por Konuco | Feb 24, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht, avanzó en un nuevo frente investigativo relacionado con la presunta responsabilidad de funcionarios en varias irregularidades detectadas en las adiciones otorgadas al proyecto Ruta del Sol II, en posible beneficio de la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. En ese sentido, se radicarán solicitudes de audiencias de formulación de imputación en contra de 17 exservidores públicos que hicieron parte del Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entre 2012 y 2015. Estas personas participaron en la proyección, trámite, revisión, aprobación y celebración de cuatro otrosíes que se le hicieron al contrato N°001 del 14 de enero de 2010, mediante los cuales le permitieron al contratista Ruta del Sol asumir los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar); y fueron modificadas las formas de pago.
En uso de sus cargos y funciones asignadas, los integrantes del Comité Asesor habrían vulnerado las normas y principios de contratación, y desconocido los requisitos definidos en la licitación pública y lo indicado por el estructurador del proyecto, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.
De esta manera, quedó acreditado que, en medio de posibles anomalías, le fueron reconocidos a la concesionaria más de 7.804 millones de pesos, que se sumaron al valor del contrato principal.
En detalle El Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht estableció que el 13 de julio de 2013, la ANI de manera unilateral, careciendo de estudios previos de conveniencia y oportunidad, y sin una nueva autorización del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS de vigencias futuras que ampare las modificaciones contractuales, le ofreció a la concesionaria Ruta del Sol ampliar el objeto del contrato inicial mediante el Otrosí N°3 para que realizara los diseños del tramo Agua Clara – Ocaña – Sardinata – Cúcuta. La ANI tampoco tuvo en cuenta para este ofrecimiento que ese trayecto era administrado por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), y que esta entidad había contratado los mencionados diseños con otro consorcio. De esta manera, la concesionaria tuvo que ajustar su propuesta, pero se apalancó en el trabajo hecho por la otra empresa contratada con anterioridad.
Con tales antecedentes, el Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la ANI autorizó en el otrosí N°6 el tramo vial de Ocaña – Gamarra, sin contar con la aprobación de los diseños y estudios de conveniencia del interventor ni la adición de recursos que garantizaran su financiación. Tampoco consideró que se trataba de una obra diferente al objeto inicial del contrato de concesión, con población objeto y necesidades a suplir diversas, lo que implicaba que correspondía a otro proyecto que debió tramitarse de manera autónoma con el lleno de los requisitos legales, incluyendo una nueva licitación y no como una simple adición. Con estas dos adiciones irregulares, y constitutivas del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, se incrementó el valor de la Ruta del Sol II en un 32% y se prolongó el tiempo de ejecución de 20 a 25 años. Asimismo, la ANI le pagó al contratista algo más de 3.177 millones de pesos por estudios y cerca de 4.630 millones de pesos por la construcción, para una cifra total superior a los 7.804 millones de pesos. Esto acredita que el Estado pagó dos veces por los estudios del tramo Agua Clara – Río de Oro. Un desembolso fue hecho por el INVIAS y el otro realizado posteriormente por la ANI, hecho que estructura el delito de peculado en favor de terceros.
Finalmente, quedaron en evidencia posibles anomalías cometidas por las modificaciones a la fórmula de pago contractual que, conforme a la estructura del proyecto y al tenor del contrato de concesión, se haría por hito terminado y se cambió sustancialmente. Primero, por intermedio del otrosí N°7 al establecerse el pago con base en un acta de indicadores de construcción y/o mantenimiento que consistía en la cancelación de un porcentaje del 80% del valor del hito; y luego por el otrosí N°9 que autorizó un pago mensual por obra en un porcentaje del 20%.
por Konuco | Feb 9, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
Tras la aprobación de la Estrategia, iniciará el proceso legislativo para que Colombia se adhiera al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
La Comisión Intersectorial de Lucha contra el tráfico de migrantes está conformada por 11 entidades nacionales y es presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la VIII Sesión de la Comisión, presidida por la Viceministra de Asuntos Multilaterales Laura Gil, se presentó y aprobó la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes. Este documento nace del trabajo conjunto de las entidades parte de la Comisión Intersectorial, decididas a hacer frente a este delito que afecta a los ciudadanos más vulnerables.
