por Konuco | Jun 14, 2025 | Destacadas, Política
En vísperas de las elecciones, una importante aclaración surge para la ciudadanía del Vichada: se ha desmentido por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral Hernán Prada, la existencia de un supuesto acto administrativo que revocaría la candidatura de Juan Carlos Cordero a la Gobernación.
Información que ha circulado en redes sociales, sugiriendo la inhabilitación del candidato Cordero, es completamente falsa e inexistente. Es de recordar que la desinformación representa una seria amenaza para la democracia y la transparencia de los procesos electorales en el país.
La autoridad electoral ha verificado que para las elecciones que se llevarán a cabo este 15 de junio, todos los candidatos que aparecen en el tarjetón para la Gobernación del Vichada se encuentran debidamente habilitados para ser elegidos por la ciudadanía.
Se hace un llamado enfático a los ciudadanos a no dejarse llevar por rumores o información no verificada, especialmente en momentos tan cruciales como el cierre de una campaña electoral. La mejor forma de proteger nuestra democracia es informándose a través de fuentes oficiales y fidedignas.
¡Mañana, 15 de junio, los habitantes de Vichada tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto con la tranquilidad de saber que todos los candidatos en el tarjetón están habilitados para representar sus intereses en la Gobernación!
por Konuco | Jun 14, 2025 | Destacadas, Política
La campaña de Juan Carlos Cordero, aspirante a la Gobernación de Vichada, enfrenta una creciente ola de violencia e intentos de desinformación, justo antes de las elecciones del 15 de junio.
A tan solo días de los comicios, hombres armados interceptaron a miembros de su equipo de campaña en la vía Tres Matas-La Catorce, cerca de la inspección El Viento, en el municipio de Cumaribo. El ataque ocurrió el pasado 11 de junio a las 10:20 a. m., cuando Álvaro León Hernández —hijo del exgobernador Álvaro León—, su madre Nidia Hernández Roa, una integrante del equipo de prensa y una menor de edad fueron abordados por sujetos armados que los intimidaron con motocicletas y armas, obligándolos a detenerse.
Este hecho, que presuntamente involucra a integrantes de la Nueva Marquetalia, se suma a una cadena de intimidaciones contra simpatizantes del proyecto político de Cordero, generando preocupación sobre las garantías democráticas en el departamento.
Mientras su equipo denuncia los ataques, la campaña también enfrenta una ofensiva institucional. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, señaló públicamente a funcionarios públicos por presunto proselitismo a favor de Cordero. Según Idárraga, un video los muestra participando en eventos políticos con rifas y espectáculos donde se promovía la candidatura.
Ante estas denuncias, el Gobierno solicitó a la Fiscalía investigar por posible corrupción electoral y constreñimiento al elector; al Consejo Nacional Electoral, evaluar sanciones e incluso la anulación de la inscripción del candidato; y a la Procuraduría, abrir procesos disciplinarios.
Sin embargo, Juan Carlos Cordero aseguró que su candidatura sigue firme, legal y respaldada por el pueblo. “Aquí estamos y aquí seguimos, firmes con nuestro pueblo. Ni el CNE ni la Registraduría han recibido denuncia alguna”, afirmó.
Desde Puerto Carreño, Cordero denunció una campaña de manipulación:
“La desesperación de nuestros adversarios los está llevando a exabruptos, mentiras y manipulación para confundir al pueblo. Este 15 de junio vamos a derrotar a la violencia y a las mentiras. Seré el próximo gobernador del Vichada porque el pueblo ya lo decidió”.
En un comunicado oficial, su campaña rechazó los señalamientos de la Presidencia y pidió respeto por el proceso electoral, cuestionando que “funcionarios del más alto nivel pretendan influir públicamente sin una verificación formal por parte de las autoridades competentes”.
Juan Carlos Cordero gobernador Vichada es la consigna que se mantiene viva entre sus seguidores, quienes esperan que la voluntad del pueblo se imponga en las urnas pese a las presiones y ataques.
por Konuco | Jun 12, 2025 | Destacadas, Política
Ocho partidos políticos, en los que están incluidos independientes y de oposición, presentaron en la mañana de este jueves, pocas horas después de que el presidente firmara el decreto que convoca la consulta popular saltándose al Congreso, una demanda ante el Consejo de Estado para que sea anulada esa disposición.
La demanda incluye la solicitud de suspensión provisional, para que el decreto deje de tener efectos de inmediato, para que no se alcance a avanzar en la convocatoria, lo que podría traer altos costos para el erario público.
Los partidos, presentada por los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal, se sustenta en cuatro cargos, vulneración del principio de soberanía popular, extralimitación de funciones del presidente, violación al debido proceso y desconocimiento del obligatorio concepto previo favorable del Senado.
Sugerencias: Consulta popular de Petro enfrenta cuestionamientos por posible inconstitucionalidad
«Según los partidos, el decreto fue expedido sin contar con dicho concepto, condición exigida por el artículo 104 de la Constitución y por las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015. Esta omisión, advierte, convierte el acto administrativo en una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo, contraria al ordenamiento jurídico vigente», dice la comunicación publicada por los demandantes.
La convocatoria a consulta fue negada por el Senado el pasado 14 de mayo por 56 votos contra 44. El Gobierno ha asegurado que hubo irregularidades en la votación, pues no se comunicó a los senadores el texto de lo que estaban votando y, por esa razón, inaplicó la decisión por inconstitucional para expedir el decreto.
El registrador nacional, Hernán Penagos, tendrá que pronunciarse acerca de si lleva a cabo la jornada electoral de consulta, que el Gobierno solicitó se lleve a cabo el próximo 7 de agosto.
