por Konuco | May 26, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por Bogotá David Racero por presunto uso indebido de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para labores distintas a las funciones públicas que le corresponden.
La acción judicial fue asignada al despacho del magistrado Freddy Ibarra Martínez, que también estudia un recurso previo interpuesto por hechos similares. El alto tribunal busca acumular ambos expedientes para su análisis conjunto.
La demanda se fundamenta en la presunta destinación de un asistente del congresista a actividades relacionadas con un negocio de frutas y verduras de propiedad de Racero, ubicado en el sector de Villa Luz, en el occidente de Bogotá.
De acuerdo con el escrito, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, el colaborador habría asumido tareas relacionadas con la operación del establecimiento comercial, lo cual implicaría una utilización indebida de recursos públicos.
Los funcionarios de las Unidades de Trabajo Legislativo están vinculados con fondos del Estado y su labor debe centrarse en apoyar la gestión legislativa. Por ello, cualquier uso con fines particulares puede constituir causal de pérdida de investidura.
La demanda incluye como sustento una investigación periodística que reveló mensajes intercambiados entre Racero y su asistente, en los que se haría referencia a tareas del negocio familiar. Estos documentos fueron allegados al expediente como pruebas.
Sugerencias: Denuncian que estarían utilizando niños embera para microtráfico
Los demandantes señalan que la acción fue presentada dentro del plazo legal, el 13 de mayo de 2025, y por tanto los hechos no estarían prescritos. Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado suspendió el cómputo de los términos procesales mientras se surte el trámite.
De forma paralela, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones por estos mismos hechos. En ellas se analiza si hubo un posible uso indebido de personal de la UTL y otras posibles irregularidades en el manejo del negocio.
Entre las evidencias figura un audio del conductor del congresista, también vinculado a su equipo legislativo, en el que se menciona el funcionamiento del establecimiento comercial.
El proceso también examina si existió contratación sin garantías laborales, lo cual podría configurar otro incumplimiento de las normas que rigen el empleo en el Congreso.
David Racero, miembro del Pacto Histórico, ha rechazado públicamente las acusaciones, argumentando que se trata de información inexacta. No obstante, corresponderá a los tribunales establecer la validez de las pruebas y si hay lugar a sanciones políticas o legales.
TAMBIÉN LO INDAGAN POR EL SENA
La Procuraduría General de la Nación también ordenó este viernes una indagación previa contra el congresista Racero por presuntas irregularidades en la designación de cargos dentro de esa entidad.
La actuación disciplinaria se abrió tras una publicación mediática que reveló posibles acuerdos para entregar puestos a personas cercanas al Representante a la Cámara del Pacto Histórico.
Según la Procuraduría, la Sala Disciplinaria de Instrucción decidió iniciar la investigación luego de evaluar un informe periodístico de W Radio, en el que se publicaron audios y chats en los que presuntamente Racero dialogaba con el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, sobre la asignación de cargos. En esos intercambios se habrían acordado puestos para personas afines a su grupo político.
Entre los elementos que analizará el Ministerio Público están las grabaciones entregadas por el medio y las imágenes incluidas en el artículo, así como los nombres de quienes habrían sido mencionados para recibir órdenes de prestación de servicios en la entidad.
En uno de los fragmentos citados, Racero habría solicitado al directivo del Sena reservar cargos para su equipo y personas del Pacto Histórico, y en otro momento se menciona la posibilidad de sacar personal del Sena para reemplazarlo con aliados políticos.
En estas comunicaciones también se haría alusión a un familiar del congresista, quien supuestamente habría sido incluido en las recomendaciones de nombramientos.
La Procuraduría explicó que la apertura de la indagación busca establecer si hubo falta disciplinaria y si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Por ello, ordenó la recolección de pruebas y el análisis del contenido divulgado por el medio.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 25, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Autoridades de Bogotá denunciaron la presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes indígenas Emberá en actividades de microtráfico.
Así lo dio a conocer la Secretaría Distrital de Integración Social, al radicar la denuncia sobre estos hechos que se estarían presentando desde el asentamiento de La Rioja y el sector de San Bernardo, que ha estado en control de bandas criminales.
“El equipo de Ciudad Niñez, que acompaña a los niños en estas zonas de riesgo, pudo notar presuntos hechos que nos hicieron pensar en que posiblemente estaban utilizando a los niños en los eslabones de la cadena de microtráfico en esa zona”, indicó el secretario Roberto Angulo.
Tras la denuncia realizada en la Fiscalía, el secretario dio a conocer dos puntos principalmente de preocupación:
El primero tiene que ver con que se continúa “vulnerándolos derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas de la comunidad Emberá”.
Además, señala que estos hechos confirman sospechas que tenían las autoridades ante el presunto consumo de sustancias psicoactivas de los indígenas, incluidos los menores, que se encuentran en la comunidad de la Rioja.
Ante este panorama que califica como “muy preocupantes”, el secretario hizo un llamado al gobierno para que “acelere el retorno de esta población”, al conocerse estos hechos y las consecuencias que están llevando los niños, niñas y adolescentes indígenas.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 24, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría solicitó a los ministerios del Interior y de Defensa, información relacionada con una operación de la Armada que involucró a integrantes de la comunidad indígena Minitas – Mirolindo, en Barrancominas, Guainía.
Según la denuncia, cuando los pescadores y cazadores de la comunidad regresaban al resguardo con los alimentos recogidos, luego de sus tradicionales actividades de subsistencia, fueron interceptados y judicializados por integrantes de la Armada Nacional, un hecho interpretado por las autoridades ancestrales como un acto de persecución y atropello, en contravía de sus derechos territoriales, culturales y colectivos.
