por Konuco | May 8, 2025 | Nacional
Apenas horas después de la elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como nuevo sumo pontífice bajo el nombre de León XIV, la organización SNAP (Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes) denunció públicamente que el ahora Papa habría encubierto casos de abuso sexual durante su tiempo como obispo de Chiclayo, Perú.
Según SNAP, tres mujeres denunciaron en 2022 haber sido víctimas de abuso sexual cuando eran menores, presuntamente a manos de los sacerdotes Eleuterio Vásquez Gonzales y Ricardo Yesquén Paiva. Las víctimas aseguran que Prevost no solo ignoró sus denuncias, sino que permitió que los acusados continuaran oficiando misas. En uno de los casos, incluso habría una confesión del sacerdote implicado ante el entonces obispo.
La organización recordó que los hechos no comenzaron a investigarse formalmente hasta noviembre de 2023, bajo el mandato de su sucesor, el obispo Guillermo Cornejo Monzón. Para SNAP, esta demora evidenciaría una falta de acción y una revictimización de las denunciantes por parte de la jerarquía eclesiástica.
La controversia no es nueva. En marzo de 2025, SNAP presentó una denuncia contra Prevost bajo el decreto Vos estis lux mundi, emitido por el Papa Francisco para fortalecer el protocolo de actuación frente a abusos en la Iglesia. Además, la organización exige que, durante sus primeros 100 días de pontificado, León XIV impulse medidas como una Comisión Global de la Verdad, una ley de tolerancia cero universal y un fondo de reparaciones para víctimas.
Prevost, de 69 años, es el primer Papa estadounidense y miembro de la Orden de San Agustín en llegar al pontificado. Nacido en Chicago, cuenta con ciudadanía peruana y una larga trayectoria como misionero en América Latina. Fue provincial de los agustinos y obispo de Chiclayo por más de dos décadas, antes de ocupar cargos clave en el Vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos.
Aunque las denuncias han generado conmoción internacional, sectores de la Iglesia han salido en defensa del nuevo pontífice. La Diócesis de Chiclayo negó categóricamente las acusaciones y sostuvo que se tomaron medidas preventivas cuando correspondía. Por su parte, el periodista peruano Pedro Salinas, reconocido por destapar abusos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, calificó las acusaciones contra Prevost como «totalmente falsas» y carentes de pruebas documentales.
A pesar de las voces que lo respaldan, el inicio del papado de León XIV se ve marcado por la polémica y la exigencia global de una Iglesia más transparente frente a los abusos.
Los abusos sexuales que presuntamente habría encubierto el Papa Robert Prevost
Tres sobrevivientes de abuso sexual han denunciado que el actual Papa Robert Prevost —quien anteriormente fue obispo de Chiclayo, en el norte de Perú— encubrió casos de abusos cometidos por miembros del clero, según reveló un reportaje del programa Cuarto Poder, citado por Infobae. A pesar de que uno de los sacerdotes implicados admitió los abusos, las víctimas aseguran que sus denuncias fueron ignoradas.
De acuerdo con el informe, Ana María Quispe, una de las denunciantes, relató que fue agredida sexualmente a los nueve años por un sacerdote mientras participaba en actividades de la infancia misionera. «Me sentó en sus piernas y empezó a besarme. Luego se acostó conmigo, me abrazó con sus brazos y piernas… No dormí nada esa noche», declaró. Su testimonio, junto con el de otras dos mujeres —una de ellas excatequista— fue presentado ante Prevost, entonces máxima autoridad eclesiástica de Chiclayo.
En 2022, siendo ya una figura influyente en el Vaticano, Prevost habría archivado las denuncias. Según las sobrevivientes, a pesar de que el agresor admitió su conducta ante él, solo fue trasladado de lugar. La Iglesia tampoco les asignó un abogado canónico, un requisito para que los casos puedan seguir su curso dentro del ámbito eclesiástico.
La diócesis de Chiclayo informó que los casos fueron remitidos a la Santa Sede y que, tras pasar por un proceso inicial de atención a las víctimas, las denuncias también se presentaron en el fuero civil. No obstante, el Ministerio Público archivó el caso por prescripción y falta de pruebas, según el comunicado emitido.
Este caso se suma a otros escándalos que han golpeado a la Iglesia católica en Perú, como el del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización investigada por abusos sistemáticos desde hace más de una década.
por Konuco | May 8, 2025 | Nacional
En un informe publicado por la Asobancaria, que es el gremio de los bancos, destacó la importancia e idoneidad de las vigencias futuras para garantizar las ejecuciones para garantizar la ejecución de proyectos y programas que, por su complejidad y estructuración, son considerados estratégicos para el Estado y superan una vigencia fiscal.
