por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Inicia una nueva etapa dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía anunció que imputará a ocho presuntos involucrados en la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Entre los imputados está César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
También serán imputados el abogado Édgar Riveros Rey; los contratistas Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo; el representante de ventas Édgar Echeverri Toro; el jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD.
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La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El pastuso», quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
De Colprensa para Nación Costeña.
por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Política
Después de mucho tire y a floje, de duros comentarios en especial del presidente Gustavo Petro en contra de los congresistas, este martes se dará inicio en la plenaria del Senado a la discusión de la petición del gobierno para convocar una consulta popular de 12 preguntas sobre la reforma laboral.
La mesa directiva ya citó a los 105 senadores activos a la plenaria para las 2 de la tarde del 13 de mayo. “Consulta Popular de carácter nacional presentada por el señor Presidente de la República, doctor GUSTAVO PETRO URREGO y sus Ministros el 01 de mayo de 2025, publicado en la Gaceta del Congreso número 604 de 2025”, señala el orden día respectivo.
Según lo informó el presidente del Senado, Efraín Cepeda, el primero que intervendrá en la plenaria será el gobierno, que lo hará por intermedio de los ministros del Interior, Armando Benedetti y de Trabajo, Antonio Sanguino. Hasta el lunes se calculaba que los dos intervendrían hasta por 30 minutos.
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Luego del gobierno hablarán los voceros de todos los partidos políticos, que lo harían hasta por 20 minutos, se calcula que sus discursos se estarían terminando pasadas las seis de la tarde. Para dar mayores garantías, como desde ya las ha reclamado el Pacto Histórico, el presidente Cepeda dejará que hablen los senadores que así lo dispongan, que se ha proyectado al menos 30 más y que intervendrían por cinco minutos.
Por lo largo que será la lista de los intervinientes, la plenaria volverá a ser citada para continuar con el tema el miércoles, por lo que se estima que ese día terminan de hablar y se hace la votación para saber si es acogida o no la consulta popular de las 12 preguntas de la reforma laboral.
Aunque no hay claridad sobre cómo quedaría la votación, los que apoyen el sí estarían imponiéndose. Se conoció que en el Partido Liberal en donde había la incertidumbre de al menos 10 de sus 13 senadores si apoyarán al gobierno, esto tras el anuncio que Diana Morales, la actual secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara será la ministra de Comercio Exterior.
La votación también se conoció se moverá en favor de los votos del no porque el senador uribista Ciro Ramírez, alcanzará a retomar sus funciones luego de haber quedado en libertad por orden de la Corte Suprema al no vincularlo como uno de los favorecidos del llamado Cartel de las Marionetas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó que está optimista en que se aprobará la convocatoria, porque la misma tiene como objetivo es garantizar que el pueblo colombiano pueda pronunciarse libremente sobre los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo en el país.
Benedetti, sostuvo que “soy optimista porque alguien que es elegido por el pueblo no puede negarle que se pronuncie”. “Hoy no existe un trabajo digno ni un sueldo decente para la clase obrera en este país. Eso es lo que está en juego”, complementó en su declaración el jefe de la cartera política.
Finalmente consideró que “el Senado no se puede oponer a eso. La voluntad popular debe ser escuchada”.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Después de 5 años de investigación, la Procuraduría reconoció la responsabilidad de miembros del Ejército en el perfilamiento y seguimiento ilegal de periodistas en una operación denunciada en su momento, mayo de 2020, por la revista Semana, a través de la publicación «Las carpetas secretas».
Según la Procuraduría, 9 miembros del Batallón de Ciberinteligencia Militar hicieron actividades ilegales de seguimiento, perfilamiento y recopilación de datos en contra de 130 personas, de los cuales al menos treinta eran periodistas.
De acuerdo con lo que reveló Semana en su momento y que ahora confirma la Procuraduría, los miembros del Batallón de Ciberinteligencia militar recolectaron datos sobre las fuentes, información de geolocalización y la vida privada y profesional de periodistas como María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión; Nicholas Casey, de The New York Times; el fotógrafo Federico Ríos, y Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, entre otros.
Los periodistas, vinculados a medios nacionales e internacionales, estaban investigando asuntos de orden público como la posible reactivación de las ejecuciones extrajudiciales y el posible desvío de recursos económicos en el Ejército y la Policía.
María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión, entrevistó a Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN, por lo cual, dentro de la operación ‘Habil’, que se adelantaba contra ese guerrillero, se autorizó hacer actividades de seguimiento contra ella.
En una reunión, llevada a cabo en marzo del año 2019, con participación de altos mandos, incluyendo al Comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, se autorizó al coronel Julio Tobías López Cuadros, jefe de Estado Mayor de la Brigada Inteligencia, requerir al comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4 información sobre ella.
En el caso de Nicholas Casey, de New York Times, el fotógrafo Federico Ríos, la periodista Andrea Aldana y medios como Rutas del Conflicto también se requirió información a través de actividades ilegales, por orden del brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar.
Los datos recolectados evidenciaron que el Ejército vinculó injustificadamente a los periodistas Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, con grupos guerrilleros.
La Procuraduría señaló que el uso de herramientas de investigación por parte de agencias de inteligencia debe estar orientada a “la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y el orden constitucional” y no para violar la privacidad, la libertad de expresión y la reserva de las fuentes periodísticas.