En tal sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior evaluar la posibilidad de propiciar un espacio de diálogo, escucha y construcción de soluciones entre la comunidad afectada y el Batallón de la Armada.
Al Ministerio de Defensa le pidió un informe sobre los hechos referidos, las acciones institucionales adoptadas y las medidas de relacionamiento desarrolladas con las autoridades del resguardo.
Por último, el ente de control requirió a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía reportar las medidas ambientales vigentes sobre el resguardo, así como las estrategias de relacionamiento establecidas con sus autoridades indígenas para armonizar la gestión ambiental con los usos tradicionales de los recursos naturales.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes que acudirá a las instancias judiciales para se le obligue al Gobierno a cumplir con la orden de retorno de la comunidad indígena embera asentada en el borde del Parque Nacional y además presentará una acción de tutela para que se les restablezcan los derechos de unos 220 niños que acompañan a sus padres en las protestas y estás expuestos a la violencia.
«Vamos a actuar con las herramientas que tenemos a disposición, herramientas que tiene que ver por ejemplo con la presentación de una acción para que se identifique el desacato a la decisión judicial del retorno. Nosotros consideramos que ahí hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda», afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
El mandatario sostuvo que en el 2023 se emitió una orden judicial para que el Gobierno atendiera la situación y garantizara el retorno de los grupos aborígenes que estuvieron asentados ese año en el Parque Nacional y quienes accedieron a abandonarlo, tras acuerdos con la administración de Gustavo Petro, que a la fecha ha incumplido, de ahí la decisión de un grupo de emberas de intentar volver a instalarse en el parque, en protestas a los incumplimientos.
Además de ello, Galán denunció que los más de 200 niños que están con sus padres en los andenes del Parque Nacional no están yendo a la escuela ni sus mayores les permiten recibir ayuda del Distrito.
«Vamos a presentar una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de estos niños y que se les permita recibir la atención que el Distrito les está ofreciendo», avisó el Alcalde, al denunciar que los menores de edad han sido «instrumentalizados» por sus adultos y utilizados en el bloqueo de vías y otras acciones de hecho, poniendo en riesgo la integridad de los menores.
Frente a este tema el secretario de Gobierno de la capital, Gustavo Quintero, le envió un «mensaje claro» a los emberas en protestas, «en Bogotá los derechos de las niñas y los niños están por encima de todo. Esta es una condición esencial para garantizar la permanencia de cualquier comunidad en el territorio».
El mandatario aseguró que toda esta situación crítica se deriva de las promesas incumplidas del Gobierno, que dejó a su suerte a este grupo de indígenas que ahora reclaman lo que les anunciaron.
Galán enumeró los incumplimientos del Ejecutivo con los indígenas, al tiempo que señaló que la ciudad ha invertido unos $22.000 millones para atender a esta población.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 21, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Más de 120 víctimas del reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado participaron entre el 6 y el 9 de mayo en audiencias reservadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá para presentar sus observaciones sobre las versiones rendidas por 70 comparecientes de las extintas Farc en el marco del Caso 07.
Las víctimas pidieron verdad sustancial, reconocimiento de responsabilidades y acciones concretas que permitan avanzar hacia la reparación y la no repetición.
Las audiencias fueron convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Asistieron 121 víctimas acreditadas, provenientes de 18 departamentos, entre ellos Caquetá, Meta, Huila, Antioquia y Vaupés. De ese grupo, 77 son víctimas directas del reclutamiento y 44 son familiares de menores desaparecidos, en su mayoría mujeres.
Durante las intervenciones, las víctimas solicitaron a los ex guerrilleros que ofrecieran una verdad restauradora, basada en el reconocimiento franco de hechos como abortos forzados, violencias sexuales, fusilamientos, anticoncepción obligatoria y actos motivados por prejuicios hacia la orientación sexual. “Queremos avanzar con la verdad, con protección y con garantías”, dijo una de las participantes.
Las víctimas expresaron que muchos comparecientes aún se aferran a discursos procesales sin admitir la existencia de una política sistemática de reclutamiento. Señalaron que reconocer que muchos adultos ex combatientes también fueron niños reclutados es un paso clave para entender la dimensión del crimen.
También advirtieron que los aportes de verdad deben ser sinceros y no una formalidad sin contenido. La magistratura de la JEP ya había advertido a los comparecientes que esta es una “única e irrepetible oportunidad histórica” para responder a las demandas de verdad y justicia de las víctimas.
Uno de los reclamos más sentidos fue la necesidad de acelerar la búsqueda de niñas y niños reclutados cuyo paradero sigue siendo desconocido. Actualmente, hay 289 casos de reclutamiento con desaparición registrados en el Caso 07. Las víctimas exigieron acciones humanitarias que faciliten respuestas, así como el fortalecimiento del Plan de Apoyo a la Búsqueda que lidera la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
“Estoy preparada para recibir la verdad, por muy cruda que sea, para que acabe este calvario que llevamos por dentro”, expresó otra de las madres que intervino ante la Sala.
Las audiencias también contaron con la participación de representantes de cuatro pueblos étnicos acreditados en el caso. La etapa de escucha culminará este mes en el departamento del Vaupés. Luego de recibir y trasladar las observaciones a los comparecientes, la JEP evaluará las responsabilidades regionales de los bloques de las extintas Farc y definirá un segundo nivel de máximas responsabilidades.
En noviembre de 2024, la JEP imputó a seis ex integrantes del Secretariado de las Farc por reclutamiento y otros crímenes de guerra contra menores. Ellos son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, quienes recibieron una prórroga para decidir si reconocen o no su responsabilidad. La magistratura reiteró que las víctimas esperan que ese eventual reconocimiento sea “auténtico, sustancial y comprometido”.
De Colprensa para Konuco.
