por Konuco | Jul 6, 2026 | Política
El decreto del 7 de agosto de 2026 es la fecha que el presidente electo Abelardo de la Espriella fijó para formalizar el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una coordinación anunciada con cinco alcaldías para enfrentar la criminalidad en grandes ciudades. La idea ya suma respaldos locales, pero también advertencias en el Legislativo sobre su alcance y las reglas con las que empezaría a operar.
Una mesa con cinco capitales y foco en extorsión, atracos y homicidios
De la Espriella dio a conocer el plan el 5 de julio de 2026. En su anuncio, planteó instalar una mesa de trabajo con mandatarios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para coordinar esfuerzos entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales frente a la inseguridad urbana.
Según explicó, el bloque buscaría enfrentar estructuras delincuenciales y contener delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios. También dijo que llamará a los alcaldes para acordar medidas “efectivas y acordes con las necesidades” de las ciudades incluidas, como punto de partida de su arranque de gobierno.
El presidente electo vinculó su anuncio a un reporte de El Heraldo sobre extorsiones en el comercio de Soledad, Atlántico. En ese contexto, cuestionó al gobierno saliente de Gustavo Petro por una “presunta inacción en seguridad”, una afirmación enmarcada en su mensaje político de transición.
Galán y Asocapitales respaldan el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana
En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó la iniciativa como una “noticia muy importante” y afirmó que la ciudad está lista para un trabajo coordinado con el nivel nacional. En su pronunciamiento, sostuvo que el objetivo debe ser “desarticular las bandas delincuenciales” que operan en la capital.
Galán agregó que el Distrito requiere más apoyo del orden nacional para golpear esas organizaciones. Además, propuso redefinir la política criminal con un enfoque que, según dijo, debe endurecer penas y evitar beneficios que favorezcan la reincidencia, como parte de una estrategia más amplia contra el crimen.
Por su parte, Asocapitales —entidad que preside Galán— reiteró su disposición a trabajar con el nuevo gobierno en proyectos de seguridad. Otros alcaldes también expresaron respaldo: Federico Gutiérrez (Medellín) habló de un viraje; Alejandro Eder (Cali) pidió coordinación “con autoridad”, y Alejandro Char (Barranquilla) dijo que la propuesta coincide con amenazas de extorsionistas a comerciantes.
El decreto del 7 de agosto de 2026 pone la lupa en facultades y controles del bloque
El anuncio llegó al Congreso con posiciones encontradas. El representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) respaldó la iniciativa y pidió priorizar la seguridad “por encima de cualquier consideración”, con un llamado a actuar contra extorsiones, atracos y homicidios.
En contraste, sectores alternativos y movimientos sociales expresaron reparos por el enfoque. Óscar Benavides, representante electo a la Cámara por las negritudes, comparó la propuesta con experiencias del pasado y advirtió: “Ayer las Convivir, hoy bloques de defensa para la seguridad urbana”.
Desde el Pacto Histórico, el senador Alejandro Ocampo planteó interrogantes y habló del riesgo de un “paramilitarismo 2.0”. Con el decreto anunciado para el 7 de agosto, el punto crítico del debate queda concentrado en qué facultades tendría el bloque y bajo qué reglas empezaría a operar desde el inicio del nuevo gobierno.
por Konuco | Jul 2, 2026 | Política
El apoyo del BID al empalme anunciado por el presidente electo Abelardo de la Espriella USD 60 millones, que calificó como no reembolsables, abrió un debate sobre el destino de los recursos y su naturaleza mientras sectores del Centro Democrático lo defienden como cooperación técnica, congresistas electas del Pacto Histórico piden claridad y advierten riesgos de endeudamiento.
Qué dijo De la Espriella sobre los USD 60 millones y el “Empalme Anticorrupción”
De la Espriella informó en la red social X que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará 60 millones de dólares no reembolsables para respaldar el proceso de empalme con el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro. En el mensaje, el mandatario electo destacó el trabajo conjunto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
Según De la Espriella, más de 400 personas han trabajado por más de seis meses en la preparación del empalme. En su mensaje describió el estado que recibiría su administración como “el desastre que nos están dejando” y presentó el empalme como un mecanismo “anticorrupción” orientado a garantizar transparencia en la transferencia de mando.
En una comunicación posterior, fechada el 1 de julio y divulgada por el movimiento Defensores de la Patria, el presidente electo fijó ejes para la transición, con énfasis en la lucha anticorrupción, la reconstrucción institucional y el rediseño del Estado. “Aquí nadie tiene corona”, afirmó, al prometer acciones contra cualquier acto de corrupción.