En el documento el gremio destaca que bajo este mecanismo, utilizado para planificar y financiar tanto necesidades de inversión como de funcionamiento que no se limitan a las de un gobierno en particular, se han autorizado, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2024) de 2024, cerca de $185 billones para apalancar proyectos en sectores como infraestructura, defensa, vivienda, telecomunicaciones, entre otros.
“Pese a que algunas voces han hecho señalamientos tendientes a que las vigencias futuras no contemplan los estados de avance de los proyectos, lo que podría llevar a una inadecuada priorización de los recursos, lo cierto es que esta figura cuenta con la legitimidad necesaria para seguir financiando necesidades de carácter estratégico. Esto quedó particularmente demostrado el año anterior, cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto de Yerros 0163 de 2024, a partir del cual se garantizaron recursos para grandes proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá”, destaca el estudio del gremio.
También resalta que para llevar a cabo los proyectos, el sector financiero ha cumplido un rol fundamental, destacándose tanto el apalancamiento por parte de la banca y las corporaciones financieras, como el establecimiento de patrimonios autónomos por parte de las fiduciarias. “Sobre estas últimas, cabe mencionar que su papel resulta fundamental, pues los vehículos fiduciarios de los que disponen dan la certidumbre jurídica que los recursos de las vigencias futuras sean utilizados de manera exclusiva para la construcción y operación de los proyectos, facilitando la administración y evitando el uso de dichos recursos para otros propósitos”, indica.
Añade que con el objetivo de impulsar proyectos futuros, como pueden ser los de quinta generación (5G), será necesario superar los retos asociados al trámite de licencias ambientales y a la reglamentación de las consultas previas, pues estos, entre otros factores, han obstaculizado la realización de los proyectos, hecho incluso reconocido por los tribunales de arbitramento. Asimismo, manifiesta que será fundamental continuar honrando los compromisos establecidos bajo el mecanismo de vigencias futuras.
Así las cosas, la Asociación resaltó que por cada peso de inversión en infraestructura se generan $2,72 pesos sobre la producción de la economía, mientras que un aumento de la demanda de obras civiles por $1 billón generaba cerca de 28 mil empleos para la economía.
Según ANIF, la ejecución del programa cuarta generación (4G) ha generado un ahorro promedio de 33.6% en los tiempos de recorrido y una reducción en las emisiones de CO₂ que se ha traducido en ganancias por $15 billones.
por Konuco | May 7, 2025 | Destacadas, Nacional
El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, pidió a las EPS intervenidas que busquen alternativas para dar soluciones efectivas que mejoren la entrega oportuna y completa de los medicamentos a los usuarios del Sistema de Salud, entre las que se encuentra la compra directa y sin intermediarios de las tecnologías para la salud.
El Supersalud destacó que entre enero y febrero de 2025, ante la Superintendencia se han radicado 95 mil reclamos por medicamentos, siendo la Nueva EPS responsable del 31,69% de estos, mientras un 40% restante corresponde a EPS sin medida de intervención.
Dada la problemática actual, Rubiano resaltó el mecanismo de contratación directa con los laboratorios farmacéuticos como una alternativa para aliviar la carga del sistema e incluso, ahorrar dinero.
Según la Supersalud, las EPS intervenidas tienen acuerdos de contratación directa con los laboratorios farmacéuticos para la atención de 56 patologías que se espera beneficien a pacientes con enfermedades huérfanas, trasplantados y a quienes padecen enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, entre otras.
Rubiano señaló que en algunos casos los acuerdos de contratación directa ya han permitido generar un ahorro de más de 5 mil millones de pesos.
“En algunos casos, el beneficio del ahorro ya es perceptible, como es el caso de la Nueva EPS, Famisanar y Sanitas, que mediante compra directa de algunos medicamentos lograron un ahorro conjunto de más de 5 mil millones de pesos mes, cifra superior a lo que hoy paga mensualmente solo una de estas EPS por medicamentos para pacientes trasplantados”, explicó el Superintendente de Salud.
Además, el superintendente señaló que una vez sean firmados los contratos restantes para garantizar la compra directa de medicamentos, el ahorro podría superar los 16 mil millones de pesos mensuales.
“Cabe destacar que las 9 EPS intervenidas, una vez firmen los respectivos contratos para compra directa de medicamentos (legalización de acuerdos), lograrán un ahorro estimado superior a los 16 mil millones de pesos mensuales, mediante el uso del mecanismo de negociación directa e individual por parte de cada EPS, que incluye hasta el momento un total de 14 laboratorios farmacéuticos comprometidos con la provisión y entrega de medicamentos para la atención de 56 patologías”, agregó el Supersalud, Giovanny Rubiano García.
