Medidas de seguridad reforzadas en el Palacio de Justicia ante posible amenaza terrorista

Medidas de seguridad reforzadas en el Palacio de Justicia ante posible amenaza terrorista

El Gobierno Nacional ha tomado medidas inmediatas para reforzar la seguridad en las Altas Cortes, luego de que la Policía Nacional emitiera una alerta sobre posibles riesgos para la Corte Suprema de Justicia. La respuesta ha sido coordinada y efectiva, con la participación conjunta de la Policía Nacional y el Ejército.

Desde que se conoció la situación, se han implementado acciones adicionales para proteger el Palacio de Justicia en Bogotá. Estas medidas incluyen la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, la disposición de equipos antiexplosivos, el uso de drones para monitoreo continuo y la intervención de unidades especializadas en seguridad. Estas acciones buscan asegurar la integridad de la institución y de sus miembros.

Lea: La insuficiente cobertura de medicina nuclear en Colombia retrasa diagnósticos y tratamientos

El 15 de agosto, el presidente de la República convocó un Consejo de Seguridad extraordinario para evaluar la situación en detalle. Como resultado de esta reunión, se decidió no solo aumentar las medidas de protección en el Palacio de Justicia, sino también extender estas acciones a otras sedes judiciales en todo el país. Esta decisión fue tomada en coordinación con el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes están supervisando personalmente la implementación de las medidas.

Lea también: Lanzan Renta Joven en Amazonas, beneficiando a más de 5.000 jóvenes

El Gobierno Nacional ha reafirmado su compromiso con la defensa de las instituciones judiciales y la protección del Estado de Derecho en Colombia. Se continuará monitoreando la situación de cerca para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para prevenir cualquier amenaza contra la Corte Suprema y otras instancias judiciales del país.

 

Contraloría detectó hallazgos fiscales por $8.092 millones

Contraloría detectó hallazgos fiscales por $8.092 millones

Bogotá, 13 de agosto de 2024. La Contraloría General de la República realizó una Auditoria Financiera a la Universidad Militar Nueva Granada – UMNG para la vigencia 2023, en la que se detectaron hallazgos fiscales por $8.092 millones, por fallas estructurales y la imposibilidad del uso del edificio de posgrados de la Calle 94.

Entre los resultados de la auditoría se determinaron13 hallazgos, de los cuales seis tienen presunta incidencia disciplinaria, dos con incidencia fiscal por $8.092.592.167, uno con presunta incidencia penal y uno con solicitud de apertura de indagación preliminar.

Dentro del ejercicio auditor se evidenció en el edificio de posgrados de la Calle 94, adquirido por la Universidad Militar, fallas estructurales y la imposibilidad de uso de los parqueaderos del inmueble. Todo esto debido a la omisión de las directivas de la UMNG en realizar un peritaje estructural previo a la compra, además de omitir el informe presentado por la División de Servicios Generales de la Universidad en noviembre de 2021.

Este informe reportaba el estado y afectaciones de la estructura del inmueble, así como la omisión en la indagación y certeza del uso real del inmueble, toda vez que, desde la licencia de construcción y avalúo, el uso del inmueble es catalogado como de comercio y servicios, no para fines institucionales y/o de educación superior.

Lea: Expresidente Duque advierte sobre los riesgos de las «inversiones forzosas» propuestas por el gobierno Petro

No obstante, se determinó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal, correspondiente al valor de los sótanos del edificio de posgrados de la Calle 94. En la cual presentaban fisuras en el 90% de las placas; filtraciones en columnas, vigas y placas de contrapiso; pérdida de recubrimiento de concreto y evidencia de acero a la vista en la viga; dilatación entre los nudos de columnas y vigas; rotura en la placa de contrapiso; presencia de socavación en la parte posterior izquierda de la subestación y columna colindante con edificio; y presencia de humedad, por efecto de los condensadores.

También destacar que, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la Universidad Militar Nueva Granada para la vigencia 2022, se configuró hallazgo fiscal por $6.497.744.340, ocasionado por una gestión antieconómica en la compra del edificio de la Calle 94, teniendo en cuenta que la transacción se realizó con base en el avalúo presentado por Cámara de Comercio de Bogotá, que incluyo este valor, como “factor de comercialización”, el cual, a su vez, no contaba con soporte legal, ni evidencias técnicas para el cálculo que incrementó el valor del inmueble un 27,8%.

Los hallazgos fiscales establecidos por la CGR para las vigencias 2022 y 2023, ascienden a $14.579.685.140, los cuales representan el 63% de valor de compra del edificio de posgrados de la Calle 94 por $23.000.000.000.

