Procuraduría pide proteger indígenas en Chocó y Guaviare

Procuraduría pide proteger indígenas en Chocó y Guaviare

La Procuraduría General de la Nación solicitó medidas urgentes para proteger a la comunidad indígena de Geando, desplazada en el Chocó, y a los habitantes de al menos diez veredas del Guaviare, luego de advertencias sobre posibles convocatorias armadas por parte de integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central que, según el organismo, estarían poniendo en riesgo a la población civil.

La Procuraduría dirigió un oficio al comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 32 para que informe sobre las acciones emprendidas tras conocerse un audio en el que alias “Miller Nariño”, presunto integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño de esa disidencia, convocó a pescadores, comerciantes y residentes de varias veredas del municipio de Mapiripán, a una reunión el pasado 13 de mayo en Barranco Colorado.

Las zonas mencionadas incluyen Barranco Colorado, Caño Minas, Caño Negro, Mapiripán, Nare, El Mielón, Puerto Limón, Casa Roja, Los Cámbulos y San José del Guaviare. Según el Ministerio Público, esta convocatoria representa una violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a la población civil en medio de un contexto de conflicto armado.

La Procuraduría recordó que el 17 de abril fue expedido un decreto presidencial que ordenó la suspensión de operaciones ofensivas contra frentes del Estado Mayor Central, incluyendo el bloque señalado. Por ello, solicitó que se adelanten medidas que salvaguarden la vida de los habitantes y el cumplimiento del orden constitucional en la región.

En paralelo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos pidió la intervención inmediata del Estado ante la crítica situación que vive la comunidad indígena de Geando, desplazada desde hace cuatro años y asentada actualmente en la Casa Humanitaria del municipio de Pizarro, Chocó.

El ente de control alertó que niños, niñas y adolescentes están en riesgo de reclutamiento forzado y otras formas de violencia, mientras que problemas graves de salud y nutrición ya habrían causado la muerte de dos menores de cinco años y una adulta mayor.

La Procuraduría subrayó que esta población es sujeto de especial protección constitucional y urgió a las autoridades a adoptar medidas administrativas con enfoque diferencial. Entre las entidades requeridas se encuentran los ministerios del Interior, Defensa y Salud, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Pizarro.

El organismo enfatizó que sus actuaciones preventivas respetan plenamente la autonomía de las entidades involucradas, pero reiteró su obligación de actuar ante situaciones que comprometen la seguridad, dignidad y derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.

Foto y noticia: Colprensa

Víctimas del reclutamiento infantil exigen verdad y justicia ante la JEP

Más de 120 víctimas del reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado participaron entre el 6 y el 9 de mayo en audiencias reservadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá para presentar sus observaciones sobre las versiones rendidas por 70 comparecientes de las extintas Farc en el marco del Caso 07.

Las víctimas pidieron verdad sustancial, reconocimiento de responsabilidades y acciones concretas que permitan avanzar hacia la reparación y la no repetición.

Las audiencias fueron convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Asistieron 121 víctimas acreditadas, provenientes de 18 departamentos, entre ellos Caquetá, Meta, Huila, Antioquia y Vaupés. De ese grupo, 77 son víctimas directas del reclutamiento y 44 son familiares de menores desaparecidos, en su mayoría mujeres.

Durante las intervenciones, las víctimas solicitaron a los ex guerrilleros que ofrecieran una verdad restauradora, basada en el reconocimiento franco de hechos como abortos forzados, violencias sexuales, fusilamientos, anticoncepción obligatoria y actos motivados por prejuicios hacia la orientación sexual. “Queremos avanzar con la verdad, con protección y con garantías”, dijo una de las participantes.

Las víctimas expresaron que muchos comparecientes aún se aferran a discursos procesales sin admitir la existencia de una política sistemática de reclutamiento. Señalaron que reconocer que muchos adultos ex combatientes también fueron niños reclutados es un paso clave para entender la dimensión del crimen.

También advirtieron que los aportes de verdad deben ser sinceros y no una formalidad sin contenido. La magistratura de la JEP ya había advertido a los comparecientes que esta es una “única e irrepetible oportunidad histórica” para responder a las demandas de verdad y justicia de las víctimas.

Uno de los reclamos más sentidos fue la necesidad de acelerar la búsqueda de niñas y niños reclutados cuyo paradero sigue siendo desconocido. Actualmente, hay 289 casos de reclutamiento con desaparición registrados en el Caso 07. Las víctimas exigieron acciones humanitarias que faciliten respuestas, así como el fortalecimiento del Plan de Apoyo a la Búsqueda que lidera la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Estoy preparada para recibir la verdad, por muy cruda que sea, para que acabe este calvario que llevamos por dentro”, expresó otra de las madres que intervino ante la Sala.

Las audiencias también contaron con la participación de representantes de cuatro pueblos étnicos acreditados en el caso. La etapa de escucha culminará este mes en el departamento del Vaupés. Luego de recibir y trasladar las observaciones a los comparecientes, la JEP evaluará las responsabilidades regionales de los bloques de las extintas Farc y definirá un segundo nivel de máximas responsabilidades.

En noviembre de 2024, la JEP imputó a seis ex integrantes del Secretariado de las Farc por reclutamiento y otros crímenes de guerra contra menores. Ellos son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, quienes recibieron una prórroga para decidir si reconocen o no su responsabilidad. La magistratura reiteró que las víctimas esperan que ese eventual reconocimiento sea “auténtico, sustancial y comprometido”.

De Colprensa para Konuco.

