por Konuco | Oct 7, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un reciente caso de violencia de género en Colombia ha reavivado las alarmas sobre la creciente crisis que enfrenta el país.
Esta situación, que involucra a un nuevo agresor, destaca la necesidad urgente de un enfoque más efectivo por parte de las autoridades y la sociedad para combatir este flagelo que afecta a miles de mujeres.
Un Contexto Preocupante
El caso de Brayan Guzmán, denunciado previamente por NACIÓN COLOMBIA, ha sido emblemático en la lucha contra la violencia de género. Guzmán, un miembro de la policía, fue señalado por amenazar a su expareja durante años, utilizando su posición de poder para incrementar día a día su abuso.
Así como el caso de la semana anterior, se llevó a un buen término con la captura del policía Brayan Guzmán, quien llevaba más de tres años profiriendo amenazas a su expareja, aprovechando que se desempeñaba como policía activo. El mismo viernes 4 de octubre, con la amplia denuncia de NACIÓN COLOMBIA, mediante los videos que lo involucraban, se dio el retiro de la Institución y luego el envío a la cárcel de Guzmán.
A pesar de las numerosas denuncias, la impunidad había sido la norma, lo que refleja un sistema que a menudo falla en proteger a las víctimas.
Hoy, la reciente denuncia, que ha cobrado fuerza en las redes sociales, muestra que esta situación no es aislada.
Video de la denuncia. Octubre 7 de 2024
“Es fundamental que la sociedad se una bajo los lemas #NiUnaMenos y #EvitemosUnFeminicidio”, han expresado activistas, enfatizando la necesidad de un cambio en la cultura de silencio que rodea la violencia de género.
Recursos y Respuesta Institucional
En Colombia, la Línea Púrpura se ha convertido en un recurso esencial para las víctimas de violencia de género, ofreciendo apoyo y orientación a quienes enfrentan situaciones de riesgo.
Además, la Fiscalía y la Policía de Colombia han reafirmado su compromiso para combatir esta problemática, aunque muchos ciudadanos consideran que las acciones deben ser más contundentes y efectivas.
El reciente caso, que ha sido ampliamente denunciado por NACIÓN COLOMBIA y difundido por otros medios, evidencia la necesidad de una respuesta colectiva y contundente. “Las campañas de sensibilización son clave para erradicar este problema”, señalan los expertos, quienes también advierten que la educación y la prevención son fundamentales para romper el ciclo de violencia.
Un llamado a la acción
La violencia de género en Colombia es una crisis que no puede ignorarse. Cada caso, como el del policía Brayan Guzmán, y este nuevo evento de hoy, subraya la urgencia de crear un entorno donde la violencia contra las mujeres sea completamente inaceptable.
Es crucial que tanto las instituciones como la ciudadanía se comprometan a construir un futuro más seguro y equitativo.
Para más información sobre cómo denunciar casos de violencia de género, puedes visitar la Línea Púrpura y seguir las campañas que se desarrollan en el país. También puedes comunicarte con la línea al 018000112137 o al WhatsApp 3007551846.
https://www.sdmujer.gov.co/noticias/news/asi-funciona-la-linea-purpura-bogota#:~:text=Llamando%20al%20018000112137,am%20a%2012%3A00%20m.
En caso de emergencia, recuerda que el número para reportar es el 123.
Este artículo destaca la necesidad de un cambio real y sostenible en la lucha contra la violencia de género, reforzando la importancia de actuar y de no permanecer en silencio frente a esta grave crisis.
NACIÓN LLANERA – Judicial – Destacado
por Konuco | Oct 6, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación ha detenido a Douglas Sierra, un individuo señalado de enviar un paquete con amenazas de muerte al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Este hecho ha generado gran preocupación en el sector público y ha puesto de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los servidores públicos en Colombia.
Detalles del inquietante envío
El pasado 21 de junio de 2024, Douglas Sierra fue grabado por cámaras de seguridad dejando un paquete en el apartamento de Roa.Según la fiscal especializada en Derechos Humanos, el contenido del paquete era alarmante: una botella de whiskey con tierra de cementerio, dos balas calibre 9 milímetros y un sufragio con un listón negro.
La fiscal ha afirmado que estos elementos son pruebas contundentes que demuestran la intención de intimidación por parte de Sierra.Este comportamiento no solo representa una amenaza directa a la vida del presidente de Ecopetrol, sino que también refleja un patrón de agresiones hacia figuras públicas y defensores de derechos humanos en el país.
La fiscal del caso, durante la audiencia, subrayó que Sierra «participó de manera activa y en calidad de autor en los hechos».
Proceso judicial y penalidad
La Fiscalía ha imputado a Douglas Sierra el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que podría acarrear una significativa pena carcelaria.
