por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Nacional
Lo que alguna vez fue presentado como una solución digna al colapso del sistema penitenciario en Putumayo, hoy no es más que un esqueleto de cemento devorado por la vegetación. La infraestructura de lo que debía ser la nueva cárcel de Mocoa —levantada sobre las ruinas de un viejo matadero— permanece abandonada, sin servicios básicos ni módulos habitables. Solo quedan columnas sin sentido y un cartel que parece más una burla que una promesa.
El caso resurgió tras un recorrido de Nación Colombia por la zona, como parte de una investigación sobre las promesas gubernamentales incumplidas tras la avalancha que azotó la capital del Putumayo en 2017.
“Este lugar es el reflejo de la corrupción y el abandono. Se robaron la plata”, denunció una habitante de Mocoa, señalando los muros cubiertos por la maleza.
Una emergencia anunciada
El 19 de abril de 2018, el medio Mi Putumayo Noticias informaba que el INPEC ordenó el cierre de la cárcel de Mocoa tras una evaluación que la ubicó en zona de alto riesgo, luego de la avalancha que destruyó el 40% de la ciudad. Según la resolución firmada por el entonces director del INPEC, brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, la decisión se tomó tras un concepto técnico emitido por Corpoamazonia y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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La medida tomó por sorpresa a autoridades locales. El entonces alcalde José Castro criticó al INPEC por no haber adquirido un lote para una nueva construcción. La gobernadora Sorrel Aroca advirtió que el traslado de internos a otras regiones vulneraba su derecho a la unidad familiar, mientras que la Defensoría del Pueblo calificó la acción como “sorpresiva y carente de alternativas”.
A la deriva: 435 reclusos y ningún plan claro
En 2018, el penal albergaba 435 internos y 80 funcionarios entre guardias y personal administrativo. Tras su cierre, los detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios en otras regiones, y en Mocoa solo quedaron celdas improvisadas, algunas ubicadas a escasos metros de la quebrada que originó la tragedia.
“Actualmente los privados de la libertad viven en condiciones infrahumanas, sin garantías mínimas de seguridad”, advierten organizaciones locales de derechos humanos. La Fiscalía ha tenido que construir celdas transitorias con capacidad máxima para tres personas, lo que afecta el curso de los procesos judiciales.
Una promesa renovada (pero aún incumplida)
Cinco años después del cierre, el 14 de abril de 2023, el ministro de Justicia Néstor Iván Osuna Patiño anunció en Mocoa que el Gobierno Nacional iniciaría la construcción de una nueva cárcel en un plazo de 25 meses. También aseguró que se habilitaría provisionalmente el viejo centro penitenciario mientras se avanzaba en la nueva obra.
“Vamos a construir una cárcel nueva y readecuar esta vieja para que funcione provisionalmente. Ojalá sea una colonia agrícola o un penal con todas las características apropiadas para la resocialización”, declaró Osuna, acompañado de directivos del INPEC, USPEC, la Sociedad de Activos Especiales y autoridades regionales.
El compromiso fue celebrado por autoridades locales, congresistas, líderes comunitarios y familiares de personas privadas de la libertad. No obstante, a más de dos años del anuncio, la situación en el terreno no ha cambiado: la cárcel sigue siendo un proyecto inconcluso, sin actividad y sin fecha cierta de entrega.
¿Y ahora qué?
Hoy, en mayo de 2025, la infraestructura permanece sin avance visible. El letrero del contrato original, aún visible, habla de un plazo de seis meses para su ejecución. Han pasado años. No hay cárcel. No hay respuestas. Y el riesgo sigue latente.
Mientras el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia prometen nuevas inspecciones y mesas técnicas, el Putumayo sigue esperando. La cárcel de Mocoa, concebida como una solución a una crisis, se ha convertido en su propio monumento a la negligencia estatal.
por Konuco | May 11, 2025 | Destacadas, Nacional
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, manifestó su preocupación por el reciente incremento de la construcción de vivienda informal y pidió apoyo al Gobierno para afrontar la problemática.
Según Herrera, entre 2005 y 2018 se construyeron un total de 4,5 millones de viviendas, de las cuales 1,6 se hicieron de manera informal.
