Contraloría le solicita al gobierno precisar el costo real de la Reforma a la Salud

Contraloría le solicita al gobierno precisar el costo real de la Reforma a la Salud

Llamado urgente del Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra al gobierno nacional sobre la necesidad de depurar las deudas entre aseguradores y prestadores. A partir de la reforma que se propone, la Contraloría dirigirá su foco de atención mayoritariamente hacia la ADRES, con el fin de prevenir, mitigar al máximo y evitar las posibles pérdidas de recursos del sistema o detrimentos al patrimonio. En los ejercicios fiscales que llevó a cabo entre el 2018 y el 2022 en el Sector Salud, la CGR encontró 281 hallazgos con incidencia fiscal, por un valor superior a $2,1 billones. Intervenciones en el Foro “Protección del Derecho a la Salud desde el Control Fiscal”, convocado por la CGR.

Por su parte el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención al Gobierno Nacional sobre la necesidad de precisar de manera clara el costo real de la Reforma a la Salud, a fin de garantizar su implementación, como la sostenibilidad de la misma, en el mediano y largo plazo. En este sentido, el jefe del organismo de control advirtió sobre la necesidad de depurar y aclarar las deudas entre los diferentes actores del sistema, como requisito previo a la implementación de los nuevos mecanismos de financiación y flujo de recursos, con un proceso de saneamiento efectivo, en los tiempos de transición de un modelo a otro. COMUNICADO DE PRENSA “Esta Contraloría hace un llamado urgente al gobierno nacional para que nos reporte la estructura de costos y los estudios previos en que se ha basado para la proyección de los mismos, habida cuenta de la necesidad y de la preocupación que nos asiste para llevar a cabo lo de nuestra competencia, en el seguimiento y la vigilancia debida a los recursos públicos, con el fin de que se garantice el derecho fundamental a la salud de la población”, expresó al instalar el Foro “Protección del Derecho a la Salud desde el Control Fiscal”, evento realizado en el marco de la celebración de 100 de existencia de la Contraloría General de la República. Para el Contralor, un aspecto crítico evidenciado en el actual modelo de salud es el tema de las deudas de las EPS con los prestadores que, según lo anunciado por la Superintendencia de Salud, estarían en el orden de los $23,3 billones, y conforme los análisis realizados por la CGR con información del más reciente reporte de la Circular 030, con corte a septiembre de 2022, podría ascender a los $26,1 billones. Se necesitan medidas de control más eficaces Advirtió el Contralor que las deudas con los prestadores, a cargo de las EPS que están bajo medidas especiales, corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas, terminan en procesos de liquidación, con el riesgo de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, toda vez que los activos resultan insuficientes para cubrir sus acreencias.

En el ejercicio de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760, la CGR reportó, con corte a diciembre de 2022, un total de $6.527 millones correspondientes a auditorías en salud, $28.821 millones de actuaciones especiales de fiscalización, $224.248 millones de indagaciones preliminares; además de 524 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $1,3 billones y 102 procesos de jurisdicción coactiva por $1,6 billones Por lo anterior, se puede señalar que es evidente la materialización del riesgo financiero de las IPS, en la medida que no se garantiza el flujo oportuno y suficiente de recursos, para la prestación del servicio de salud, lo cual, finalmente incide en la calidad de la atención a los afiliados. Procesos de la ADRES requieren ajustes El Contralor Rodríguez Becerra manifestó también “gran preocupación” acerca del riesgo de pérdida de recursos del sistema, de no llevarse a cabo los ajustes pertinentes sobre los procesos de la ADRES, de acuerdo con lo que la CGR ha podido verificar en diversas actuaciones que ha realizado sobre esta entidad, que con la Reforma a la Salud centralizaría el manejo directo de los recursos del sector.

Colombia tendrá transición energética a partir del aprovechamiento del cobre

Colombia tendrá transición energética a partir del aprovechamiento del cobre

A través de la “Ruta Verde”, empresas del país, comunidades en las regiones, autoridades y la academia establecen una alianza para impulsar la reindustrialización y la transición energética del país, con miras a apoyar las políticas del Gobierno del Cambio de Gustavo Petro.

Según el Technical Report on the Mocoa Copper-Molybdenum Project, Colombia, se estima que en Mocoa hay un recurso de más de 2 millones de toneladas métricas de cobre. Como referencia, esta es la cantidad de cobre requerida para la fabricación de 25 a 50 millones de vehículos eléctricos.

Libero Cobre junto a varias empresas aliadas, las comunidades, autoridades y la academia ha venido consolidando la “Ruta Verde: Alianza por la Industria del Cobre, de la Electromovilidad hasta la Transición Energética”, a partir del aprovechamiento estratégico del cobre para iniciar una cadena completa de transformación, desde la materia prima, hasta productos finales, que impulse el desarrollo local, regional y nacional. El cobre es un mineral esencial para la fabricación de paneles solares, generadores eólicos, transformadores y carros eléctricos. El objetivo de la Ruta es que en línea con la sostenibilidad social, ambiental y económica, este mineral sea el nuevo petróleo del país, que contribuya a una transición energética justa.

