por Konuco | Feb 17, 2025 | Política, Región
La reciente intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en las oficinas de Naturgas, que agrupa a empresas del sector gasífero en Colombia, ha generado un fuerte rechazo en la oposición. Los congresistas denunciaron que, durante la inspección, se extrajo el teléfono móvil de la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, con un interés particular en los mensajes de texto entre ella y algunos parlamentarios opositores al gobierno de Gustavo Petro. Este hecho ha sido interpretado como un intento de obtener información privada y como una amenaza a la libertad de expresión.
Los representantes Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y Juan Espinal, del Centro Democrático, fueron los encargados de hacer públicas las acusaciones. Según ellos, el procedimiento se desvió de su objetivo inicial al enfocarse en los chats entre Murgas y miembros de la oposición. Arbeláez expresó su preocupación por lo que considera una violación a la privacidad y una clara persecución por parte del gobierno, que, según ella, afecta no solo a la oposición, sino también a los medios de comunicación y las cortes.
Espinal anunció que llevarán la denuncia ante varias entidades, incluidas la Procuraduría General y la Fiscalía, además de organismos internacionales. Los congresistas consideran que lo ocurrido refleja un modelo de «expropiación» inspirado en el chavismo. En su opinión, el gobierno está utilizando la SIC como una herramienta para intimidar a los líderes gremiales y opositores. A su vez, cuestionaron la razón de ser de la inspección, ya que Naturgas no tiene injerencia en la regulación de las tarifas del gas natural.
Los argumentos de la SIC
Por otro lado, la superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de su entidad, asegurando que las visitas de inspección son parte de sus funciones de control. Rusinque explicó en una entrevista con Blu Radio que las investigaciones en curso responden a la necesidad de esclarecer posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del gas natural, y que todas las acciones realizadas están dentro del marco legal y constitucional. Negó cualquier influencia política en su decisión, reiterando que no hay intenciones de perseguir a la oposición.
La inspección de la SIC se dio en un contexto complicado para el gobierno, tras el anuncio de aumentos en las tarifas de gas natural en todo el país, lo que generó un rechazo generalizado. A pesar de la justificación oficial, la oposición sigue viendo en estos procedimientos un intento de silenciar a aquellos que critican al gobierno, y alertan sobre las posibles implicaciones políticas de este tipo de acciones.
por Konuco | Feb 15, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Dos integrantes de la red delincuencial AK-47, vinculada al grupo ilegal ‘Tren de Aragua’, aceptaron su responsabilidad en un ataque sicarial que dejó cuatro muertos en Cúcuta, el 27 de agosto de 2022. Un juez de conocimiento condenó a Ronell José Rangel Escobar y Richard Jonbran Rizo Cedeño a 21 años de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Ataque sicarial y condena
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que Rangel Escobar y Rizo Cedeño, junto a otros hombres armados, descendieron de un taxi en el barrio Pueblo Nuevo. Usando gorras y tapabocas, dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública, dejando un saldo trágico de cuatro víctimas mortales.
El juez avaló un preacuerdo entre los procesados y la Fiscalía, lo que les permitió acceder a una rebaja de pena. Sin embargo, la sentencia establece que deberán cumplir la condena en un centro carcelario en Colombia y, posteriormente, serán expulsados a Venezuela, su país de origen.
Otros delitos y operaciones criminales
Las pruebas recopiladas indican que los condenados participaron en otras actividades delictivas en Cúcuta, incluyendo extorsiones, hurtos y tráfico de estupefacientes. Su captura representa un golpe a la estructura delictiva del ‘Tren de Aragua’, que opera en la región fronteriza con Venezuela y ha sido señalada por múltiples hechos violentos.
por Konuco | Feb 14, 2025 | Destacadas, Educación, Judicial e Investigación
Un juez de control de garantías envió a prisión a Willinton Vallejo López, acusado de asesinar a un hombre durante una riña en Anzoátegui, Tolima. La Fiscalía General de la Nación presentó las pruebas que sustentan su presunta responsabilidad en el crimen.
El homicidio ocurrió el 24 de febrero de 2024 en un establecimiento público del casco urbano del municipio. Según la investigación, Vallejo López atacó con un arma blanca a la víctima, quien murió en el lugar. La pareja sentimental del fallecido intentó intervenir, pero también sufrió heridas con la misma arma.
La Policía Nacional capturó a Vallejo López en Anzoátegui y lo puso a disposición de la Fiscalía. Un fiscal de la Unidad de Vida de Tolima le imputó el delito de homicidio agravado, pero el acusado no aceptó los cargos.
