por Konuco | Abr 8, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntas presiones ejercidas desde su cargo como superintendente delegada en la Superintendencia Nacional de Salud para que se firmara un millonario contrato en el Hospital San Rafael de Leticia.
“Se ha ordenado iniciar unas indagaciones preliminares desde el día jueves de la semana pasada que tuvimos la primera noticia. Hay que esperar que avance la recopilación de elementos probatorios, y se tomara la decisión que haya que tomar”, confirmó el procurador Eljach.
La denuncia se conoció a través de una columna del periodista Daniel Coronell en la Revista Cambio. En ella se revelaron audios en los que presuntamente Gómez habría exigido la firma inmediata del contrato, a pesar de las advertencias sobre los riesgos legales y financieros del proyecto.
Uno de los fragmentos del audio divulgado registra la siguiente frase: “Usted decide, que quede firmado hoy o me pasa la renuncia”, atribuida a Gómez durante una conversación telefónica con Lina Baracaldo, entonces agente interventora del hospital, y Mario Castro, asesor jurídico de la entidad.
El contrato en cuestión, por más de $73.000 millones de pesos, busca la construcción y operación de un buque hospital para atender a comunidades del Amazonas. Inicialmente, el proyecto fue estimado en $55.000 millones, pero la empresa Cotecmar ajustó el valor por el aumento en el precio del acero y otros costos logísticos.
Baracaldo fue retirada del cargo el 1 de abril por orden del superintendente nacional de Salud. Posteriormente, denunció haber recibido llamadas intimidantes tras negarse a firmar el contrato sin las garantías financieras necesarias. “Sí considero que hubo constreñimiento ilegal. Estoy evaluando las vías jurídicas correspondientes”, declaró.
La exinterventora explicó que, aunque no dependía jerárquicamente de Beatriz Gómez, recibió múltiples comunicaciones exigiendo que la firma se realizara antes del 31 de marzo.
También advirtió que el hospital intervenido atraviesa una situación financiera delicada, lo que requería una evaluación detallada de compromisos presupuestales de esa magnitud.
El proyecto no cuenta con el respaldo formal de la Gobernación del Amazonas ni con la aprobación de vigencias futuras. Además, organizaciones indígenas interpusieron una tutela por la falta de consulta previa.
Durante la conversación con Gómez, también registrada en audio, los funcionarios expresaron que no era viable firmar el contrato por falta de soporte jurídico y técnico. Ante esto, la funcionaria respondió con exigencias y descalificaciones.
“Todos los días es una dilación más”, se escucha en otro de los apartes del audio divulgado. “¡Me hacen el favor y me respetan! Yo soy la superintendente”.
En comunicación telefónica con Coronell, Beatriz Gómez negó ser la persona que aparece en los audios y rechazó haber amenazado a los funcionarios. Hasta ahora, no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación disciplinaria ni sobre las denuncias de Baracaldo.
La Procuraduría continúa con la etapa preliminar de recolección de elementos probatorios. Si se determina mérito, el proceso podrá avanzar hacia una investigación formal, con la posibilidad de sanciones disciplinarias según los resultados.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | Abr 7, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre de 45 años, investigado por el feminicidio agravado de su expareja en el barrio Rebolo de Barranquilla. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el crimen ocurrió el pasado 19 de marzo en plena vía pública.
La mujer, de 35 años, fue atacada con arma blanca mientras caminaba por una calle del sector. Vecinos que escucharon sus gritos de auxilio alertaron de inmediato a las autoridades. Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia al presunto agresor, quien permanecía en la escena del crimen.
Aunque la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas. Durante las audiencias preliminares, el imputado no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía Seccional Atlántico.
El juez ordenó su traslado a la cárcel Modelo de Barranquilla, donde permanecerá con medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.
Este nuevo caso vuelve a encender las alarmas por los crímenes de género en Colombia, donde las mujeres continúan siendo víctimas de violencia extrema, incluso en espacios públicos.
por Konuco | Abr 6, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
En una nueva ofensiva contra el porte ilegal de armas en Cartagena, la Policía Nacional capturó en flagrancia a “el Lucho”, un hombre de 31 años, sorprendido con un revólver cargado en el barrio La Quinta, al suroriente de la ciudad.
