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Fiscalía imputo cargos a tres policías por alijio de cocaína

Fiscalía imputo cargos a tres policías por alijio de cocaína

La Fiscalía General de la Nación identificó un entramado ilegal en el que integrantes de la Policía Nacional y particulares habrían acordado quedarse con parte de un cargamento de
clorhidrato de cocaína que debía destruirse. El 8 de junio de 2020, dos uniformados recibieron la instrucción de quemar 987 kilogramos de estupefaciente en una ladrillera ubicada en San Pedro (Valle del Cauca). Los procesados, al parecer, pactaron con el dueño del establecimiento incinerar la mayor cantidad de los bloques de cocaína y dejar por fuera 97 kilogramos para posteriormente comercializarlos.

De acuerdo con los elementos de prueba, para evitar ser descubiertos fueron acondicionados los hornos de tal manera que parte del alcaloide no se quemara. En los registros fílmicos y fotográficos del procedimiento, y en las actas correspondientes quedó acreditada la supuesta destrucción de toda la sustancia ilícita.

La acción ilegal quedó en evidencia con la llegada de una patrulla de Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional a la ladrillera, justo en el momento en el que los policías intentaban llevarse varios kilogramos de cocaína en un vehículo. En el afán de escapar dejaron abandonados unos bloques de estupefaciente y una motocicleta.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a:

• Patrullero en retiro Osley Antonio Triviño Noreña los delitos de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes; y falsedad ideológica en documento privado.

• Patrullero (r) Hernán Soto Borrero y al intendente (r) Alexander Sánchez Ramírez el
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

• Juan Ramón Torres Echeverry, dueño de la ladrillera; y Pedro José Lozano Fuentes,
trabajador de la ladrillera, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Nuevo caso de feminicidio en Medellín

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de un hombre de 24 años de edad, como presunto responsable de violencia intrafamiliar y maltrato animal agravado. Los hechos investigados ocurrieron en una vivienda del barrio Enciso de Medellín este martes 20 de junio, cuando el procesado, al parecer, agredió física y verbalmente a su compañero sentimental de 38 años y le causó la muerte con arma blanca a su mascota, una canina de raza bull terrier.

La valoración del veterinario forense determinó que el animal sufrió una «lesión traumática con elemento corto punzante que le perforó la cavidad torácica y seccionó la aorta hacia la base del corazón». De acuerdo con las labores desplegadas por policía judicial, hace varios meses el presunto agresor habría amenazado con matar a su pareja y a su animal de compañía, pero en esa oportunidad la víctima no denunció los hechos por temor. Se evidenció, además, que el procesado con frecuencia le revisaba el celular a su pareja y le
dañaba la ropa. El presunto agresor fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y durante las audiencias preliminares no se allanó a los cargos imputados.

Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción tendrá 30 días hábiles para la priorización de la investigación sobre crímenes de violencia sexual

Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción tendrá 30 días hábiles para la priorización de la investigación sobre crímenes de violencia sexual

La Sección de Revisión de la JEP le dio un plazo de 30 días hábiles a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción para decidir sobre la priorización del Caso 11, que investiga los crímenes de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio o discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversas en el conflicto armado.

A través de la decisión, la Subsección Quinta de la Sección de Revisión tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en un plazo razonable de las víctimas de estos crímenes. La sentencia ampara los derechos fundamentales de las víctimas, así como al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en un plazo razonable, así como sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.

La decisión se tomó tras resolver la tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y la señora Yolanda Perea Mosquera en contra de la Sala de Reconocimiento de Verdad. El propósito de estas demandas estaba relacionado con la demora en la priorización del Caso 11 que se encuentra actualmente en la consolidación de un universo provisional de hechos de violencia basada en género, violencia sexual y violencia reproductiva; ii) una propuesta de patrones de macro criminalidad y; iii) la identificación preliminar de personas presuntamente responsables.

Es importante precisar que los crímenes de violencia sexual se han venido investigando en los otros 10 casos abiertos por la JEP.

La Sección concluyó que el tiempo que ha transcurrido desde que se inició la fase de agrupación y concentración del Caso 11, sin que se haya definido aún su priorización, resulta desproporcionado y trasgrede los derechos de las víctimas.

Para llegar a esa conclusión, entre otras cosas, la Sección tuvo en cuenta el término con el que cuenta la Sala de Reconocimiento de Verdad para concluir sus labores de investigación y el límite temporal que tiene la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) para formular las acusaciones ante el Tribunal para la Paz, en este último caso contra los comparecientes que no acepten responsabilidad ni aporten verdad.

Así mismo, la Sección considera que ha habido incumplimiento del principio de estricta temporalidad y se ha vulnerado el derecho constitucional de las víctimas de violencia sexual a la debida diligencia. También, las obligaciones internacionales del Estado para investigar y sancionar estos hechos.