Con esta medida de aseguramiento, la Fiscalía busca garantizar que el proceso judicial avance sin interferencias y asegurar justicia para la víctima.
por Konuco | Feb 14, 2025 | Política, Región
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que la decisión sobre la solicitud del presidente Gustavo Petro para que ‘Epa Colombia’, nombre de Daneidy Barrera Rojas, pueda salir de la cárcel bajo la ley de utilidad pública está en manos de los jueces, no del Gobierno. En una entrevista con La W, Buitrago destacó que el Ejecutivo no interviene en estos procesos judiciales y que, si se busca que la influencer sea beneficiada por esta ley, será necesario que lo soliciten directamente los interesados o su abogado.
“Es imposible hacerlo por vías diferentes a las que establece la ley. Si se quiere aplicar la ley de utilidad pública, eso solo lo decide un juez, el de conocimiento o el de ejecución de penas”, afirmó Buitrago, subrayando la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
El presidente Petro había manifestado su interés en gestionar ante el INPEC para que Barrera Rojas pudiera salir de prisión bajo esta ley, pero la ministra dejó claro que el Gobierno no tiene competencias para conceder ese beneficio. Según la ley, los requisitos básicos para acceder a este beneficio incluyen ser cabeza de hogar, haber cometido delitos como el hurto o el tráfico de estupefacientes, y haber actuado en condiciones de marginalidad, lo que, según el autor del proyecto, Rodrigo Lara, no cumpliría ‘Epa Colombia’.
Además, Buitrago señaló que el Código Penal establece una prohibición para conceder beneficios a personas condenadas por instigación a delinquir, como es el caso de Barrera Rojas, quien fue sentenciada por instigar actividades terroristas. La ministra citó el Artículo 68A del Código Penal, el cual impide otorgar sustituciones a quienes hayan cometido este tipo de delitos.
Sobre las críticas de que la solicitud del presidente podría violar la separación de poderes, Buitrago defendió el derecho de Petro a expresarse libremente. “Debemos respetar la libertad de expresión del presidente. Él tiene derecho a dar su opinión y manifestarse sobre estos temas”, explicó.
A pesar de las aclaraciones de la ministra, el futuro de ‘Epa Colombia’ sigue siendo incierto, ya que dependerá de lo que decidan los jueces, quienes evaluarán si cumple con los requisitos legales para recibir el beneficio de la ley de utilidad pública.
por Konuco | Feb 13, 2025 | Política, Región
Este jueves 13 de febrero comenzaron las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes para acelerar la discusión sobre la reforma a la salud, pero el inicio estuvo marcado por controversias y denuncias de irregularidades. La incertidumbre sobre si habría quorum retrasó el inicio de la sesión, que estaba convocada para las 4:00 p.m. pero arrancó casi una hora después.
La controversia surgió cuando algunos representantes cuestionaron la legalidad de los decretos que respaldan la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara y representante de la oposición por Cambio Radical, denunció que el decreto con el que se citó a las sesiones no cumplía con los requisitos legales. Según Garrido, el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Gustavo García Figueroa, no estaba publicado en el Diario Oficial al momento de la convocatoria, lo que violaría las normativas que rigen los actos administrativos.
Garrido presentó pruebas, como pantallazos, que mostraban que el nombramiento de García no aparecía en el Diario Oficial el 11 de febrero, pero sí el 12 de febrero, lo que la congresista calificó como un intento de manipulación del documento oficial. “Se configuraría falsedad en documento público y fraude procesal”, advirtió la representante. En respuesta, radicó una acción de nulidad contra los decretos y presentó una tutela para suspender la convocatoria mientras un juez decide sobre la legalidad del acto.
La denuncia de Garrido se sumó a la preocupación de otros congresistas, como Andrés Forero, del Centro Democrático, quien afirmó que el decreto para convocar a las sesiones extraordinarias era nulo porque quien firmó la convocatoria, el ministro Gustavo García, aún no estaba posesionado oficialmente en el cargo. Forero calificó la situación como una “usurpación de funciones” y añadió que las sesiones podrían estar viciadas desde su inicio.
Además, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, reconoció que el inicio de las sesiones debió haberse pospuesto hasta este miércoles 12 de febrero debido a los problemas con la publicación de los decretos. Salamanca, cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, se vio obligado a convocar a las sesiones una vez que los decretos fueron corregidos y finalmente publicados.
El debate por la reforma a la salud comienza en un contexto de desconfianza y dudas legales que podrían marcar el curso de la discusión. Si las acciones legales de la oposición prosperan, podrían interrumpir el avance de esta controversial reforma que busca modificar profundamente el sistema de salud en Colombia.
