por Konuco | Ago 2, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Dos congresistas del Pacto Histórico, Wilson Neber Arias Castillo y Martha Isabel Peralta Epeyu, enfrentan la posibilidad de perder su investidura debido a demandas interpuestas por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Las demandas, presentadas ante el Consejo de Estado, señalan inconsistencias relacionadas con la financiación de sus campañas y su participación en el debate de la reforma a la salud.
La demanda contra el senador Wilson Arias se basa en su participación en la discusión de la reforma a la salud, sin haberse declarado impedido a pesar de que su campaña recibió un aporte de 70 millones de pesos de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi), una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). Según la demanda, Arias votó negativamente a la ponencia de archivo de la reforma, lo que benefició directamente a Sadi, generando un conflicto de intereses.
Por su parte, la senadora Martha Peralta también enfrenta una demanda por recibir financiación de Sadi, con un aporte de 61 millones de pesos para su campaña. Además, se alega que Peralta no se declaró impedida durante la discusión de la reforma a la salud, a pesar de que su pareja es el representante legal suplente de una empresa farmacéutica, lo que podría constituir otro conflicto de intereses.
Las demandas, aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, argumentan que ambos congresistas violaron el régimen de conflicto de intereses, lo que podría resultar en la pérdida de su investidura. La situación de Arias y Peralta destaca la importancia de la transparencia y la integridad en la gestión pública, especialmente en el contexto de la reforma al sistema de salud en Colombia.
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, enfatizó que las acciones legales buscan asegurar que los funcionarios públicos actúen en el mejor interés de los ciudadanos y sin conflictos de intereses. El desarrollo de estos casos será seguido de cerca, dado su potencial impacto en la política y la gobernabilidad del país.
por Konuco | Ago 1, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
En un trágico suceso que ha conmocionado a la ciudad, el hijo menor de un mayor del Ejército ha aceptado su responsabilidad en el brutal asesinato de su padre y su hermana de siete años. El mayor Fabián Humberto Bueno Carranza fue apuñalado 117 veces, mientras que la niña sufrió al menos 70 heridas de arma blanca. La tragedia ocurrió en el apartamento familiar ubicado en el norte de Bogotá.
El menor fue judicializado por la Fiscalía y enfrentará cargos ante jueces de menores. Durante las audiencias, se presentaron pruebas contundentes, incluyendo armas blancas recuperadas en la escena, videos de seguridad y declaraciones del personal de seguridad del conjunto residencial. Las imágenes de seguridad no muestran la presencia de ninguna otra persona en el lugar, descartando la participación de terceros en el crimen.
El dictamen preliminar de Medicina Legal reveló la extrema violencia del ataque, catalogando las muertes como homicidios debido a las numerosas heridas de arma blanca. A pesar de la aceptación de cargos por parte del menor, los investigadores continúan recolectando evidencia para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y confirmar que no hubo más involucrados.
El Comando del Ejército Nacional expresó su profundo pesar por la muerte del mayor y su hija, y aseguró su apoyo total a las autoridades judiciales encargadas de la investigación. Mientras tanto, la madre de los menores, que sufrió una grave crisis tras la tragedia, permanece en un centro médico.
La investigación avanza con la expectativa de concluir todas las hipótesis y proporcionar un cierre a este doloroso capítulo. La Fiscalía ha solicitado el internamiento del menor mientras se llevan a cabo los procedimientos legales pertinentes.
Foto: Reuters
por Konuco | Jul 31, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación logró obtener una sentencia condenatoria y presentó una imputación contra dos hombres por agresiones sexuales cometidas contra cuatro menores de edad en Cauca.
Wilfrido Guevara Ule fue condenado a 15 años de cárcel por actos sexuales con menor de 14 años. Según las pruebas presentadas por un fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a víctimas de violencia Sexual (Caivas), Guevara, aprovechando su posición como docente, realizó tocamientos sexuales a una estudiante en 2014 y nuevamente en 2018 a otra alumna en la escuela de La Palma en Inzá. Guevara, quien se encontraba prófugo, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el barrio Centro de Popayán.
