por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes que acudirá a las instancias judiciales para se le obligue al Gobierno a cumplir con la orden de retorno de la comunidad indígena embera asentada en el borde del Parque Nacional y además presentará una acción de tutela para que se les restablezcan los derechos de unos 220 niños que acompañan a sus padres en las protestas y estás expuestos a la violencia.
«Vamos a actuar con las herramientas que tenemos a disposición, herramientas que tiene que ver por ejemplo con la presentación de una acción para que se identifique el desacato a la decisión judicial del retorno. Nosotros consideramos que ahí hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda», afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
El mandatario sostuvo que en el 2023 se emitió una orden judicial para que el Gobierno atendiera la situación y garantizara el retorno de los grupos aborígenes que estuvieron asentados ese año en el Parque Nacional y quienes accedieron a abandonarlo, tras acuerdos con la administración de Gustavo Petro, que a la fecha ha incumplido, de ahí la decisión de un grupo de emberas de intentar volver a instalarse en el parque, en protestas a los incumplimientos.
Además de ello, Galán denunció que los más de 200 niños que están con sus padres en los andenes del Parque Nacional no están yendo a la escuela ni sus mayores les permiten recibir ayuda del Distrito.
«Vamos a presentar una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de estos niños y que se les permita recibir la atención que el Distrito les está ofreciendo», avisó el Alcalde, al denunciar que los menores de edad han sido «instrumentalizados» por sus adultos y utilizados en el bloqueo de vías y otras acciones de hecho, poniendo en riesgo la integridad de los menores.
Frente a este tema el secretario de Gobierno de la capital, Gustavo Quintero, le envió un «mensaje claro» a los emberas en protestas, «en Bogotá los derechos de las niñas y los niños están por encima de todo. Esta es una condición esencial para garantizar la permanencia de cualquier comunidad en el territorio».
El mandatario aseguró que toda esta situación crítica se deriva de las promesas incumplidas del Gobierno, que dejó a su suerte a este grupo de indígenas que ahora reclaman lo que les anunciaron.
Galán enumeró los incumplimientos del Ejecutivo con los indígenas, al tiempo que señaló que la ciudad ha invertido unos $22.000 millones para atender a esta población.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 21, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Más de 120 víctimas del reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado participaron entre el 6 y el 9 de mayo en audiencias reservadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá para presentar sus observaciones sobre las versiones rendidas por 70 comparecientes de las extintas Farc en el marco del Caso 07.
Las víctimas pidieron verdad sustancial, reconocimiento de responsabilidades y acciones concretas que permitan avanzar hacia la reparación y la no repetición.
Las audiencias fueron convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Asistieron 121 víctimas acreditadas, provenientes de 18 departamentos, entre ellos Caquetá, Meta, Huila, Antioquia y Vaupés. De ese grupo, 77 son víctimas directas del reclutamiento y 44 son familiares de menores desaparecidos, en su mayoría mujeres.
Durante las intervenciones, las víctimas solicitaron a los ex guerrilleros que ofrecieran una verdad restauradora, basada en el reconocimiento franco de hechos como abortos forzados, violencias sexuales, fusilamientos, anticoncepción obligatoria y actos motivados por prejuicios hacia la orientación sexual. “Queremos avanzar con la verdad, con protección y con garantías”, dijo una de las participantes.
Las víctimas expresaron que muchos comparecientes aún se aferran a discursos procesales sin admitir la existencia de una política sistemática de reclutamiento. Señalaron que reconocer que muchos adultos ex combatientes también fueron niños reclutados es un paso clave para entender la dimensión del crimen.
También advirtieron que los aportes de verdad deben ser sinceros y no una formalidad sin contenido. La magistratura de la JEP ya había advertido a los comparecientes que esta es una “única e irrepetible oportunidad histórica” para responder a las demandas de verdad y justicia de las víctimas.
Uno de los reclamos más sentidos fue la necesidad de acelerar la búsqueda de niñas y niños reclutados cuyo paradero sigue siendo desconocido. Actualmente, hay 289 casos de reclutamiento con desaparición registrados en el Caso 07. Las víctimas exigieron acciones humanitarias que faciliten respuestas, así como el fortalecimiento del Plan de Apoyo a la Búsqueda que lidera la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
“Estoy preparada para recibir la verdad, por muy cruda que sea, para que acabe este calvario que llevamos por dentro”, expresó otra de las madres que intervino ante la Sala.
Las audiencias también contaron con la participación de representantes de cuatro pueblos étnicos acreditados en el caso. La etapa de escucha culminará este mes en el departamento del Vaupés. Luego de recibir y trasladar las observaciones a los comparecientes, la JEP evaluará las responsabilidades regionales de los bloques de las extintas Farc y definirá un segundo nivel de máximas responsabilidades.
