Bogotá D.C., 24 de julio de 2024 – La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos Sánchez, ha presentado un derecho de petición a la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, solicitando información urgente y prioritaria sobre las acciones judiciales relacionadas con un presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La solicitud, que se fundamenta en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en el Código de lo Contencioso Administrativo, busca esclarecer la participación de varios funcionarios públicos en un supuesto esquema de sobornos y desvío de recursos públicos. Entre los acusados se encuentran Olmedo López, director de la UNGRD; Sneyder Pinilla, ex subdirector de la misma entidad; y Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera Presidencial para las Regiones.
Según declaraciones de Sneyder Pinilla, Olmedo López le habría ordenado conseguir 4.000 millones de pesos para facilitar la aprobación de reformas gubernamentales en el Congreso. Parte de este dinero habría sido entregado a Sandra Ortiz en el Hotel Tequendama Suites en octubre de 2023. Además, Pinilla sostiene que Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento de la UNGRD, jugó un papel crucial en la obtención de estos fondos a través de un contrato irregular de carrotanques.
La Red de Veedurías denuncia que, a pesar de las pruebas presentadas, incluidos audios y chats de WhatsApp, Ortiz y Barreto no han sido judicialmente requeridos. Por ello, solicitan a la Fiscal General que informe sobre las acciones emprendidas contra estos y otros implicados, como Jaime Ramírez Cobo y María Alejandra Benavides.
En su petición, Bustos Sánchez enfatiza la necesidad de imputar cargos a todos los involucrados para salvaguardar el patrimonio público y garantizar la moralidad en la administración pública. La solicitud también incluye la exigencia de detalles sobre por qué solo algunos de los implicados han sido imputados hasta ahora.
La Red de Veedurías espera una respuesta pronta y efectiva de la Fiscalía, destacando la importancia de este caso para la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia.
El Comité de Huelga del Ministerio del Trabajo ha denunciado que sus miembros fueron forzados a retomar sus puestos después de que la Dirección de Vigilancia y Control irrumpiera en la sede del Ministerio en Bogotá. Según los informes, la intervención se realizó con el objetivo de poner fin a la huelga que ya ha superado los 50 días. Esta acción es vista como una clara violación al derecho a la protesta y a condiciones laborales dignas.
Maritza Manrique, vocera del Comité de Huelga, afirmó que entre los huelguistas hay personas con discapacidad y problemas de salud que no han recibido su salario como medida de presión para que cesen sus actividades. En respuesta a esta situación, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo han ofrecido su mediación, y se espera que la Ministra Gloria Inés Ramírez participe en una reunión convocada para hoy a las 10 de la mañana para buscar una solución a través del diálogo.
El Comité de Huelga ha rechazado las declaraciones del Viceministro Iván Daniel Jaramillo, quien anunció el fin de la huelga y el levantamiento del cese colectivo de actividades. Los sindicatos involucrados en la huelga aseguran que el acuerdo mencionado por el viceministro se realizó solo con un grupo, y que el resto de las organizaciones sindicales continúan en paro.
Las nueve organizaciones sindicales en huelga exigen al Ministerio del Trabajo lo siguiente:
Cese Inmediato de Negociaciones Separadas: Detener cualquier negociación que no incluya a todos los representantes sindicales autorizados, para evitar la instrumentalización y división del movimiento obrero.
Reinstalación del Diálogo con Todos los Sindicatos: Reanudar urgentemente las negociaciones de manera inclusiva y respetuosa, considerando a todos los sindicatos involucrados para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los trabajadores sin imposiciones.
Respeto por la Legislación Laboral Nacional e Internacional: Respetar las normas laborales y la jurisprudencia establecida por las cortes nacionales e internacionales en materia de derechos laborales y sindicales.
El Comité de Huelga hace un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio del Trabajo para que actúen de manera coherente con los principios de justicia social promovidos por el gobierno actual. Exigen respeto y acciones concretas para garantizar que los derechos de todos los trabajadores sean protegidos y promovidos, criticando las prácticas actuales que consideran perjudiciales para el movimiento obrero en Colombia.
La Red de Veedurías de Colombia, encabezada por su presidente Pablo Bustos, ha emitido una alerta sobre la situación actual dentro de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Según Bustos, la empresa no ha contado con un presidente durante los últimos siete meses, lo que ha permitido la realización de contrataciones por valores superiores a los mil millones de dólares sin la debida supervisión.
Una de las contrataciones más alarmantes, según Bustos, es la que se está adelantando en Panamá, la cual supera los 260 millones de dólares. “Solo en Panamá, se adelanta una contratación que debe despertar todas las alertas. Señor Presidente, tome decisiones, evite más desmanes y hágalo pronto. ISA necesita transparencia, designar su nuevo presidente con la debida experiencia e independencia”, declaró Bustos.
La Red de Veedurías ha recibido alertas desde dentro de ISA que indican que hay preocupaciones sobre posibles intereses inapropiados en la aceleración de licitaciones en países como Panamá, Chile, Brasil y Perú. Estas voces señalan que la falta de un liderazgo claro está afectando la transparencia de los procesos contractuales, donde están en juego importantes recursos públicos.