La nueva Estrategia se rige por principios como la garantía de derechos humanos, la participación, la articulación interinstitucional, la acción sin daño y no revictimización, la confidencialidad, la no discriminación, y el interés superior del niño, niña o adolescente, entre otros. Así mismo el enfoque de género, estará presente en la formulación e implementación del Plan de acción de dicha estrategia.
En la reunión la Viceministra de Asuntos Multilaterales anunció el inicio del proceso legislativo para que Colombia se adhiera al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Este Protocolo es el marco jurídico internacional en el que se basa la cooperación en el marco de Naciones Unidas contra este flagelo, al resaltar y promover la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino para prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.
La Comisión Intersectorial de Lucha contra el tráfico de migrantes está conformada por 11 entidades nacionales y es presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, creada mediante el Decreto 1692 del 24 de octubre de 2016, la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes es el mecanismo técnico y operativo encargado de coordinar y orientar las acciones que se adopten contra el delito de tráfico de migrantes en Colombia
Por medio de esta Comisión se busca, además de prevenir la comisión del delito y judicializar efectivamente a los criminales, proteger a las personas migrantes que están en una condición aún más grave de vulnerabilidad al estar sujetas a las redes de tráfico.
por Konuco | Feb 7, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
A la organización se le han incautado más de 800 kilos de marihuana durante los últimos meses. Fueron capturados en Soacha, Corinto, Chaparral e Ibagué.
Cinco personas señaladas por la Fiscalía de integrar un grupo de delincuencia organizada dedicado al tráfico de marihuana desde el Cauca hacia los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Caldas, fueron capturadas y enviadas a prisión como medida de aseguramiento preventiva, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Sus capturas se hicieron efectivas este fin de semana en un trabajo articulado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), e integrantes de la tercera y quinta división del Ejército, de manera simultánea en los municipios de Soacha (Cundinamarca), Corinto (Cauca) y Chaparral e Ibagué (Tolima).
‘Los Mijitos’ se dedicarían al tráfico de sustancias estupefaciente en grandes cantidades las cuales transportaban desde el departamento del Cauca por vías de difícil acceso como trochas, en vehículos de carga pesada oculta bajo alimentos como plátano, maíz y otros víveres, para luego distribuirla en los municipios de Chaparral, El Espinal, Guamo, Saldaña, Rovira e Ibagué, con destino final Bogotá.
La investigación
Investigadores del CTI en cabeza de un fiscal especializado de la Unidad contra el Narcotráfico, los investigan desde hace un año y ocho meses. A lo largo de este proceso se les incautaron más de 800 kilos de marihuana y se logró la captura de varios de sus integrantes.
Actividades investigativas dan cuenta que José Reinel Chinca Mosquera, de 37 años, en calidad de líder, se encargaba de coordinar toda la red desde Corinto y Toribio (Cauca), hasta el centro del país. Su captura se hizo efectiva en Soacha.
Edwin González Agudelo, de la misma edad que el anterior, fue capturado en el casco urbano del municipio de Corinto. Este hombre sería el enlace de Chinca Mosquera, encargado de distribuir la sustancia en Cundinamarca.
Fernando Morales, de 66 años, y quien fuera capturado en vía pública de Chaparral, también desempeñaría el rol de distribuidor en ese municipio y varias localidades del sur del Tolima.
Por su parte, José Edinson Prieto Aguiar, de 29 años, era quien recibía la sustancia en Ibagué para distribuirla en diferentes expendios. Fue detenido en vía pública del sector de Boquerón de la capital tolimense.
Finalmente, Emelina Salinas Manrique, de 42 años, fue capturada en medio de diligencia de registro y allanamiento en su casa en el barrio Santa Lucía de Chaparral. La mujer cumpliría el papel de distribuidora dentro de la organización delincuencial. Se le incautaron 8 kilos de marihuana.