De la Espriella también anunció que el 30 de junio de 2026 instaló el “Empalme Anticorrupción” con el liderazgo de Restrepo. Indicó que el trabajo se organiza en 22 mesas técnicas con más de 1.200 especialistas y facilitadores y que busca “conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano”.
Cruce por la naturaleza del apoyo del BID al empalme: donación o deuda
El anuncio derivó en críticas desde el Pacto Histórico. La representante a la Cámara electa Aida Quilcué cuestionó que “un empalme nunca ha requerido ese tipo de financiación” y sostuvo que esos recursos “no son un regalo”, sino fondos que podrían convertirse en deuda y abrir la puerta a condicionamientos para el país.
La exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal respondió que se trata de recursos “no reembolsables” y que, por tanto, no constituyen deuda ni generan intereses. “Esta cooperación técnica no es un préstamo, no engañe”, afirmó al refutar la interpretación de Quilcué.
En otro frente del debate, en 6AM W de Caracol Radio, el representante del Centro Democrático Jaime Arizabaleta señaló que no hace parte del equipo oficial de empalme y que sus opiniones previas en redes corresponden a posturas personales. Aun así, dijo que, según la información que conoce, el apoyo se concentraría en herramientas tecnológicas para revisar la información entregada por la administración saliente.
Arizabaleta sostuvo que el empalme se aborda en 22 sectores con más de mil personas ad honorem y que “lo que cuesta ahí es el software que va a arrojar las irregularidades que ha habido y los presuntos casos de corrupción”. También afirmó que, según su conocimiento, el BID lo donaría y “no es reembolsable”.
Piden más claridad sobre el uso de los recursos
La representante electa del Pacto Histórico Ana Erazo cuestionó la cifra anunciada y pidió mayor claridad sobre su destino. Recordó que en la transición entre el gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro participaron miles de profesionales voluntarios sin un presupuesto similar y planteó dudas sobre el tamaño del monto: “¿Qué software vale todo ese dinero?”.
En el mismo espacio radial, Erazo también defendió la desobediencia civil como una figura pacífica y legítima dentro de la democracia, frente a los cuestionamientos que surgieron por declaraciones del líder de la oposición, Iván Cepeda. Por ahora, la controversia principal se mantiene en torno a la justificación y el uso de los USD 60 millones anunciados para el empalme.
por Konuco | Jul 1, 2026 | Región
La conservación del caimán llanero quedó bajo una coordinación interinstitucional liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, después de una mesa convocada por la Procuraduría General de la Nación para responder a fallas críticas reportadas en algunos ejemplares bajo custodia.
Una hoja de ruta con dos entregables: cronograma e inventario
El principal compromiso de la mesa es entregar un cronograma de trabajo y un inventario actualizado antes del 12 de junio de 2026. Con esos insumos, las entidades buscan contar con una base común para tomar decisiones inmediatas sobre manejo y cuidado de los animales vinculados al programa nacional.
En ese esquema, el Ministerio de Ambiente asumió la coordinación para estructurar acciones concretas en frentes como alimentación, reproducción, reubicación, liberación y manejo integral de los ejemplares. La Procuraduría anunció que realizará seguimiento preventivo para verificar avances y evitar demoras en la implementación.
La Procuraduría expuso alertas por alimentación, salud y trazabilidad
La reunión se realizó en Bogotá D.C. el 4 de junio de 2026 y reunió a entidades del orden nacional, territorial, ambiental y académico. El objetivo fue acordar medidas urgentes para garantizar la conservación de la especie, considerada críticamente amenazada, y atender situaciones identificadas en su cuidado dentro de centros de conservación del país.
Durante la jornada se planteó la necesidad de actuar de inmediato en aspectos como alimentación, atención veterinaria, calidad del agua e infraestructura. También se incluyó la trazabilidad de los ejemplares, un punto clave para conocer su ubicación, las condiciones en que permanecen y las decisiones de manejo que requieren.
En su llamado, la Procuraduría alertó sobre riesgos asociados a la falta de alimentación y de atención integral que, según reportes recibidos en algunos casos, estaría afectando a ciertos animales bajo custodia institucional. Por eso, insistió en que la coordinación y la corresponsabilidad deben traducirse en decisiones sin dilaciones.
Inventario único y decisiones dentro del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero
Entre los acuerdos, las entidades reiteraron la necesidad de consolidar un inventario único, actualizado y verificable. La meta es tener un panorama real del estado, ubicación y condiciones de los animales atendidos en el Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero.