Adicionalmente, Bustos mencionó que hay preocupaciones sobre un miembro de la Junta Directiva de ISA, quien aparentemente está promoviendo la aceleración de las licitaciones antes de la elección de un nuevo presidente. Este miembro, identificado como un ex banquero, estaría no solo retrasando la elección de un nuevo presidente, sino también intentando impedir que esta designación ocurra durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Red de Veedurías de Colombia insta al gobierno a tomar medidas inmediatas para asegurar la transparencia y correcta administración de los recursos públicos en ISA. La designación de un nuevo presidente con la debida experiencia e independencia se presenta como una necesidad urgente para evitar más irregularidades y garantizar la integridad de los procesos contractuales en la compañía.
Los incidentes de pasajeros aéreos disruptivos continúan incrementándose, con Bogotá liderando la lista de ciudades con más percances reportados. El caso más reciente ocurrió durante el vuelo 249 de Avianca que cubría la ruta Bogotá – Sao Paulo, donde dos pasajeros lanzaron un celular provocando su sobrecalentamiento y poniendo en riesgo la seguridad del vuelo. Este incidente obligó al avión a regresar a Bogotá, destacando la gravedad de la situación.
Desde el fin de la pandemia, los casos de pasajeros disruptivos han aumentado en un 500%. Esta tendencia ha llevado a las aerolíneas a implementar diversas medidas para mitigar el problema y a solicitar al Congreso de la República la aprobación de un proyecto de ley que castigue severamente estas conductas.
Paola Villota, Vicepresidenta de Gestión Humana de Avianca, comentó: «Estamos trabajando articuladamente para que nuestros más de 12 mil colaboradores entreguen un servicio consistente y nuestros pasajeros tengan la mejor experiencia de viaje. Un pasajero disruptivo incide en la seguridad, en la entrega del servicio a los otros viajeros y en la puntualidad de los itinerarios subsiguientes.»
La Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo también ha expresado su rechazo a estas agresiones. María Cristina Cadavid, Presidenta de la Asociación, señaló: «Estas situaciones son preocupantes para todos los trabajadores del sector aéreo debido a estos comportamientos repetitivos que ponen en riesgo la seguridad operacional y física. La única manera de controlarlo es vetar o excluir a los pasajeros disruptivos para que no vuelvan a volar.»
Daniel Gallo, Presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia, hizo un llamado a los pasajeros a comportarse adecuadamente: «Actos inseguros en vuelo pueden ocasionar la muerte, la caída y un incidente o accidente catastrófico de los aviones, donde van nuestras familias.»
Estadísticas y Contexto
Bogotá, con la mayor operación aérea del país, reporta más de 80 casos de pasajeros disruptivos al año, seguida por Cali con cerca de 40, Medellín y Cartagena con aproximadamente 28 cada una, y Montería con un promedio de 15. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), los incidentes de este tipo aumentaron un 61% en todo el mundo el último año, lo que ha llevado a la organización a pedir a los gobiernos que tomen medidas concretas.
La situación refleja una tendencia global preocupante y destaca la necesidad de una regulación más estricta para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación a bordo de los vuelos.
La Corte Suprema de Justicia ha iniciado formalmente una investigación contra nueve congresistas colombianos en relación con un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este caso ha capturado la atención nacional debido a las graves acusaciones de manejo irregular de contratos y desvío de fondos destinados a la gestión de desastres.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema recibió una compulsa de copias por parte de la Fiscalía, detallando las presuntas irregularidades cometidas por los congresistas implicados. Las investigaciones preliminares sugieren que los legisladores utilizaron su posición para influir en la adjudicación de contratos millonarios, beneficiando a empresas aliadas y recibiendo comisiones ilegales a cambio.
El caso de corrupción en la UNGRD ha generado indignación pública, especialmente porque los fondos desviados estaban destinados a proyectos cruciales para la prevención y respuesta a desastres naturales, una prioridad para muchas regiones vulnerables del país. Los contratos bajo sospecha incluyen obras de infraestructura, adquisición de equipos y servicios logísticos, todos esenciales para la gestión de emergencias.
La Corte Suprema ha señalado que esta investigación será exhaustiva y transparente, buscando esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los involucrados. Además, se espera que esta acción judicial contribuya a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública, evitando que situaciones similares se repitan en el futuro.
Los congresistas investigados han manifestado su disposición a colaborar con la justicia, aunque algunos han cuestionado las acusaciones y alegan motivaciones políticas detrás del proceso. Sin embargo, la Corte Suprema ha reiterado su compromiso con la independencia judicial y la aplicación rigurosa de la ley, sin importar la posición o el poder de los implicados.
Esta investigación se suma a otros esfuerzos recientes por parte del sistema judicial colombiano para combatir la corrupción y promover la integridad en las instituciones públicas, un desafío constante en la búsqueda de un gobierno más justo y eficiente.
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