por Konuco | Mar 4, 2025 | Destacadas, Nacional
La Procuraduría General de la Nación emitió este martes una circular con el objetivo de promover un sector energético que equilibre la soberanía energética con la sostenibilidad ambiental, social y económica de los proyectos en el país.
La directriz establece lineamientos para fortalecer la implementación de la transición energética y garantizar que el desarrollo del sector respete los derechos de las comunidades y el medio ambiente.
El documento exhorta a las entidades públicas del sector a coordinar esfuerzos para asegurar la ejecución eficiente y sostenible de proyectos energéticos. También insta a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otras autoridades ambientales a cumplir con los plazos establecidos para la tramitación de permisos y licencias.
Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios enfatizó la importancia de fortalecer la capacidad técnica y financiera de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
El organismo de control llamó al Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, a integrar criterios ambientales en la planificación de proyectos energéticos con el fin de reducir conflictos socioambientales y cumplir compromisos climáticos nacionales e internacionales.
Con estas acciones, explicó la Procuraduría, buscan impulsar un modelo energético responsable que promueva el desarrollo económico sin comprometer el equilibrio ambiental y social. Colprensa
Foto: Colprensa – Sergio Acero
por Konuco | Mar 3, 2025 | Destacadas, Nacional
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a todas las entidades y responsables de velar por la protección y conservación de la Amazonía para que actualicen de manera inmediata la información en la herramienta de seguimiento establecida para este fin.
La petición del organismo de control surge en cumplimiento de la sentencia «Amazonas como Sujeto de Derechos» y posterior de que la Procuraduría identificará que algunas entidades no están cumpliendo con los requisitos de veracidad y oportunidad en sus informes.
En algunos casos se continúa repitiendo la información que corresponde a años anteriores o se omite diligencias la totalidad de los datos.
Además, la Procuraduría señaló que existen accionados que , a pesar de los múltiples requerimientos del despacho judicial y del ente de control continúan sin ingresar su información correspondiente a la ejecución de las obligaciones en la herramienta para el seguimiento y monitoreo de la sentencia.
“Por esta razón, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró la obligación de todos los responsables para que rectifiquen y actualicen de manera inmediata los reportes correspondientes, ya que, en caso de persistir el incumplimiento, se procederá a remitir los informes pertinentes, con el fin de que se tomen las acciones a lugar”, concluyó la Procuraduría.
Colprensa
Foto: Colprensa – Lina Gasca
por Konuco | Feb 28, 2025 | Destacadas, Nacional
La Corte Constitucional ordenó este viernes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) implementar un protocolo claro de notificación sobre el cierre de los hogares comunitarios de bienestar, a fin de garantizar que los representantes legales de los niños y niñas afectados sean debidamente informados y reciban rutas de reubicación que aseguren la protección de sus derechos.
La decisión se toma tras el cierre de un hogar comunitario al que asistían seis menores, lo cual vulneró su derecho a la educación, la alimentación y el desarrollo integral en la primera infancia, entre otros.
La Corte señaló que el programa de Hogares Comunitarios del ICBF tiene como objetivo apoyar a los padres de los sectores más vulnerables para garantizar que los niños cubran sus necesidades básicas de nutrición, desarrollo y protección.
Sin embargo, en el caso concreto, la Corte comprobó que no se siguieron procedimientos adecuados para informar a los padres sobre el cierre del hogar, lo que afectó directamente la capacidad de los padres de planificar y participar en decisiones relacionadas con el bienestar de sus hijos.
En su análisis, la Corte explicó que la falta de un protocolo claro de notificación impide que los padres ejerzan su derecho al debido proceso y a la participación. La notificación es esencial para garantizar que los padres puedan tomar decisiones informadas sobre el bienestar de sus hijos, en línea con el principio del interés superior del niño.
Además, se advirtió que el cierre del hogar dejó a los niños en una situación de vulnerabilidad, al privarlos de un entorno seguro para su alimentación, educación y cuidado.
La Corte enfatizó que el interés superior de los niños debe prevalecer en cualquier actuación administrativa, incluso cuando se cumplan con los procedimientos internos.
En este caso, se concluyó que el procedimiento del ICBF no cumplió con las garantías constitucionales para proteger los derechos de los menores.
Como parte de la sentencia, la Corte ordenó al ICBF reabrir la Unidad de Servicios del Hogar Comunitario y crear nuevos hogares comunitarios en la zona para reubicar a los 22 niños afectados.