La juez de control de garantías, al evaluar los elementos probatorios presentados, determinó que la gravedad de los hechos justifica la medida de aseguramiento intramural contra el acusado.
«Con fundamento en el acervo fáctico y probatorio, se impone medida de aseguramiento intramural en contra de Douglas Mauricio Sierra», afirmó la juez, resaltando la idoneidad y proporcionalidad de la decisión en función de la naturaleza de las amenazas.
Reflexiones sobre la seguridad de los servidores públicos
Este caso ha abierto un debate sobre la seguridad de los funcionarios en Colombia, donde las amenazas y agresiones han aumentado en los últimos años. La violencia contra líderes y defensores de derechos humanos es una preocupación constante, y este incidente pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes desempeñan roles críticos en la administración pública.
La Fiscalía ha hecho un llamado a la sociedad para que se una en la defensa de los Derechos Humanos y la seguridad de quienes trabajan en pro del bienestar del país. El caso de Douglas Sierra es un recordatorio de que la intimidación no puede ser tolerada y que las instituciones deben trabajar conjuntamente para erradicar la violencia en todas sus formas.
Este suceso resalta la importancia de mantener un entorno seguro para todos los funcionarios y defensores de derechos humanos, asegurando que puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias.
NACIÓN LLANERA – Judicial
por Konuco | Oct 3, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La concesión del Canal Uno, adjudicada en la licitación 001 de 2017, ha despertado un gran número de críticas y preocupaciones. En el centro de la controversia se encuentra Hemisphere Media Group Inc., un conglomerado estadounidense de medios de comunicación que, según informes, podría estar buscando, presuntamente, ejercer un control total sobre uno de los principales canales públicos de Colombia. Así lo reveló una investigación del Sistema Informativo de Nación Colombia.
Este posible intento de monopolio no es el único tema preocupante. Prisa, grupo al que el Grupo Santodomingo vendió sus emisoras hace más de 20 años, ha estado utilizando la marca Caracol en televisión, algo que el contrato de venta prohibía. Esta situación pone en una posición vulnerable a Santodomingo, que podría enfrentarse a problemas legales por la explotación indebida de la marca fuera del ámbito radiofónico.
Desde que Hemisphere Media Group ingresó a Colombia a través de HMTV UNO SAS, se ha especulado sobre la verdadera intención de esta compañía. A pesar de que la legislación colombiana solo permite un 20% de participación extranjera en medios de televisión, Hemisphere ha utilizado complejas estructuras para, aparentemente, saltarse estas limitaciones y tomar control absoluto del Canal Uno.
Un aspecto clave en esta estrategia fue la utilización de la figura de la «promesa de sociedad futura», que había sido derogada por la Ley 1508 de 2012. Esta herramienta les permitió cumplir formalmente con los requisitos de la licitación, pero dejó abierta la puerta para que Hemisphere aumentara progresivamente su influencia sobre el canal.
La participación de HMTV UNO SAS en PLURAL COMUNICACIONES SAS se incrementó mediante un mecanismo de capitalización de deudas, convirtiendo préstamos en acciones preferentes. Según se informa, para 2022, HMTV UNO SAS habría adquirido el 100% de las acciones, consolidándose como el único propietario de la concesión del Canal Uno.
Falta de acción del MinTIC
El rol del MinTIC ha sido duramente criticado. Pese a que este proceso ha sido señalado por diversos sectores como irregular, el ministerio no ha intervenido ni realizado acciones para ajustar el rumbo de la concesión del Canal Uno, lo que ha generado desconfianza entre la opinión pública.
Otra cuestión preocupante es la integración de HMTV UNO SAS con PRISA MEDIA, líder del mercado radiofónico. Aunque se ha presentado como un avance en la industria, esta operación no cuenta con la autorización del MinTIC ni de la Superintendencia de Industria y Comercio, generando dudas sobre su legalidad. Además, esta fusión podría convertir a Hemisphere en un monopolio que pone en riesgo la diversidad de los medios en Colombia.
El control del Canal Uno por parte de una empresa extranjera no solo podría violar la normativa colombiana, sino que también pone en riesgo la libertad de expresión y el pluralismo mediático. Si un solo operador controla este importante canal, se estarían afectando principios fundamentales como el acceso libre al espectro y la independencia de los medios de comunicación en Colombia.
por Konuco | Oct 3, 2024 | Destacadas, Política
El expresidente Álvaro Uribe Vélez decidió retirarse de la audiencia judicial en la que se le acusa de presunto soborno a testigos y fraude procesal, argumentando falta de garantías. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Uribe explicó las razones de su decisión en un hilo detallado.
“Sin garantías, ¿Por qué me retiré de la audiencia?”, comenzó el mensaje, indicando que el 30 de septiembre la defensa apenas recibió acceso completo a los dispositivos de Juan Guillermo Monsalve.
