por Konuco | Jun 3, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto conflicto de intereses.
Según la entidad, Roa adquirió, de una manera aparentemente irregular, un apartamento a la empresa Princenton International Holding, cuyo representante legal para la época de los hechos era Serafino Lacono, quien tiene intereses en el sector petrolero.
Para el organismo, el funcionario “pudo estar incurso en un conflicto de intereses, dadas las gestiones adelantadas y la toma de decisiones que adoptaría la empresa de petróleos en el giro ordinario de sus negocios, que involucrarían los intereses de firmas, empresas o sociedades que han tenido vínculos directos o indirectos con el señor Serafino Lacono”.
Ricardo Roa ha estado inmerso en escándalos desde su posesión, no solo por las aparentes irregularidades que hubo en la compra del apartamento, sino por su labor como gerente de la campaña de Petro Presidente, por la cual está siendo investigado.
La Procuraduría solicitó además a Ecopetrol informar si Roa Barragán aportó, al momento de su posesión, una declaración de conflicto de intereses y si la ha actualizado periódicamente durante los años en los que ha desempeñado al frente de la entidad.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | Jun 3, 2025 | Destacadas, Política
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que si el presidente, Gustavo Petro, firma el decreto para convocar la consulta popular sobre las reformas laboral y pensional será demandado inmediatamente, al tiempo que informó que enviarán una certificación a la Registraduría que confirma que la plenaria del Senado negó la realización de esa consulta popular, por lo que afirmó que no existen posibilidades legales para que se cite dicha consulta ni para que el registrador Hernán Penagos acepte convocarla.
Cepeda señaló que el Senado votó en contra de la convocatoria de la consulta popular y explicó que el proyecto para realizarla no fue aprobado. Además, recordó que el Consejo de Estado también ha expresado que el procedimiento para llamar a la consulta popular no ha sido cumplido y que convocarla sería violar la justicia y las leyes colombianas.
Señaló que se está enviando una comunicación formal al registrador del Estado Civil para certificar que la plenaria del Senado se pronunció en contra de la consulta y que esa certificación es fundamental para que el Registrador no acepte la convocatoria.
El presidente Petro anunció que firmará el decreto para convocar una consulta popular con el fin de que la ciudadanía decida sobre las reformas laboral y pensional, señalando que dichas reformas son indispensables para cambiar lo que calificó como “neo esclavismo” y aumentar la cobertura pensional.
Petro denunció, además, un supuesto plan para atentar contra su vida y acusó a una red internacional de narcotráfico de estar detrás de esos hechos. Según él, esas organizaciones buscan mantener el control sobre instituciones colombianas.
Cepeda calificó como “despropósito” la convocatoria de la consulta y afirmó que el presidente violaría la ley si decide firmar el decreto. Enfatizó que la votación en el Senado es clara y que el Congreso es una de las ramas independientes del poder público, por lo que el llamado a la consulta popular sin el aval legislativo carecería de validez.
De Colprensa para Konuco
por Konuco | Jun 2, 2025 | Destacadas, Política
El país sigue conociendo diversas posturas de partidos políticos, gremios económicos y sectores de juristas, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, de convocar la consulta popular de la reforma laboral por vía decreto debido a que en su concepto el Senado actuó de forma fraudulenta al votar la convocatoria de la misma.
La presidente del Partido Conservador, senadora Nadia Blel, indicó que “el anuncio del presidente Petro de convocar vía decreto la consulta popular no solo atenta contra una decisión legítima del Senado de la República, sino que es un duro golpe contra nuestra democracia y el estado de derecho. Por eso desde los partidos queremos hacer un llamado a todas las instituciones, a todas las ramas del poder público, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Registraduría pero especialmente a las altas cortes para que actúen con total determinación frente a estos abusos por parte del ejecutivo de sus competencias constitucionales”.
A su turno el director del Partido de La U, Alexander Vega, declaró que “si el Gobierno convoca la consulta popular por decreto, la Registraduría no puede expedir un calendario electoral porque le faltaría el concepto favorable del Senado”.
Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal, sostuvo frente a la polémica que: “Estoy lista para presentar la respectiva demanda contra el decreto con el que Petro pretende adelantar un golpe de Estado. Petro no puede usar mecanismos de participación ciudadana para sustituir competencias del Congreso, especialmente cuando ya hay una decisión tomada. Esto sería una violación del principio de separación de poderes y del Estado de derecho”.
El exministro del Interior de este gobierno, Juan Fernando Cristo, consideró que “la decisión sobre la validez jurídica de la votación de la plenaria del Senado que negó la consulta popular no corresponde al Gobierno Nacional, sino a la justicia, que ya la revisa en el Consejo de Estado. Se comete una grave equivocación al convocar la consulta”.
Plantea además que “se desconoce la independencia de los poderes; el Gobierno se atribuye competencias que no tiene y se pone en riesgo la estabilidad institucional del país. Hasta ahora, a pesar de duros enfrentamientos, el Gobierno ha utilizado los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley para tramitar sus diferencias con las otras ramas del poder”.