Herrera, aseguró que “hoy estamos en una carrera contra la informalidad y contra la pobreza, una carrera que será muy difícil ganar sin apoyo del Gobierno Nacional”.
El líder gremial, también expresó su preocupación por la suspensión de programas como ‘Mi Casa Ya’ y agregó que la política pública de vivienda tiene que pensar en el mejoramiento de vivienda y en la construcción de vivienda nueva para generar un desarrollo equilibrado.
“La política de vivienda es como una carroza impulsada por dos caballos: el de la vivienda nueva y el del mejoramiento de la vivienda. Estos dos caballos se complementan y deben correr en la misma vía. Lastimosamente, este Gobierno dejó morir el caballo de la vivienda nueva, con lo cual el del mejoramiento empieza a tener una carga insostenible”, explicó Herrera.
Según el presidente de Camacol, el país contó durante años con un política de vivienda que funcionó e impulsó la producción de vivienda formal; sin embargo, con la suspensión de programas como ‘Mi Casa Ya’ y la falta de ejecución del Gobierno el acceso a vivienda cayó a la mitad en 2024.
El dirigente gremial aseguró que el número de hogares seguirá creciendo en los próximos años y la mayor parte se ubicará en las principales zonas urbanas del país, lo que enciende la oportunidad de fomentar el desarrollo sostenible de cerca de 4,1 millones de viviendas que serán demandadas entre 2025 y 2035.
“La política pública debe enfocarse en facilitar y crear las condiciones para un crecimiento verde, no en poner obstáculos a este modelo de desarrollo sostenible que ha sido impulsado principalmente por el sector privado”, concluyó Herrera.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 9, 2025 | Nacional
La vereda Montclar, ubicada en el municipio de Mocoa, alza su voz de forma colectiva para denunciar lo que denominan una afectación sistemática a sus derechos fundamentales por parte de un grupo autodenominado “Carpa de la Resistencia”; el cual bloquea desde hace más de 45 días la vía de acceso que conecta con la vereda Pueblo Viejo.
En un comunicado respaldado por testimonios ciudadanos y un video la comunidad campesina manifiesta que esta protesta, en su mayoría impulsada por actores externos al territorio, ha derivado en una grave vulneración a su derecho al trabajo, la salud, la educación y la libre movilidad.
“Rechazamos rotundamente las vías de hecho y la presencia de personas ajenas a nuestras veredas que buscan desinformar y sembrar división. Exigimos respeto a nuestra autonomía comunitaria”, señaló un vocero de la Junta de Acción Comunal de Montclar.
Una solicitud que escala al ámbito nacional
La denuncia fue enviada a las principales autoridades del país, incluyendo al Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y Energía, Procuraduría General de la Nación,Gobernación del Putumayo y Corpoamazonía, entre otras entidades. La comunidad exige la instalación de una mesa de diálogo institucional, investigaciones por los hechos y el restablecimiento del orden público.
Durante una reunión sostenida en las últimas horas, que contó con la presencia del Mayor Juan Bustos de la Policía Nacional y Andrés Gómez de laDefensoría del Pueblo, los habitantes de Montclar expresaron su inconformidad ante el intento no concertado de ingreso de los manifestantes a su territorio, que consideran una intromisión ilegítima que busca frenar los estudios de exploración de cobre en la zona, desarrollados por la compañía Libero Cobre, bajo supervisión ambiental.
¿Falsos ambientalistas?
La comunidad advierte que quienes lideran el bloqueo se presentan como defensores del medio ambiente, pero promueven desinformación. Según Montclar se han difundido videos acusando a la empresa de “tumbar montañas con retroexcavadoras”, cuando en realidad solo se realizan estudios del subsuelo sin maquinaria pesada, bajo permiso legal.
Derechos vulnerados, sin respuesta
Pese a haber interpuesto una acción de tutela y radicado solicitudes al Alcalde Carlos Hugo Piedrahita, hace más de un mes, no han recibido respuesta. Mientras tanto, denuncian que continúan las requisas arbitrarias, decomisos de alimentos y bloqueos a vehículos que transportan a niños, ancianos y enfermos.
