por Konuco | Sep 21, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación, Política
El senador hace serias acusaciones sobre la gestión de recursos durante la pandemia, pidiendo investigación a la Contraloría y la Procuraduría.
En una contundente intervención, el senador Antonio Correa expuso graves irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la pandemia de COVID-19, revelando un aparente desvío de 100 billones de pesos. Según Correa, la situación evidencia un uso indebido de recursos que debería haberse destinado a la atención de la emergencia sanitaria.
“Les voy a contar cómo se robaron la UNGRD en la época del COVID”, afirmó Correa, quien criticó abiertamente al exdirector de la entidad por haber convocado a amigos para realizar contratos cuestionables. Entre las denuncias más graves, el senador mencionó la compra de batas blancas a una empresa dedicada a la reparación de vehículos, así como la importación de estas mismas batas desde China, lo que perjudicó a muchas costureras locales.
Correa no se detuvo ahí. Denunció también la contratación de “El Vaquero”, una empresa que recibió 37 mil millones de pesos por la venta de tapabocas N95, actualmente en proceso de sanción. Además, reveló que se contrataron servicios para el mantenimiento de ventiladores que nunca fueron comprados, a un costo de 13 millones de pesos.
El senador cuestionó el uso de los 40,1 billones de pesos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y señaló que algunas empresas involucradas en estos contratos se dedicaban a la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, sugiriendo falta de transparencia en la adjudicación de contratos.
Correa destacó que, gracias al nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, se ha obtenido nueva información que antes era confidencial. Sin embargo, expresó preocupación por la falta de colaboración en la obtención de información crucial, indicando que “hay cosas que se están escondiendo”.
Como senador, hizo un llamado urgente a la Contraloría y la Procuraduría para que investiguen lo que calificó como una pérdida de 9,8 billones de pesos en el sector salud.
por Konuco | Sep 20, 2024 | Destacadas, Política
El presidente Gustavo Petro ha tomado una decisión que resalta la experiencia y la trayectoria dentro del Congreso, al postular a Gregorio Eljach Pacheco, actual secretario general del Senado, como su candidato a la Procuraduría General de la Nación. Esta elección refuerza la visión de Petro de mantener un equilibrio entre la técnica y el conocimiento profundo de las instituciones colombianas, confiando en que Eljach es el hombre indicado para ocupar este importante cargo.
Una carrera marcada por la excelencia
Gregorio Eljach, nacido en Fusagasugá, Cundinamarca, y con más de una década de experiencia como secretario del Senado, ha destacado por su gestión eficiente y su capacidad para liderar uno de los cargos más influyentes del Congreso. Con una sólida formación en Derecho de la Universidad del Cauca y múltiples especializaciones, Eljach ha demostrado un amplio conocimiento jurídico y administrativo, lo que le ha permitido mantener su posición por varios periodos.
Su liderazgo y compromiso con la transparencia han sido claves para el buen desarrollo de las sesiones legislativas, asegurando el cumplimiento de las normas constitucionales y garantizando que los procesos en el Congreso se desarrollen bajo el marco de la ley. Estas cualidades, junto a su capacidad para generar consenso entre diferentes partidos políticos, lo posicionan como un candidato ideal para la Procuraduría.
Una candidatura que promete estabilidad
La nominación de Eljach para la Procuraduría representa un reconocimiento a su trayectoria, pero también un compromiso de aportar estabilidad institucional en un momento clave para el país. Su experiencia en el manejo de las dinámicas internas del Congreso le otorga una visión integral sobre el funcionamiento del Estado y las necesidades de los ciudadanos.
Eljach ha demostrado ser una figura capaz de trascender las diferencias políticas, estableciendo alianzas con sectores diversos, lo que le permitirá desempeñar un papel neutral y efectivo como procurador. Además, su cercanía con los procesos legislativos garantiza que podrá actuar con imparcialidad y eficiencia en la vigilancia del correcto funcionamiento del sector público.
Una decisión estratégica para el país
La elección de Gregorio Eljach como candidato a la Procuraduría General por parte del presidente Petro es una decisión que destaca el equilibrio entre la política tradicional y el conocimiento técnico de las instituciones. Su experiencia y dedicación serán fundamentales para fortalecer la Procuraduría y asegurar que los derechos de los colombianos sean protegidos de manera justa.
Con Eljach en la Procuraduría, Colombia contará con un líder que conoce de cerca los procesos institucionales, lo que facilitará la implementación de reformas y el avance de los proyectos que requieren el control y seguimiento de esta entidad.
El futuro de la Procuraduría en manos de un experto
Gregorio Eljach no solo es un candidato fuerte por su amplio respaldo en el Senado, sino también por su profunda comprensión de los retos que enfrenta Colombia en términos de vigilancia del poder público. De ser elegido procurador general, aportará su visión clara y su experiencia para fortalecer la transparencia, el control administrativo y la justicia en todo el país.
Su compromiso con los valores democráticos y su capacidad para liderar de forma independiente garantizarán que el próximo período de la Procuraduría esté marcado por la eficiencia, la legalidad y la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Con esta nominación, Gustavo Petro confía en que Eljach aportará estabilidad y conocimiento en uno de los cargos más importantes del Estado colombiano, asegurando un futuro próspero para la nación.
por Konuco | Sep 19, 2024 | Destacadas, Política
El Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC, ha presentado una demanda formal contra la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, debido a unas declaraciones en las que la congresista acusó a la entidad de ser «una caja de resonancia de las Farc» y de destinar recursos públicos para la promoción de propaganda terrorista. La demanda fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, en busca de protección para los periodistas y empleados de RTVC que han recibido amenazas tras las declaraciones de la senadora.
