por Konuco | Jul 10, 2025 | Destacadas, Nacional
Una alerta por la baja cobertura en la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) lanzó este martes la Alianza Nacional Abrázame, conformada por varias organizaciones comprometidas con la eliminación del cáncer de cuello uterino en el país.
Según la Alianza, solo el 19,5 % de niñas y niños de 9 años, en promedio, han sido vacunados, lo que equivale a un déficit del 20 % en la cobertura esperada para mayo de este año.
«Las cifras son alarmantes y nos enfrentan a una realidad inaceptable: niñas, niños y adolescentes están creciendo sin una vacuna que puede salvarles la vida. Esta situación representa no solo una falla institucional, sino también un reflejo de la deuda histórica del Estado con el derecho a la salud, particularmente en zonas rurales, marginadas y con poblaciones vulnerables», afirmó la alianza.
En el mundo, se calcula la aparición anual de 662.301 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y más de 348 mil muertes, con base en cifras de Globocan de 2022.
En Colombia, hay una mortalidad de 2.435 mujeres y 4.570 casos detectados. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno aumenta las posibilidades de supervivencia en un 91 %.
«Hacemos un llamado a todos los actores del sistema de salud en el país, a las autoridades territoriales, para que contribuyan, apoyen y prioricen la implementación de estrategias urgentes, sostenidas y con enfoque diferencial que permitan cerrar las brechas de cobertura de la vacunación contra el VPH, especialmente en contextos donde la vacunación ha sido históricamente más baja», agregó la alianza.
De Colprensa
por Konuco | Jul 9, 2025 | Destacadas, Nacional
La Contraloría General de la República revisó las cuentas de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) y encontró que se perdieron casi $8.000 millones por errores en el manejo del dinero y en la administración de la institución.
Según la Contraloría, la universidad no hizo a tiempo los trámites necesarios para recuperar unos recursos que otras entidades públicas del Chocó habían recogido por concepto de la estampilla Pro UTCH. Esta estampilla es un dinero que deben entregar entidades como la Gobernación del Chocó, el Hospital San Francisco de Asís, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y la Alcaldía de Quibdó.
Entre los años 2018 y 2020, esas entidades reunieron más de $7.000 millones para la universidad, pero esta no actuó a tiempo para exigirlos. Como pasó mucho tiempo sin reclamar ese dinero, ya no se puede cobrar legalmente. Por eso, ese dinero se perdió y eso afectó las finanzas de la universidad.
La Contraloría también revisó algunos pagos que hizo la universidad en 2024 por servicios contratados. Detectó que en tres contratos (números 0004, 0006 y 0009) se pagó el valor total sin tener pruebas suficientes de que los servicios se cumplieron. Por eso, se presume que el Estado perdió $480 millones.
También se encontraron irregularidades con los viáticos, que son dineros que se entregan a los funcionarios para cubrir gastos cuando viajan por trabajo. La universidad no tiene soportes claros de cómo se gastaron los viáticos en 36 casos. Tampoco se hicieron descuentos de nómina o acuerdos de pago. Esto representa una pérdida de más de $380 millones.
Otro hallazgo es que la universidad pagó $11 millones por intereses, porque presentó tarde las declaraciones de retención en la fuente, que son pagos obligatorios al Estado. Esto pasó, según el órgano fiscal, por falta de organización en la entrega de documentos.
En total, la Contraloría encontró 21 hallazgos. Seis tienen posible daño al dinero público, 14 podrían tener consecuencias disciplinarias para funcionarios, cuatro podrían ir a la justicia penal, dos están en indagación preliminar y uno se envió a la Contaduría General de la Nación.
La Contraloría explicó que seguirá revisando que la universidad cumpla con las correcciones necesarias para que estos errores no se repitan y que el dinero público se maneje correctamente.
Foto: Colprensa – Álvaro Tavera
(Colprensa)
por Konuco | Jul 7, 2025 | Destacadas, Nacional
Ecopetrol anunció en la mañana de este lunes la compra de Wind Autogeneración, empresa propietaria del proyecto eólico Windpeshi en La Guajira.
Según explicó el presidente de la compañía, Ricardo Roa, este proyecto es estratégico para Ecopetrol, porque puede contribuir a acelerar la transición energética del país.
El proyecto Windpeshi, que se ubica entre los municipios de Uribia y Maicao, tendrá una capacidad de 205 MW para producción de energía eólica, que serán incorporados de inmediato al portafolio de autoconsumo del Grupo Ecopetrol.
Se espera que este proyecto aporte un promedio de 1,006 GWh/año, lo que corresponde aproximadamente a entre el 8 y 9% de la demanda de energía total del Grupo.
El beneficio de descarbonización que se obtendrá con este proyecto es de aproximadamente 4,8 millones de toneladas de CO2, con unas inversiones estimadas en $350 millones de dólares entre 2025 y 2027.
La empresa espera que antes de finalizar el año 2025 se hayan reactivado las actividades del proyecto, con la expectativa de iniciar operación antes de 2028.
También será necesario promover espacios de diálogo intercultural con las autoridades ancestrales y líderes de las comunidades indígenas Wayúu, del área de influencia del proyecto.
