por Konuco | Feb 19, 2025 | Política, Región
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional para la Protección (UNP), acudió este martes a la Fiscalía General de la Nación para declarar sobre la supuesta entrada irregular de 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La declaración de Rodríguez forma parte de una investigación que busca esclarecer si hubo aportes ilícitos durante la campaña que llevó a Petro a la presidencia. Elkin Ardila, fiscal encargado del caso, escuchó la versión del funcionario sobre los presuntos recursos ilegales que habrían llegado a la campaña del actual presidente.
El objetivo principal de la investigación es determinar la procedencia de los fondos y si existieron irregularidades en la gestión financiera de la campaña de Petro. El presidente ha negado rotundamente que los 500 millones de pesos hayan sido aportados de manera ilegal, asegurando que fueron devueltos a Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”.
Petro aclara su versión de los hechos
En varios pronunciamientos, el presidente Gustavo Petro ha sostenido que nunca recibió el dinero de forma irregular. En su cuenta de X, Petro aclaró que nunca se reunió con Marín Buitrago en Madrid, como se había insinuado en algunos medios. Según Petro, su único encuentro con “Papá Pitufo” ocurrió en Colombia, donde fue presentado por Daniel García, un exfuncionario de su alcaldía.
El mandatario afirmó que, durante el encuentro, le explicó a Marín su política sobre transformar los San Andresitos de espacios de contrabando en lugares de producción nacional, sin que se ofrecieran recursos para su campaña.
Entrevistas y avances en la investigación
El proceso judicial sigue en marcha, con la Fiscalía realizando entrevistas adicionales a personas cercanas a la campaña. El abogado Néstor Daniel García fue interrogado el 18 de febrero sobre su relación con Xavier Vendrell, un ciudadano catalán que también participó en la campaña de 2022 y que ha sido vinculado en las investigaciones por su presunta relación con “Papá Pitufo”.
Además, la Fiscalía ha mencionado a varios funcionarios del Gobierno de Petro en sus pesquisas. Entre ellos, destacan Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, quienes aparecen en informes como posibles involucrados en el manejo de los recursos de la campaña.
Este avance en la investigación mantiene en alerta a la opinión pública, que sigue de cerca los pasos de la Fiscalía y las declaraciones de las personas implicadas en el caso. Las indagaciones continúan y podrían arrojar nuevos detalles sobre el manejo de las finanzas de la campaña de Petro en 2022.
por Konuco | Feb 18, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación judicializó a María Eugenia Horta de Rodríguez y Ruth Leal Horta por su presunta participación en el tráfico de drogas en la comuna siete de Neiva. Las autoridades las señalan como responsables de distribuir estupefacientes en entornos escolares del barrio Obrero.
Durante un operativo de allanamiento, la Policía Nacional descubrió escondites en las paredes del patio de su vivienda, donde ocultaban marihuana, cocaína y bazuco. Además, incautaron varias dosis listas para la venta y dinero en efectivo, presuntamente producto del negocio ilícito.
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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Horta de Rodríguez, mientras que su hija recibió detención domiciliaria. A pesar de las pruebas en su contra, ambas mujeres no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
por Konuco | Feb 18, 2025 | Destacadas, Región
Captura de marihuana en Putumayo
Villagarzón (Putumayo), 17 de febrero de 2025. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Edwin Leandro Camayo López y María del Carmen Pinta López, por su presunta responsabilidad en el transporte de 674 kilos de marihuana en las vías del Putumayo.
El cargamento, camuflado en cajas metálicas, tendría un valor aproximado de 450 millones de pesos en el mercado ilegal. La detención se llevó a cabo en la vereda Urcusique de Villagarzón, cuando la pareja, que se movilizaba en una camioneta en la vía de Santa Ana a Mocoa, fue requerida por las autoridades debido a fallas en su vehículo.
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Durante la inspección, los uniformados hallaron varias cajas metálicas envueltas en cinta transparente, que contenían la sustancia ilícita. Además de la marihuana, se incautaron la camioneta, teléfonos celulares y 5 millones de pesos en efectivo, que presuntamente correspondían al pago por el transporte del estupefaciente.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los capturados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación continúan las investigaciones para determinar el origen y destino del cargamento, así como identificar posibles redes de narcotráfico involucradas en este caso.
por Konuco | Feb 18, 2025 | Política, Región
Durante una actuación especial de fiscalización realizada en el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $160 mil millones en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los hallazgos se centran en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI), que tiene como objetivo beneficiar a las comunidades campesinas y étnicas del país.
