Gobierno instala mesas de diálogo para abordar la transición energética

Gobierno instala mesas de diálogo para abordar la transición energética

El Gobierno puso en marcha mesas de diálogo social para recibir propuestas sobre transición energética, reducción de tarifas de electricidad y minería sostenible. Estos espacios, instalados en la Unión Sindical Obrera (USO), contarán con la participación de sindicatos, expertos y legisladores.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la iniciativa busca integrar diferentes sectores en la construcción de acuerdos que respondan a las problemáticas energéticas y mineras del país.

“Para estos diálogos, son piezas clave las organizaciones sindicales, expertos y, por supuesto, los integrantes del legislativo. Por eso les invito a participar activamente en este proceso, en el que el componente de derechos laborales colectivos e individuales es sustantivo”, afirmó.

Las mesas técnicas estarán orientadas a la formulación y ejecución de acuerdos que atiendan las necesidades de las regiones, priorizando el bienestar de los usuarios y el respeto por los derechos laborales.

Uno de los primeros planteamientos discutidos es la expedición de una resolución que permitirá a 140.000 técnicos electricistas ejercer su labor sin requerir el aval de un ingeniero.

Palma explicó que la discusión se desarrollará en torno a cuatro ejes: derechos para conservar garantías laborales, derechos sindicales para la formalización del empleo, derechos sindicales en nuevas actividades económicas y fortalecimiento de la participación y negociación en la transición energética.

La iniciativa iniciará formalmente el 20 de marzo y permanecerá abierta a organizaciones y gremios que deseen aportar soluciones a los desafíos del sector energético y minero. Según el Ministerio de Minas y Energía, estas mesas forman parte de una estrategia más amplia para avanzar en una transición energética justa y sostenible en el país. Colprensa

Descartan amenazas contra universidades en Bogotá

Descartan amenazas contra universidades en Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá señaló que no existen amenazas comprobadas ni riesgos extraordinarios contra universidades en la ciudad, tras la alerta emitida por la Universidad del Rosario. Pese a ello, la institución reforzó sus medidas de seguridad mientras las autoridades continúan con el monitoreo de la situación.

El Gobierno Distrital indicó que, luego de verificar información sobre supuestas amenazas contra centros universitarios privados difundida en redes sociales, no se hallaron elementos que justifiquen la adopción de acciones extraordinarias.

La administración distrital explicó que la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional y la Fiscalía Seccional de Bogotá trabajan de manera permanente en la identificación, verificación y gestión de riesgos en materia de seguridad y terrorismo.

El Centro Integrado Antiterrorismo C13, conformado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Brigada XIII del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana – CATAM, concluyó que no hay motivos fundados para determinar la existencia de un riesgo extraordinario.

La Universidad del Rosario informó que recibió notificación de las autoridades sobre la existencia de posibles amenazas contra algunas instituciones educativas en la capital. Ante esta situación, reforzó sus medidas de seguridad con el fin de garantizar el bienestar de su comunidad en coordinación con las autoridades.

«Agradecemos a la comunidad Rosarista su colaboración y compromiso para comprender las medidas que se deban implementar para garantizar la protección de nuestra institución y de la ciudad», señaló la universidad en un comunicado. Colprensa

Foto: Colprensa – Catalina

MinTIC y Minciencias socializaron proyecto de ley que busca promover la IA

MinTIC y Minciencias socializaron proyecto de ley que busca promover la IA

El Ministro TIC Julián Molina, y la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, socializaron el borrador del proyecto de ley de Inteligencia Artificial ante senadores y representantes que adelantan iniciativas para promover y regular esta tecnología en el país.

Durante el encuentro, los jefes ministeriales destacaron la importancia de la regulación de la inteligencia artificial en Colombia, esto con el objetivo de garantizar su desarrollo ético y sostenible.

“Colombia no puede ser menor a todo lo que se establece internacionalmente en materia de inteligencia artificial. Este borrador recoge muchas de las iniciativas que estaban cursando el Congreso, todas muy buenas, que se analizaron en mesas de trabajo, cuyas conclusiones nutren el proyecto de ley, que es acordado, estudiado, y, sobre todo, concurrente entre Cámara, Senado y Gobierno”, expresó el ministro TIC, Julián Molina.

