Cárcel para responsables de agresiones sexuales a menores en Cauca

Cárcel para responsables de agresiones sexuales a menores en Cauca

La Fiscalía General de la Nación logró obtener una sentencia condenatoria y presentó una imputación contra dos hombres por agresiones sexuales cometidas contra cuatro menores de edad en Cauca.

Wilfrido Guevara Ule fue condenado a 15 años de cárcel por actos sexuales con menor de 14 años. Según las pruebas presentadas por un fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a víctimas de violencia Sexual (Caivas), Guevara, aprovechando su posición como docente, realizó tocamientos sexuales a una estudiante en 2014 y nuevamente en 2018 a otra alumna en la escuela de La Palma en Inzá. Guevara, quien se encontraba prófugo, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el barrio Centro de Popayán.

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Por otro lado, Humberto Enrique Burbano Erazo fue imputado por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado. Burbano habría abusado sexualmente de dos niñas en una vivienda del barrio Yanaconas de Popayán, donde residía como inquilino. El hombre fue capturado por el CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, cuando salía de su residencia. Durante las audiencias, Burbano negó su responsabilidad, pero se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

 

Moción de censura contra Ricardo Bonilla por caso UNGRD

Moción de censura contra Ricardo Bonilla por caso UNGRD

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, enfrentará una moción de censura en el Congreso debido a su presunta implicación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La moción fue promovida por el senador de la Alianza Verde, “Jota Pe” Hernández, quien asegura tener pruebas de la participación de Bonilla en la ejecución urgente de contratos para favorecer a senadores y representantes.

Bonilla ha negado categóricamente estas acusaciones, defendiendo que sus reuniones con otros ministerios y congresistas forman parte de sus responsabilidades para verificar el cumplimiento del gasto público. “Nunca nadie habló de comprar el Congreso ni congresistas, declaró Bonilla en entrevistas recientes.

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El senador Hernández ha señalado que la moción podría llevar a la renuncia de Bonilla antes de la votación en el Congreso. “Si no llega a renunciar y tampoco prospera la votación, Colombia sabrá cuáles fueron los senadores que prefirieron que se mantenga en el cargo a un ministro que está metido en un escándalo de corrupción”, afirmó Hernández.

La mesa directiva del Senado debe fijar una fecha para la moción, una vez se radique la solicitud, lo cual podría definir el futuro del Ministerio de Hacienda, uno de los más importantes del país.

Foto de presidencia

Desmantelan red ilegal de retransmisión de contenidos deportivos en Antioquia

Desmantelan red ilegal de retransmisión de contenidos deportivos en Antioquia

La plataforma Lacoltv, ubicada en La Estrella, Antioquia, fue desmantelada por las autoridades por retransmitir ilegalmente contenidos deportivos de Win Sports y DirecTV. Durante el allanamiento, la Fiscalía comprobó la retransmisión no autorizada de eventos deportivos. Esto afectó a aproximadamente 100.000 usuarios que habían pagado por el servicio y fueron estafados.

La Fiscalía allanó la sede de Lacoltv, encontrando a una persona responsable de las operaciones ilegales. Los especialistas en propiedad intelectual descubrieron que se retransmitían señales de televisión, incluyendo Dsports (antes Directv Sports) y otros canales. Lacoltv cobraba una tarifa mensual para ofrecer acceso ilegal a competiciones como la Eurocopa, la Copa América y el fútbol profesional colombiano. El desmantelamiento de la plataforma dejó clara la situación de estafa a los usuarios que ya habían pagado.

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La investigación comenzó tras una denuncia de DirecTV Colombia. Identificaron el uso de tecnología IPTV (televisión por protocolo de internet) por parte de la empresa “Iso Matic TV” para retransmitir señales deportivas de manera ilícita. Durante el operativo, se descubrió que “Iso Matic TV” utilizaba las aplicaciones Lacoltv (gratuita) y Lacoltv premium (de pago) para transmitir partidos exclusivos. En el momento del allanamiento, el acusado estaba retransmitiendo un partido de la Copa América entre Canadá y Uruguay.

El acusado utilizaba un software que replicaba la señal original sin vulnerar los sistemas de seguridad de las empresas de televisión paga. Los servicios ilegales ofrecían acceso a contenido premium a precios que oscilaban entre $10.000 (US$2,50) y $200.000 (US$49,91) anuales, dependiendo del tipo de servicio y dispositivo.