La Procuraduría enmarcó el seguimiento anunciado en la protección de una de las especies emblemáticas de los ecosistemas de la Orinoquía colombiana. Con la nueva coordinación a cargo de MinAmbiente, el foco inmediato queda en convertir el inventario y el cronograma en medidas concretas dentro de los centros de conservación.
por Konuco | Jul 1, 2026 | Política
Gustavo Petro reactivó la extradición de “Chiquito Malo” y pidió que, si lo capturan, lo envíen “de inmediato” para que se ejecute la medida. El pronunciamiento del presidente insiste en que la entrega se tramite con urgencia, pero queda condicionada a que las autoridades logren ubicarlo y detenerlo.
La instrucción presidencial: “de inmediato” tras una captura
El presidente reiteró su solicitud de reactivar la orden de extradición y dejó explícita la prioridad que, a su juicio, debe tener el caso en el momento en que se produzca una eventual captura. En su mensaje, Petro planteó que el traslado no se dilate y que se proceda con rapidez una vez se concrete el arresto.
El alcance inmediato del anuncio es político y operativo: marca una directriz de urgencia para el trámite y la ejecución, sin que ello signifique que la captura ya se haya producido. La petición presidencial está formulada en condicional y depende del desarrollo de las acciones de búsqueda y detención.
Qué implica reactivar la extradición de “Chiquito Malo”
La decisión de Petro apunta a poner nuevamente en marcha el proceso para que, una vez haya captura, avance el procedimiento de entrega. En términos prácticos, el mensaje presidencial busca evitar esperas entre la detención y el envío, y mantener la medida lista para ejecutarse cuando se cumplan los pasos correspondientes.
Sin embargo, la reactivación de la orden no equivale a un resultado consumado. La extradición, en este caso, sigue atada a un hecho previo: la captura del señalado. Por eso, el anuncio no confirma un traslado, sino una instrucción para que ocurra con rapidez si se concreta el arresto.
El caso “Chiquito Malo” vuelve al centro del mensaje del Gobierno
Al reactivar la medida, Petro coloca el caso de “Chiquito Malo” en un lugar de alta prioridad dentro de sus mensajes sobre seguridad y justicia. El presidente también enmarca su solicitud en la idea de acelerar decisiones que, en su criterio, no deberían postergarse cuando haya una captura.
Por ahora, el punto decisivo permanece intacto: la extradición solo puede ejecutarse después de una detención. Con su pronunciamiento, el jefe de Estado busca que, si ese momento llega, la respuesta institucional sea inmediata y la reactivación no se quede en una señal política sin efectos prácticos.
por Konuco | Jul 1, 2026 | Judicial e Investigación
La tutela contra el CNE y la Registraduría que buscaba cuestionar la permanencia de Abelardo de la Espriella en el trámite presidencial fue negada por un tribunal. El despacho sostuvo que la doble nacionalidad, por sí sola, no implica la pérdida automática del ejercicio de derechos políticos en colombianos por nacimiento.
El fallo dejó en pie lo actuado por las autoridades electorales
La decisión quedó plasmada en un fallo que divulgó el abogado Calderón España. En ese documento, el despacho resolvió “NEGAR la tutela acumulada” promovida por Gary Ernesto Martínez Gordón contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El eje de la discusión era si esas entidades vulneraron garantías constitucionales al permitir y mantener a De la Espriella dentro del proceso. Con la negativa, el tribunal no acogió la pretensión del accionante y, en consecuencia, no ordenó cambios sobre lo que venían adelantando las autoridades demandadas.
Qué pedía el accionante y qué derechos alegó afectados
En su escrito, Martínez Gordón sostuvo que las decisiones del CNE y la Registraduría habrían afectado derechos y principios ligados a la participación política y la soberanía popular. También expuso reparos sobre el debido proceso electoral y la supremacía constitucional, como parte de su cuestionamiento a la actuación de las entidades.
La tutela buscaba que el juez constitucional interviniera para corregir lo que el demandante presentó como una vulneración de derechos derivada de mantener al candidato en el certamen. Sin embargo, el fallo negó el amparo y no impartió órdenes que modificaran el curso del trámite electoral que motivó la acción.
La doble nacionalidad y el punto que el tribunal no consideró automático
Según la explicación divulgada por Calderón España, uno de los puntos de controversia giró alrededor del juramento de naturalización que De la Espriella habría prestado ante autoridades de Estados Unidos para obtener esa nacionalidad. El accionante tomó ese elemento como base para pedir que se cuestionara su permanencia en el proceso.
El tribunal, no obstante, dejó expresamente señalado que la doble nacionalidad no produce de manera automática la pérdida del ejercicio de derechos políticos en los colombianos por nacimiento. El alcance del pronunciamiento se limitó a resolver esta solicitud de amparo constitucional, sin instrucciones adicionales para el CNE y la Registraduría sobre el trámite que llevan frente a la participación del candidato.