La operación, ejecutada en horas de la noche, surgió gracias a la información suministrada por la comunidad y a la respuesta inmediata de los uniformados desplegados en el sector. Durante el procedimiento, los agentes hallaron en poder del detenido un revólver calibre 38, marca Cassidy Especial, junto a seis cartuchos sin percutir.
Fuentes oficiales informaron que el capturado, oriundo de Cartagena, ya era conocido por las autoridades. Las unidades de investigación analizan si estaría involucrado en otros hechos delictivos registrados recientemente en la ciudad.
Los uniformados entregaron al detenido y el arma incautada a la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan los procesos judiciales correspondientes.
En lo corrido del 2024, la Policía Metropolitana de Cartagena reportó la captura de 1.911 personas por diferentes delitos, entre ellas 211 por porte ilegal de armas de fuego. En total, las autoridades incautaron 186 armas en operativos realizados en diferentes barrios de la ciudad.
por Konuco | Abr 6, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
En una operación de alto impacto, la Policía Metropolitana de Barranquilla desmanteló una red criminal dedicada a la distribución de drogas sintéticas en la ciudad y el municipio de Puerto Colombia. El golpe se concretó gracias a una articulación efectiva entre la Seccional de Investigación Criminal, el grupo de Operaciones Especiales y la Fiscalía General de la Nación.
Tras ejecutar 10 diligencias de allanamiento y registro en sectores estratégicos de Barranquilla como Ciudadela, Carrizal, Silencio, San Felipe, Las Terrazas y San Salvador, así como en Villa Campestre (Puerto Colombia), las autoridades capturaron a cinco personas: tres por orden judicial y dos en flagrancia.
Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, fabricación o porte de drogas y destinación ilícita de bienes.
Drogas desde el exterior y entregas a domicilio
La estructura criminal operaba con una logística bien definida. Alias “rompedera”, quien se desempeñaba como bartender en eventos privados, lideraba el grupo. Aprovechaba su acceso a fiestas exclusivas para distribuir sustancias como Tussi (2CB) y éxtasis.
Alias “emel” y “shirley” completaban el esquema, realizando entregas a domicilio en zonas del norte de la ciudad. Según la investigación, los insumos llegaban desde el extranjero, lo que evidencia la conexión internacional de esta red delictiva.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron:
Golpe estratégico al microtráfico
Con esta operación, las autoridades golpearon directamente el negocio del microtráfico que afectaba entornos sociales y recreativos en Barranquilla
por Konuco | Abr 4, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La justicia colombiana abrió un camino clave para destapar la red de corrupción que golpeó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La juez penal de control de garantías de Bogotá legalizó el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Eduardo López Rosero, uno de los contratistas involucrados en la apropiación de millonarios recursos públicos.
El procesado se comprometió a colaborar con la justicia y a testificar contra otros presuntos responsables del entramado delictivo que manipuló procesos contractuales y direccionó contratos a dedo, afectando gravemente el presupuesto destinado a emergencias.
Ajustó propuestas con información privilegiada
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema estableció que López Rosero accedió de forma indebida a información privilegiada de la UNGRD. Con estos datos, ajustó propuestas, cotizaciones y requisitos para ganar contratos de suministro de carrotanques para La Guajira, camiones de bomberos y materiales de construcción en varios departamentos.
A cambio, entregó dádivas, incurrió en delitos de falsedad documental y se apropió de recursos del Estado. La justicia estimó que el contratista defraudó al país por $7.722 millones, suma que ahora deberá reintegrar como parte de un preacuerdo con la Fiscalía.
Justicia interrumpe acción penal por colaboración
El principio de oportunidad suspende la acción penal durante tres años por seis casos de interés indebido en contratación. En este período, López Rosero debe colaborar activamente con las autoridades y actuar como testigo clave en la judicialización de funcionarios y empresarios implicados en este esquema de corrupción estatal.
El preacuerdo incluyó la aceptación de cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La juez penal especializada de Bogotá ya aprobó el preacuerdo, aunque la sentencia definitiva está pendiente de pronunciamiento.
Un mensaje contra la impunidad
El caso marca un precedente en la lucha contra la corrupción en entidades clave del Estado. El escándalo de la UNGRD no solo evidenció debilidades estructurales en los mecanismos de contratación, sino también una red delictiva que lucró con necesidades urgentes de comunidades vulnerables.