¿Uribe tiene razón? ¿A las personas se les debe juzgar por lo que hacen, no por quienes son?
El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez ha estado plagado de irregularidades que van más allá de su condición de expresidente. En una democracia sólida, el principio básico de un juicio justo debe estar garantizado para todos, sin importar su posición o influencia. Al rechazar las solicitudes de la defensa para analizar pruebas fundamentales, se está violentando un derecho que es esencial para cualquier acusado: el de la presunción de inocencia y la posibilidad de una defensa plena.
Uribe tiene razón al decir que necesita acceso completo a las pruebas para defenderse apropiadamente. Si bien su caso es complejo y rodeado de una alta carga política, esto no justifica que las reglas del juego cambien según quién esté en el banquillo de los acusados. El problema va más allá del personaje: si las garantías procesales no se respetan para él, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos?
Este editorial defiende un punto de vista que debería ser una verdad universal: todos tienen derecho a ser juzgados de manera justa, sin importar su pasado, su reputación o los delitos de los que se les acusa. Al negarse a proporcionar el tiempo necesario para que la defensa evalúe las pruebas, se debilita la credibilidad del sistema judicial colombiano y se envía un mensaje peligroso: que la justicia puede moldearse según convenga a los intereses del momento.
Legalmente, Uribe no pide privilegios, sino un trato justo que respete las garantías fundamentales. Es crucial recordar que a las personas se les debe juzgar por lo que hacen, no por quiénes son. En un Estado de derecho, la imparcialidad del sistema judicial es la única forma de salvaguardar la confianza de los ciudadanos.
Según Uribe, la jueza del caso negó la solicitud de la defensa de extender el plazo para analizar más de 800 gigabytes de información contenida en el teléfono y el computador de Monsalve, dispositivos que permanecían bajo custodia de la Corte Suprema desde su decomiso. “No basta con la copia digital hecha por la Fiscalía, se necesitan los dispositivos originales”, afirmó, subrayando que incluso la Fiscalía conoce una incongruencia grave entre la copia entregada a la Corte y los dispositivos reales.
Ante la negativa de la jueza de permitir un tiempo adicional, el abogado defensor Jaime Granados también se retiró. Uribe concluyó en su hilo: “Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas. Ante su negativa no me dejó opción que retirarme de la audiencia”. En la audiencia, la jueza insistió en que su presencia no era obligatoria, y su retirada se interpretó como una declaración de inocencia automática
Uribe asegura que esta situación afecta su derecho a una defensa adecuada y a un proceso justo, planteando la preocupación de que su estrategia depende de la evaluación completa de las pruebas. La audiencia continúa sin su presencia, a la espera de que el tribunal determine los próximos pasos.
Como ya lo mencionamos, el sistema judicial debe ser garante de imparcialidad y transparencia, no un escenario donde se modifiquen las reglas según el acusado. Álvaro Uribe, independientemente de su papel en la política, tiene derecho a una defensa completa y acceso a las pruebas necesarias. Si las cortes no garantizan este principio, se corre el riesgo de minar la confianza en la justicia. En Colombia, juzgar a alguien por su reputación y no por la evidencia es un retroceso peligroso que afecta a todos los ciudadanos, sin importar quién esté en el estrado.
por Konuco | Oct 2, 2024 | Destacadas, Política
Bogotá, 2 de octubre de 2024 – Gregorio Eljach ha sido seleccionado como el nuevo Procurador General de la Nación para el periodo 2025-2029 tras obtener 95 votos en la plenaria del Senado. Eljach sustituirá a Margarita Cabello Blanco en el cargo, luego de una votación en la que participaron 103 senadores.
Luis Felipe Henao obtuvo 3 votos, Germán Varón 2 votos, y se registraron 3 votos en blanco. Además, antes de la elección, se rechazaron más de 90 impedimentos presentados por los legisladores, permitiendo que todos los senadores ejercieran su voto.
Un mandato marcado por la lucha contra la corrupción
Gregorio Eljach, abogado con una destacada trayectoria y exsecretario general del Senado, agradeció el respaldo unánime recibido, destacando que su elección refleja la unidad en la diversidad y el fortalecimiento de la democracia. Durante su intervención, subrayó que su gestión en la Procuraduría estará orientada a combatir de manera frontal la corrupción, un problema que ha debilitado la administración pública en el país.
El nuevo Procurador reafirmó también su compromiso de actuar con independencia y autonomía, garantizando que las instituciones del Estado se mantengan fuertes y transparentes.
Toma de juramento
Al finalizar el proceso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tomó el juramento de Gregorio Eljach, quien asumió el compromiso de cumplir con la Constitución y las leyes en su nuevo cargo como Procurador General.
