por Konuco | Oct 16, 2025 | Destacadas, Política
La marea política al interior del Pacto Histórico no para, sumado a las decisiones de los dos máximos organismos electorales de no permitir el logo del partido y no reimprimir los tarjetones, los ánimos políticos al interior de sus filas siguen al rojo.
En lo político, el ambiente sigue caldeado. El exprecandidato presidencial Daniel Quintero vaticinó que, si la consulta del 26 de octubre sigue en firme, el que sea su ganador quedará impedido por mandato de la ley para ir en marzo a la llamada consulta del Frente Amplio, es decir, la consulta interpartidista de la izquierda.
Según Quintero, “participar en la consulta del 26 de octubre me habría impedido participar en las elecciones que vamos a realizar en marzo del 2026. Las razones son varias: al no ser una consulta partidista, la ley no permite que después de ganar la consulta pueda participar en otra consulta interpartidista como la que vamos a realizar el próximo año y con la que vamos a construir un gran frente amplio para ganar en primera vuelta”.
Precisa además que “esto se agrava porque redactaron mal la pregunta ‘VOTO PARA CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA’. Al ganar la consulta, quedaba obligado a cumplir lo estipulado en el tarjetón como si fuera un contrato. Es decir, tenía que ir directamente a mayo o me tocaría pagar los más de 200 mil millones que vale la consulta”.
Cuestiona que “la decisión del CNE de pedir la reimpresión de los tarjetones sin el logo del Pacto Histórico, y la negativa de la Registraduría a hacerlo, hacen que los tarjetones sean ilegales. Mantenerse implicaría soportar una cascada de demandas a mi elección que contaminarían la campaña”.
Respecto a las críticas que le han hecho a él porque se retiró pese a que no podría, Quintero manifestó que “dado que la consulta ahora es entre tres partidos: el Polo, Comunistas y la UP, a los que no estoy afiliado, y que nunca autoricé participar en una consulta de ninguno de estos tres partidos, quedo en libertad para aspirar en marzo o en mayo del próximo año en las elecciones presidenciales”.
Sin embargo, lo dicho por el excandidato lo rechaza la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien considera que, al haberse inscrito oficialmente como precandidato presidencial en la consulta de esos tres partidos, eso le genera consecuencias jurídicas que no se pueden desconocer tras su decisión de no participar el 26 de octubre en la misma.
Para Barrios, “de acuerdo con la Ley 1475, él no podría ser candidato a la Presidencia en 2026. Sin embargo, es una decisión definitiva que toma la autoridad electoral. Pero si la autoridad electoral se remite a la ley, él ya es precandidato de una consulta, así se retire, y ese resultado es de obligatorio cumplimiento para él y no podrá inscribirse por ninguna otra organización política”.
Barrios recordó que “esa inscripción ya había quedado en firme. Se hicieron reuniones para aprobar las tarjetas electorales, definir los puestos y las mesas de votación. Todo estaba listo para seguir adelante. Legítimamente un candidato puede retirarse, pero eso no significa que no tenga que cumplir con las reglas de la consulta.”
Lo dicho por Barrios va en tono con el planteamiento de la Registraduría Nacional sobre la consulta. “La Registraduría Nacional cumple una labor de organización y dirección del proceso electoral, de manera que no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses y, en general, sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales”, indicó una declaración de la entidad.
Tras recordar un cronograma que se cumplió paso a paso para las consultas, la Registraduría indicó también que “finalizado el periodo de modificaciones (3 de octubre), la Registraduría socializó y remitió a las agrupaciones políticas las tarjetas definitivas. La entidad no recibió objeción alguna. El 100 % del material electoral se encuentra impreso y en etapa de alistamiento y distribución nacional. Razones materiales, presupuestales y de calendario no permiten modificar o reimprimir las tarjetas, ya que los plazos del calendario electoral (Resolución 7958 del 8 de julio de 2025) y los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. Por lo tanto, es imposible su envío a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta”.
De esa manera, la entidad le respondió a la candidata Carolina Corcho, quien pidió reimprimir los tarjetones, como también a las acusaciones de Quintero, quien reclama que no ha habido garantías suficientes en el proceso electoral.
De Colprensa
por Konuco | Oct 16, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un juez en Caquetá ordenó un embargo por más de $422 mil millones contra la Nueva EPS, pese a que legalmente los recursos del sistema de salud son considerados inembargables.
Ese despacho concentra el 45,9% de las demandas ejecutivas en contra de Nueva EPS y se ha convertido en el juzgado que más medidas cautelares ha decretado a nivel nacional en contra de la Entidad.
Entre las IPS con mayor número de procesos de embargo contra la Nueva EPS figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente S.A.S., Clínica Uros S.A.S. y Fundación Cardio Infantil.