Además, comentan que esta situación es una ironía dolorosa, pues afirman que los manifestantes exigen un acueducto para Pueblo Viejo, cuando el agua que allí consumen proviene de nacimientos de Montclar, vereda que ni siquiera tiene acueducto propio.
En esta misma línea, Pueblo Viejo también se pronunció a través de la Junta de Acción Comunal de la vereda se emitió un comunicado oficial rechazando el bloqueo y aclarando que las personas que lo lideran no representan a la mayoría de la comunidad. En su pronunciamiento, solicitan la intervención urgente de la Alcaldía y la fuerza pública, “pedimos que se respete nuestra tranquilidad, estas personas convocan a foráneos sin aval de la comunidad y vulneran nuestros derechos.”
Lo que pide Montclar
El levantamiento inmediato del bloqueo y restablecimiento del orden.
Respeto a su organización comunitaria y su derecho a decidir con quién dialogar.
Garantía al acceso de servicios básicos, educación y salud.
La protección de las familias rurales frente a amenazas, desinformación y estigmatización.
“Aquí vivimos del trabajo, no de la mentira. Queremos desarrollo, no confrontación”, concluyen los habitantes de Montclar, mientras insisten en que el Estado debe garantizar su derecho a vivir en paz y a construir un futuro desde el territorio.
por Konuco | May 8, 2025 | Nacional
Apenas horas después de la elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como nuevo sumo pontífice bajo el nombre de León XIV, la organización SNAP (Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes) denunció públicamente que el ahora Papa habría encubierto casos de abuso sexual durante su tiempo como obispo de Chiclayo, Perú.
Según SNAP, tres mujeres denunciaron en 2022 haber sido víctimas de abuso sexual cuando eran menores, presuntamente a manos de los sacerdotes Eleuterio Vásquez Gonzales y Ricardo Yesquén Paiva. Las víctimas aseguran que Prevost no solo ignoró sus denuncias, sino que permitió que los acusados continuaran oficiando misas. En uno de los casos, incluso habría una confesión del sacerdote implicado ante el entonces obispo.
La organización recordó que los hechos no comenzaron a investigarse formalmente hasta noviembre de 2023, bajo el mandato de su sucesor, el obispo Guillermo Cornejo Monzón. Para SNAP, esta demora evidenciaría una falta de acción y una revictimización de las denunciantes por parte de la jerarquía eclesiástica.
La controversia no es nueva. En marzo de 2025, SNAP presentó una denuncia contra Prevost bajo el decreto Vos estis lux mundi, emitido por el Papa Francisco para fortalecer el protocolo de actuación frente a abusos en la Iglesia. Además, la organización exige que, durante sus primeros 100 días de pontificado, León XIV impulse medidas como una Comisión Global de la Verdad, una ley de tolerancia cero universal y un fondo de reparaciones para víctimas.
Prevost, de 69 años, es el primer Papa estadounidense y miembro de la Orden de San Agustín en llegar al pontificado. Nacido en Chicago, cuenta con ciudadanía peruana y una larga trayectoria como misionero en América Latina. Fue provincial de los agustinos y obispo de Chiclayo por más de dos décadas, antes de ocupar cargos clave en el Vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos.
Aunque las denuncias han generado conmoción internacional, sectores de la Iglesia han salido en defensa del nuevo pontífice. La Diócesis de Chiclayo negó categóricamente las acusaciones y sostuvo que se tomaron medidas preventivas cuando correspondía. Por su parte, el periodista peruano Pedro Salinas, reconocido por destapar abusos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, calificó las acusaciones contra Prevost como «totalmente falsas» y carentes de pruebas documentales.
A pesar de las voces que lo respaldan, el inicio del papado de León XIV se ve marcado por la polémica y la exigencia global de una Iglesia más transparente frente a los abusos.
Los abusos sexuales que presuntamente habría encubierto el Papa Robert Prevost
Tres sobrevivientes de abuso sexual han denunciado que el actual Papa Robert Prevost —quien anteriormente fue obispo de Chiclayo, en el norte de Perú— encubrió casos de abusos cometidos por miembros del clero, según reveló un reportaje del programa Cuarto Poder, citado por Infobae. A pesar de que uno de los sacerdotes implicados admitió los abusos, las víctimas aseguran que sus denuncias fueron ignoradas.
