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Lideres comunales en Bolívar Caquetá fueron judicializados por corrupción

Lideres comunales en Bolívar Caquetá fueron judicializados por corrupción

La Fiscalía logró la judicialización de Tránsito Perea Viloria, alias Yerry o El Tuerto, presunto responsable del crimen del líder comunal Pedro Nel Sánchez Sanabria, perpetrado el 16 de mayo de 2022, en la vereda San Antonio, en Simití (Bolívar). ‘Yerry’, señalado integrante de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del ‘Clan del Golfo’, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El procesado recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Nueva imputación contra alias Guamo

Los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía indican que Yoner Cortés Artunduaga, alias Guamo, estaría involucrado en el asesinato del líder comunal Samuel Sabe Dorado, ocurrido el pasado 21 de enero, en la vereda Reina Baja de La Unión, en La Montañita (Caquetá) Este presunto integrante de la estructura Miller Perdomo de las disidencias de las Farc, al parecer, hizo parte del grupo armado que llegó a la vivienda de la víctima y le disparó en múltiples oportunidades. En ese sentido, fue imputado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Cortés Artunduaga permanece privado la libertad en centro carcelario por otros hechos
delictivos sucedidos en Caquetá. Ahora, recibió una nueva medida de aseguramiento.

Fiscalía acusó a civiles e integrantes de la fuerza pública que estarían involucrados en hechos ilícitos

Fiscalía acusó a civiles e integrantes de la fuerza pública que estarían involucrados en hechos ilícitos

Nueve personas, incluyendo cinco civiles y cuatro agentes de policía, han sido formalmente acusadas por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en una serie de acciones ilegales contra un grupo de manifestantes en Cali, Valle del Cauca, el 28 de mayo de 2021, en el sector de Ciudad Jardín.

Según los elementos de prueba presentados, los particulares habrían realizado disparos con armas traumáticas de manera desproporcionada contra los manifestantes que se encontraban en las vías públicas. Los acusados son Diego León Quiroz Arroyave, Andrés Felipe Chicaiza, Juan Antonio y Francisco Córdoba García, quienes enfrentan cargos por usurpación de funciones públicas, así como por empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Rafael Andrés Escobar González también ha sido acusado por usurpación de funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, y amenazas agravadas.

Por otro lado, los elementos de prueba también indican que tanto algunos uniformados como civiles habrían participado en el traslado y posterior agresión a un estudiante de música en la estación de policía de La María. En este sentido, los agentes de la Policía Nacional Jhon Madrid Quiñones, Andrés Quintero Acosta, Germán Alejandro Ospina Plaza y Alexis Mosquera Mena enfrentarán juicio como posibles responsables del delito de tortura agravada.

Además de estos cargos, los hermanos Juan Antonio y Francisco Córdoba García también han sido acusados por el delito de privación injusta de la libertad en relación con este incidente. La audiencia preparatoria de juicio, bajo la disposición de una juez penal especializada de Cali, está programada para el 30 de agosto del presente año, en la cual se analizarán las pruebas y se determinará si los acusados serán llevados a juicio. Estas acusaciones reflejan la gravedad de los hechos y el compromiso de las autoridades en la persecución de actos ilegales y violaciones a los derechos humanos.

Fiscal General de la Nación se reúne con fiscal de la Corte Penal Internacional

Fiscal General de la Nación se reúne con fiscal de la Corte Penal Internacional

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se reunió con el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para hablar sobre las acciones y resultados que viene adelantando la entidad contra las violaciones de los derechos humanos en el país. Durante el encuentro, se trataron temas como el trabajo conjunto que ha realizado la Fiscalía en Colombia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “La Fiscalía General de la Nación no solamente está mirando los casos presentes de los colombianos, sino también está ayudando a la JEP, está ayudando a la justicia para que no vuelvan a ocurrir violaciones de derechos humanos en el territorio nacional y que la justicia colombiana es capaz, puede hacer estos trabajos siempre sobre la base de la complementariedad del trabajo que hacemos con la interpretación de las normas internacionales, y por supuesto, dándole un ejemplo al mundo de que es posible”, aseguró el Fiscal Barbosa.

El jefe del ente investigador también entregó un balance de la gestión que se ha hecho para que sean judicializados los terceros financiadores: “98 personas han sido procesadas en la Fiscalía General de la Nación, pertenecientes a compañías de terceros que financiaron la violencia y la violación de los derechos humanos en el país. Esto no se había hecho en los últimos 14 años, y es esta Fiscalía en estos tres años y medio que procedió a actuar contra estos terceros en un trabajo que tenemos con la JEP”.

Al respecto se refirió el Fiscal de la CPI Karim Khan: “La idea de que, en el foco del conflicto, cuando personas están siendo asesinadas y violadas, cuando hay discriminación contra pueblos indígenas, y cuando otros tipos de delitos son cometidos, las compañías pueden pagar a estas organizaciones criminales para recibir ganancias, esa aflicción debe terminar. Y creo que las acciones del Fiscal General, sobre las cuales espero recibir información detallada, tienen alcance internacional”.