De Colprensa
por Konuco | Jun 11, 2025 | Destacadas, Educación, Judicial e Investigación
El reciente decreto firmado por el presidente, Gustavo Petro, para convocar una consulta popular sobre reformas laboral y pensional reavivó el debate sobre su validez jurídica.
Expertos constitucionalistas han cuestionado el decreto como una posible extralimitación del Ejecutivo y una violación del artículo 104 de la Constitución, que exige “concepto previo favorable del Senado” para convocatorias de consulta popular.
Las leyes estatutarias, incluida la Ley 1757 de 2015 y la Ley 134 de 1994, sostienen que, incluso si el Senado no se pronuncia dentro del término legal, sólo procede convocatoria si no existe objeto de debate, lo que no sería el caso aquí si se reconoce la votación negativa.
José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, señaló a Colprensa que “si una decisión judicial dictamina que hubo concepto previo pero negativo del Senado, no cabe la convocatoria porque se desconocería el artículo 104 de la Constitución. Si una decisión judicial concluye que no existió pronunciamiento ni concepto, y venció el término que tenía el Senado, se aplicaría el artículo 54 de la Ley 134 de 1994”.
En otras palabras, si un juez determinara que el Senado no se pronunció en el tiempo establecido por la ley, entonces sí podría aplicarse el artículo 54 de la Ley 134 de 1994, que permite la consulta en caso de silencio legislativo. Todo depende, por tanto, de lo que definan los tribunales sobre el trámite en el Congreso.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que la Carta Política exige que toda convocatoria a una consulta popular nacional por parte del Presidente cuente con un concepto previo y favorable del Senado. Según su análisis, el Gobierno estaría interpretando de manera equivocada un artículo de la Ley 1757 de 2015, al considerar que, si el Senado no emite concepto dentro del plazo establecido, se puede continuar con el trámite sin su aprobación.
Charry aclaró que esta interpretación se apoya en un artículo de dicha ley, el cual indica que, una vez vencido el término sin que el Congreso se pronuncie, comienza a contarse el tiempo para fijar la fecha de la elección. Sin embargo, advirtió que este análisis ignora lo dispuesto en el artículo anterior de la misma ley y en la Constitución, donde se exige expresamente el concepto del Senado como requisito previo.
“El análisis del Gobierno es fuera de contexto”, señaló, al considerar que se trata de una lectura forzada con el fin de justificar una convocatoria que, en su criterio, violaría la Constitución.
Además, advirtió que el Registrador Nacional, como autoridad electoral, podría o incluso debería abstenerse de aplicar el decreto presidencial, acudiendo a la figura de la excepción de inconstitucionalidad, que permite a los funcionarios abstenerse de aplicar normas contrarias a la Constitución.
Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, sostuvo en La W que el decreto “no tiene soporte constitucional” y acusó al Gobierno de intentar “hacer control constitucional a los actos del Congreso”, una operación que calificó de “descarrío muy complicado”.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) rechazó en un comunicado la convocatoria por decreto, calificándola como un “abuso del poder presidencial” que pone “en serio riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia inherente al poder Legislativo”
Antonio José Lizarazo, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, advirtió que la convocatoria es inconstitucional, pues el Senado emitió un concepto negativo en votación oficial, lo que impide la procedencia de la consulta según la Constitución y la ley. Asimismo, señaló que el Gobierno estaría usurpando funciones jurisdiccionales, lo que podría ser considerado prevaricato o abuso de función.
La controversia gira en torno a si el veto del Senado es suficiente para frenar la consulta, y si la alegación de fraude en la votación justifica invocar excepciones constitucionales o normativas.
Los opositores sostienen que si el Senado dijo “no” la convocatoria es ilegal. El Gobierno apela a una interpretación que considera la votación inválida y objetable por irregularidades, y la CEJ y expertos coinciden en que los canales institucionales existen para resolver estas dudas sin recurrir a decretos que, advierten, romperían el equilibrio entre poderes.
De Colprensa
por Konuco | Jun 11, 2025 | Destacadas, Región
El Ministerio de Vivienda entregó 30 viviendas dignas en la Alta Guajira destinadas las para las comunidades wayuu Kayuswaaralu y Naleep, ubicadas en el sector Los Cocos del corregimiento Bahía Honda, en el municipio de Uribia.
La entrega de viviendas se presentó en el marco del desarrollo del proyecto Miiroku, proyecto que según el Ministerio busca remontar la desigualdad y la exclusión de la población históricamente olvidada, afrontando el déficit habitacional del país.
“Miiroku es la expresión concreta de una nueva manera de hacer hábitat desde lo público. Una forma de relacionarnos con los territorios que parte del diálogo, del reconocimiento de la diversidad cultural y ambiental, y del compromiso con soluciones que nacen de las comunidades mismas. Este proyecto representa el tipo de política que impulsa el Ministerio: una que entiende la vivienda no como un producto, sino como un medio para fortalecer el tejido social, cuidar el entorno y construir paz desde lo cotidiano”, indicó la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello.
En el proyecto tiene un valor de $4.065 millones, El Ministerio de Vivienda, aportó $2.485,5 millones de ellos, equivalentes al 70 % del valor, a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), mientras que la Fundación Grupo Argos y sus aliados aportaron $1.219,5 millones, el 30 % del total.
Los recursos de la Nación corresponden al presupuesto del Subsidio Familiar de Vivienda Rural Nueva, por un valor equivalente a 70 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) por concepto de obra, más 20 SMMLV por el transporte de materiales a zonas apartadas.
De Colprensa