De acuerdo con el informe, Ana María Quispe, una de las denunciantes, relató que fue agredida sexualmente a los nueve años por un sacerdote mientras participaba en actividades de la infancia misionera. «Me sentó en sus piernas y empezó a besarme. Luego se acostó conmigo, me abrazó con sus brazos y piernas… No dormí nada esa noche», declaró. Su testimonio, junto con el de otras dos mujeres —una de ellas excatequista— fue presentado ante Prevost, entonces máxima autoridad eclesiástica de Chiclayo.
En 2022, siendo ya una figura influyente en el Vaticano, Prevost habría archivado las denuncias. Según las sobrevivientes, a pesar de que el agresor admitió su conducta ante él, solo fue trasladado de lugar. La Iglesia tampoco les asignó un abogado canónico, un requisito para que los casos puedan seguir su curso dentro del ámbito eclesiástico.
La diócesis de Chiclayo informó que los casos fueron remitidos a la Santa Sede y que, tras pasar por un proceso inicial de atención a las víctimas, las denuncias también se presentaron en el fuero civil. No obstante, el Ministerio Público archivó el caso por prescripción y falta de pruebas, según el comunicado emitido.
Este caso se suma a otros escándalos que han golpeado a la Iglesia católica en Perú, como el del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización investigada por abusos sistemáticos desde hace más de una década.
por Konuco | May 8, 2025 | Nacional
En un informe publicado por la Asobancaria, que es el gremio de los bancos, destacó la importancia e idoneidad de las vigencias futuras para garantizar las ejecuciones para garantizar la ejecución de proyectos y programas que, por su complejidad y estructuración, son considerados estratégicos para el Estado y superan una vigencia fiscal.
En el documento el gremio destaca que bajo este mecanismo, utilizado para planificar y financiar tanto necesidades de inversión como de funcionamiento que no se limitan a las de un gobierno en particular, se han autorizado, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2024) de 2024, cerca de $185 billones para apalancar proyectos en sectores como infraestructura, defensa, vivienda, telecomunicaciones, entre otros.
“Pese a que algunas voces han hecho señalamientos tendientes a que las vigencias futuras no contemplan los estados de avance de los proyectos, lo que podría llevar a una inadecuada priorización de los recursos, lo cierto es que esta figura cuenta con la legitimidad necesaria para seguir financiando necesidades de carácter estratégico. Esto quedó particularmente demostrado el año anterior, cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto de Yerros 0163 de 2024, a partir del cual se garantizaron recursos para grandes proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá”, destaca el estudio del gremio.
También resalta que para llevar a cabo los proyectos, el sector financiero ha cumplido un rol fundamental, destacándose tanto el apalancamiento por parte de la banca y las corporaciones financieras, como el establecimiento de patrimonios autónomos por parte de las fiduciarias. “Sobre estas últimas, cabe mencionar que su papel resulta fundamental, pues los vehículos fiduciarios de los que disponen dan la certidumbre jurídica que los recursos de las vigencias futuras sean utilizados de manera exclusiva para la construcción y operación de los proyectos, facilitando la administración y evitando el uso de dichos recursos para otros propósitos”, indica.
Añade que con el objetivo de impulsar proyectos futuros, como pueden ser los de quinta generación (5G), será necesario superar los retos asociados al trámite de licencias ambientales y a la reglamentación de las consultas previas, pues estos, entre otros factores, han obstaculizado la realización de los proyectos, hecho incluso reconocido por los tribunales de arbitramento. Asimismo, manifiesta que será fundamental continuar honrando los compromisos establecidos bajo el mecanismo de vigencias futuras.
Así las cosas, la Asociación resaltó que por cada peso de inversión en infraestructura se generan $2,72 pesos sobre la producción de la economía, mientras que un aumento de la demanda de obras civiles por $1 billón generaba cerca de 28 mil empleos para la economía.
Según ANIF, la ejecución del programa cuarta generación (4G) ha generado un ahorro promedio de 33.6% en los tiempos de recorrido y una reducción en las emisiones de CO₂ que se ha traducido en ganancias por $15 billones.