Coronel Dávila: Se suicido según la Fiscalía y el dictamen de Medicina Legal

Coronel Dávila: Se suicido según la Fiscalía y el dictamen de Medicina Legal

La Fiscalía General de la Nación ha revelado los resultados de la necropsia realizada al coronel Óscar Dávila, quien se encontraba involucrado en el escándalo de Laura Sarabia. Este miércoles 21 de junio, se dieron a conocer los hallazgos de la necropsia practicada al coronel Óscar Dávila, quien estaba siendo investigado por su presunta participación en el escándalo relacionado con la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, y las interceptaciones ilegales a la niñera Marelbys Meza.

La hipótesis principal que se manejaba era que el oficial había decidido quitarse la vida, sin embargo, las autoridades esperaron la confirmación oficial a través del informe forense emitido por Medicina Legal. En una conferencia de prensa, la vicefiscal Marta Janeth Mancera reiteró que el pasado 9 de junio, en plena vía pública, dentro de una camioneta Nissan de color gris, se produjo el fallecimiento del teniente coronel Óscar Dávila, quien estaba adscrito a la Presidencia de la República. Basándose en estos hechos, la Fiscalía llevó a cabo una exhaustiva investigación para determinar las causas de su muerte.

La secuencia de los eventos fue establecida gracias a un video en el que se observaba al coronel Dávila mientras se dirigía hacia su residencia. Según el relato del conductor que lo transportaba, a las 18:13 horas, Dávila mantuvo una llamada con una periodista y, posteriormente, a las 18:16 horas, pasó frente a su domicilio, deteniéndose la camioneta. En ese momento, el conductor descendió del vehículo y se dirigió a una tienda cercana. La Fiscalía ha dado por cerrado el caso de la muerte del coronel Dávila, luego de obtener los resultados de la necropsia. Estos hallazgos, respaldados por el análisis balístico y las pruebas forenses, han sido determinantes para llegar a la conclusión de que se trató de un suicidio.

El proceso de investigación llevado a cabo por las autoridades incluyó el cotejo balístico de las evidencias encontradas en la escena, así como los correspondientes estudios forenses realizados al cuerpo del oficial. Estos análisis meticulosos han proporcionado las pruebas necesarias para establecer la naturaleza de su fallecimiento. La decisión de la Fiscalía de cerrar el caso se basa en la contundencia de las pruebas y los resultados del informe forense. El dictamen del suicidio del coronel Dávila pone fin a la indagación sobre su muerte y descarta otras posibilidades que se manejaron inicialmente.

La noticia del suicidio del coronel Óscar Dávila ha generado conmoción en la opinión pública y entre sus colegas de la institución policial. Este trágico desenlace pone de manifiesto la importancia de abordar adecuadamente los problemas de salud mental y brindar el apoyo necesario a los miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades han expresado su pesar por la pérdida del coronel Dávila y han reiterado la importancia de ofrecer recursos y programas de bienestar emocional para prevenir situaciones similares en el futuro. El suicidio de un miembro de la institución es un recordatorio de los desafíos que enfrentan aquellos que sirven en roles de alto estrés y la necesidad de brindarles un apoyo adecuado.

Fiscalía imputará a Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga Martínez y Cecilia Álvarez por el caso ODEBRECHT

Fiscalía imputará a Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga Martínez y Cecilia Álvarez por el caso ODEBRECHT

En un importante avance dentro de la lucha contra la corrupción, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado que imputará cargos al exaspirante presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar, a su hijo David Zuluaga Martínez y a la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen, en relación al caso Odebrecht.

Según las investigaciones, en los meses de junio y julio de 2014, la constructora brasileña Odebrecht habría transferido 1’610.000 dólares a una empresa panameña perteneciente al reconocido publicista conocido como ‘Duda’ Mendoça. Estos fondos habrían sido utilizados para cubrir los honorarios del publicista en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, vulnerando así el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe recibir financiamiento de fuentes extranjeras en campañas electorales.

Las pruebas obtenidas indican que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó informes contables omitiendo dicha información ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de obtener una reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos. Además, se estableció que el candidato y su gerente de campaña ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht en sus declaraciones ante el CNE, induciendo a error a la autoridad electoral que cerró una investigación sobre el tema.

En este sentido, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales imputará a Óscar Iván Zuluaga los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Por su parte, David Zuluaga Martínez será imputado por el delito de fraude procesal.

Por otro lado, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen, quien fue ministra de Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, enfrentará cargos por supuesto favorecimiento indebido a Odebrecht y a la terminal fluvial sobre el río Magdalena. Se le señala de avalar la celebración de otrosíes al contrato de la ‘Ruta del Sol II’, que beneficiaron a la concesionaria en la que Odebrecht estaba involucrada. Estas adiciones al contrato se habrían realizado sin estudios técnicos que las respaldaran y sin la autorización requerida por ley.

Con estas importantes imputaciones, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de la trama de corrupción promovida por Odebrecht en la contratación de obras públicas en Colombia. El caso Odebrecht ha sido uno de los escándalos de corrupción más relevantes en el país y se espera que este proceso judicial arroje luz sobre los actos ilícitos cometidos y se apliquen las sanciones correspondientes a los implicados.