas técnicas, el Putumayo sigue esperando. La cárcel de Mocoa, concebida como una solución a una crisis, se ha convertido en su propio monumento a la negligencia estatal.
por Konuco | May 11, 2025 | Destacadas, Nacional
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, manifestó su preocupación por el reciente incremento de la construcción de vivienda informal y pidió apoyo al Gobierno para afrontar la problemática.
Según Herrera, entre 2005 y 2018 se construyeron un total de 4,5 millones de viviendas, de las cuales 1,6 se hicieron de manera informal.
Herrera, aseguró que “hoy estamos en una carrera contra la informalidad y contra la pobreza, una carrera que será muy difícil ganar sin apoyo del Gobierno Nacional”.
El líder gremial, también expresó su preocupación por la suspensión de programas como ‘Mi Casa Ya’ y agregó que la política pública de vivienda tiene que pensar en el mejoramiento de vivienda y en la construcción de vivienda nueva para generar un desarrollo equilibrado.
“La política de vivienda es como una carroza impulsada por dos caballos: el de la vivienda nueva y el del mejoramiento de la vivienda. Estos dos caballos se complementan y deben correr en la misma vía. Lastimosamente, este Gobierno dejó morir el caballo de la vivienda nueva, con lo cual el del mejoramiento empieza a tener una carga insostenible”, explicó Herrera.
Según el presidente de Camacol, el país contó durante años con un política de vivienda que funcionó e impulsó la producción de vivienda formal; sin embargo, con la suspensión de programas como ‘Mi Casa Ya’ y la falta de ejecución del Gobierno el acceso a vivienda cayó a la mitad en 2024.
El dirigente gremial aseguró que el número de hogares seguirá creciendo en los próximos años y la mayor parte se ubicará en las principales zonas urbanas del país, lo que enciende la oportunidad de fomentar el desarrollo sostenible de cerca de 4,1 millones de viviendas que serán demandadas entre 2025 y 2035.
“La política pública debe enfocarse en facilitar y crear las condiciones para un crecimiento verde, no en poner obstáculos a este modelo de desarrollo sostenible que ha sido impulsado principalmente por el sector privado”, concluyó Herrera.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 9, 2025 | Nacional
La vereda Montclar, ubicada en el municipio de Mocoa, alza su voz de forma colectiva para denunciar lo que denominan una afectación sistemática a sus derechos fundamentales por parte de un grupo autodenominado “Carpa de la Resistencia”; el cual bloquea desde hace más de 45 días la vía de acceso que conecta con la vereda Pueblo Viejo.
En un comunicado respaldado por testimonios ciudadanos y un video la comunidad campesina manifiesta que esta protesta, en su mayoría impulsada por actores externos al territorio, ha derivado en una grave vulneración a su derecho al trabajo, la salud, la educación y la libre movilidad.
“Rechazamos rotundamente las vías de hecho y la presencia de personas ajenas a nuestras veredas que buscan desinformar y sembrar división. Exigimos respeto a nuestra autonomía comunitaria”, señaló un vocero de la Junta de Acción Comunal de Montclar.
Una solicitud que escala al ámbito nacional
La denuncia fue enviada a las principales autoridades del país, incluyendo al Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y Energía, Procuraduría General de la Nación,Gobernación del Putumayo y Corpoamazonía, entre otras entidades. La comunidad exige la instalación de una mesa de diálogo institucional, investigaciones por los hechos y el restablecimiento del orden público.
Durante una reunión sostenida en las últimas horas, que contó con la presencia del Mayor Juan Bustos de la Policía Nacional y Andrés Gómez de laDefensoría del Pueblo, los habitantes de Montclar expresaron su inconformidad ante el intento no concertado de ingreso de los manifestantes a su territorio, que consideran una intromisión ilegítima que busca frenar los estudios de exploración de cobre en la zona, desarrollados por la compañía Libero Cobre, bajo supervisión ambiental.
¿Falsos ambientalistas?
La comunidad advierte que quienes lideran el bloqueo se presentan como defensores del medio ambiente, pero promueven desinformación. Según Montclar se han difundido videos acusando a la empresa de “tumbar montañas con retroexcavadoras”, cuando en realidad solo se realizan estudios del subsuelo sin maquinaria pesada, bajo permiso legal.
Derechos vulnerados, sin respuesta
Pese a haber interpuesto una acción de tutela y radicado solicitudes al Alcalde Carlos Hugo Piedrahita, hace más de un mes, no han recibido respuesta. Mientras tanto, denuncian que continúan las requisas arbitrarias, decomisos de alimentos y bloqueos a vehículos que transportan a niños, ancianos y enfermos.
Además, comentan que esta situación es una ironía dolorosa, pues afirman que los manifestantes exigen un acueducto para Pueblo Viejo, cuando el agua que allí consumen proviene de nacimientos de Montclar, vereda que ni siquiera tiene acueducto propio.
En esta misma línea, Pueblo Viejo también se pronunció a través de la Junta de Acción Comunal de la vereda se emitió un comunicado oficial rechazando el bloqueo y aclarando que las personas que lo lideran no representan a la mayoría de la comunidad. En su pronunciamiento, solicitan la intervención urgente de la Alcaldía y la fuerza pública, “pedimos que se respete nuestra tranquilidad, estas personas convocan a foráneos sin aval de la comunidad y vulneran nuestros derechos.”
Lo que pide Montclar
El levantamiento inmediato del bloqueo y restablecimiento del orden.
Respeto a su organización comunitaria y su derecho a decidir con quién dialogar.
Garantía al acceso de servicios básicos, educación y salud.
La protección de las familias rurales frente a amenazas, desinformación y estigmatización.
“Aquí vivimos del trabajo, no de la mentira. Queremos desarrollo, no confrontación”, concluyen los habitantes de Montclar, mientras insisten en que el Estado debe garantizar su derecho a vivir en paz y a construir un futuro desde el territorio.
