por Konuco | Jun 30, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá, D. C., 30 de junio de 2024. La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una investigación disciplinaria contra el concejal de Santiago de Cali, Rafael Andrés Escobar González, debido al presunto uso indebido de un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según informes, el vehículo en cuestión se vio involucrado en un accidente mientras era conducido por la pareja sentimental del concejal.
La Regional de Instrucción del Valle del Cauca informó que el incidente ocurrió el pasado 22 de junio de 2024. Medios locales reportaron que la mujer, al volante del automóvil asignado por razones de seguridad al concejal Escobar, sufrió un choque en la ciudad de Cali.
La Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas para determinar la veracidad de las conductas reportadas y evaluar si constituyen una falta disciplinaria. Además, se investigará si el concejal actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
El objetivo de la investigación es esclarecer los hechos relacionados con el uso del vehículo y determinar las circunstancias exactas del accidente. La Procuraduría busca establecer si hubo alguna incidencia disciplinaria por parte del funcionario y adoptar las medidas correspondientes en función de los hallazgos.
Esta acción subraya el compromiso de la Procuraduría General de la Nación en garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos asignados a los funcionarios públicos para su protección y seguridad.
Foto: Concejo de Cali
por Konuco | Jun 27, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
El pasado 26 de junio de 2024, en una humilde casa rural de la vereda El Hoyito, en Rionegro, nueve personas estaban reunidas para ver el partido de la Copa América entre Argentina y Chile. En ese momento, un grupo de diez hombres armados irrumpió en la propiedad y abrió fuego, matando a siete personas. Una persona logró escapar sin heridas y otra resultó lesionada en una mano. Este incidente, el más grave en Antioquia desde diciembre pasado, parece estar vinculado a un conflicto entre bandas en la región.
A las 7:30 p.m. de ese martes, los atacantes llegaron al lugar, ubicado a unos 15 minutos del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en dos vehículos y una motocicleta. Debido a la soledad del área, los vecinos no se percataron de la llegada de los vehículos y las detonaciones fueron confundidas con fuegos artificiales. La magnitud de la tragedia se descubrió cuando la única persona ilesa alertó a la comunidad sobre lo sucedido.
Este nuevo hecho de violencia ha generado una ola de indignación y temor entre los habitantes de la región. Las autoridades locales condenaron el ataque y han prometido una investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre los sospechosos o las posibles causas del ataque. Sin embargo, la violencia en áreas rurales ha sido un problema recurrente, a menudo vinculado a disputas territoriales y actividades ilegales.
Las familias de las víctimas están recibiendo apoyo psicológico y asistencia del gobierno local. Las autoridades han asegurado que continuarán con las investigaciones y que se harán todos los esfuerzos posibles para garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
La situación sigue en desarrollo y se espera que las autoridades proporcionen más información en los próximos días.
Foto: Esneyder Gutiérrez
por Konuco | Jun 25, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
El próximo 8 de julio, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y empleados del sector privado, implicados en un presunto cartel que incluye a la empresa ULTRACEM, deberán enfrentar la imputación de cargos en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control Garantías de Barranquilla. Esta audiencia ha sido postergada por más de un año debido a numerosas peticiones dilatorias por parte de los acusados.
Los funcionarios Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero, y Lucero Castañeda Hernández, junto al representante legal de Ultracem, Julián Alberto Vázquez Arango, están acusados de prevaricato por acción y omisión. Se les señala de emitir resoluciones ilegales que beneficiaron a Ultracem en la adjudicación de un título minero en Barranquilla, Puerto Colombia y otros municipios del Atlántico.
Pedro Ospino Polo, abogado de las víctimas, ha declarado: “El representante legal de Ultracem y varios de sus trabajadores, mediante maniobras ilegales, se habrían apropiado de títulos mineros de manera irregular. Las investigaciones evidencian la participación de funcionarios de la Agencia Nacional de Minería que aparentemente recibieron favores a cambio de la entrega irregular de títulos. Por ello, también serán imputados.”
“La Fiscalía tiene pruebas contundentes para demostrar las irregularidades en la adjudicación de los títulos mineros, y los acusados podrían terminar en la cárcel. Ahora, al ser descubiertos, intentan eludir la justicia con medidas dilatorias que solo buscan impunidad,” añadió Ospino Polo.