Por eso, desde el encuentro de Energías Verdes de Colombia, “Colombia Green Energy Summit”, que se está desarrollando este 29 y 30 de marzo de 2023 en la ciudad de Bogotá, unas 150 compañías del sector están exponiendo sus proyectos, estrategias y planes de inversión de cara a la transición energética y a las nuevas oportunidades de las energías renovables como la solar y la eólica.

El presidente y CEO de Libero Cobre, Ian Harris, es ponente invitado a este importante encuentro. Para él, “El mundo y Colombia ya están dejando la generación de energía por medio de los hidrocarburos. Debido a la transición energética hay una gran demanda y una falta de suministro de cobre, por lo que hay un gran potencial en Colombia para producir su propio metal, transformarlo en el país y poderlo exportar en productos terminados, impulsando la reindustrialización y la transición energética.” Y es que en el mundo, Chile, Perú, México y Estados Unidos tienen las minas de cobre más grandes. Se estima que a 2030 el requerimiento del metal sea de 5.400.000 toneladas. China se lleva el 42% de la fundición mundial del cobre, lo que significa que es uno de los países mejor preparados para a transición energética.

En Colombia, a 2021 la producción del cobre llegó a las 8.194 toneladas, según Juan Miguel Durán, expresidente de la Agencia Nacional de Minería. Y en los últimos 6 meses, en el país, la tendencia del valor del cobre ha ido creciendo levemente en el mercado de commodities, cerrando en $4,09 USD la libra en última jornada. De ahí la importancia de que Colombia inicie el Proyecto Mocoa, liderado por Libero Cobre, como prueba del potencial de esta industria. Un proyecto de transformación energética que permitirá establecer una cadena de producción de cobre en Mocoa / Putumayo, comenzando con la fabricación de productos a partir de cobre reciclado como cables, repuestos, tuberías, motores, entre otros, para consolidar la industria por la transición energética.

 

Ultra Air S.A.S deberá responder ante Superintendencia de Transporte

Ultra Air S.A.S deberá responder ante Superintendencia de Transporte

La aerolínea deberá informar a la Superintendencia de Transporte, el mecanismo de preservación de los pasivos por la venta anticipada de tiquetes para efectos de garantizar la efectiva medida de cumplimiento del plan de manejo de pasajeros, ante un eventual cese y/o suspensión de las operaciones.

La Superintendencia de Transporte mediante la Resolución N. 948 del 22 de marzo de 2023, dicta medida admirativa a la sociedad Ultra Air S.A.S. debido a que la aerolínea presenta baja liquidez, lo cual dificulta el compromiso con las obligaciones a corto plazo, generando un riesgo de incumplimiento con sus acreedores. Además, la situación contractual relacionada con las aeronaves dispuestas para la prestación del servicio refleja una posible vulnerabilidad a la capacidad operativa que permita cumplir con su objeto social, así como con las obligaciones a su cargo, principalmente aquellas relacionadas con proveedores y ventas anticipadas de tiquetes.

Medidas administrativas:

1. La Sociedad Ultra Air S.A.S, deberá implementar un plan de trabajo en donde se detalle un listado desagregado por rutas, el cual deberá incluir la programación de los vuelos comerciales, para cada uno de los siete (7) días de la semana, donde se identifique la aeronave y el personal de la tripulación para cada una de las frecuencias.
2. Deberá informar a la SuperTransporte todos los lunes antes de las 6:00 pm, por un término de tres (3) meses, sobre la toma de decisiones de los órganos de administración cuando se presente un riesgo de tipo económico y operacional que afecte la prestación del servicio.
3. Deberá informar a la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Transporte, las negociaciones que adelante para su capitalización.
4. Deberá implementar acciones necesarias, preventivas o correctivas, relacionadas con el plan de manejo de pasajeros ante un eventual cese y/o suspensión de operaciones.
5. Deberá informar a la Superintendencia de Transporte, el mecanismo de preservación de los pasivos por la venta anticipada de tiquetes para efectos de garantizar la efectiva medida de cumplimiento del plan de manejo de pasajeros, ante un eventual cese y/o suspensión de las operaciones.

Plan de garantías electorales se defiende con 90 medidas

Plan de garantías electorales se defiende con 90 medidas

“Hemos concluido trabajar todos en un mismo camino, cogidos de la mano como Estado colombiano para garantizarles a todos los colombianos y las colombianas el libre ejercicio del sufragio del voto en las elecciones del próximo 29 de octubre”, dijo el Ministro del Interior, Alfonso Prada.

Durante el Subcomité de Orden Público, llevado a cabo junto a gobernadores del país, el Presidente Petro ratificó que la Fuerza Pública “tiene el deber de copar la totalidad del territorio de la República de Colombia y garantizar que no cederemos ni un milímetro del territorio colombiano a ninguna estructura ilegal”._ “Como Registraduría garantizaremos 120.000 mesas en el país, estamos esperando cerca de 150.000 candidatos que se inscribirán a nuestras elecciones regionales”, afirmó el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega.