Por su parte el Consejo Gremial Nacional acusó a Petro de vulnerar la Constitución al insistir en convocar por decreto una consulta popular que fue archivada por el Senado. Para los gremios es una acción que rompe la institucionalidad, desconoce la separación de poderes y amenaza la estabilidad democrática del país.
El abogado Iván Cancino, en claro rechazo a lo dicho por el exfiscal Eduardo Montealegre que sí es legal usar ese decreto para la consulta, sostuvo que “los vicios de inconstitucionalidad no los decide el presidente, los vicios en el trámite tampoco , o bien la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, cualquier autoridad que dé trámite a una consulta popular vía decreto le está fallando a la constitución misma, al pueblo, al país y por ende está prevaricando, con dolo”.
por Konuco | Jun 2, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Corte Constitucional reiteró este viernes su exhorto al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que expidan, sin más dilaciones, un estatuto de educación para las comunidades indígenas. Según concluyó la Sala Sexta de Revisión, persiste un vacío normativo que afecta el ejercicio pleno de los derechos a la participación y a la identidad cultural de estos pueblos.
La decisión se dio al revisar una tutela presentada por la comunidad indígena Totarco, ubicada en el sur del Tolima, la cual alegó vulneración de sus derechos por parte de la Secretaría de Educación Departamental al no concertar las reglas del proceso para seleccionar el personal administrativo de una institución educativa.
Es decir, la comunidad indígena Totarco presentó esta tutela porque la Secretaría de Educación Departamental designó personal administrativo sin consultar ni acordar con la comunidad, lo que consideraron una violación de sus derechos.
El problema principal radica en que en Colombia no existe una ley o reglamento claro que establezca cómo deben seleccionarse las personas que trabajan en las escuelas indígenas, no solo docentes y directivos, sino también el personal administrativo.
Esta falta de regulación impide que las comunidades indígenas participen activamente en la elección de estos empleados y que se respeten criterios que garanticen su identidad cultural y formas propias de organización.
La Corte concluyó que, además del vacío normativo en la designación de docentes y directivos docentes en contextos indígenas, también existe una falta de regulación en cuanto al nombramiento del personal administrativo. Indicó que, aunque su naturaleza es distinta, su designación también debe garantizar el acceso a los cargos públicos con enfoque étnico y concertación previa con las autoridades indígenas.
La Sala, integrada por el magistrado Miguel Polo Rosero, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y la exmagistrada Cristina Pardo Schlesinger, recordó que el exhorto para crear un estatuto de etnoeducación se formuló por primera vez hace más de diez años y fue reiterado en 2021, sin que hasta ahora se haya dado respuesta normativa.
Según explicó el tribunal, la ausencia de este marco legal impide establecer reglas claras y concertadas para procesos de selección en instituciones educativas indígenas, lo que termina afectando el derecho a preservar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos originarios.
En este caso concreto, la Corte ordenó al departamento del Tolima adelantar una nueva convocatoria pública para cubrir el cargo de auxiliar administrativo en la institución educativa Totarco Dinde. El proceso deberá concertarse previamente con las autoridades de la comunidad y garantizar criterios de mérito, preferencia por personas pertenecientes a la comunidad y conocimientos básicos sobre su cultura.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | Jun 2, 2025 | Destacadas, Política
Si hay un tema que se hará obligatorio a la hora de los balances del Congreso de la República 2022-2026, sin duda alguna será el trámite de las reformas sociales, la principal apuesta del presidente de izquierda Gustavo Petro, las cuales no avanzaron en sus cuatro años de mandato como esperaba.
Ese paquete de normas, compuesto por las reformas de salud, laboral y pensional, tuvo en esta última la única ley que relativamente avanzó sin mayor problema y pasó a sanción presidencial. Está a punto de entrar en vigencia y pende de un control de la Corte Constitucional, en donde su suerte es incierta.
La reforma a la salud por ahora no avanza. Se quedó por segunda vez estancada en la Comisión Séptima este semestre, pero allí ya se hundió hace poco más de un año por falta de apoyo a la misma. Por ahora el proyecto está en su fase de audiencias, redacción de la ponencia y muy seguramente no alcanzará a ser aprobada antes del 20 de junio.
Sin embargo, la gran atención está puesta en la reforma laboral, porque por un lado ha servido para que el presidente Petro se la juegue con la convocatoria de una consulta popular para preguntar a los colombianos sobre 12 temas que son la base de esa reforma laboral que había vuelto a hundir en esa comisión del Senado.
La jugada de Petro, para muchos más electorera que realidad, llevó a que la plenaria votara y negara el 14 de mayo pasado la convocatoria a la votación popular de esa consulta, pero esa misma plenaria gracias a una apelación reabrió la discusión del trámite de la reforma y la mandó a que se discutiera en la Comisión Cuarta del Senado.
