por Konuco | Jul 3, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
El presidente Gustavo Petro ha alertado sobre el uso de niños y adolescentes como escudos humanos por parte de grupos armados en Colombia. El pasado 26 de junio, durante combates entre un comando conjunto de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea contra guerrilleros del ELN en Labranzagrande, Boyacá, fueron rescatados dos menores de edad que habían sido reclutados a la fuerza por este grupo armado.
Los menores, un niño de 13 años y una niña de 16, vestían ropa militar y portaban armas al momento de ser encontrados. Según el coronel Carlos Andrés Realpe, comandante de la XVI brigada del Ejército, los niños se entregaron a las tropas al finalizar los combates y fueron inmediatamente preparados para la recuperación de sus derechos.
«Recuperamos a los niños durante los combates. Vestían ropa militar y táctica. Desafortunadamente, estos grupos siguen utilizando menores en sus actividades delictivas», declaró Realpe. Los menores fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde están recibiendo atención médica y psicológica antes de ser reunidos con sus familias.
El Gobierno, que actualmente está en diálogos de paz con el ELN, condenó estos hechos y el secuestro y asesinato de un policía por parte del mismo grupo. «Nuestra delegación condena estos hechos como inadmisibles y violatorios del Derecho Internacional Humanitario y del cese al fuego. Informaremos al mecanismo de monitoreo y verificación y reiteramos que se debe fortalecer la protección de la población civil», afirmó en un comunicado emitido el 26 de junio.
Hasta la fecha, el ELN no ha respondido oficialmente a estos incidentes. El 21 de junio, Antonio García, comandante del ELN, expresó en redes sociales que esperan la reanudación de las actividades de la Mesa de diálogos, pero insistió en que el Gobierno debe cumplir todos los acuerdos firmados.
Este caso es solo uno de muchos que siguen ocurriendo en Colombia, incluso durante los diálogos de paz entre el Gobierno y varios grupos armados, incluido el ELN. En lo que va del año, al menos 116 niños han sido rescatados de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales, según cifras de las Fuerzas Militares.
«Los niños del Cauca se convierten en escudos de los armados contra el Estado. Van 350 niños reclutados de los grupos indígenas, un delito de lesa humanidad», afirmó el presidente Petro, refiriéndose a la grave situación en Cauca, donde la Fuerza Aérea no ha podido bombardear campamentos guerrilleros debido a la presencia de menores reclutados.
«Respetar la vida e integridad de la población civil, especialmente la de niños y adolescentes, es una obligación de los grupos armados ilegales», declaró Julio Balanta, Defensor del Pueblo. El reclutamiento forzado tiene un capítulo especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El caso 07 investiga los crímenes de reclutamiento y utilización de menores cometidos por las FARC.
A principios de mayo, la JEP entregó a la familia los restos de un adolescente de 16 años que estuvo desaparecido por 22 años, pero había sido reclutado por las FARC y murió en combate. Su cuerpo fue encontrado en un cementerio de La Unión Peneya, Caquetá, donde la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas halló 47 cuerpos de víctimas del conflicto, incluidos menores reclutados a la fuerza.
«Uno recuerda jugar y ver muñequitos, y luego ver a mi mamá llorando, buscándolo. Fue duro no verlo ni hacerle un velorio. Mamá sufrió mucho», relató la hermana del menor a los investigadores.
Según la Defensoría del Pueblo, 184 niños entre 9 y 17 años fueron víctimas de reclutamiento forzado en Colombia en 2023, el 68.4% de ellos de comunidades indígenas, uno de los grupos más vulnerables en las zonas de conflicto armado.
Foto tomada de Semana
por Konuco | Jul 2, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
En un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional de Colombia, fue capturado Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, señalado cofundador del grupo criminal transnacional ‘Tren de Aragua’. La captura tuvo lugar en Circasia, Quindío, y constituye un golpe significativo contra el crimen organizado en la región.
Larry Amaury Álvarez Núñez tenía una orden de captura emitida por la Interpol en 196 países debido a su implicación en delitos graves como terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada y secuestro. Era buscado activamente en Venezuela y Chile.
Desde su ingreso a Colombia en 2022 con documentos falsos, Álvarez Núñez logró establecer varios negocios fachada en el Eje Cafetero, incluyendo pizzerías y carnicerías. Estos negocios le permitieron operar bajo la apariencia de un empresario legítimo mientras dirigía la expansión de las actividades delictivas del ‘Tren de Aragua’ en Colombia.
La captura de ‘Larry Changa’ fue posible gracias al intercambio de información con autoridades chilenas, quienes lograron rastrear su círculo familiar hasta Colombia. Además, la ubicación exacta de su escondite fue identificada gracias a imágenes proporcionadas por un dron. Álvarez Núñez intentó escapar al ser sorprendido en su casa, pero fue rápidamente aprehendido por las autoridades.
El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se espera la documentación correspondiente por vía diplomática de los países solicitantes para proceder con su extradición, la cual se espera ocurra dentro de los próximos cinco días hábiles.