La Guajira es uno de los territorios del mundo con mayor potencial de desarrollo de energía solar y eólica, y este es el primero de su clase desarrollado totalmente por Ecopetrol.
De Colprensa
por Konuco | Jul 6, 2025 | Destacadas, Nacional
Las organizaciones de productores de arroz en Colombia anunciaron un paro nacional a partir del próximo lunes 14 de julio.
En un comunicado conjunto, Dignidad Agropecuaria Colombiana, Dignidad Arrocera Nacional y Arroceros Colombianos, señalaron la crítica situación de este gremio en el país producto de los altos costos en la producción y los incumplimientos por parte del gobierno.
“Nos resistimos a desaparecer. El arroz es el único cultivo semestral que abastece el consumo interno”, advirtieron los voceros del movimiento al asegurar que es el único camino que tienen para continuar con la actividad arrocera en el país.
Cuestionan que, pese a tener acuerdos con el gobierno nacional frente a lo que consideran “un bajonazo de precios en diciembre de 2024 y en junio de 2025”, aseguran que “han sido ninguneados por el gobierno”.
Entre otros argumentos, señalan que el Tratado de Libre Comercio (TLC) debería ser revisado y renegociado para tener suficiente producción nacional.
El sector también señaló a la industria molinera, acusándola de funcionar como un duopolio que “arrincona a la pequeña y mediana industria” mientras mantiene precios elevados para el consumidor. Además de criticar la “alcahuetería gubernamental” frente a un contrabando sin control que golpea la producción local.
El paro anunciado, que iniciará en dos semanas, será de carácter indefinido mientras se realicen las reuniones necesarias para lograr encontrar soluciones para evitar mayores afectaciones a los productores de arroz.
De Colprensa
por Konuco | Jul 5, 2025 | Destacadas, Nacional
Como un año en el que se profundizó la crisis de recursos de parte de las EPS se pueda calificar al 2024, de acuerdo con el informe emitido por la Contraloría General de la República de las cifras del informe financiero con corte al 31 de diciembre de 2024.
En el reporte de la Contraloría General de la República, se reporta que la deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud asciende a $32,9 billones, lo que evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema. Adicionalmente, 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas.
Igualmente la Contraloría identificó que de las 29 EPS activas, únicamente 6 cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas), pero tiene apenas un cubrimiento del 10,92% de los afiliados. “El resto de la población afiliada (89,08%) lo están en EPS que incumplen uno o más de estos requisitos”, precisa el reporte de la Contraloría. Además ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente.
Un aspecto más identificado fue que desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, han sido autorizadas 157 EPS, “hoy solo operan 29, de las cuales solamente 6 cumplen con los requisitos habilitantes. Las liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, que deben asumir afiliados sin contar con capacidad operativa o financiera suficiente, profundizando la crisis”.
En cuanto a la solvencia, el reporte dice que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 EPS incumplen el patrimonio adecuado, 22 EPS no invierten sus reservas técnicas como exige la norma.
Se identificó además que las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos, “no obstante, a que en la vigencia 2024 les fueran pagadas cerca del 90% de la facturación (13.3 de 14.7 billones de pesos), ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de PQR”.
La Contraloría señala que con respecto a la Nueva EPS —con más de 11.5 millones de afiliados— no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024 y registra patrimonio negativo, “su intervención no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país”.
Para el ente de control fiscal la modalidad de Pago Global Prospectivo (PGP), establecida en el Decreto 441 de 2022, “representa un riesgo fiscal significativo al permitir pagos anticipados sin mecanismos sólidos de control sobre la prestación efectiva de los servicios. Esta medida progresiva, debilita la discusión del sector en torno a la suficiencia de los recursos dispuestos para la UPC”.
Con respecto al gasto administrativo de 8% para el régimen subsidiado y de 10% para el contributivo, dice la Contraloría que “27 EPS reportan entre el 4% y 8% en este margen. No existe una reglamentación clara para el cálculo de este gasto y, Ministerio de Salud y Protección Social ni Superintendencia Nacional de Salud, han emitido lineamientos técnicos al respecto. Esto, en el marco de una siniestralidad promedio reportada del 111%, conduce a la necesaria discusión sobre la viabilidad del sistema actual.
La Contraloría indica que las EPS Sura, Emssanar, Aliansalud y otras reportaron utilidades operativas y netas por $198.745 millones, que, según certificaciones, fueron reinvertidas en reservas legales y en la cobertura de pérdidas acumuladas.
Un aspecto clave del reporte de la Contraloría General es que las medidas adoptadas por la Superintendencia no han revertido la crisis financiera ni mejorado la calidad de la atención. La CGR advierte además que no se han exigido acciones contundentes a los interventores para lograr la estabilidad de las EPS.
Las PQR aumentaron en un 23,2%, pasando de 1.3 millones en 2023 a más de 1.6 millones en 2024. El 91% se relaciona con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. La Nueva EPS concentró el 22% del total. Se presentaron 175.025 tutelas en 2024 por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior.
De Colprensa
