por Konuco | Oct 16, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un juez en Caquetá ordenó un embargo por más de $422 mil millones contra la Nueva EPS, pese a que legalmente los recursos del sistema de salud son considerados inembargables.
Ese despacho concentra el 45,9% de las demandas ejecutivas en contra de Nueva EPS y se ha convertido en el juzgado que más medidas cautelares ha decretado a nivel nacional en contra de la Entidad.
Entre las IPS con mayor número de procesos de embargo contra la Nueva EPS figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente S.A.S., Clínica Uros S.A.S. y Fundación Cardio Infantil.
La Agente Interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía, expresó su preocupación por la decisión.
“Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fundamentales para garantizar la prestación de servicios de salud, tienen una naturaleza parafiscal y son inembargables, como lo establece el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Esta medida judicial no solo vulnera el orden jurídico, sino que compromete gravemente el patrimonio público y,
lo más importante, afecta la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, dijo.
La Procuraduría General de la Nación ya había alertado a los jueces del país sobre la prohibición de decretar embargos sobre los recursos de la UPC.
De Colprensa
por Konuco | Oct 14, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación cuestionó el bajo avance de los compromisos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 relacionados con la garantía de derechos de las mujeres indígenas. El organismo de control pidió a varias entidades del Gobierno entregar informes ejecutivos y cronogramas de trabajo que detallen los progresos reales en la ejecución de las metas pactadas en la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI).
Entre los compromisos sin cumplimiento efectivo se encuentran la consulta previa para actualizar la Ley de Mujer Rural, la creación de centros de formación para liderazgo indígena, y la implementación de programas comunitarios para prevenir la violencia sexual contra niños y adolescentes. También está pendiente la formulación de un plan de formación socioambiental intercultural, clave para la participación de las comunidades en la protección de sus territorios.
La Procuraduría advirtió que el estancamiento en estos proyectos vulnera directamente el Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo, ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008. Según el ente de control, la falta de ejecución afecta los derechos fundamentales de cientos de mujeres que enfrentan riesgos de violencia, despojo y exclusión institucional.
El Ministerio Público instó al Ejecutivo a cumplir los compromisos adquiridos y fortalecer la articulación con los pueblos indígenas para evitar que el Plan Nacional de Desarrollo quede en el papel.
por Konuco | Oct 14, 2025 | Destacadas, Región
Con drones con explosivos fue atacada en las últimas horas la vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño, una base militar del Ejército y varios uniformados de Policía.
Información en poder de las Fuerzas Militares da cuenta de que los ataques fueron cometidos por integrantes de la estructura Armando Ríos, de las disidencias de las Farc, en un intento por desestabilizar la seguridad en el municipio.
En ese contexto, el primer ataque ocurrió en las instalaciones del Batallón de Selva N.° 24 General Luis Carlos Camacho Leyva, ubicado en ese municipio de Calamar. Un soldado resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
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«Como resultado de este acto criminal, un soldado resultó herido, siendo evacuado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se encuentra estable«, informó el Ejército.
Simultáneamente, se presentaron ataques contra la residencia del alcalde municipal y posteriormente contra un grupo de policías que llegó al lugar para verificar la situación.
En un segundo intento de ataque, las tropas identificaron nuevamente la presencia de un dron con explosivos y, gracias a la reacción rápida y efectiva, lograron derribarlo antes de que alcanzara su objetivo.
«Este ataque indiscriminado y cobarde, además de constituir una flagrante violación al derecho internacional humanitario, evidencia el accionar terrorista de estas estructuras ilegales, que no dudan en poner en riesgo la vida de la población civil con el único fin de sembrar miedo«, concluyó el Ejército.
Foto: Redes Sociales
(Colprensa)
por Konuco | Oct 14, 2025 | Destacadas, Política
El expresidente César Gaviria, en una carta publicada en sus redes sociales, rechazó que los miembros del grupo ilegal del Tren de Aragua puedan ser incluidos en la política de Paz Total y como consecuencia de ello puedan evitar su extradición o recibir algún tipo de beneficios.
Gaviria dice que con la inclusión, «se buscaría justificar negar la extradición solicitada para estos cabecillas, quienes, según información de medios de comunicación, ya cuentan con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para ser extraditados a Chile, pero la corte se ha quedado corta en exigir esas extradiciones por parte del Gobierno».
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En su carta, el expresidente y líder del Partido Liberal critica que el presidente Petro haya intentado justificar las actividades criminales del Tren de Aragua en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. «¡Qué despropósito! ¡Qué error monumental!«, dice.
Y destaca que el Tren de Aragua es una de las organizaciones delincuenciales más peligrosas del mundo, con actividades ilícitas que no se limitan al narcotráfico, declarada organización terrorista por el Gobierno de los Estados Unidos.
Señaló que de concretarse la posibilidad de que los miembros del Tren de Aragua sean cobijados por la Paz Total, el país debe entrar en alerta máxima, porque sería una señal de que el Gobierno intencionalmente busca causarle daño al país en beneficio de organizaciones criminales extranjeras.