Irregularidades identificadas en la compra de tierras
La auditoría, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el periodo entre 2022 y abril de 2024. Los resultados de esta investigación incluyeron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 podrían tener implicaciones disciplinarias, y 6 tienen un posible alcance fiscal. También se solicitó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, debido a la incongruencia en la información presentada por la ANT.
Una de las principales irregularidades detectadas es la compra de predios con suelos inadecuados para la producción agropecuaria. Algunos de los terrenos adquiridos están clasificados como clase VII, lo que los hace aptos solo para uso forestal, pero no para cultivos o ganadería. Más del 50% de la superficie de varios predios adquiridos presenta estas limitaciones, lo que viola la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de tierras con más del 20% de su área en suelos de clase VII y VIII. Además, algunos de estos predios tienen un 30% de humedales, lo que agrava aún más su viabilidad para el desarrollo de proyectos productivos.
Ocupaciones ilegales y retrasos en la entrega de tierras
Otro hallazgo significativo fue la ocupación ilegal de varios de los predios adquiridos. La falta de control adecuado por parte de la ANT permitió que estas tierras fueran invadidas, lo que generó un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones. La ausencia de diligencia para recibir materialmente las tierras adquiridas también afectó a las comunidades campesinas y étnicas que debían beneficiarse de ellas.
En cuanto a los retrasos en la entrega de los predios, se observó que solo el 18,5% de las tierras adquiridas al Fondo de Tierras han sido registradas y transferidas oficialmente. De los 205 predios, solo el 12,2% fueron entregados a las comunidades campesinas, el 5,3% a comunidades indígenas y solo el 1% a comunidades afrodescendientes. Este retraso ha afectado la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales, incumpliendo las metas establecidas en la Reforma Rural Integral.
Impacto en el desarrollo rural
La falta de celeridad en la entrega de tierras ha generado costos adicionales para la ANT debido al mantenimiento de tierras adquiridas pero no entregadas. Además, este atraso obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el bienestar de las comunidades destinatarias, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz. Se calcula que el retraso ha generado un detrimento de $110.322 millones en recursos públicos.
Estas irregularidades evidencian la necesidad urgente de mejorar la gestión en la adquisición y distribución de tierras dentro del marco de la Reforma Rural Integral para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera efectiva y beneficien a las comunidades más vulnerables.
por Konuco | Feb 17, 2025 | Política, Región
La reciente intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en las oficinas de Naturgas, que agrupa a empresas del sector gasífero en Colombia, ha generado un fuerte rechazo en la oposición. Los congresistas denunciaron que, durante la inspección, se extrajo el teléfono móvil de la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, con un interés particular en los mensajes de texto entre ella y algunos parlamentarios opositores al gobierno de Gustavo Petro. Este hecho ha sido interpretado como un intento de obtener información privada y como una amenaza a la libertad de expresión.
Los representantes Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y Juan Espinal, del Centro Democrático, fueron los encargados de hacer públicas las acusaciones. Según ellos, el procedimiento se desvió de su objetivo inicial al enfocarse en los chats entre Murgas y miembros de la oposición. Arbeláez expresó su preocupación por lo que considera una violación a la privacidad y una clara persecución por parte del gobierno, que, según ella, afecta no solo a la oposición, sino también a los medios de comunicación y las cortes.
Espinal anunció que llevarán la denuncia ante varias entidades, incluidas la Procuraduría General y la Fiscalía, además de organismos internacionales. Los congresistas consideran que lo ocurrido refleja un modelo de «expropiación» inspirado en el chavismo. En su opinión, el gobierno está utilizando la SIC como una herramienta para intimidar a los líderes gremiales y opositores. A su vez, cuestionaron la razón de ser de la inspección, ya que Naturgas no tiene injerencia en la regulación de las tarifas del gas natural.
Los argumentos de la SIC
Por otro lado, la superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de su entidad, asegurando que las visitas de inspección son parte de sus funciones de control. Rusinque explicó en una entrevista con Blu Radio que las investigaciones en curso responden a la necesidad de esclarecer posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del gas natural, y que todas las acciones realizadas están dentro del marco legal y constitucional. Negó cualquier influencia política en su decisión, reiterando que no hay intenciones de perseguir a la oposición.
La inspección de la SIC se dio en un contexto complicado para el gobierno, tras el anuncio de aumentos en las tarifas de gas natural en todo el país, lo que generó un rechazo generalizado. A pesar de la justificación oficial, la oposición sigue viendo en estos procedimientos un intento de silenciar a aquellos que critican al gobierno, y alertan sobre las posibles implicaciones políticas de este tipo de acciones.