En el marco de la reunión, el Fiscal Francisco Barbosa anunció la firma de una directiva interna “Por medio de la cual se unifican los lineamientos respecto a la investigación y judicialización de la Fiscalía General de la Nación en los casos de conflicto armado, de cara a los criterios de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP, desarrollando el acuerdo que firmamos, que nos comprometimos a firmar cuando vino por primera vez, fiscal, y eso me parece que es una buena noticia para el país”. Además, se refirió al compromiso de esclarecer las ejecuciones extrajudiciales en beneficio de la verdad y de las víctimas de estos hechos, ocurridos durante el periodo de 2004 a 2008. “Quisiera señalar que hoy la Fiscalía, también en el marco de este trabajo, anuncia que han sido llamados a diligencia de indagatoria como responsables de delitos de homicidio en persona protegida, es decir, las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, 6 generales de la República, en el marco de la Investigación que adelantan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia” confirmó el Fiscal Barbosa.

Por su parte, el Fiscal Karim Khan mostró optimismo sobre el encuentro: “Verdaderamente agradezco la información que me ha dado, siempre es agradable, Fiscal General, reconocer el talento de los hombres y las mujeres de su oficina, así como de los hombres y mujeres de la JEP, de los abogados de Colombia, que son de reconocimiento internacional, y que tienen mucho que ofrecer a la comunidad internacional”.

La JEP concede libertad condicionada a Salvador Arana Sus

La JEP concede libertad condicionada a Salvador Arana Sus

La JEP concede la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre, en vista de la calidad de sus aportes a la verdad realizados con relación a los hechos por los que fue condenado y procesado, sucedidos entre 1996 y 2006.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que Arana Sus ha cumplido con la exigencia de hacer aportes de verdad y de información que han ido más allá de lo conocido por la justicia ordinaria.

Arana reconoció haber contribuido al proyecto paramilitar en Sucre, aparato criminal que afectó gravemente los derechos humanos de la población civil, que saqueó el tesoro público y corrompió la función pública de entidades de elección popular, esto en connivencia con funcionarios civiles, miembros de la fuerza pública e integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), políticos, empresarios, narcotraficantes y miembros del gremio ganadero de la región.

En la sesión del 19 de enero de 2023, Arana Sus refirió que la red de intereses y de nombres que presionaron para consumar este homicidio, incluye también la presunta participación del exgobernador de Sucre y posterior representante a la Cámara Eric Julio Morris Taboada. En palabras de Arana Sus, el excongresista fue una de las personas encargadas de promover con Mercado Pelufo, intrigas en contra del alcalde Eudaldo Díaz.

Así mismo, la sala destaca que en las diligencias de aporte a la verdad el compareciente dirigió palabras respetuosas de reconocimiento a la trayectoria y a las luchas de Eudaldo León Díaz Salgado, alcalde de El Roble, Sucre, asesinado en 2003. Según la sala, Arana Sus expresó arrepentimiento, pidió perdón a la familia y allegados del señor Díaz por haber sido determinador de su asesinato.

Adicionalmente, Arana también ha hecho aportes importantes para entender las relaciones de distintos actores con aparatos criminales y el paramilitarismo en el Caribe colombiano, especialmente en Montes de María y municipios cercanos de Bolívar, Córdoba y Sucre, y entregó nueva información sobre personas vinculadas a la red criminal con la que se relacionó, especialmente entre los años 1996 y 2006.

La sala considera que Arana Sus «adoptó una actitud dialógica», escuchó y respondió preguntas tanto de la magistratura como de las víctimas, e hizo un reconocimiento de los hechos más graves por los que ha sido procesado, expresando arrepentimiento y pidiendo perdón. Ante las demandas de verdad de las víctimas, la magistratura y la Procuraduría, el compareciente asumió el compromiso de seguir aportando.

Arana deberá seguir compareciendo ante la JEP y haciendo aportes a la verdad. La sala precisa que la libertad que se concede es condicionada y no implica que la definición de su situación jurídica sea definitiva en su calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública.

Fiscalía impactó una parte del patrimonio ilícito del ELN

Fiscalía impactó una parte del patrimonio ilícito del ELN

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especialidad de Extinción del Derecho de Dominio, impactó las finanzas ilícitas del ELN e impuso medidas cautelares sobre 18 activos que pertenecerían a integrantes de las denominadas Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT). 18 bienes, avaluados en más de 10.300 millones de pesos, fueron ocupados con fines de extinción de dominio.

Se trata de 6 inmuebles rurales y 5 urbanos, 6 vehículos y 1 establecimiento de comercio ubicados en Cúcuta, Villa del Rosario, Chitagá, Labateca y Toledo (Norte de Santander). Los bienes, avaluados en más de 10.300 millones de pesos, estarían en cabeza de familiares y conocidos de los cabecillas del grupo armado ilegal en Norte de Santander y Santander. Estas personas, además de presuntamente prestarse para ocultar propiedades y recursos producto de actividades ilícitas, estarían involucradas en distintos actos delictivos contra la población civil y la fuerza pública.

Algunos de los inmuebles afectados figuran a nombre del judicializado exalcalde de Chitagá, Fredy Orlando Quintero Mogollón, quien fue vinculado a una investigación por su posible participación en una red de apoyo del frente Efraín Pabón Pabón del ELN. Las diligencias de ocupación fueron realizadas por el CTI y unidades del Ejército Nacional. Los activos quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Estas acciones hacen parte de la estrategia ‘Argenta’, diseñada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar el patrimonio del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia.