por Konuco | Ago 22, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Red de Veedurías de Colombia ha presentado una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Disciplina Judicial contra Fabio Andrés Humar Jaramillo, abogado de Helicol. Según informes, Humar no solo defendía a Helicol, sino que también habría asesorado al juez en el caso y actuado como contraparte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la cual también recibía pagos.
El caso se remonta a marzo de 2023, cuando se destapó un escándalo que implicaba presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte aéreo y la compra de vehículos blindados para Ecopetrol.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, calificó estas acciones como una clara violación ética y pidió a las autoridades que investiguen a fondo para garantizar la transparencia en el proceso.
Hay que contar que el escándalo de Helicol salió a la luz pública a finales de marzo de 2023, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio -en la cual según fuentes, el citado abogado asesoraba desde el 2009 y hasta el 2013- irrumpió por solicitud del mismo profesional del derecho ya actuando como apoderado de Helicol, en las oficinas de Ecopetrol – y dos de sus filiales.
Allí al parecer buscaba detectar presuntas irregularidades, que apuntaban a un posible direccionamiento de contratos hacia empresas que en ese momento operaban en la Orinoquía, evidenciándose también ejecución de órdenes de compra de vehículos blindados, así como prácticas restrictivas a la libre competencia en la contratación del servicio de transporte de personas y carga en helicópteros y aeronaves de la compañía Helistar, para atender las operaciones y mantenimientos solicitados por la petrolera estatal Ecopetrol.
«Este ya no es el caso de la silla giratoria sino de la hélice giratoria, y por eso la Red de Veedurías de Colombia presentó queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá», señaló Pablo Bustos.
Para la Red de Veedurías de Colombia, llama la atención el hecho de que al parecer se llevaran algunos elementos claves como pruebas:
«El abogado habría actuado para que se adelantaran estas diligencias administrativas a entidades públicas, en las que se llevaron información de computadores y teléfonos celulares, proceso que terminó incluso en la Fiscalía mediante decreto de archivo, toda vez que esta corroboró la inviabilidad jurídica de la denuncia del abogado Humar», afirmó el Presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos.
Finalmente, Bustos cuestionó las acciones del abogado y pidió que se tomen medidas:
«Estas acciones rayan contra la ética y el buen decoro y además generan un eventual conflicto de intereses. Es una clara violación de un régimen legal aplicable a los abogados y a las restricciones propias de los contratistas de las entidades públicas», puntualizó Bustos.
por Konuco | Ago 20, 2024 | Destacadas, Política
Tres congresistas han presentado un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes que busca eliminar gradualmente el impuesto a los movimientos financieros, conocido como el 4×1000. Los autores de la iniciativa, Christian Garcés, Katherine Miranda y Armando Zabarain, proponen que este gravamen se suprima completamente en un plazo de siete años.
De acuerdo con el proyecto, la eliminación del 4×1000 comenzaría en 2026, con una reducción anual de 0.5 por mil. Esto significa que en 2026 el impuesto sería de 3.5×1000, en 2027 se reduciría a 3×1000, y así sucesivamente hasta llegar a cero en el año 2033.
La representante Katherine Miranda destacó que el impuesto, que inicialmente fue establecido como una medida temporal, se ha convertido en un tributo permanente que afecta negativamente a los usuarios del sistema financiero. «Este impuesto crea distorsiones en los costos financieros de los bancos, disminuye la bancarización y precariza a aquellos que logran mantenerse dentro del sistema financiero», afirmó Miranda.
El proyecto de ley señala que el GMF es un tributo antitécnico que encarece las transacciones financieras y reduce la competitividad del país. Además, se argumenta que este impuesto desincentiva el uso de la banca formal y representa un costo adicional para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La estrategia propuesta en el proyecto es desmantelar el impuesto de manera gradual, permitiendo al Estado ajustar sus finanzas en el proceso. En 2023, el GMF recaudó 14 billones de pesos, y hasta mayo de 2024, la cifra ascendía a 5.9 billones de pesos. Según los autores del proyecto, la reducción del impuesto podría ser compensada por la reinversión de los recursos que las empresas dejarían de pagar en impuestos, estimando una recuperación anual de 1.75 billones de pesos.
Este proyecto de ley promete generar un debate significativo en el Congreso, ya que toca aspectos fundamentales de la política fiscal y la competitividad económica del país.
por Konuco | Ago 16, 2024 | Destacadas, Política
Prosperidad Social ha iniciado un nuevo proceso de prerregistro en el departamento de Amazonas, invitando a más de 5.000 jóvenes a integrarse al programa Renta Joven. Esta iniciativa, que comenzó el jueves en Leticia, busca brindar apoyo financiero y oportunidades a los jóvenes de la región, promoviendo su desarrollo y participación en el bienestar de sus comunidades.
Durante la jornada de prerregistro, los potenciales beneficiarios recibieron asesoría sobre cómo acceder al programa. Además, se presentó la estrategia ‘Impulso Voluntario’, que busca involucrar a los jóvenes en actividades solidarias que contribuyan al desarrollo de sus territorios. Este año, el voluntariado se enfocará en actividades pedagógicas relacionadas con la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad (COP16), que se celebrará en Cali el próximo octubre.