Hollman Morris, gerente de RTVC, fue el encargado de llevar el caso ante los tribunales, argumentando que las acusaciones de Cabal han desatado una serie de ataques e intimidaciones, principalmente contra los periodistas de las Emisoras de Paz, un proyecto que opera en las regiones afectadas por el conflicto armado. Morris señaló que este tipo de declaraciones no solo afectan la seguridad del equipo, sino que también ponen en riesgo la libertad de prensa.
Para enfrentar el proceso legal, RTVC ha contratado al exfiscal general Luis Eduardo Montealegre, quien ya ha expresado que las palabras de la senadora constituyen una agresión directa contra la integridad de los trabajadores de RTVC. Montealegre sostiene que Cabal está utilizando su posición pública para desacreditar un esfuerzo que ha sido clave en la construcción de paz en las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia.
Por su parte, María Fernanda Cabal ha manifestado que sus declaraciones forman parte de su rol fiscalizador como congresista y que defiende su derecho a opinar sobre el manejo de los recursos públicos. Además, ha acusado a Hollman Morris de promover una persecución política en su contra y anunció que presentará una contrademanda.
El conflicto ha provocado una gran controversia sobre la libertad de expresión y los límites que esta debe tener cuando se trata de figuras públicas y medios de comunicación. RTVC, por su parte, reitera su compromiso con la protección de sus periodistas y la difusión de información veraz en las zonas más vulnerables del país.
por Konuco | Sep 19, 2024 | Destacadas, Región
Vanessa Sánchez Ruiz quien asumía el cargo de rectora encargada en la Universidad Tecnológica del Chocó fue retirada del cargo debido a la certificación del Ministerio de Educación que señala a David Emilio Mosquera como rector y representante legal de la UTCH.
La batalla legal entre David Emilio Mosquera y el Ministerio de Educación Nacional, al parecer ha llegado a su fin. El 16 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó negó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio y ratificó la decisión que ordena el reintegro de Mosquera a su cargo. Esta resolución pone fin a una serie de eventos legales que comenzaron con la suspensión en julio de este año.
David Emilio Mosquera, quien había sido suspendido de sus funciones en la UTCH, presentó una demanda argumentando que la medida había sido tomada sin darle la oportunidad de una legítima defensa. El 2 de septiembre de 2024, el juzgado falló a su favor, ordenando su reinstalación inmediata como rector de la universidad. No obstante, el Ministerio de Educación, al recibir la decisión, presentó una solicitud de aclaración el 5 de septiembre, cuestionando la competencia del juzgado, la naturaleza del acto administrativo en disputa, y las responsabilidades del Ministerio en relación con el caso.
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó fue claro en su respuesta: negó la solicitud del Ministerio, señalando que no existían frases ambiguas o imprecisas en la resolución original que justificaran una aclaración. El juez sostuvo que las preguntas planteadas por el Ministerio no se referían a la claridad de la decisión, sino a sus fundamentos, lo cual no es motivo para una solicitud de aclaración.
Como consecuencia de la decisión judicial del 16 de septiembre, el Ministerio de Educación Nacional tuvo que reconocer formalmente a David Emilio Mosquera como el rector y representante legal de la Universidad. Este reconocimiento se materializó el 18 de septiembre de 2024, cuando el Ministerio emitió un certificado oficial confirmando la legitimidad de Mosquera en el cargo apartando a Vanessa Sánchez, quien en un post en su cuenta de X cuando supo el primer fallo del Juzgado señalaba que solo el Ministerio debía notificarle dicha decisión, hasta el momento Sánchez no se ha pronunciado en su cuenta de X sobre la certificación del Ministerio. Sin embargo, con este certificado en la práctica Mosquera debería ser reintegrado a su cargo.
Este fallo consolida la posición de Mosquera al frente de la UTCH, poniendo fin a la incertidumbre que rodeó a la comunidad universitaria casi dos meses. Para la comunidad académica y administrativa de la Universidad Tecnológica del Chocó, la resolución de este conflicto significa la posibilidad de retomar el trabajo bajo la dirección de Mosquera, quien ahora tiene la misión de conducir a la institución hacia un periodo de estabilidad y crecimiento hasta el 18 de noviembre de 2024, vigencia de su periodo.
El caso también subraya la importancia de los procedimientos legales y la necesidad de garantizar los derechos de los funcionarios académicos, especialmente en lo que respecta a su derecho a una defensa justa. La conclusión de esta disputa legal no solo reafirma la legitimidad de Mosquera en su cargo, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia del respeto a las decisiones judiciales en el ámbito de la educación superior en Colombia.
por Konuco | Sep 19, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Medellín, Antioquia (Colombia). Jueves 19 de septiembre de 2024 – @NacionPaisa – Al parecer, la Fiscalía General de la Nación estaría considerando modificar la Resolución 4155 de 2016, la cual regula el principio de oportunidad, en medio de un momento crucial para la lucha contra la corrupción en Colombia.
Según fuentes de alta credibilidad y muy cercanas a la Fiscalía General de la Nación, la posible modificación podría afectar las causales cuatro y cinco, relacionadas con la colaboración del imputado en el proceso penal. De concretarse esto podría, probablemente, influir en la cantidad de revelaciones sobre actos de corrupción presuntamente cometidos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Es importante destacar que al parecer no se trataría de una reforma legal, sino de un posible reajuste a la resolución vigente, que buscaría, presuntamente, actualizar los criterios para conceder o no el principio de oportunidad.
Probablemente, esta decisión tendría un impacto significativo en el desarrollo de las investigaciones en curso, especialmente en los casos donde los imputados podrían tener la oportunidad de colaborar con la justicia. Se especula que este cambio podría influir en la estrategia de los testigos y colaboradores en la efectividad de la justicia en casos de corrupción.
Por: Unidad Investigativa de Nación Paisa – Nación Colombia
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