El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), ha aprobado una inversión de $186.974 millones para 62 proyectos destinados al desarrollo del turismo en diversas regiones del país durante el primer semestre de 2024. Esta cifra incluye 14 adiciones a proyectos que ya están en ejecución.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández, destacó la importancia de estas inversiones para llevar desarrollo turístico a todas las regiones de Colombia. «Estas inversiones a través de Fontur tienen el propósito de dignificar a los trabajadores del sector y garantizar los derechos de las comunidades anfitrionas. Así mismo, permiten consolidar una oferta más atractiva para los turistas. En el Gobierno del Cambio promovemos un turismo productivo, sostenible y en paz con la naturaleza», señaló.
Los proyectos aprobados se centran en varias áreas clave: promoción y mercadeo de la oferta turística (41,6%), aumento de la competitividad turística (37%), construcción de infraestructura (18%), fortalecimiento de territorios turísticos de paz (2,4%) e inversión territorial (1%).
Uno de los aspectos más destacados es la aprobación de $39.740 millones que beneficiarán a 135 municipios que nunca antes habían recibido inversión de Fontur. Álvaro Balcázar Acero, gerente general de Fontur, expresó: «Seguimos avanzando para hacer del turismo el motor del desarrollo y la economía del país. Estos 62 proyectos muestran la vocación turística que hay en muchos de nuestros territorios y es nuestra responsabilidad apoyar a las comunidades que quieren hacerlos realidad».
A través de Fontur, aprueban inversión de $186.974 millones para 62 proyectos turísticos
El balance del primer semestre del año incluye la financiación de proyectos turísticos de base comunitaria, promoción de la gastronomía, artesanía y culturas ancestrales, construcción de infraestructura cultural, misiones comerciales, turismo sostenible y programas de capacitación en la industria turística. Entre los proyectos destacados se encuentran la construcción de infraestructura turística en los cerros de Mavecure (Guainía), obras en Cayo Cangrejo (San Andrés y Providencia) y el desarrollo de habilidades en turismo rural sostenible.
El gerente de Fontur subrayó la necesidad de generar confianza en las comunidades y apoyar sus proyectos para crear una oferta turística sostenible y competitiva. «Estamos haciendo inversión estratégica en aquellos aspectos que necesitan ser fortalecidos en cada región», concluyó.
La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una indagación previa contra varios altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno colombiano debido a su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los investigados se encuentran el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González.
Además, la indagación incluye al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a varios congresistas, entre ellos Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís.
El Ministerio Público investigará la posible participación de estos funcionarios en una estrategia que habría permitido la entrega de contratos financiados con recursos de la UNGRD a cambio de votos favorables para diversos proyectos de ley y reformas gubernamentales. La actuación disciplinaria busca identificar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de las conductas investigadas, establecer si constituyen faltas disciplinarias y evaluar si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Asimismo, la Procuraduría ha vinculado a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, a la indagación en curso, junto con los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Davids Calle Aguas, quienes supuestamente recibieron dinero de un contrato de la UNGRD para la compra de 60 carrotanques destinados a transportar agua potable a La Guajira.
Esta investigación pone de relieve la determinación de la Procuraduría General de la Nación para enfrentar y sancionar actos de corrupción dentro de la administración pública, garantizando la transparencia y la integridad en el manejo de los recursos del Estado.
Bogotá D.C., 24 de julio de 2024 – La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos Sánchez, ha presentado un derecho de petición a la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, solicitando información urgente y prioritaria sobre las acciones judiciales relacionadas con un presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La solicitud, que se fundamenta en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en el Código de lo Contencioso Administrativo, busca esclarecer la participación de varios funcionarios públicos en un supuesto esquema de sobornos y desvío de recursos públicos. Entre los acusados se encuentran Olmedo López, director de la UNGRD; Sneyder Pinilla, ex subdirector de la misma entidad; y Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera Presidencial para las Regiones.
Según declaraciones de Sneyder Pinilla, Olmedo López le habría ordenado conseguir 4.000 millones de pesos para facilitar la aprobación de reformas gubernamentales en el Congreso. Parte de este dinero habría sido entregado a Sandra Ortiz en el Hotel Tequendama Suites en octubre de 2023. Además, Pinilla sostiene que Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento de la UNGRD, jugó un papel crucial en la obtención de estos fondos a través de un contrato irregular de carrotanques.
La Red de Veedurías denuncia que, a pesar de las pruebas presentadas, incluidos audios y chats de WhatsApp, Ortiz y Barreto no han sido judicialmente requeridos. Por ello, solicitan a la Fiscal General que informe sobre las acciones emprendidas contra estos y otros implicados, como Jaime Ramírez Cobo y María Alejandra Benavides.