Dos congresistas del Pacto Histórico en riesgo de perder su investidura por demandas en el Consejo de Estado

Dos congresistas del Pacto Histórico, Wilson Neber Arias Castillo y Martha Isabel Peralta Epeyu, enfrentan la posibilidad de perder su investidura debido a demandas interpuestas por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Las demandas, presentadas ante el Consejo de Estado, señalan inconsistencias relacionadas con la financiación de sus campañas y su participación en el debate de la reforma a la salud.

La demanda contra el senador Wilson Arias se basa en su participación en la discusión de la reforma a la salud, sin haberse declarado impedido a pesar de que su campaña recibió un aporte de 70 millones de pesos de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi), una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). Según la demanda, Arias votó negativamente a la ponencia de archivo de la reforma, lo que benefició directamente a Sadi, generando un conflicto de intereses.

Lea: Colombia avanza hacia la excelencia en la industria astillera

Por su parte, la senadora Martha Peralta también enfrenta una demanda por recibir financiación de Sadi, con un aporte de 61 millones de pesos para su campaña. Además, se alega que Peralta no se declaró impedida durante la discusión de la reforma a la salud, a pesar de que su pareja es el representante legal suplente de una empresa farmacéutica, lo que podría constituir otro conflicto de intereses.

Las demandas, aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, argumentan que ambos congresistas violaron el régimen de conflicto de intereses, lo que podría resultar en la pérdida de su investidura. La situación de Arias y Peralta destaca la importancia de la transparencia y la integridad en la gestión pública, especialmente en el contexto de la reforma al sistema de salud en Colombia.

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, enfatizó que las acciones legales buscan asegurar que los funcionarios públicos actúen en el mejor interés de los ciudadanos y sin conflictos de intereses. El desarrollo de estos casos será seguido de cerca, dado su potencial impacto en la política y la gobernabilidad del país.

 

Hijo del mayor del Ejército acepta cargos por doble asesinato en Bogotá

Hijo del mayor del Ejército acepta cargos por doble asesinato en Bogotá

En un trágico suceso que ha conmocionado a la ciudad, el hijo menor de un mayor del Ejército ha aceptado su responsabilidad en el brutal asesinato de su padre y su hermana de siete años. El mayor Fabián Humberto Bueno Carranza fue apuñalado 117 veces, mientras que la niña sufrió al menos 70 heridas de arma blanca. La tragedia ocurrió en el apartamento familiar ubicado en el norte de Bogotá.

El menor fue judicializado por la Fiscalía y enfrentará cargos ante jueces de menores. Durante las audiencias, se presentaron pruebas contundentes, incluyendo armas blancas recuperadas en la escena, videos de seguridad y declaraciones del personal de seguridad del conjunto residencial. Las imágenes de seguridad no muestran la presencia de ninguna otra persona en el lugar, descartando la participación de terceros en el crimen.

El dictamen preliminar de Medicina Legal reveló la extrema violencia del ataque, catalogando las muertes como homicidios debido a las numerosas heridas de arma blanca. A pesar de la aceptación de cargos por parte del menor, los investigadores continúan recolectando evidencia para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y confirmar que no hubo más involucrados.

El Comando del Ejército Nacional expresó su profundo pesar por la muerte del mayor y su hija, y aseguró su apoyo total a las autoridades judiciales encargadas de la investigación. Mientras tanto, la madre de los menores, que sufrió una grave crisis tras la tragedia, permanece en un centro médico.

La investigación avanza con la expectativa de concluir todas las hipótesis y proporcionar un cierre a este doloroso capítulo. La Fiscalía ha solicitado el internamiento del menor mientras se llevan a cabo los procedimientos legales pertinentes.

Foto: Reuters

Cárcel para responsables de agresiones sexuales a menores en Cauca

La Fiscalía General de la Nación logró obtener una sentencia condenatoria y presentó una imputación contra dos hombres por agresiones sexuales cometidas contra cuatro menores de edad en Cauca.

Wilfrido Guevara Ule fue condenado a 15 años de cárcel por actos sexuales con menor de 14 años. Según las pruebas presentadas por un fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a víctimas de violencia Sexual (Caivas), Guevara, aprovechando su posición como docente, realizó tocamientos sexuales a una estudiante en 2014 y nuevamente en 2018 a otra alumna en la escuela de La Palma en Inzá. Guevara, quien se encontraba prófugo, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el barrio Centro de Popayán.

Lea: ExpoMobile 2024 en Medellín: el futuro de la tecnología móvil

Por otro lado, Humberto Enrique Burbano Erazo fue imputado por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado. Burbano habría abusado sexualmente de dos niñas en una vivienda del barrio Yanaconas de Popayán, donde residía como inquilino. El hombre fue capturado por el CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, cuando salía de su residencia. Durante las audiencias, Burbano negó su responsabilidad, pero se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.