por Konuco | Feb 4, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas suficientes para demostrar que la exrectora de un colegio en Charalá (Santander), Lucila Inés Gutiérrez de Moreno; y un particular identificado como José William Parra Arroyave, facilitaron el actuar violento y desproporcionado en contra de la población civil del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditó en juicio que la señora Gutiérrez de Moreno, entre 2001 y 2003, permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal.
La mujer presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestó la oficina de la rectoría de la institución educativa para que se ejecutaran las agresiones. En el curso del proceso fueron identificadas, por lo menos, dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prologados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’.
Por todo lo anterior, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga (Santander) a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. El fallo dispuso la captura inmediata de la sentenciada para que cumpla la pena en establecimiento carcelario.
De otra parte, la Fiscalía estableció que Parra Arroyabe, como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad. Las evidencias dan cuenta de que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal.
Uno de los jóvenes fue abusado sexualmente y en múltiples oportunidades por los cabecillas paramilitares.
En ese sentido, fue condenado a 24 años y 2 meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
La actividad investigativa que permitió obtener estas dos sentencias de primera instancia se siguió en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema penal).
por Konuco | Feb 3, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez de la República, en audiencia de lectura de sentencia por aceptación de cargos, condenara a 47 años de prisión Harold Andrei Echeverri Orozco quien admitió haber asesinado a una menor de 15 años. La decisión se conoció durante una audiencia de lectura de sentencia.
Los hechos investigados se registraron el pasado 7 de diciembre en un taller automotriz ubicado en el barrio San Judas de Cali (Valle del Cauca) en el que Echeverri Orozco prestaba turno de vigilancia.
El material de prueba aportado por el ente investigador evidenció que el hombre abordó a la víctima a quien, tras forzarla a entrar al lugar, la asesinó y ocultó las partes del cuerpo en distintas bolsas plásticas. Una vez cometido el crimen, el procesado hurtó una motocicleta del taller y huyó.
En cumplimiento de una orden judicial el hombre, de 40 años, fue capturado por la Policía Nacional en Villavicencio (Meta), el pasado 11 de diciembre. Durante las audiencias concentradas el ahora sentenciado aceptó de manera voluntaria los cargos de feminicidio agravado y hurto calificado y agravado que en su contra formuló un fiscal de la Seccional Cali. Por petición de la Fiscalía el hombre fue privado de la libertad en centro carcelario.
Esta persona debe purgar la sentencia en la cárcel de Cómbita (Boyacá) donde permanece privada de la libertad desde diciembre pasado.
por Konuco | Feb 1, 2024 | Destacadas, Economía, Judicial e Investigación
La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría contra el Alcalde Alejandro Éder Garcés y su Secretaria de Hacienda, María Mercedes Prado Daza por presunto prevaricato, falsedad, usurpación de funciones, interés ilícito en la celebración de contratos y suplantación de autoridad.
Esto al parecer, por el millonario contrato de modernización tecnologica de Cali para el recaudo de impuestos y mejorar la gestión administrativa que podría terminar en millonaria demanda por el daño reputación al a la multinacional SAP y al contratista.
Según el abogado Pablo Bustos, «pretendieron suspender y terminar verbalmente el contrato, desconociendo los procedimientos y causales de ley, aportando información no veraz a la misma Procuraduría General de la Nación».
Bustos le pide a la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, que desarrolle un plan metodológico de investigación, se recauden elementos materiales probatorios y se surta el respectivo proceso penal, por la posible comisión de conductas delictivas.
Vale la pena contar que con el contrato de modernización tecnológica buscaban contratar la consultoría, migrar y transformar el sistema administrativo y financiero territorial de Cali y las funciones para el manejo de los tributos distritales.
Según Bustos, esto exigía a los contratistas la suspensión inmediata de millonarios contratos públicos, al parecer, de manera arbitraria y sin causa legal valida. Esto con el fin, al parecer, de un «interés antiético del mandatario de los caleños de descalificar el contrato en curso para poner su propio contratista. El Alcalde de Cali, Alejandro Eder, miente», puntualizó.
por Konuco | Ene 19, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
por Konuco | Ene 17, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Fiscalía presentó imputaciones contra el capitán Iván Darío Cadena; La Fiscalía de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar formuló imputaciones contra un funcionario en servicio activo de la Policía Nacional y un ex servidor de la misma institución en dos investigaciones independientes en Cartagena (Bolívar).
En el primer caso, el capitán Iván Darío Cadena Tenganá enfrenta cargos de abuso de autoridad por omisión de denuncia.
Los hechos bajo investigación ocurrieron en enero de 2022, cuando se sostiene que el acusado tuvo conocimiento previo de un operativo ilegal planeado por la Policía Nacional contra la ex presidenta del Concejo Distrital de Cartagena, Gloria Estrada Benavides, y los individuos Martín Barreto y Avelino Villamizar Vera. Se le reprocha no haber denunciado esta situación a las autoridades competentes.
En el otro caso, la Fiscalía imputó el delito de abuso de confianza calificado agravado al exagente Gabriel Murillo Guzmán, quien ejercía como jefe de investigación de delitos contra el patrimonio económico de la Policía Nacional en Cartagena. La imputación se relaciona con la presunta apropiación de ocho millones de pesos incautados durante un allanamiento, los cuales, debido a su posición, Murillo Guzmán estaba obligado a consignar en el Banco Agrario de Colombia.
En el transcurso de la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, Murillo Guzmán restituyó la suma de dinero en cuestión.
Esta información se comparte por razones de interés general.
