por Konuco | May 20, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Gobernación de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón, denunció varios casos de reclutamiento de menores de edad en el departamento, que se siguen presentando por parte de los grupos armados ilegales que continúan delinquiendo en Antioquia.
«Vemos con preocupación esta situación, que es recurrente, y ante los casos particulares de reclutamiento uso y utilización, activamos la ruta de atención para contribuir a salvaguardar los derechos y la vida de los menores», cita la comunicación oficial.
Según ifnormación oficial, en las últimas semanas se conoció un caso en el municipio de Briceño, y establecimos contacto con agencias de cooperación internacional con el ánimo de contribuir en caminos que conduzcan a una pronta recuperación de la persona menor de edad reclutada.
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Desde la Gobernación pusieron en conocimiento de esta situación a la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el ICBF y otros organismos del orden departamental y nacional competentes en el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Además del reclutamiento de menores de edad, en Antioquia se han presentado otras violaciones a la denominada Paz Total por parte de los grupos ilegales.
En la Secretaría de Seguridad de Antioquia se han denunciado hechos victimizantes tales como desplazamiento forzado, confinamiento de la población, confrontación armada y reclutamiento uso y utilización de menores de edad en las dinámicas del conflicto armado, que evidencian el incumplimiento de los acuerdos y además representan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Vale la pena contar que según el Artículo 162. Reclutamiento ilicito, del Código Penal, el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años, los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades, o en acciones armadas, incurrirá en prisión de ciento cincuenta y seis (156), a doscientos setenta y seis (276) meses y en multa de (800) ochocientos a (1.500) mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
por Konuco | May 17, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Red de Veedurías de Colombia (RED-VER) ha confirmado que los hermanos Juan Manuel y Brayan Borré Barreto, confesos violadores de derechos humanos y líderes de los «Rastrojos Costeños», no tienen actualmente órdenes de captura en su contra dentro del proceso penal gestionado por la Fiscalía 3 Seccional – DECOC de Bogotá, cuyo juicio está en curso en el Juzgado 1 Especializado de Cartagena.
Esta situación ha generado una gran preocupación en la Red de Veedurías, ya que Juan Manuel Borré Barreto podría ser liberado en cualquier momento. En este momento, solo está detenido por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de Ibagué, debido a una condena del Juzgado Penal del Circuito de Magangué, impuesta el 17 de abril de 2015. La Red de Veedurías ha recibido información de que el pasado 8 de mayo de 2024, Borré Barreto solicitó copias de su expediente, posiblemente para preparar una solicitud de libertad, ya que no existen otras órdenes de captura en su contra.
El abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, se muestra sorprendido de que Brayan Borré Barreto esté en libertad y que Juan Manuel esté en una celda común en la cárcel de Picaleña, donde, según fuentes, tiene acceso a teléfonos, internet y otras tecnologías prohibidas, lo que viola las normas penitenciarias para un recluso de alta peligrosidad.
La Red de Veedurías también verificó que la Fiscalía 3 Seccional – DECOC de Bogotá ha ordenado investigar a las personas cercanas a los hermanos Borré Barreto y a otros presuntos testaferros. La Red de Veedurías participará en esta investigación para facilitar la expropiación rápida de los bienes a nombre de estos testaferros y poseedores, con el objetivo de indemnizar a las miles de familias víctimas de más de 130 homicidios confesos por los hermanos.
Finalmente, Pablo Bustos confirmó que ha obtenido una cita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para solicitar medidas cautelares que impidan la impunidad de los hermanos Borré Barreto y que sus crímenes sean reconocidos como de lesa humanidad.
Cabe destacar que durante su tiempo en prisión, se ha informado que a los hermanos Borré Barreto se les han decomisado teléfonos desde los cuales han realizado extorsiones, ordenado asesinatos y gestionado operaciones de narcotráfico. Esto plantea interrogantes sobre cuántos procesos ha iniciado la Fiscalía General como resultado de estos decomisos y si el INPEC ha entregado todos los elementos probatorios necesarios para estas investigaciones.
por Konuco | May 14, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación, Nacional
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al secretario de Salud Departamental y supervisor técnico del contrato, Jarexon José Arredondo Quintero, y con suspensión de 12 meses en el ejercicio del cargo al exgobernador (e) de La Guajira, Wilson Rafael Rojas Vanegas, meses de suspensión que se convertirán en el pago de $ 52´952.532. «La decisión del Ministerio Público se debe a la indebida inversión de aproximadamente $3.565 millones financiados con recursos de regalías.»
La entidad evidenció que el contrato de compraventa celebrado entre el departamento de La Guajira y la sociedad carrocerías EL SOL S.A.S., que tenía como objeto brindar apoyo para el transporte asistencial básico y medicalizado con inversión pública; según lo aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Región Caribe, cuyo presupuesto inicial fue de cerca de $ 3.565 millones para la adquisición de 17 ambulancias.