Con 90 medidas quedó definido este viernes el Plan Nacional de Garantías Electorales para los comicios regionales de octubre, en el marco del Subcomité de Seguridad y Orden Público realizado en el municipio de La Tebaida (Quindío), en el cual participaron el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Gustavo Petro, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los gobernadores del país, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación.

Al respecto se refirió el Ministro del Interior, Alfonso Prada, quien en declaración a medios afirmó: “Hemos concluido trabajar todos en un mismo camino, cogidos de la mano como Estado colombiano para garantizarles a todos los colombianos y las colombianas el libre ejercicio del sufragio, del voto en las elecciones del próximo 29 de octubre”.

En el mismo sentido, el Ministro indicó que fueron elaboradas unas líneas de acción para garantizar la seguridad en los territorios durante el proceso electoral.

“Hemos elaborado líneas de acción permanente, hemos hecho un cronograma que comienza por convocar ya no solo esta Subcomisión de Orden Público, sino la Comisión Nacional de Garantías Electorales que sesionará el próximo 20 de abril en la ciudad de Bogotá, para evaluar las 90 medidas que hemos adoptado como Plan Nacional de Garantías en Colombia”, destacó Prada.

Asimismo, el titular de la cartera del Interior aseveró que durante el Subcomité se presentó el mapa de riesgos que pretende garantizar las elecciones en los 12.837 puestos de votación que están operando en el territorio colombiano.

“Hemos establecido que en ese mapa hay un municipio que tenemos en el Pacífico colombiano en nivel de riesgo alto. No hay otro en nivel de riesgo alto, pero tenemos riesgos intermedios que nos hacen tener un plan de acción con el Ejército colombiano y con la Policía y, naturalmente, con las autoridades nacionales, departamentales y municipales de alerta que garanticen que llegamos al 29 de octubre en condiciones plenas de normalidad en el territorio colombiano”, manifestó.

Durante el Subcomité —dijo el Ministro— el Presidente Petro ratificó que la Fuerza Pública “tiene el deber de copar la totalidad del territorio de la República de Colombia y garantizar que no cederemos ni un milímetro del territorio colombiano a ninguna estructura ilegal”.

En el mismo contexto, Prada resaltó que las Fuerzas Militares presentaron el ‘Plan Democracia’, que ya está en operación, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes en los comicios de octubre.

*Elecciones, un tema de Estado*

Por su parte, el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, resaltó la inmediata respuesta del Gobierno Nacional frente a las denuncias de los gobernadores sobre la difícil situación de orden público en sus regiones en este año electoral.

“El señor Presidente no solo se ha comprometido a garantizar todo el certamen electoral en materia de orden público, proteger a los ciudadanos y obviamente al electorado colombiano. La palabra que ha dicho el Presidente y que con la Procuradora la hemos replicado, que independiente al proceso de paz que lleva el Gobierno, en materia del certamen electoral se va a garantizar la democracia de nuestro país”, dijo Vega.

El Registrador recalcó que en “los municipios que tengan esa alarma electoral, el Presidente ha sido muy claro, hará uso de la Fuerza Pública para ocupar esos territorios y no van a ver territorios vedados para las bandas criminales que afecten el proceso electoral”.

“Como Registraduría garantizaremos 120.000 mesas en el país, estamos esperando cerca de 150.000 candidatos que se inscribirán a nuestras elecciones regionales y lo importante es que las elecciones son un tema de Estado y en el Estado estamos todos”, concluyó.

Mintransporte advierte de las consecuencias ara quienes destruyan peajes

Mintransporte advierte de las consecuencias ara quienes destruyan peajes

Al término del encuentro de gobernadores y autoridades locales desarrollado en La Tebaida (Quindío), el Ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, advirtió que no permitirá en el país la destrucción de los peajes y señaló que hay equipos de inteligencia que tienen identificadas a las personas que están detrás de la promoción de estos hechos violentos.

El Ministro de Transporte señaló que hay intereses electorales detrás de quienes promueven la destrucción de los peajes. Equipos de inteligencia tiene identificadas a las personas que incitan a las vías de hecho. En ese sentido, el jefe de la cartera de Transporte manifestó que hay un movimiento preelectoral de diputados, concejales y candidatos dedicados a promover el no a los peajes. “Unos con un sentido más de discusión y otros en un sentido muy violento de ir a quemarlos y destruirlos, pero no vamos a dejar que la violencia predomine por encima de la razón”, recalcó. El jefe de la cartera de transporte recalcó que desde el diálogo y la concertación se pueden buscar soluciones conjuntas a las inquietudes de la comunidad respecto a los peajes.
De igual forma indicó que hoy no cobrar un peaje tiene implicaciones disciplinarias y fiscales para las autoridades a cargo de ellos. “No es algo que se decida voluntariamente”, añadió. Además, señaló que los peajes son parte esencial de la fórmula financiera para estructurar las vías que hoy tiene el país. “Uno puede reconocer y admitir el derecho a tarifas diferenciales, pero les va a ir muy mal a los que pretendan por la fuerza y la violencia acabar con los peajes, no es aceptable”, dijo y puntualizó que la autoridad está y estará presente.