Vicepresidenta Márquez denuncia falta de apoyo y recursos por parte del Gobierno Petro

Vicepresidenta Márquez denuncia falta de apoyo y recursos por parte del Gobierno Petro

«Este es un gobierno que practica el racismo y el patriarcado», acusó hoy la vicepresidenta, Francia Márquez, quien en un acto público volvió a mostrar las fisuras de la administración de Gustavo Petro, lo que explicaría además su alejamiento de los actos públicos del Jefe de Estado.

«No ha sido una tarea fácil gobernar en un país que tiene un Estado racial, con un Gobierno que también practica el racismo y el patriarcado», acusó Márquez, quien se lamentó de las carencias con las que ha tenido que vivir estos años al frente de su despacho.

«Cuando llegué, llegué con muchas ilusiones de cambios y sueños y esperanzas, pero he tenido muchas trabas y obstáculos para materializar esos sueños y esas esperanzas para mi gente, para mi pueblo y para este país», afirmó.

Según la Vicepresidenta, su despacho no tiene un presupuesto asignado, ni recursos para ejercer sus funciones, de manera que ha tenido que recurrir a la cooperación internacional o al apoyo de mandatarios regionales, incluso para organizar reuniones.

«En este Gobierno me ha tocado llegar a los territorios y a veces tocarle las puertas a un alcalde para que financie una reunión de articulación interinstitucional». Entonces ha sido sin garantías económicas, sin presupuestos concretos, asignados a la Vicepresidencia para hacer el trabajo. Lo que he podido lograr lo he hecho en articulación con cooperación internacional que me han apoyado fuertemente», precisó.

Esta no es la primera vez que la Vicepresidenta acusa a Petro y su círculo de poder de darle la espalda a las propuestas de cambio que hizo camino a la elección de 2022. En febrero pasado cuando se transmitió por televisión el primer consejo de ministros, la Vicepresidenta lamentó los casos de corrupción en el Gobierno que ayudó a elegir.

Márquez esa noche, en vivo ante el país, lamentó la llegada al entorno del Presidente del ahora ministro de Interior, Armando Benedetti, además se quejó del irrespeto de la canciller, Laura Sarabia, hacia ella.

También le reprochó a Petro que le hubiera entregada el Ministerio de La Igualdad en un papel, sin presupuesto, ni apoyo para su edificación; se quejó además de la falta de estructuración para emprender cambios en sectores sensibles del país, al tiempo que lamentó la violencia que se ha apoderado de su departamento, el Cauca.

Tres semanas después de ese Consejo de Ministros, la Vicepresidenta fue despojada del Ministerio de la Igualdad por decisión de Petro, que encomendó del mismo a Carlos Rosero.

De Colprensa para Konuco.

Álvaro Leyva acusa a Petro de persecución y advierte: “¡No me callará!”

Álvaro Leyva acusa a Petro de persecución y advierte: “¡No me callará!”

“desapariciones” en los viajes internacionales que ha realizado, el ex canciller Álvaro Leyva aseguró que viene siendo objeto de amenazas y de persecución judicial, como represalia por sus revelaciones.

En un comunicado, publicado a través de su cuenta en la red social X, Leyva asegura que todo hace parte de una estrategia del presidente para callarlo.

“Téngalo claro, Gustavo. ¡No me callará!”, le dice Leyva al mandatario, luego de que lo hace responsable de lo que ocurra con él y su familia.

“Hago personalmente responsable al presidente Petro por cualquier cosa que nos ocurra a mí o a cualquier miembro de mi familia en cualquier ámbito”, dice.

Leyva asegura que él y su familia han sido amenazados por desconocidos en varias ocasiones.

Además, dice que ha tenido información de que hay personas intrigando en su contra, para que se le someta a procesos judiciales, algunos de los cuales ya están en curso, como la investigación disciplinaria por haber declarado desierta la licitación de los pasaportes, lo cual hizo siguiendo instrucciones del presidente.

“Es evidente que algo se está cocinando judicialmente en mi contra”, dice Leyva. Y recuerda que el propio presidente dijo que lo encausaría penalmente por el que llama “el imaginario complot que, en su delirio, estaría yo supuestamente organizando”.

Finalmente, anuncia que acudirá a instancias internacionales para denunciar esta persecución.

De Colprensa para Konuco.

Funcionaria de Migración en El Dorado, investigada por presunta red de sobornos a viajeros

Funcionaria de Migración en El Dorado, investigada por presunta red de sobornos a viajeros

Migración Colombia abrió investigación interna contra una de sus funcionarias señalada de recibir presuntamente sobornos para permitir la salida irregular de pasajeros por la terminal internacional del aeropuerto El Dorado de Bogotá, como quedó evidenciado en videos difundidos en medios de prensa y en redes sociales.

«Migración Colombia informa que inició una investigación interna articulada con la Policía Nacional a partir de denuncias de viajeros afectados, la cual fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y que dio como resultado la captura de la oficial», dijo el organismo encargado de las salidas y entrada al país por puertos, pasos fronterizos y aeropuertos.

La funcionaria, cuya identidad no fue suministrada, fue arrestada por las autoridades bajo cargos de presunta concusión en concurso homogéneo.

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De acuerdo con los videos, la mujer ocupaba uno de los cubículos de Migración en la salida internacional de El Dorado, al parecer personas con problemas de documentación y otras circunstancias al margen de la ley se acercaban y lograban su paso hacia las salas de embarque.

En esas grabaciones, divulgadas mediáticamente, quedaron evidencia de la entrega de sobres o dinero junto a los documentos de salida por parte de los pasajeros a la funcionaria.

«La autoridad migratoria reafirma su compromiso con la transparencia y rechaza los actos de corrupción. Continuaremos implementando acciones que permitan garantizar el servicio con los más altos estándares de ética y calidad», manifestó Migración Colombia.

De Colprensa para Konuco.