Las pruebas muestran alteraciones en el sistema de concesión de títulos mineros, con documentos que desaparecieron y reaparecieron misteriosamente para beneficiar a terceros. Los abogados de las víctimas se opondrán a cualquier intento de retrasar el proceso y exigen una acción judicial rápida. También hacen un llamado a la Fiscal General de la Nación para intervenir, ante presuntas presiones desde Bogotá por parte de una Fiscal Delegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
por Konuco | Jun 25, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Informe revela graves irregularidades y complicidad en propiedades utilizadas como centros de prostitución y producción de alcohol adulterado
En un informe detallado de 300 páginas que tuvo acceso la Unidad Investigativa de Nación Paisa, se revelan preocupantes descubrimientos sobre irregularidades dentro de la SAE. Según el documento, propiedades bajo el control de la entidad no solo se usaban como burdeles sino también como sitios para la producción ilegal de alcohol adulterado, aparentemente con la complicidad de los líderes de la SAE y autoridades locales. Los hechos se registraron en Cali, donde inspectores de la Contraloría General de la Nación descubrieron lo ocurrido. El reporte resultó de una serie de quejas y culminó en una auditoría a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), identificando irregularidades fiscales, penales, disciplinarias y administrativas, algunas de las cuales incluyen:
- 20 hallazgos fiscales que suman $28.056.865.126.
- 4 hallazgos de posible repercusión penal.
- 30 de alcance disciplinario presumible.
- 2 recomendaciones para iniciar procedimientos administrativos sancionadores.
- 1 hallazgo de otro tipo.
El reporte también menciona pérdidas significativas de bienes en custodia de la SAE, como relojes Rolex y la venta de caballos de paso a precios muy por debajo del mercado, así como la pérdida de 31 taxis. En varias ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, Palmira y Bogotá, se encontraron propiedades ocupadas irregularmente por años, con omisiones en la gestión de cobros de arrendamientos. El informe sugiere la existencia de prácticas corruptas como pagos de comisiones a funcionarios por la venta y arrendamiento de bienes incautados y destaca la incautación de lingotes de oro que resultaron ser metales pintados, lo que plantea dudas sobre su posible robo o falsificación. Además, señala la mala gestión en la recuperación de inmuebles y la falta de control sobre los bienes administrados por la SAE. Estos escandalosos hallazgos están siendo investigados por las autoridades competentes, quienes ahora enfocan su atención en los verdaderos beneficiarios de las propiedades incautadas a la mafia.
por Konuco | Jun 24, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Medellín, Antioquia (Colombia). Lunes 24 de junio de 2024. La Unidad Investigativa de Nación Paisa ha revelado en exclusiva un contrato por cerca de tres mil millones de pesos firmado el pasado 29 de mayo de 2024 por la Institución Universitaria Digital de Antioquia.
Este contrato fue adjudicado para obtener soporte técnico y mantenimiento de licencias de usuario para el software de gestión de habilidades para la vida llamado “Diez For Life”, que pretende apoyar los procesos formativos de la institución.
Según el investigador Jeisson Fonseca, el contrato fue otorgado de manera directa por un periodo de 12 meses. Un 90% del contrato se destinará a la adquisición de licencias de usuario para “Diez For Life”, una plataforma web accesible a todos los ciudadanos, que incluye tres test de comportamiento y autodescubrimiento de no más de 15 preguntas cada uno.
Un hecho curioso es que, a pesar de la firma del contrato, tres evaluaciones adicionales que deberían estar disponibles en la plataforma aún no lo están.
La Unidad Investigativa de Nación Paisa descubrió que la adjudicación fue dada a dedo a YOUNIVERSITY S.A.S., una empresa con solo cuatro años de existencia. La justificación fue la supuesta falta de oferentes en el mercado, algo discutible ya que en Antioquia hay 1.022 empresas de consultoría informática y administración de instalaciones informáticas.
La experiencia de YOUNIVERSITY S.A.S. también es cuestionable, ya que no tienen certificaciones individuales de las empresas a las que han prestado servicios y los contratos anteriores no alcanzan el monto del contrato actual, lo que plantea riesgos sobre el cumplimiento del mismo.
Otro punto preocupante es que esta empresa solo registra dos empleados para gestionar un contrato de tres mil millones de pesos. Estas contrataciones parecen haber pasado desapercibidas para Jasson Alberto de la Rosa Isaza, el rector de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.