Entre los pilares del proyecto de ley se encuentra la promoción de la investigación e innovación en esta tecnología; el crecimiento social, económico y ambiental, y el enfoque basado en riesgos.

El proyecto de ley tiene 10 capítulos y 35 artículos, que abarcan temas clave, como la gobernanza para la IA; el fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación; la formación y apropiación social del conocimiento para la IA, y la promoción de la innovación y transformación laboral en la era de esta tecnología.

Según el ministro TIC, este borrador busca definir principios éticos y regulatorios claros, que permitan proteger los derechos ciudadanos y fomentar la competitividad del sector. Colprensa 

Foto: Colprensa – Mariano Vimos

Extraditan a Estados Unidos a ocho presuntos narcotraficantes

Extraditan a Estados Unidos a ocho presuntos narcotraficantes

En las últimas horas Fueron extraditados a Estados Unidos ocho ciudadanos colombianos requeridos por ese país por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Entre los extraditados se encuentra Henry Loaiza Montoya, alias Alacrán Jr quien es hijo de alias “El Alacrán”, capo histórico del Cartel del Norte del Valle. Y quien se había sometido a siete cirugías plásticas para modificar su fisionomía y evadir a las autoridades.

Alias Alacrán Junior es requerido en Estados Unidos por estar vinculado presuntamente al grupo terrorista Los Tiguerones que operan en Ecuador y con el Frente Oliver Sinisterra de la Segunda Marquetalia

Pero tambien desde 2006, ingresó a Ecuador y asumió el liderazgo del Cartel del Norte del Valle, hasta su captura en 2024.

Además formaba parte de una red narcotraficante con capacidad logística para coordinar el tráfico de cocaína desde Tumaco, Nariño y Esmeraldas (Ecuador) hacia Estados Unidos.

Su organización traficaba hasta cuatro toneladas mensuales de cocaína mediante semisumergibles y lanchas rápidas.

Las otras siete personas que fueron extraditadas pertenecían a una red criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína mediante embarcaciones artesanales, con destino a Estados Unidos.

La organización tenía vínculos con carteles mexicanos. Colprensa

Foto: Colprensa – Policía Nacional de Colombia

Corte Constitucional alerta fallos en contratos para niñez Wayuu

Corte Constitucional alerta fallos en contratos para niñez Wayuu

CORTE ALERTA FALLOS EN TRANSPARENCIA EN CONTRATOS PARA NIÑEZ WAYUU

La Corte Constitucional concluyó que persisten prácticas inconstitucionales y bloqueos institucionales en la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, que ordenó medidas para garantizar el acceso a agua, alimentación, salud y participación de la niñez Wayuu.

La Sala Especial de Seguimiento advirtió que existen fallas en los mecanismos de transparencia y contratación, lo que afecta la ejecución de los recursos y el control de las entidades responsables.

Asimismo, valoró el protocolo de buenas prácticas administrativas diseñado por las entidades obligadas a cumplir la sentencia y concluyó que, aunque se han registrado avances, persisten dificultades como la falta de estrategias para mejorar la ejecución de recursos y la capacitación de las comunidades.

También se identificaron deficiencias en la actualización de manuales de contratación, almacenamiento y reporte de información financiera, así como en la respuesta a requerimientos de otras entidades de control.

La Corte señaló que hay quejas sobre la sostenibilidad de los proyectos ejecutados, lo que genera incertidumbre sobre el impacto real de las medidas adoptadas. Además, se evidenciaron dificultades en la recopilación de información en el territorio y en la coordinación entre las instituciones encargadas de la vigilancia y control.

Ante estos hallazgos, la Sala ordenó realizar ajustes en los protocolos interinstitucionales, establecer cronogramas de actividades para fortalecer la capacidad de quienes administran y auditan los recursos, y mejorar los sistemas de información.

También dispuso la presentación de informes sobre temas específicos relacionados con la gestión de los fondos destinados a cumplir la sentencia.

Las entidades obligadas al cumplimiento de la decisión incluyen la Presidencia de la República, varios ministerios, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las alcaldías de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, entre otras. Colprensa

Foto: Colprensa – Nicolás Téllez