Las estimaciones de la Supersalud prevén un ahorro anual superior a los 194 mil millones de pesos como resultado de la compra directa y sin la intermediación de los gestores farmacéuticos.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 7, 2025 | Nacional
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la captura de los ex presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el actual Gobierno.
La decisión se tomó luego de una sesión reservada celebrada por los magistrados en la mañana del 7 de mayo en el Palacio de Justicia.
Los magistrados concluyeron que existen elementos suficientes para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a los senadores, investigados por, presuntamente, recibir pagos ilícitos a cambio de direccionar contratos de la UNGRD a favor de terceros. Las decisiones fueron adoptadas con ponencias separadas en cada uno de los expedientes.
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Esta es la primera vez que dos congresistas en ejercicio reciben una orden de captura por el entramado de corrupción que compromete a altos funcionarios del Estado, y que ha sacudido al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, desde comienzos de 2024.
La sesión de este miércoles fue convocada después de que el martes 6 de mayo la Corte aplazara la definición de la situación jurídica de ambos congresistas.
CARGOS E INDAGACIONES CONTRA LOS CONGRESISTAS
Iván Name, expresidente del Senado y miembro de la Alianza Verde, es señalado de haber recibido $3.000 millones en efectivo provenientes del contrato de adquisición de carrotanques, supuestamente como contraprestación por apoyar la agenda legislativa del Gobierno.
De acuerdo con las declaraciones de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, parte de esos dineros también habrían sido destinados a respaldar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
En cuanto a Andrés Calle, representante del Partido Liberal y expresidente de la Cámara, la Corte investiga si recibió $1.000 millones por los mismos motivos. Según los testimonios de los ex directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, Calle habría accedido a respaldar las reformas del Gobierno en el Congreso a cambio de estos pagos.
Ambos congresistas enfrentan cargos por cohecho impropio, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación ilegal de campañas políticas.
CALLE HABÍA PEDIDO CONTINUAR EL PROCESO EN LIBERTAD
La defensa de Calle, encabezada por el abogado Billie Torres, solicitó expresamente que no se imponga medida de aseguramiento contra su cliente. En el documento entregado al alto tribunal, el abogado argumentó que el congresista se ha presentado de forma voluntaria a todas las diligencias judiciales, no ha interferido en el proceso ni representa un riesgo de fuga.
Torres también cuestionó la solidez de los testimonios que vinculan a Calle con el escándalo y afirmó que otros implicados, como el contratista Eduardo López Rosero y el presunto financiador Pedro Acosta, negaron haber tenido nexos con el congresista o haber presenciado hechos irregulares relacionados con él.
Desde noviembre de 2024, la Corte Suprema abrió investigación formal contra Name y Calle, tras analizar los testimonios recogidos por la Fiscalía y las pruebas reunidas durante las diligencias de policía judicial.
En su decisión, la Sala concluyó que había méritos suficientes para continuar con la indagación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y por el uso de recursos públicos en campañas políticas regionales.
Colprensa
por Konuco | May 6, 2025 | Destacadas, Nacional
El Gobierno firmó el Decreto 0481 del 2025 que establece el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) como política pública de Estado.
Según el Ministerio de Educación, esta medida busca garantizar el ejercicio del derecho a una educación basada en la autonomía, la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas.
La entidad destacó que el SEIP reconoce entre otros principios, la Ley de Origen, el Derecho Mayor, el Derecho Propio, el Gobierno Propio, la Diversidad Cultural, la Memoria Colectiva, y establece que los territorios indígenas que así lo decidan podrán administrar el SEIP a través de sus autoridades y estructuras de gobierno propio.
«Esta firma honra la palabra empeñada. Es un reconocimiento concreto a las luchas de los pueblos indígenas y a su derecho a formar a las nuevas generaciones desde su propio horizonte cultural. El SEIP es un modelo de dignidad y soberanía pedagógica que fortalecerá el tejido social del país», expresó el ministro de Educación, Daniel Rojas.
“Lo que durante más de 16 años fue una aspiración legítima de los pueblos indígenas, hoy se materializa como un sistema educativo fundado en sus propias culturas, lenguas nativas, saberes ancestrales, sentido comunitario, planes de vida y territorio”, agregó el Ministerio de Educación.
En ese sentido, el Gobierno aseguró que esta decisión fortalece aspectos como la autonomía educativa de los pueblos indígenas y consolida los acuerdos alcanzados en espacios de diálogo como la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación de los Pueblos Indígenas (CONTCEPI).
De Colprensa para Konuco.