En su petición, Bustos Sánchez enfatiza la necesidad de imputar cargos a todos los involucrados para salvaguardar el patrimonio público y garantizar la moralidad en la administración pública. La solicitud también incluye la exigencia de detalles sobre por qué solo algunos de los implicados han sido imputados hasta ahora.
La Red de Veedurías espera una respuesta pronta y efectiva de la Fiscalía, destacando la importancia de este caso para la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia.
El Comité de Huelga del Ministerio del Trabajo ha denunciado que sus miembros fueron forzados a retomar sus puestos después de que la Dirección de Vigilancia y Control irrumpiera en la sede del Ministerio en Bogotá. Según los informes, la intervención se realizó con el objetivo de poner fin a la huelga que ya ha superado los 50 días. Esta acción es vista como una clara violación al derecho a la protesta y a condiciones laborales dignas.
Maritza Manrique, vocera del Comité de Huelga, afirmó que entre los huelguistas hay personas con discapacidad y problemas de salud que no han recibido su salario como medida de presión para que cesen sus actividades. En respuesta a esta situación, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo han ofrecido su mediación, y se espera que la Ministra Gloria Inés Ramírez participe en una reunión convocada para hoy a las 10 de la mañana para buscar una solución a través del diálogo.
El Comité de Huelga ha rechazado las declaraciones del Viceministro Iván Daniel Jaramillo, quien anunció el fin de la huelga y el levantamiento del cese colectivo de actividades. Los sindicatos involucrados en la huelga aseguran que el acuerdo mencionado por el viceministro se realizó solo con un grupo, y que el resto de las organizaciones sindicales continúan en paro.
Las nueve organizaciones sindicales en huelga exigen al Ministerio del Trabajo lo siguiente:
Cese Inmediato de Negociaciones Separadas: Detener cualquier negociación que no incluya a todos los representantes sindicales autorizados, para evitar la instrumentalización y división del movimiento obrero.
Reinstalación del Diálogo con Todos los Sindicatos: Reanudar urgentemente las negociaciones de manera inclusiva y respetuosa, considerando a todos los sindicatos involucrados para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los trabajadores sin imposiciones.
Respeto por la Legislación Laboral Nacional e Internacional: Respetar las normas laborales y la jurisprudencia establecida por las cortes nacionales e internacionales en materia de derechos laborales y sindicales.
El Comité de Huelga hace un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio del Trabajo para que actúen de manera coherente con los principios de justicia social promovidos por el gobierno actual. Exigen respeto y acciones concretas para garantizar que los derechos de todos los trabajadores sean protegidos y promovidos, criticando las prácticas actuales que consideran perjudiciales para el movimiento obrero en Colombia.
La Red de Veedurías de Colombia, encabezada por su presidente Pablo Bustos, ha emitido una alerta sobre la situación actual dentro de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Según Bustos, la empresa no ha contado con un presidente durante los últimos siete meses, lo que ha permitido la realización de contrataciones por valores superiores a los mil millones de dólares sin la debida supervisión.
Una de las contrataciones más alarmantes, según Bustos, es la que se está adelantando en Panamá, la cual supera los 260 millones de dólares. “Solo en Panamá, se adelanta una contratación que debe despertar todas las alertas. Señor Presidente, tome decisiones, evite más desmanes y hágalo pronto. ISA necesita transparencia, designar su nuevo presidente con la debida experiencia e independencia”, declaró Bustos.
La Red de Veedurías ha recibido alertas desde dentro de ISA que indican que hay preocupaciones sobre posibles intereses inapropiados en la aceleración de licitaciones en países como Panamá, Chile, Brasil y Perú. Estas voces señalan que la falta de un liderazgo claro está afectando la transparencia de los procesos contractuales, donde están en juego importantes recursos públicos.
Adicionalmente, Bustos mencionó que hay preocupaciones sobre un miembro de la Junta Directiva de ISA, quien aparentemente está promoviendo la aceleración de las licitaciones antes de la elección de un nuevo presidente. Este miembro, identificado como un ex banquero, estaría no solo retrasando la elección de un nuevo presidente, sino también intentando impedir que esta designación ocurra durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Red de Veedurías de Colombia insta al gobierno a tomar medidas inmediatas para asegurar la transparencia y correcta administración de los recursos públicos en ISA. La designación de un nuevo presidente con la debida experiencia e independencia se presenta como una necesidad urgente para evitar más irregularidades y garantizar la integridad de los procesos contractuales en la compañía.
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