«Esto confirmaría que la Paz Total, lejos de promover la convivencia pacífica en diferentes zonas del territorio nacional, se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia», agregó.
(Colprensa)
por Konuco | Oct 10, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Corte Constitucional estableció que los familiares de los líderes y defensores de derechos humanos amenazados en Colombia también deben ser destinatarios de medidas de protección por parte del Estado, al fallar una tutela a favor de una lideresa indígena a quien la Unidad Nacional de Protección (UNP) le redujo su esquema de seguridad de manera injustificada pese al asesinato de su esposo y a las constantes intimidaciones contra su núcleo familiar.
El pronunciamiento del alto tribunal (Sentencia T-335 de 2025) busca corregir las fallas en la valoración de riesgo que ponen en peligro no solo a los defensores, sino también a su entorno más cercano, en un contexto de violencia persistente contra esta población.
La Corte recordó que los líderes sociales son sujetos de especial protección constitucional y que su labor es fundamental para la democracia, advirtiendo sobre las alarmantes cifras de violencia, como los 1.557 asesinatos registrados por la Defensoría del Pueblo desde 2016 hasta abril de 2025.
Las fallas sistemáticas en la evaluación de riesgo
La decisión de la Corte se fundamentó en el caso de ‘Ana’, una mujer indígena, líder de su comunidad y miembro de la mesa de víctimas, quien ha sufrido desplazamientos forzados, hostigamientos y amenazas. A pesar del asesinato de su esposo en agosto de 2024, la UNP decidió modificar su esquema de protección, que inicialmente incluía un escolta y apoyo de transporte, para dejarla únicamente con un chaleco blindado y un medio de comunicación.
El tribunal identificó un patrón de deficiencias en el actuar de la UNP que vulneran el debido proceso y ponen en riesgo la vida de los protegidos. La Corte estableció que la entidad no puede basar sus decisiones en valoraciones “contradictorias y erradas” que desvirtúan el liderazgo de una persona, sobre todo cuando existen certificaciones oficiales que lo acreditan.
Asimismo, sentó como regla que la falta de avance en las investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación no puede ser utilizada como argumento para disminuir el nivel de riesgo de una persona amenazada. Según la Corte, esto equivale a trasladar a la víctima las consecuencias de la ineficacia del sistema judicial.
El fallo también fue enfático en que cualquier reducción de un esquema de seguridad debe fundarse en una “disminución relevante y probada del nivel de riesgo”, y no en cambios insustanciales o arbitrarios. La UNP está obligada a presentar una motivación técnica detallada que justifique por qué las nuevas medidas son idóneas y eficaces.
Finalmente, la Corte exigió la aplicación obligatoria de un enfoque diferencial en todos los análisis. Explicó que se deben considerar los riesgos específicos que enfrentan las personas por su género, pertenencia étnica u orientación sexual, ya que la combinación de estas condiciones puede aumentar su vulnerabilidad.
Más allá de amparar a la líder indígena, la Corte emitió órdenes de alcance general. Dejó sin efectos las resoluciones que redujeron la protección de ‘Ana’ y ordenó a la UNP reestablecer su esquema original de forma inmediata, además de realizar una nueva valoración completa en un plazo de cinco días. Dicho estudio deberá incluir un análisis del riesgo de su núcleo familiar, compuesto por su hijo, su hija embarazada y su nieto de dos años.
También se le ordenó a la Fiscalía General de la Nación impulsar, en un término de tres meses, las investigaciones por los delitos cometidos contra la defensora y su familia, como un mecanismo para garantizar el derecho a la justicia efectiva y combatir la impunidad.
La violencia en cifras
El fallo de la Corte Constitucional se produce en medio de un panorama de violencia sostenida contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Según cifras de la Defensoría del Pueblo citadas en la sentencia, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025 se confirmaron los asesinatos de 81 líderes y defensores en el país. La cifra acumulada de homicidios desde enero de 2016 asciende a 1.569 casos.
Otras organizaciones como Indepaz y Somos Defensores mantienen registros paralelos que, aunque presentan ligeras diferencias, coinciden en la alarmante tendencia. Indepaz reportó 173 asesinatos de líderes en 2024 y, para finales de septiembre de 2025, ya contabilizaba 150 casos, lo que representa un aumento del 19 % frente al mismo periodo del año anterior. Los liderazgos comunales e indígenas siguen siendo los más afectados.
El programa Somos Defensores verificó la ocurrencia de 727 agresiones individuales dirigidas contra esta población durante 2024, que incluyen 404 amenazas, 157 asesinatos, 62 detenciones, 44 desplazamientos forzados y 24 secuestros.
Este contexto de riesgo se agrava para ciertos grupos, como los líderes indígenas y defensores ambientales. El informe anual de 2024 de la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que los asesinatos y atentados representaron el 41,9 % de las agresiones contra líderes ese año.
De Colprensa