Su economía ilícita alcanzaría los 25 millones de pesos mensuales. Durante las diligencias de captura se les incautó, además, $3’435.000 en efectivo producto de la actividad ilícita y varios equipos de telefonía celular.
Fiscalía
por Konuco | Feb 1, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
En las últimas horas la seccional de tránsito y transporte incautó más de 1 tonelada de Marihuana en carreteras de la Guajira.
En la lucha frontal contra el narcotráfico y mediante los controles exhaustivos que realiza la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de la Guajira, se incautaron 1.056 kilos de marihuana en la vía Río Palomino – Riohacha, avaluada en más de $3.000 millones de pesos, transportada en 24 costales, con 48 paquetes cada uno. Al momento de la incautación detuvieron al conductor que pasaba por el puesto de control cercano al peaje Ebanal.
La acción de la policía se presentó sobre el kilómetro 34, los policías le hicieron el requerimiento a una persona que se movilizaba en una camioneta Chevrolet Dimax. El conductor de esta camioneta omitió el pare y se dio a la fuga. Los policías comenzaron la persecución y cuando la camioneta transitaba por el kilómetro 24, en inmediaciones de la vereda Santa Rita, el conductor abandonó el carro y empezó a huir.
Al momento de realizar las actividades de inspección, los policías hallaron 24 costales con 48 paquetes cada uno, su peso fue de 1.056 kilogramos y la prueba de identificación con reactivos químicos arrojó positivo para marihuana. Esta incautación tenía como destino la Alta Guajira, donde sería transportada a las Islas del Caribe, en cuyo mercado exterior está avaluada en más de $3.000 millones de pesos.
por Konuco | Ene 31, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
9 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentan posibles riesgos de cobertura, ya que proyectan iniciar la prestación del servicio de alimentación escolar, 30 días después del inicio del calendario escolar.
Se trata de Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga.
Desde diciembre del 2022, a estas 9 ETC les fueron asignados más de $124 mil millones para la vigencia 2023 destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Contraloría General de la República tiene especial atención sobre la ETC Ciénaga, debido al riesgo de suspensión del PAE en dos semanas por escasa planeación contractual.
Dados los resultados del seguimiento a la vigencia 2022, el acompañamiento preventivo y concomitante de la CGR para 2023 priorizará la evaluación al inicio oportuno y la modalidad de entrega del PAE.
Alrededor de 530.000 niños, niñas y adolescentes en el país están en riesgo de no recibir el servicio de alimentación escolar durante el primer mes del Calendario Escolar de la vigencia 2023, identificó la Contraloría General de la República en el marco del seguimiento alPrograma de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que realiza a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Alimentos Para Aprender (UAPA). Del total de 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 9 de ellas (Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga) presentan riesgo de incumplimiento en el inicio oportuno, debido a una ineficiente planeación para la realización de los procesos de contratación.
A corte del 23 de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación, Sucre planea iniciar el 15 de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar recién empezó proceso de adjudicación, Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero.
Deben acatarse principios de planeación en la contratación
La Contraloría General de la República hace un llamado de atención a estas 9 ETC, ya que desde el 7 de diciembre de 2002 (a través de la Resolución No. 359) les fueron asignados más de 124 mil millones de pesos para ejecución del PAE vigencia 2023 en sus territorios. De igual manera, el organismo de control puso de relieve la situación de la ETC Ciénaga, que durante la vigencia 2022 entregó únicamente Ración Industrializada y en 2023 inició oportunamente su operación, pero corre el riesgo riesgo de suspensión del PAE por contar con sólo dos semanas de ejecución a través de recursos de vigencias futuras.
A este mismo corte, de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, 60 iniciaron calendario escolar el pasado 16 de enero, y sólo 45 de estas dieron inicio a la prestación del servicio PAE, por lo que desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría, se hace igualmente un llamado de atención a las 15 Entidades Territoriales Certificadas que no cumplieron con este criterio. La Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez Vela, recordó que “El acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley 2167 de 2021”.
