La contundencia de las pruebas aportadas por una fiscal especializada de Cartagena permitió que un juez condenara a 17 años y 6 meses de prisión a Nando Yuseht Fernández Julio, exintegrante del grupo delincuencial Los Ronda.
Labores de Policía Judicial permitieron establecer que esa organización ilegal, que operaba en los barrios Nelson Mandela, Heineken, San José de Sucre y Vista Hermosa de Cartagena, se dedicaba al sicariato, al tráfico de estupefacientes y a extorsionar a comerciantes.
En diligencias de allanamiento realizadas en junio de 2019 Fernández Julio fue capturado y posteriormente condenado por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, fabricación, tráfico o porte de estupefaciente agravado y destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles.
En el desarrollo del proceso, y debido al amplio material probatorio recaudado en su contra, el implicado se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía y por disposición de un magistrado del Tribunal Superior también deberá pagar una multa de 5.367 salarios mínimos vigentes legales.
En temáticas priorizadas como el feminicidio, se logró resolver de manera rápida el único caso que se presentó en zona rural de Carurú, en el departamento del Vaupés, el 31 de enero de 2022.
Con respecto al homicidio, de los cuatro casos reportados en toda la jurisdicción, tres de ellos fueron resueltos, lo que representa un avance del 75 %.
Leider Hámilton Barreto Sáenzaceptó los cargos imputados por la fiscalía por el delito de hurto, está detenido en un centro carcelario a la espera de la condena que impartirá un juez de la república.
En cuanto al delito de violencia intrafamiliar se logró un cumplimiento del 57.5 %, pues de los 139 casos conocidos, 80 de ellos se pudieron resolver.
Delitos de alto impacto como la violencia sexual y el hurto, entre otros, también arrojaron índices muy importantes, pues varios de los responsables de estas conductas punibles fueron judicializados y están en la cárcel o en proceso de judicialización.
Álvaro Jesús Chipiaje fue capturado para que responda por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, un juez ordenó su reclusión en una cárcel
Cabe destacar que durante este año la Seccional Guainía – Vaupés logró más de 90 condenas en los dos departamentos, combatiendo así el delito y la criminalidad en la calle y en los territorios.
Más de 310 personas habrían sido defraudadas por el servidor público. Al parecer, el procesado les prometía el pago de elevados intereses por invertir en novedosos modelos económicos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá, logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario al concejal del municipio de Duitama (Boyacá), Pablo Andrés Santiago Berdugo.
De acuerdo con los elementos materiales de prueba aportados por el ente investigador, el procesado habría utilizado su posición para ganarse la confianza de, al menos, 310 personas a quienes habrían defraudado en más de 5.500 millones de pesos. Según las denuncias los hechos se presentaron entre septiembre de 2020 y agosto de 2022.
Las víctimas, se cree, eran persuadidas por el investigado para que invirtieran su dinero en tres supuestos novedosos modelos económicos que reconocían elevados intereses. La investigación da cuenta que una mujer habría entregado 70 millones de pesos, con la ilusión de obtener los rendimientos prometidos por Santiago Verdugo.
Según las denuncias de las víctimas, para dar apariencia de legalidad a las inversiones, el hoy imputado entregaba letras de cambio y contratos de inversión como respaldo, los cuales finalmente no contaban con ningún tipo de validez.
Labores de policía judicial evidenciaron que el dirigente político habría usado una empresa de construcción de su propiedad; con sedes en Duitama, Sogamoso y Tunja (Boyacá), para ganar credibilidad frente a las víctimas.
Por estos hechos el concejal fue capturado en Duitama el pasado 12 de diciembre por servidores del CTI. La Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, y negativa de reintegro, cargos que no fueron aceptados.
Ninguno de los cinco hombres portaba un carné que lo acreditara como operario de la empresa de telefonía, aunque dos de ellos portaban uniformes. Los agentes de la patrulla motorizada de la Policía entraron en contacto con directivos de la firma para confirmar si están vinculados a la empresa.
Los cinco sujetos qur se hacían pasar por operarios de una empresa de telefonía fueron enviados a la cárcel por un juez penal de Buenaventura.
Tras confirmar que ninguno era operario y que en esa zona de Buenaventura no se autorizaron trabajos de reparación de cables de telefonía, dos de ellos intentaron escapar, mientras otro salía de la cámara subterránea donde se encuentran los tubos que protegen el sistema de fibra óptica en el barrio Juan XXIII de este puerto sobre el Pacífico.
En la cámara subterránea, los agentes encontraron 2 palas, una barra de hierro, un casco, alicates, 2 porras, un destornillador, dos ligas y 3 seguetas. La tapa de concreto estaba destruida y varios de los tubos de cobre estaban cortados, listos para ser retirados.
Con el apoyo de otras patrullas motorizadas, los agentes capturaron a Omar Andrés Martínez Angulo, Yeferson Valencia Potes, Olver Valencia Ahon, Carlos Alberto Mina Hinestroza y Diego Jair Riascos Rodríguez, quienes fueron presentados en la URI donde fueron indagados por un fiscal local.
Durante las audiencias concentradas un fiscal seccional les imputó cargos a los 5 hombres como presuntos coautores de los delitos de hurto calificado agravado, daños en obras o elementos de los servicios de comunicación, energía y combustible y falsedad personal.
Luego de avalar la imputación, un juez penal con control de garantías de Buenaventura dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los 5 falsos operarios de telefonía celular.
Los asegurados fueron puestos a disposición del Inpec y remitidos a la cárcel distrital del puerto.
Juan Carlos Gustavo Mejía, sería presuntamente hermano de Fabio, alias “el gato”, ambos serían propietarios de extensiones de tierra en Tarazá y Cáceres en donde se realizaron masacres en el 2020, atribuidas a la disputa por 18 predios que los paramilitares entregaron como reparación a las víctimas, así lo manifestó el representante Alejandro Toro.
En el anuncio que hizo también se menciona que dicha reparación fue liderada por el extraditado Ramiro (Cuco) Vanoy, lo que hace que el hoy detenido Juan Carlos Gustavo Mejia y su hermano estén, posiblemente, en la mira de las autoridades de Estados Unidos.
Según la solicitud de su abogado Mejía quedaría en libertad para poder atender a su hija, pues es padre cabeza de familia.
En los testimonios que fueron entregados a la Corte Suprema de Justicia se aprecia que en el proceso del extraditado líder paramilitar Cuco Vanoy, los hermanos Mejia hacían parte de la Convivir “El Progreso” que tenía incidencia en Caucasia y el Bajo Cauca en donde poseen más de 640 hectáreas de tierra.
La petición de la libertad sería tomada por el Juez Promiscuo Municipal de Ayapel, que además lleva el caso por el cual se encuentra prófugo Javier Arango Godín, quien junto a Juan Carlos Gustavo Mejía, presuntamente habrían secuestrado a los trabajadores de CARBOMAX, empresa dedicada al comercio de carbón como exigencia para presionar el pago del 30 % de las ganancias de este proyecto.
La decisión sería tomada en audiencia el martes 13 de diciembre a las 3:00 de la tarde
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