Durante el allanamiento, se incautaron dos celulares, dos memorias USB, un router, una computadora portátil, un Roku, dos decodificadores, una computadora de escritorio y un cuaderno con información de los usuarios estafados. Estos elementos serán analizados por la Fiscalía.

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Las autoridades estiman que Lacoltv obtenía ganancias mensuales de varios miles de dólares. Miles de usuarios se quedaron sin el servicio ilegal de Lacoltv. El acusado enfrenta cargos por “acceso o uso ilegal de servicios de telecomunicaciones, violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, violación de los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones”, según informó la Fiscalía.

Este operativo es parte de una serie de acciones en Colombia y América Latina para combatir la piratería. En los últimos meses, se han llevado a cabo allanamientos similares en Tumaco, Nariño y La Playa, Huila. Además, la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) dictó una medida cautelar dinámica contra el sitio web “Skylatina TV” y la aplicación “Smarter Player Lite”.

Imagen web

Directivos de la UNP a disciplinaria por transportar disidentes de las FARC

Directivos de la UNP a disciplinaria por transportar disidentes de las FARC

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una inspección disciplinaria en la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido al escándalo por el uso indebido de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes. El ente de control evaluará si se violaron los protocolos de los esquemas de protección y revisará los contratos celebrados con empresas tercerizadas para prestar servicios de seguridad.

El equipo liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Lucila Mercedes Vidal Luque, recaudó pruebas documentales para identificar las responsabilidades de los agentes de protección involucrados. Este procedimiento se desencadenó después de que en un retén militar, cerca de Bello, Antioquia, se detuviera una caravana que transportaba a disidentes de las FARC. En los vehículos se encontraron armas de fuego, municiones, dinero y otros elementos.

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«Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos», señaló Vidal Luque. Añadió que, aunque aparentemente el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no se descarta indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes.

La Directora Nacional advirtió que esta situación podría derivar en conductas disciplinarias relevantes que involucran a servidores del nivel directivo y otros. Anunció que se realizará una inspección disciplinaria a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello para continuar con la investigación.

Este caso ha generado una profunda preocupación sobre la integridad de los esquemas de protección y la transparencia en la contratación de servicios de seguridad, y se espera que las investigaciones de la Procuraduría arrojen claridad sobre las responsabilidades y posibles sanciones.

 

Familia Vargas Lleras interpone tutela contra Gustavo Petro por difamación

Familia Vargas Lleras interpone tutela contra Gustavo Petro por difamación

Enrique Vargas Lleras ha presentado una acción de tutela ante el Consejo de Estado contra el presidente Gustavo Petro, buscando la protección de sus derechos a la honra y al buen nombre, así como los de su familia. Esta medida responde a una serie de declaraciones consideradas difamatorias realizadas por el presidente a través de su cuenta en la red social X.

La tutela se basa en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la protección contra ataques a la honra y la reputación. Vargas Lleras argumenta que Petro violó este derecho en cuatro ocasiones, haciendo acusaciones infundadas sobre su gestión en la Nueva EPS.

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Las declaraciones de Petro incluyen acusaciones de ocultamiento de deudas por miles de millones de pesos y el uso indebido de recursos públicos para financiar aspiraciones políticas. Estas afirmaciones, según Vargas Lleras, carecen de fundamento fáctico y probatorio, y han dañado la imagen y el prestigio de su familia.

Vargas Lleras solicitó inicialmente una rectificación de las afirmaciones a través del sistema virtual de la Presidencia, pero esta solicitud fue rechazada. En respuesta, ha decidido interponer la tutela como un mecanismo para detener la expansión de las difamaciones y proteger los derechos fundamentales de su familia.

Enrique Vargas Lleras subrayó que la Nueva EPS es una empresa privada con participación de capital público y que él, como miembro de la Junta Directiva, no tenía control sobre los recursos financieros de la empresa. Además, indicó que ninguna auditoría interna o externa ha señalado irregularidades atribuidas a él o su familia.

La acción de tutela busca que el presidente Petro se retracte públicamente de sus declaraciones, utilizando los mismos medios a través de los cuales fueron hechas.