Los jóvenes que participen en el voluntariado tendrán acceso a una caja de herramientas elaborada por el Ministerio de Ambiente, diseñada para fomentar la gestión ambiental y la protección de la biodiversidad en sus comunidades.
María Fernanda Rojas, subdirectora de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, también destacó la importancia de la iniciativa de Economía Popular para el Cambio, lanzada por Prosperidad Social. Esta convocatoria, abierta hasta el 30 de agosto, permitirá a las asociaciones locales recibir hasta 50 millones de pesos para financiar proyectos empresariales.
En cuanto a las transferencias monetarias en el Amazonas, Prosperidad Social ha invertido más de 2.330 millones de pesos en los programas sociales del departamento desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Entre estos, el programa Renta Ciudadana ha beneficiado a 1.000 hogares, de los cuales 962 tienen jefatura femenina, con una inversión de 526 millones de pesos. Además, el programa Colombia Mayor ha apoyado a 1.639 personas de la tercera edad, con una inversión cercana a los 1.100 millones de pesos.
Este esfuerzo demuestra el compromiso del gobierno con el bienestar de las comunidades del Amazonas, proporcionando no solo apoyo financiero, sino también oportunidades para el desarrollo y la participación activa en la protección de su entorno.
por Konuco | Ago 16, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
El Gobierno Nacional ha tomado medidas inmediatas para reforzar la seguridad en las Altas Cortes, luego de que la Policía Nacional emitiera una alerta sobre posibles riesgos para la Corte Suprema de Justicia. La respuesta ha sido coordinada y efectiva, con la participación conjunta de la Policía Nacional y el Ejército.
Desde que se conoció la situación, se han implementado acciones adicionales para proteger el Palacio de Justicia en Bogotá. Estas medidas incluyen la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, la disposición de equipos antiexplosivos, el uso de drones para monitoreo continuo y la intervención de unidades especializadas en seguridad. Estas acciones buscan asegurar la integridad de la institución y de sus miembros.
El 15 de agosto, el presidente de la República convocó un Consejo de Seguridad extraordinario para evaluar la situación en detalle. Como resultado de esta reunión, se decidió no solo aumentar las medidas de protección en el Palacio de Justicia, sino también extender estas acciones a otras sedes judiciales en todo el país. Esta decisión fue tomada en coordinación con el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes están supervisando personalmente la implementación de las medidas.
El Gobierno Nacional ha reafirmado su compromiso con la defensa de las instituciones judiciales y la protección del Estado de Derecho en Colombia. Se continuará monitoreando la situación de cerca para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para prevenir cualquier amenaza contra la Corte Suprema y otras instancias judiciales del país.
por Konuco | Ago 16, 2024 | Destacadas, Salud
La distribución desigual de las unidades de medicina nuclear en Colombia está generando serios problemas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves como el cáncer, la cardiología y la neurología, especialmente en ciudades intermedias y áreas rurales. A pesar de ser una herramienta crucial para el diagnóstico temprano y la planificación de tratamientos, solo el 60% del territorio nacional cuenta con cobertura en esta especialidad médica.
Actualmente, las unidades de medicina nuclear se concentran principalmente en las grandes ciudades. Bogotá lidera con 21 unidades, seguida de Cali y Barranquilla con 9, y Medellín con 6. Sin embargo, en ciudades intermedias como Ibagué, Pasto, Montería, y Cúcuta, la cobertura es mucho más limitada, con solo una o dos unidades en funcionamiento. Este desequilibrio significa que el 67% de las unidades están en las principales ciudades, dejando a las ciudades intermedias con solo el 33% de los servicios.
La presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear e Imágenes Moleculares (ACMNIM), Emperatriz Angarita, ha subrayado que la falta de acceso a estos servicios en regiones menos urbanizadas limita significativamente el diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades graves, agravando la situación de los pacientes. «La desigualdad en la distribución de unidades de medicina nuclear y la falta de servicios en ciudades intermedias y áreas rurales afecta directamente la calidad de vida de los pacientes, retrasando diagnósticos y tratamientos cruciales», afirmó Angarita.
Además de la desigual distribución geográfica, la medicina nuclear en Colombia enfrenta desafíos regulatorios que frenan su expansión. La complejidad de las regulaciones, que involucran múltiples entidades como la DIAN, INVIMA y el Servicio Geológico Colombiano, dificulta la apertura y operación de nuevas instalaciones. Estos requisitos, que incluyen desde permisos para el manejo de materiales radiactivos hasta certificaciones de buenas prácticas, ralentizan el desarrollo de nuevas unidades y servicios en el país.
A pesar de estos desafíos, el mercado global de la medicina nuclear, particularmente en el área de la teragnóstica, está en pleno crecimiento, con un aumento proyectado del 13% para 2032. En Colombia, el uso de radiofármacos para tratamientos oncológicos y radioterapia ha visto un incremento significativo, destacando la necesidad de una mayor inversión y expansión en esta área para mejorar la atención médica.
La medicina nuclear es fundamental no solo para el diagnóstico preciso, sino también para la planificación y ejecución de tratamientos efectivos, especialmente en oncología. Sin embargo, para que estos beneficios se traduzcan en mejoras reales en la calidad de vida de los pacientes, es crucial que se amplíe la cobertura y se simplifiquen los procesos regulatorios que actualmente limitan su crecimiento en el país.
