por Konuco | May 11, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación logró que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres acusados de agredir física y psicológicamente a miembros de su núcleo familiar en Yopal, Casanare. Los hechos, ocurridos en diferentes circunstancias, han generado preocupación por la creciente violencia intrafamiliar en la región.
Agresión repetida contra madre y hermanas
El primer caso involucra a un hombre que fue capturado el 6 de mayo por uniformados de la Policía Nacional. Según la Fiscalía, el procesado habría agredido en múltiples ocasiones a su madre y a sus hermanas, causando lesiones físicas. En uno de los episodios, el acusado arrojó una sustancia desconocida a una de las mujeres, lo que le causó quemaduras en la piel.
Por este hecho, el hombre fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y lesiones con agentes químicos, entre otros. “El procesado no aceptó los cargos en su contra”, destacó la Fiscalía de la Seccional Casanare, que gestionó la solicitud de la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Amenazas y destrucción de bienes
En otro caso distinto, las autoridades capturaron a un hombre presuntamente responsable de agredir físicamente y psicológicamente a su madre y hermana. Además de las agresiones, el sujeto amenazó de muerte a las víctimas y destrozó los enseres de la vivienda. Ante estos hechos, también se le imputaron cargos por violencia intrafamiliar y otros delitos relacionados.
Los dos acusados fueron trasladados a la cárcel, en cumplimiento de la solicitud de los fiscales que trabajan en el Caso Casanare. Ambos hombres fueron presentados ante las autoridades judiciales y, como es común en este tipo de procedimientos, aparecieron en fotografías individuales con las manos esposadas y custodiados por uniformados de la Policía.
por Konuco | May 10, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
En un hecho sin precedentes, la Corte Constitucional solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación el envío de todas las pruebas relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de integrarlas al estudio de legalidad de la Reforma Pensional.
La petición incluye la remisión de sentencias, declaraciones, interrogatorios y decisiones judiciales vinculadas a actores clave en el caso de la UNGRD, como los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como a funcionarios públicos, asesores y congresistas presuntamente involucrados.
La Corte busca incorporar estos elementos probatorios al análisis de constitucionalidad de la reforma pensional recientemente aprobada por el Congreso, ante la posibilidad de que los hechos de corrupción hayan influido en su trámite legislativo.
Detalles de la solicitud
La comunicación de la Corte ordena específicamente:
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Copia íntegra de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente.
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Copia de la medida de aseguramiento contra la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, así como su solicitud reciente de ser escuchada ante la Corte Suprema.
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Declaraciones de los congresistas Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
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Testimonios de las asesoras del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides y Andrea Carolina Ramírez.
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Declaraciones de Jaime Ramírez Cobo, Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco y del exsenador Pedro José Castro Espinoza.
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Copia de la sentencia del 29 de abril de 2025, mediante la cual se condenó a Sneyder Pinilla a más de cinco años de prisión tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía.
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Decisión del 7 de mayo de 2025 sobre la situación jurídica de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
La Corte exige que toda esta información sea enviada en un plazo de tres días, desde el momento en que se reciba la solicitud, para su análisis dentro del control constitucional del proyecto de ley de la reforma pensional.
Este nuevo paso evidencia el impacto del escándalo de la UNGRD en el escenario legislativo y judicial del país, abriendo interrogantes sobre la transparencia en la aprobación de una de las reformas estructurales más importantes del gobierno actual.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 7, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
El expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle se entregó esta noche a las autoridades en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, luego que la Corte Suprema de Justicia librara una orden de arresto en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.
Calle está acusado, junto con el expresidente del Senado Iván Name detenido más temprano por la Policía en su residencia, de presuntamente participar en el escándalo de corrupción relacionado con el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
A Calle, representante del Partido Liberal y expresidente de la Cámara, la Corte lo investiga por presuntamente haber recibido $1.000 millones para respaldar las iniciativas del Gobierno en el Legislativo.
La base de las pruebas de la acusación contra el político liberal proviene de los testimonios de los ex directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes habrían girado el dinero y también están envueltos en el escándalo por el manejo inapropiado de dineros de esa entidad.
A Calle lo buscaron durante la tarde de este miércoles hombres de la Sijín, quienes acudieron a su apartamento en el norte de Bogotá, pero no lo encontraron allí, pese a que a través de sus abogados dijo estar listos para atender los requerimientos de la justicia.
En su decisión la Corte no solo impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural y orden de detención contra los dos legisladores, sino que además le ordenó a la Mesa Directiva del Congreso que «proceda a la suspensión de Name y Calle de sus funciones».
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 6, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación pidió este martes a las autoridades del Gobierno adoptar medidas inmediatas para garantizar el pago de los subsidios de energía y gas a los usuarios de menores ingresos.
El llamado se hizo en el marco de una audiencia pública convocada por el Tribunal de Cundinamarca en el curso de una acción de cumplimiento sobre este tema.
Durante su intervención, el Ministerio Público advirtió que la falta de recursos para cubrir los subsidios pone en riesgo la prestación continua de estos servicios esenciales.
La entidad citó datos de la Contraloría General y del Comité Intergremial que estiman la deuda acumulada con el sector energético en $2,7 billones al cierre de 2024, cifra que sigue creciendo en 2025.
La Procuraduría explicó que esta situación puede derivar en afectaciones directas para millones de colombianos en condición de vulnerabilidad, entre ellas alzas tarifarias de hasta el 150 % o incluso la suspensión del servicio por parte de las empresas comercializadoras.
Frente a este panorama, la entidad instó a los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía a coordinar acciones que garanticen la disponibilidad de recursos y la realización oportuna de los giros. Según cifras oficiales citadas en la audiencia, la deuda reconocida por el Gobierno con las comercializadoras ya supera $1,9 billones.
La Procuraduría concluyó que es urgente actuar con rapidez y coordinación para asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger a las comunidades más necesitadas que dependen de estos subsidios.
Como medida adicional, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios sugirió al Tribunal de Cundinamarca requerir a las autoridades competentes un reporte detallado de los pagos efectuados y los saldos pendientes con las empresas del sector.
El Ministerio Público reiteró que garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios en condiciones dignas es una obligación constitucional y que la omisión del Estado en el cumplimiento de sus compromisos financieros podría generar impactos sociales y económicos de gran escala.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 5, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un juez de garantías de Montería impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ómar Alberto Regino Jiménez, luego de que un fiscal del Gaula de la Seccional Córdoba presentara contundente material probatorio que lo señala como presunto responsable del delito de extorsión agravada.
La captura se produjo en flagrancia el pasado 24 de abril, cuando unidades del Gaula de la Policía Nacional sorprendieron al sujeto mientras recibía $800.000 en el barrio El Dorado de Montería, dinero que presuntamente era producto de un constreñimiento ilegal ejercido sobre su expareja sentimental.
16 meses de amenazas, extorsión y abuso
Las investigaciones revelaron que Regino Jiménez llevaba 16 meses hostigando a la víctima, no solo exigiéndole dinero, sino también forzándola a mantener relaciones sexuales bajo presión y amenazas. El agresor habría intimidado a la mujer con asesinar a sus familiares si no accedía a sus demandas.
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Gracias a las pruebas recabadas y al seguimiento articulado entre la Fiscalía y el Gaula, las autoridades lograron concretar la detención y presentar cargos ante el juez, quien consideró necesaria la reclusión del procesado para proteger a la víctima y evitar la obstrucción de la justicia.