Los nueve miembros del Ejército sancionados son el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo Combate de Inteligencia Militar; el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1; el coronel Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, jefe de Estado Mayor de la BRIMI1; el coronelJulio Tobías López Cuadros, oficial de operaciones de la BRIM11, el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4; el coronel Hugo Armando Díaz Hernández, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégico 4; el mayor Mauricio Quintero Arias, comandante del Batallón Contrainteligencia de Seguridad de la Información; el mayor Eduardo de la Torre Díaz, segundo comandante del Batallón de Cibertinteligencia, y el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo, comandante de la Compañía «B» de Ciberexplotación.
La Fundación para la Libertad de Prensa, que ha sido parte del proceso, manifestó en un comunicado que «los seguimientos e interceptaciones ilegales de comunicaciones por parte de instituciones del Estado tuvieron efectos nocivos sobre el ejercicio periodístico. La vigilancia ilegal configuró una violación al derecho de la reserva de sus fuentes y generó un clima de miedo y autocensura en las víctimas, e hizo que varias de ellas se abstuvieran de continuar con investigaciones y reportajes sobre temas como el conflicto armado y la corrupción estatal».
La entidad apeló la decisión de la Procuraduría pues la entidad tipificó la conducta del Ejército como una falta disciplinaria grave y no gravísima, lo cual implica que los responsables sean sancionados con una pena menor, que incluye la suspensión de sus cargos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas entre 3 y 6 meses.
A pesar de los avances en lo disciplinario, en lo penal no ha habido mayores avances, según la FLIP.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Política
El Gobierno anunció oficialmente la ampliación de las gestorías de paz para varios de los ex jefes paramilitares.
“Prorrogar por dos (2) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución, la calidad como gestores de paz y en las mismas condiciones de la Resolución 453 del 8 de noviembre de 2024”, señaló la resolución 152 firmada por el presidente, Gustavo Petro.
Esta medida cobija a reconocidos actores del conflicto armado en Colombia como Arnubio Triana Mahecha, Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno.
También se encuentran Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias «Macaco»), Diego Fernando Murillo Bejarano («Don Berna»), Rodrigo Tovar Pupo («Jorge 40»), Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez y Héctor Germán Buitrago Parada.
Aunque inicialmente el mandatario señaló que eran 18 los ex jefes paramilitares beneficiados con esta medida, el documento confirmó el retiro de este rol como gestor de paz de Ramón María Isaza Arango y de Hebert Veloza García, reconocida el 8 de noviembre de 2024.
En el caso de Veloza García, conocido con el alias «HH» se tomó la decisión en razón a que él rechazó el nombramiento como gestor de paz, mientras que Isaza se debió a problemas de salud.
La resolución publicada advirtió que esta determinación se dio para que contribuyan “con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
Según explicó Petro en su momento, la decisión se tomó con la finalidad de cerrar el proceso de diálogo conocido como Ralito, que inició en el gobierno de Álvaro Uribe, además de finiquitar la entrega de bienes y tierras por parte de los ex paras.
Además, el documento enfatiza que se acordó el desarrollo de mesas técnicas y de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición con actores armados ilegales. Sin embargo, seis meses después de publicada la resolución inicial, aún no se ven acciones al respecto, ni se ha resarcido a las víctimas.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Los hallazgos de la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según los cuales congresistas habrían recibido dinero público para respaldar proyectos del Gobierno, podrían incidir en el análisis de validez formal que debe realizar la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.
Si se confirma que el trámite legislativo fue viciado por sobornos, podría discutirse la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó a Colprensa que no existen antecedentes en los que la Corte Constitucional haya solicitado documentación penal sobre congresistas procesados por hechos relacionados con la aprobación de una ley.
Sin embargo, advirtió que “si hubo sobornos y delitos alrededor del trámite de la ley, hay que considerar el debido proceso y podría ser causal de una inexequibilidad”.
La reforma pensional, aprobada por el Congreso entre 2023 y 2024, está actualmente en revisión por parte del alto tribunal para establecer si cumple con los requisitos constitucionales, tanto en el fondo como en la forma.
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la semana pasada la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presunto cohecho. El auto judicial señaló que ambos legisladores recibieron pagos entre octubre y noviembre de 2023 para respaldar iniciativas del Gobierno, entre ellas la reforma pensional y la reforma a la salud.
Según el alto tribunal, Name habría recibido $3.000 millones, mientras que Calle recibió $1.000 millones. Los recursos provenían, según la investigación, de un anticipo girado desde la UNGRD para la compra de carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.
La Corte Suprema concluyó que los congresistas conocían que el dinero recibido tenía un vínculo funcional con recursos públicos desviados. Estos habrían sido utilizados para financiar campañas locales en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
El penalista Francisco Bernate explicó que el proceso contra Name y Calle, regido por la Ley 600, no permite negociaciones ni preacuerdos. Afirmó que los delitos imputados, como peculado por apropiación y cohecho, podrían acarrear penas de hasta 33 años de prisión.
Bernate también señaló que el escándalo afecta gravemente la legitimidad de las reformas del Gobierno, al involucrar simultáneamente a actores de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Advirtió que, si se prueba injerencia en la elección de magistrados, podría comprometer incluso la independencia del poder judicial.
Aunque la Corte Constitucional no suele intervenir sobre investigaciones penales que afectan el trámite de las leyes, Charry considera que este caso podría abrir una discusión sobre los efectos del delito en el procedimiento legislativo.
En este escenario, el alto tribunal podría evaluar si el proceso de aprobación de la reforma pensional conservó la integridad exigida por la Carta Política o si el vicio de procedimiento compromete su exigibilidad.
Por ahora, la decisión está en manos de los magistrados constitucionales, quienes deberán deliberar si la reforma, promulgada como Ley 2381 del 16 de julio de 2024, puede mantenerse vigente pese a las graves irregularidades denunciadas en su trámite.
De Colprensa para Konuco.