La Policía Nacional de Colombia declaró que «el arresto de Álvarez Núñez representa un golpe significativo contra el ‘Tren de Aragua’ y destaca el compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen transnacional.»
El operativo reafirma la cooperación internacional y el uso de tecnología avanzada en la lucha contra el crimen organizado, resaltando la importancia de la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad para enfrentar amenazas globales.
por Konuco | Jun 30, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá, D. C., 30 de junio de 2024. La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una investigación disciplinaria contra el concejal de Santiago de Cali, Rafael Andrés Escobar González, debido al presunto uso indebido de un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según informes, el vehículo en cuestión se vio involucrado en un accidente mientras era conducido por la pareja sentimental del concejal.
La Regional de Instrucción del Valle del Cauca informó que el incidente ocurrió el pasado 22 de junio de 2024. Medios locales reportaron que la mujer, al volante del automóvil asignado por razones de seguridad al concejal Escobar, sufrió un choque en la ciudad de Cali.
La Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas para determinar la veracidad de las conductas reportadas y evaluar si constituyen una falta disciplinaria. Además, se investigará si el concejal actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
El objetivo de la investigación es esclarecer los hechos relacionados con el uso del vehículo y determinar las circunstancias exactas del accidente. La Procuraduría busca establecer si hubo alguna incidencia disciplinaria por parte del funcionario y adoptar las medidas correspondientes en función de los hallazgos.
Esta acción subraya el compromiso de la Procuraduría General de la Nación en garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos asignados a los funcionarios públicos para su protección y seguridad.
Foto: Concejo de Cali
por Konuco | Jun 27, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
El pasado 26 de junio de 2024, en una humilde casa rural de la vereda El Hoyito, en Rionegro, nueve personas estaban reunidas para ver el partido de la Copa América entre Argentina y Chile. En ese momento, un grupo de diez hombres armados irrumpió en la propiedad y abrió fuego, matando a siete personas. Una persona logró escapar sin heridas y otra resultó lesionada en una mano. Este incidente, el más grave en Antioquia desde diciembre pasado, parece estar vinculado a un conflicto entre bandas en la región.
A las 7:30 p.m. de ese martes, los atacantes llegaron al lugar, ubicado a unos 15 minutos del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en dos vehículos y una motocicleta. Debido a la soledad del área, los vecinos no se percataron de la llegada de los vehículos y las detonaciones fueron confundidas con fuegos artificiales. La magnitud de la tragedia se descubrió cuando la única persona ilesa alertó a la comunidad sobre lo sucedido.
Este nuevo hecho de violencia ha generado una ola de indignación y temor entre los habitantes de la región. Las autoridades locales condenaron el ataque y han prometido una investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre los sospechosos o las posibles causas del ataque. Sin embargo, la violencia en áreas rurales ha sido un problema recurrente, a menudo vinculado a disputas territoriales y actividades ilegales.
Las familias de las víctimas están recibiendo apoyo psicológico y asistencia del gobierno local. Las autoridades han asegurado que continuarán con las investigaciones y que se harán todos los esfuerzos posibles para garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
La situación sigue en desarrollo y se espera que las autoridades proporcionen más información en los próximos días.
Foto: Esneyder Gutiérrez
por Konuco | Jun 25, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
El próximo 8 de julio, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y empleados del sector privado, implicados en un presunto cartel que incluye a la empresa ULTRACEM, deberán enfrentar la imputación de cargos en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control Garantías de Barranquilla. Esta audiencia ha sido postergada por más de un año debido a numerosas peticiones dilatorias por parte de los acusados.
Los funcionarios Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero, y Lucero Castañeda Hernández, junto al representante legal de Ultracem, Julián Alberto Vázquez Arango, están acusados de prevaricato por acción y omisión. Se les señala de emitir resoluciones ilegales que beneficiaron a Ultracem en la adjudicación de un título minero en Barranquilla, Puerto Colombia y otros municipios del Atlántico.
Pedro Ospino Polo, abogado de las víctimas, ha declarado: “El representante legal de Ultracem y varios de sus trabajadores, mediante maniobras ilegales, se habrían apropiado de títulos mineros de manera irregular. Las investigaciones evidencian la participación de funcionarios de la Agencia Nacional de Minería que aparentemente recibieron favores a cambio de la entrega irregular de títulos. Por ello, también serán imputados.”
“La Fiscalía tiene pruebas contundentes para demostrar las irregularidades en la adjudicación de los títulos mineros, y los acusados podrían terminar en la cárcel. Ahora, al ser descubiertos, intentan eludir la justicia con medidas dilatorias que solo buscan impunidad,” añadió Ospino Polo.
Las pruebas muestran alteraciones en el sistema de concesión de títulos mineros, con documentos que desaparecieron y reaparecieron misteriosamente para beneficiar a terceros. Los abogados de las víctimas se opondrán a cualquier intento de retrasar el proceso y exigen una acción judicial rápida. También hacen un llamado a la Fiscal General de la Nación para intervenir, ante presuntas presiones desde Bogotá por parte de una Fiscal Delegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