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El Ministerio Público demostró que como secretario de Salud y supervisor del contrato, de manera inconsulta y sin tener competencia, cambió las especificaciones técnicas de las ambulancias con particularidades distintas a las previamente establecidas. Además, se comprobó que otorgó plazos más amplios para cumplir el objeto contractual, situación que generó demoras en la entrega. La PGN confirmó que el gobernador encargado, por estar delegada la función, tenía la obligación de exigir la correcta ejecución de los recursos provenientes del SGR, también, desarrollar actividades para verificar, vigilar y controlar el cumplimiento del objeto del contrato, en este contexto, se conoció que por medio de un oficio se cambiaron las especificaciones técnicas, sin la mediación del representante legal del departamento.
La Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2 declaró que los investigados generaron un impacto social negativo para la población más necesitada de La Guajira y, a su vez, vulneraron los principios de legalidad, rigurosidad, respeto y seriedad en manejo de los recursos públicos que les correspondía como funcionarios. Debido a las conductas irregulares, el ente disciplinario calificó la falta de los servidores públicos como gravísima con culpa gravísima para el secretario de Salud; y grave con culpa grave para el gobernador encargado. Esta decisión sancionatoria adquiere mayor relevancia frente al seguimiento que realiza la Procuraduría, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T 302 de 2017, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables y exigibles para asegurar el goce efectivo del derecho a la salud de la población de La Guajira.
por Konuco | May 14, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuradora Margarita Cabello ha reafirmado su compromiso con la creación de entornos escolares seguros y libres de violencia sexual, destacando que la protección de los estudiantes es una prioridad central de la misión institucional.
En cuanto a las acciones llevadas a cabo, se informó que actualmente hay 237 procesos disciplinarios en curso relacionados con presuntos casos de acoso o abuso sexual perpetrados por personal educativo contra menores de edad.
Además, se reveló que tras 181 visitas a instituciones educativas realizadas el 29 de abril, se han generado 40 informes con fines disciplinarios. Estos informes surgieron tras la identificación de 698 casos de acoso escolar, 171 casos de ciberacoso y 179 casos de violencia sexual.
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En relación con las decisiones tomadas hasta la fecha, se confirmó que 191 funcionarios, entre docentes y personal administrativo, han sido destituidos y/o inhabilitados debido a su presunta implicación en casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos. La Procuradora enfatizó que muchos de estos procesos involucran a docentes que aún están activos en sus labores educativas, lo que subraya la urgencia de abordar estos problemas de manera efectiva.
Finalmente, Cabello Blanco reiteró la importancia de la supervisión continua por parte del órgano de control sobre las acciones de las autoridades competentes en la gestión de estos casos, señalando la necesidad de activar las rutas y protocolos de atención a las víctimas de violencia sexual menores de edad, una preocupación compartida por muchos padres y madres de familia.
por Konuco | May 6, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Reconocimiento de la JEP no dar por terminada la etapa de investigación sobre “Falsos Positivos” ocurridos en Norte de Santander, sin haber recibido las declaraciones de al menos 52 comparecientes vinculados al subcaso, así como de otros agentes de la fuerza pública y posibles funcionarios involucrados en los hechos.
Dentro de estos se encuentran cuatro altos oficiales que fungieron como comandantes de los batallones de contraguerrilla adscritos a la Brigada Mecanizada 15 y otras compañías vinculadas al ‘Plan Meteoro’, que operó en los municipios del Catatumbo entre 2007 y 2008, cuyos casos deberían ser evaluados para determinar si cuentan con la calidad de máximos responsables.
La solicitud, firmada por el procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, se hace tras conocer que el Plan Estratégico Cuatrienal (2023–2026) adoptado por el órgano de gobierno de la JEP, refiere de manera explícita que el subcaso Norte de Santander ya finalizó, a pesar de que esa jurisdicción se comprometió en abrir una segunda fase de la investigación para incluirlos.
En su escrito el representante del Ministerio Público recordó que, frente a las observaciones relacionadas con la selección de máximos responsables, la SRVR fue explicita en determinar, a través de dos autos, que adelantarían fases posteriores de instrucción en el macrocaso, dado el alcance territorial de la primera ronda de priorización aplicable.
En este contexto, añadió el delegado Acosta Aristizábal “(…) surge una incertidumbre impostergable para esta delegada frente al futuro del subcaso, y las dinámicas de instrucción, que no solo tienen efectos para los comparecientes que no se encuentran en selección negativa (56 en total), sino también para las víctimas que en sus observaciones y solicitudes han requerido la reactivación y continuación del proceso”.
Para la Procuraduría existe la necesidad de investigar elementos adicionales dentro del subcaso, como las planas mayores de oficiales de la Brigada 30 y Segunda División del Ejército; los comandantes de los batallones de contraguerrilla adscritos a la BRIM No. 15 y otros funcionarios públicos, militares o contratistas, que tuvieron un papel relevante en la fase de encubrimiento de los mal llamados “Falsos Positivos”.
Lo anterior, además de la reactivación inmediata de las investigaciones en Norte de Santander, el Ministerio Público pidió a JEP adelantar un espacio dialógico con los representantes de víctimas y comparecientes sobre el futuro del subcaso.