Por otro lado, Humberto Enrique Burbano Erazo fue imputado por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado. Burbano habría abusado sexualmente de dos niñas en una vivienda del barrio Yanaconas de Popayán, donde residía como inquilino. El hombre fue capturado por el CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, cuando salía de su residencia. Durante las audiencias, Burbano negó su responsabilidad, pero se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
por Konuco | Jul 30, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La plataforma Lacoltv, ubicada en La Estrella, Antioquia, fue desmantelada por las autoridades por retransmitir ilegalmente contenidos deportivos de Win Sports y DirecTV. Durante el allanamiento, la Fiscalía comprobó la retransmisión no autorizada de eventos deportivos. Esto afectó a aproximadamente 100.000 usuarios que habían pagado por el servicio y fueron estafados.
La Fiscalía allanó la sede de Lacoltv, encontrando a una persona responsable de las operaciones ilegales. Los especialistas en propiedad intelectual descubrieron que se retransmitían señales de televisión, incluyendo Dsports (antes Directv Sports) y otros canales. Lacoltv cobraba una tarifa mensual para ofrecer acceso ilegal a competiciones como la Eurocopa, la Copa América y el fútbol profesional colombiano. El desmantelamiento de la plataforma dejó clara la situación de estafa a los usuarios que ya habían pagado.
La investigación comenzó tras una denuncia de DirecTV Colombia. Identificaron el uso de tecnología IPTV (televisión por protocolo de internet) por parte de la empresa “Iso Matic TV” para retransmitir señales deportivas de manera ilícita. Durante el operativo, se descubrió que “Iso Matic TV” utilizaba las aplicaciones Lacoltv (gratuita) y Lacoltv premium (de pago) para transmitir partidos exclusivos. En el momento del allanamiento, el acusado estaba retransmitiendo un partido de la Copa América entre Canadá y Uruguay.
El acusado utilizaba un software que replicaba la señal original sin vulnerar los sistemas de seguridad de las empresas de televisión paga. Los servicios ilegales ofrecían acceso a contenido premium a precios que oscilaban entre $10.000 (US$2,50) y $200.000 (US$49,91) anuales, dependiendo del tipo de servicio y dispositivo.
Durante el allanamiento, se incautaron dos celulares, dos memorias USB, un router, una computadora portátil, un Roku, dos decodificadores, una computadora de escritorio y un cuaderno con información de los usuarios estafados. Estos elementos serán analizados por la Fiscalía.
Las autoridades estiman que Lacoltv obtenía ganancias mensuales de varios miles de dólares. Miles de usuarios se quedaron sin el servicio ilegal de Lacoltv. El acusado enfrenta cargos por “acceso o uso ilegal de servicios de telecomunicaciones, violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, violación de los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones”, según informó la Fiscalía.
Este operativo es parte de una serie de acciones en Colombia y América Latina para combatir la piratería. En los últimos meses, se han llevado a cabo allanamientos similares en Tumaco, Nariño y La Playa, Huila. Además, la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) dictó una medida cautelar dinámica contra el sitio web “Skylatina TV” y la aplicación “Smarter Player Lite”.
Imagen web
por Konuco | Jul 29, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una inspección disciplinaria en la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido al escándalo por el uso indebido de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes. El ente de control evaluará si se violaron los protocolos de los esquemas de protección y revisará los contratos celebrados con empresas tercerizadas para prestar servicios de seguridad.
El equipo liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Lucila Mercedes Vidal Luque, recaudó pruebas documentales para identificar las responsabilidades de los agentes de protección involucrados. Este procedimiento se desencadenó después de que en un retén militar, cerca de Bello, Antioquia, se detuviera una caravana que transportaba a disidentes de las FARC. En los vehículos se encontraron armas de fuego, municiones, dinero y otros elementos.
«Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos», señaló Vidal Luque. Añadió que, aunque aparentemente el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no se descarta indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes.
La Directora Nacional advirtió que esta situación podría derivar en conductas disciplinarias relevantes que involucran a servidores del nivel directivo y otros. Anunció que se realizará una inspección disciplinaria a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello para continuar con la investigación.
Este caso ha generado una profunda preocupación sobre la integridad de los esquemas de protección y la transparencia en la contratación de servicios de seguridad, y se espera que las investigaciones de la Procuraduría arrojen claridad sobre las responsabilidades y posibles sanciones.