En noviembre de 2024, la JEP imputó a seis ex integrantes del Secretariado de las Farc por reclutamiento y otros crímenes de guerra contra menores. Ellos son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, quienes recibieron una prórroga para decidir si reconocen o no su responsabilidad. La magistratura reiteró que las víctimas esperan que ese eventual reconocimiento sea “auténtico, sustancial y comprometido”.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 20, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Migración Colombia abrió investigación interna contra una de sus funcionarias señalada de recibir presuntamente sobornos para permitir la salida irregular de pasajeros por la terminal internacional del aeropuerto El Dorado de Bogotá, como quedó evidenciado en videos difundidos en medios de prensa y en redes sociales.
«Migración Colombia informa que inició una investigación interna articulada con la Policía Nacional a partir de denuncias de viajeros afectados, la cual fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y que dio como resultado la captura de la oficial», dijo el organismo encargado de las salidas y entrada al país por puertos, pasos fronterizos y aeropuertos.
La funcionaria, cuya identidad no fue suministrada, fue arrestada por las autoridades bajo cargos de presunta concusión en concurso homogéneo.
Sugerencias: Corte Suprema confirma condena por red de espionaje ilegal durante gobierno de Uribe
De acuerdo con los videos, la mujer ocupaba uno de los cubículos de Migración en la salida internacional de El Dorado, al parecer personas con problemas de documentación y otras circunstancias al margen de la ley se acercaban y lograban su paso hacia las salas de embarque.
En esas grabaciones, divulgadas mediáticamente, quedaron evidencia de la entrega de sobres o dinero junto a los documentos de salida por parte de los pasajeros a la funcionaria.
«La autoridad migratoria reafirma su compromiso con la transparencia y rechaza los actos de corrupción. Continuaremos implementando acciones que permitan garantizar el servicio con los más altos estándares de ética y calidad», manifestó Migración Colombia.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 20, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado Afanador y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) Bernardo Moreno Villegas por su responsabilidad en una operación de inteligencia ilegal dirigida contra magistrados de la Corte y opositores del Gobierno de Álvaro Uribe entre 2007 y 2008.
Según el fallo, los ex funcionarios acordaron realizar seguimientos, interceptaciones y filtraciones para afectar la imagen de quienes eran considerados críticos por la Presidencia.
La Corte concluyó que no había razones para declarar la nulidad del proceso, como lo solicitaron las defensas, y precluyó la actuación únicamente por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Sin embargo, mantuvo las condenas por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.
El alto tribunal también ratificó que el DAS ejecutó operaciones de infiltración a la Corte Suprema, incluyendo la instalación de dispositivos para grabar sesiones de Sala Plena y la obtención ilegal de documentos reservados a través del reclutamiento de personal interno.
La decisión judicial reiteró que Hurtado y Moreno utilizaron sus cargos para coordinar acciones con fines políticos, mediante la creación de un banco de datos sobre magistrados y otros servidores públicos. Esa información se usó para diseñar perfiles y alimentar campañas de desprestigio.
El expediente indica que incluso se utilizaron gastos reservados del Estado para pagar testigos con el objetivo de atacar públicamente a los considerados «blancos» definidos desde altos niveles del Ejecutivo.
La Corte señaló que María del Pilar Hurtado tenía pleno control de las labores de inteligencia, emitía órdenes, supervisaba informes y evaluaba el cumplimiento de las tareas conforme a las expectativas de la Presidencia. Esto, de acuerdo con el fallo, la hacía responsable directa de las actuaciones de sus subordinados.
En cuanto a Moreno Villegas, se determinó que participó en reuniones donde se planificaron las irregularidades y que, desde su rol como director del DAPRE, impartía instrucciones ejecutivas al DAS y evaluaba los resultados de las tareas de inteligencia según los intereses del Gobierno.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 20, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un militar muerto y cuatro heridos dejaron este lunes combates entre el Ejército y disidencias de las extintas Farc, en zona rural del municipio de Cumbitara, Nariño.
El militar víctima del accionar de los disidentes fue el soldado profesional Yathson Manuel Maestre Salazar.
En el hecho otros cuatro soldados resultaron heridos y fueron atendidos por enfermeros de combate, a la espera de ser evacuados al centro hospitalario más cercano, mientras que el reporte oficial precisó que el estado de salud de los uniformados es estable.
Paralelamente al hecho, tropas que se desplazaban a apoyar la unidad militar fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados lanzados mediante drones.
“Las maniobras ofensivas han sido reforzadas en la zona y ajuste de dispositivos de seguridad que permitan contrarrestar estas acciones terroristas”, informó el Ejército.