Además, la Corte especificó que el servicio debe ser brindado por una madre o padre comunitario capacitado y en condiciones que cumplan con los requisitos establecidos por el Manual Operativo del ICBF para la atención de la primera infancia.
Asimismo, se deberá asegurar el suministro de raciones alimentarias adecuadas para los niños de 0 a 5 años.
La Corte también le ordenó a la Dirección General del ICBF que en un plazo de 60 días implemente el protocolo de notificación para el cierre de los hogares comunitarios, con el objetivo de informar claramente a los padres sobre los motivos del cierre, las rutas de reubicación y las alternativas disponibles para garantizar la continuidad en la protección de los derechos de los niños.
por Konuco | Feb 27, 2025 | Destacadas, Nacional
El Consejo de Estado rechazó definitivamente una tutela presentada en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, con la que pretendía su retractación tras referirse en varias ocasiones a periodistas como «muñecas de la mafia».
La tutela, que fue presentada por el abogado Germán Calderón España, buscaba proteger los derechos fundamentales de las periodistas colombianas, y argumentaba un «daño psicológico general a ellas al ser degradadas, intimidadas y humilladas públicamente».
Calderón afirmó que esas expresiones, además de ser discriminatorias, afectan profundamente la dignidad humana y generan un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo en Colombia. Añadió que la expresión estigmatiza a las mujeres en los medios de comunicación y perpetúa la violencia simbólica en su contra.
Frente a la tutela, y en medio de su tramite en el alto tribunal, el presidente Petro solicitó declararla improcedente, entre otros argumentos, porque sus palabras fueron sacadas de contexto y su intención nunca fue trasgredir o menoscabar los derechos de las mujeres periodistas. Por eso, dijo que “existen periodistas, que independientemente de su género, han sido cooptados por el narcotráfico, lo cual es una grave amenaza para la integridad de la profesión».
La decisión que se conoció este jueves es solo la confirmación de una decisión que tomó el Consejo de Estado el 17 de octubre de 2024. En ella, el alto tribunal argumentó que Calderón presentó una tutela sin solicitar previamente una rectificación ante el presidente, siendo este paso es un requisito esencial para la procedencia de la tutela. Colprensa
Foto: Colprensa-Sergio Acero
por Konuco | Feb 27, 2025 | Destacadas, Nacional
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, destacó la necesidad de que Colombia y Panamá refuercen su colaboración para hacer frente a los retos compartidos en los movimientos mixtos y proteger los derechos humanos de las personas en movimiento en la región.
Madi, alertó que la selva del Darién sigue siendo una de las rutas más peligrosas, por el lado colombiano debido a la ausencia de instituciones estatales y la fuerte presencia del grupo criminal Autodefensas Gaitanistas, quienes han obligado a las personas migrantes y refugiadas a someterse a extorsión, una “tarifa global” de entre 300 y 400 dólares estadounidenses, por transporte, guías y orientación.
Mientras que por el lado panameño, las personas que cruzan la selva se exponen además de una geografía hostil, a delitos y violencia generalizada.
“Se necesita una mayor colaboración en su selva compartida del Darién para combatir los delitos y la violencia, incluidos la trata, el contrabando y la violencia sexual y de género, para hacer frente a la impunidad de estos delitos, para mejorar la rendición de cuentas, para prevenir la muerte y desaparición de migrantes y para proteger el medio ambiente”, manifestó Madi tras concluir sus visitas a ambos países.
“Colombia necesita reforzar la presencia del Estado, mientras que las autoridades estatales de Panamá deberían colaborar con los gobiernos provinciales, municipales y locales y con los líderes comunitarios para mejorar la rendición de cuentas y evitar que se repitan los delitos en la selva”, añadió el Relator Especial de la ONU.
En ese sentido, y atendiendo el continuo movimiento mixto de sur a norte y del aumento del movimiento inverso de norte a sur, el experto dijo que Colombia y Panamá deberían asumir la responsabilidad conjunta de garantizar la protección de las personas migrantes y refugiadas.
El vocero de la ONU también destacó la necesidad de que ambos países refuercen sus sistemas de asilo y protección pues en distintas ocasiones, personas en movimiento han manifestado que no se han atendido sus necesidades de protección.
“Tanto Colombia como Panamá deben reforzar urgentemente sus sistemas de asilo y de protección de los derechos humanos para garantizar el acceso efectivo al asilo de quienes lo necesitan y cumplir con sus obligaciones en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y de refugiados”, concluyó Madi.
Colprensa
Foto: Colprensa – Médicos Sin Fronteras