Esa comisión es la más opositora al jefe del Estado. Allí se le han hundido al presidente Petro el presupuesto general de la nación para 2025, como también la petición de tramitar una ley de endeudamiento o reforma tributaria. La semana que termina demostró en parte eso, si bien el gobierno apoyo a regañadientes la reapertura del proyecto, se opuso porque el mismo, pese a tener una amplia concertación, fue modificado en asuntos claves.
Aunque hubo unas mayorías, las mismas estuvieron en entre dicho porque, por ejemplo, el liberalismo se apartó en los temas de las horas extras y los dominicales, mientras que el uribismo, al cierre de la votación, se opuso a que en estos temas de incremento de sueldos se haga pese a que se afectarán las empresas.
Con este panorama y con una ponencia que estará lista el martes 3 de junio, cuando muy seguramente se tendrá una ponencia de oposición presentada por el Pacto Histórico, el partido de gobierno, por intermedio de la senadora Aida Avella, y una ponencia mayoritaria que no será firmada ni por liberales ni el uribismo.
LAS NUEVAS CUENTAS
La votación de la reforma en la plenaria se esperaría se dé entre el lunes 9 y máximo el viernes 13 de junio, para así darle tiempo si es necesaria la conciliación para que se haga antes del 20, día en que terminan las sesiones ordinarias.
En ese orden de ideas está claro que el Pacto Histórico va a votar no a la reforma, lo mismo que un sector de la Alianza Verde, Comunes y un indígena, eso significa que serían unos 32 votos que se opondrían a la reforma laboral. Incluso su voto ya fue cantado desde esta misma semana cuando advirtieron que “a pesar del esfuerzo colectivo que permitió revivir el debate tras el archivo inicial —gracias a la movilización social y a la convocatoria de la Consulta Popular— lo aprobado representa una clara derrota para quienes soñamos con un modelo laboral justo y digno”.
Consideran que lo aprobado suprimió la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje del Sena, negó el aumento de la licencia de paternidad, eliminó las licencias por menstruaciones incapacitantes, se permitió seguir utilizando el contrato sindical para tercerizar y debilitar la organización sindical y se mantuvo la jornada de hasta 10 horas para trabajadoras domésticas internas.
Señalan también que “peor aún, se aprobaron medidas que abren la puerta a nuevas formas de explotación. Se legalizó la contratación por horas, una práctica que reduce los ingresos reales de las y los trabajadores y profundiza la desigualdad. Además, se introdujo la posibilidad de concentrar la jornada semanal en cuatro días sin pagar recargos por horas extras, lo que equivale a legalizar el robo cotidiano de tiempo y esfuerzo laboral”.
Por el lado del uribismo, se espera que su postura sea dividida, es decir acompañarán algunos artículos, mientras que votarán no a los referentes a los temas álgidos de los incrementos a los empleados. Lo que no está claro es si el Centro Democrático, que son trece votos se mantengan negativos al momento último cuando se vota todo el proyecto o se retiran.
Si se salen del recinto estarían en cierta forma impulsando que el proyecto tenga más opción de pasar porque serían menos por el no, pero si se mantiene en el salón y apoyan el no, serían más los votos para que se hunda la iniciativa del gobierno que ahora es apoyada por la oposición como si fuera propia.
Las cuentas en los liberales se calcula que estarían similar a lo que pasó en la votación de la convocatoria de la consulta popular, es decir 6 estuvieron por el no y 7 por el sí. Para esta ocasión la tendencia podría cambiar porque la mayoría de la bancada estaría por la reforma si logran cambiar lo referente a las horas extras y dominicales.
Las cuentas en el conservatismo se mantendrían. Es decir, el partido estaría de lleno con la reforma como se viene votando, por lo que se da como fijo que 12 de los 15 senadores sí acompañarán a la reforma. Los tres que se oponen son los más cercanos al presidente Gustavo Petro, en cabeza del senador Carlos Trujillo.
En el Partido de la U, la votación en la Comisión IV fue de sus tres senadores, pero en la plenaria La U tiene diez senadores. Para la consulta 6 votaron por el sí y 4 por el no, en esta ocasión podría cambiar la tendencia, 6 por la reforma laboral y 4 para que se hunda el proyecto.
El partido Cambio Radical, oposición clara a Petro, tiene 11 senadores, de ellos 9 estarían con el apoyo al proyecto y solo dos, los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, se irían por el no. También estarían con la reforma laboral los cristianos, es decir cuatro votos.
En los verdes, que fue una coalición de partidos en el 2022, llegará a la votación dividida. Por un lado, al menos unos seis senadores estarán con el no. Por el sí estarán al menos 7 incluyendo al sector de En Marcha.
La verdad, como dice el viejo dicho en Colombia, la política es dinámica y todo podrá cambiar de acá al momento de la votación de la reforma laboral en la plenaria a mitad de junio.
De Colprensa para Konuco.