La Agente Interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía, expresó su preocupación por la decisión.
“Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fundamentales para garantizar la prestación de servicios de salud, tienen una naturaleza parafiscal y son inembargables, como lo establece el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Esta medida judicial no solo vulnera el orden jurídico, sino que compromete gravemente el patrimonio público y,
lo más importante, afecta la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, dijo.
La Procuraduría General de la Nación ya había alertado a los jueces del país sobre la prohibición de decretar embargos sobre los recursos de la UPC.
De Colprensa
por Konuco | Oct 14, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación cuestionó el bajo avance de los compromisos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 relacionados con la garantía de derechos de las mujeres indígenas. El organismo de control pidió a varias entidades del Gobierno entregar informes ejecutivos y cronogramas de trabajo que detallen los progresos reales en la ejecución de las metas pactadas en la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI).
Entre los compromisos sin cumplimiento efectivo se encuentran la consulta previa para actualizar la Ley de Mujer Rural, la creación de centros de formación para liderazgo indígena, y la implementación de programas comunitarios para prevenir la violencia sexual contra niños y adolescentes. También está pendiente la formulación de un plan de formación socioambiental intercultural, clave para la participación de las comunidades en la protección de sus territorios.
La Procuraduría advirtió que el estancamiento en estos proyectos vulnera directamente el Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo, ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008. Según el ente de control, la falta de ejecución afecta los derechos fundamentales de cientos de mujeres que enfrentan riesgos de violencia, despojo y exclusión institucional.
El Ministerio Público instó al Ejecutivo a cumplir los compromisos adquiridos y fortalecer la articulación con los pueblos indígenas para evitar que el Plan Nacional de Desarrollo quede en el papel.
por Konuco | Oct 14, 2025 | Destacadas, Región
Con drones con explosivos fue atacada en las últimas horas la vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño, una base militar del Ejército y varios uniformados de Policía.
Información en poder de las Fuerzas Militares da cuenta de que los ataques fueron cometidos por integrantes de la estructura Armando Ríos, de las disidencias de las Farc, en un intento por desestabilizar la seguridad en el municipio.
En ese contexto, el primer ataque ocurrió en las instalaciones del Batallón de Selva N.° 24 General Luis Carlos Camacho Leyva, ubicado en ese municipio de Calamar. Un soldado resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
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«Como resultado de este acto criminal, un soldado resultó herido, siendo evacuado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se encuentra estable«, informó el Ejército.
Simultáneamente, se presentaron ataques contra la residencia del alcalde municipal y posteriormente contra un grupo de policías que llegó al lugar para verificar la situación.
En un segundo intento de ataque, las tropas identificaron nuevamente la presencia de un dron con explosivos y, gracias a la reacción rápida y efectiva, lograron derribarlo antes de que alcanzara su objetivo.
«Este ataque indiscriminado y cobarde, además de constituir una flagrante violación al derecho internacional humanitario, evidencia el accionar terrorista de estas estructuras ilegales, que no dudan en poner en riesgo la vida de la población civil con el único fin de sembrar miedo«, concluyó el Ejército.
Foto: Redes Sociales
(Colprensa)
por Konuco | Oct 14, 2025 | Destacadas, Política
El expresidente César Gaviria, en una carta publicada en sus redes sociales, rechazó que los miembros del grupo ilegal del Tren de Aragua puedan ser incluidos en la política de Paz Total y como consecuencia de ello puedan evitar su extradición o recibir algún tipo de beneficios.
Gaviria dice que con la inclusión, «se buscaría justificar negar la extradición solicitada para estos cabecillas, quienes, según información de medios de comunicación, ya cuentan con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para ser extraditados a Chile, pero la corte se ha quedado corta en exigir esas extradiciones por parte del Gobierno».
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En su carta, el expresidente y líder del Partido Liberal critica que el presidente Petro haya intentado justificar las actividades criminales del Tren de Aragua en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. «¡Qué despropósito! ¡Qué error monumental!«, dice.
Y destaca que el Tren de Aragua es una de las organizaciones delincuenciales más peligrosas del mundo, con actividades ilícitas que no se limitan al narcotráfico, declarada organización terrorista por el Gobierno de los Estados Unidos.
Señaló que de concretarse la posibilidad de que los miembros del Tren de Aragua sean cobijados por la Paz Total, el país debe entrar en alerta máxima, porque sería una señal de que el Gobierno intencionalmente busca causarle daño al país en beneficio de organizaciones criminales extranjeras.
«Esto confirmaría que la Paz Total, lejos de promover la convivencia pacífica en diferentes zonas del territorio nacional, se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia», agregó.
(Colprensa)
