por Konuco | Ago 12, 2025 | Destacadas, Región
Luego de la victoria del candidato opositor Rodrigo Paz Pereira en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, el presidente Gustavo Petro criticó los resultados y aseguró que es el momento de que el movimiento popular de ese país se una.
Según Petro, la derrota del candidato oficialista, Eduardo del Castillo, que se quedó apenas con un 3 por ciento de los votos, fue resultado de la división del movimiento indígena y popular.
«Solo la división del movimiento indígena y popular, permite que los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder«, manifestó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.
Petro respondió así a una publicación de la senadora María Fernanda Cabal, que aseguró: «El criminal socialismo es historia en Bolivia. La derecha se impone«.
«Ahora que entregarán el litio, debe el movimiento popular unirse con dignidad por encima de los egos. La unidad del pueblo es fundamental«, manifestó Petro.
De Colprensa
por Konuco | Ago 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Tropas del Ejército y de la Armada fueron blanco de un ataque perpetrado con drones que lanzaron explosivos en un puesto de control ubicado en el río Naya, sector Pastico, en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, acción que, según las primeras informaciones, dejó tres uniformados muertos y cuatro heridos. El ataque fue atribuido a las disidencias de las Farc Jaime Martínez.
El Comando de la Brigada 29, adscrito a la Tercera División del Ejército, informó que el ataque indiscriminado iba dirigido contra soldados del Batallón de Infantería N.° 56 y personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 24 de la Fuerza Naval del Pacífico, en medio de operaciones de control territorial para brindar seguridad a la población civil.
Como resultado del ataque, el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno, y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz, perdieron la vida. Además, dos soldados profesionales y dos infantes de marina resultaron heridos y fueron trasladados a centros hospitalarios de Buenaventura para recibir atención médica.
El Ejército lamentó la pérdida de los tres militares y dispuso de un equipo especializado de la Dirección de Familia para acompañar y brindar apoyo a los allegados de las víctimas.
La institución militar coordinó con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para realizar los actos urgentes. Adicionalmente, señaló que intensificará las operaciones ofensivas en la zona para ubicar, judicializar y capturar a los responsables del acto criminal.
Las autoridades reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del litoral pacífico caucano y vallecaucano.
De Colprensa
por Konuco | Ago 12, 2025 | Destacadas, Política
Las más de cinco mil personas que a lo largo del día ingresaron al Capitolio Nacional no podían creer que ese hombre que estaba en una gran foto en las escalinatas del edificio era el que estaba postrado en un ataúd en el Salón Elíptico, Miguel Uribe Turbay.
Era una escena que tristemente se ha repetido en varias ocasiones, cuando miles de personas han ido a despedir a sus líderes políticos que, como Miguel, fueron asesinados por las mafias, así como ocurrió con Luis Carlos Galán, quien estuvo en esas mismas instalaciones en agosto de 1989.
Fueron poco más de 11 horas en que una fila interminable de personas pasó a dar un adiós a su líder. Una oración, una arenga por su huella en la política y miles de fotos frente a la caja fúnebre se tomaron en los pocos segundos que tenían para rendir homenaje a quien cientos no conocieron en persona, pero que sí reconocieron por su aporte pese a morir tan joven.
No importó el sol que en momentos caía impecable sobre la Plaza de Bolívar, la misma por la que caminó Miguel en sus diferentes facetas. Allí echó discursos, allí presidió paradas de la Policía cuando fue secretario de Gobierno y allí fue por donde pasó para entrar a la casa que lo consolidó como político, el Congreso de la República.
Efraín Torres, un anciano que raspaba el piso con sus pasos, contó que a Miguel lo conoció en algún acto político del uribismo; mientras que doña Teresa reveló que madrugó para venir desde Ibagué a Bogotá para despedir al hombre que consideraba iba a ser el que verdaderamente traería un cambio para el país.
Así como ellos, fueron miles las historias de quienes esperaron para entrar al Salón Elíptico, en donde estaba desde la noche del lunes el joven Miguel, recibiendo el homenaje que en vida no alcanzó porque las balas del terrorismo empezaron a cortar su vida el 7 de junio y que terminó muy en la madrugada del lunes 11 de agosto en la Clínica Santa Fe de Bogotá.
Un respeto profundo acompañó esa procesión a lo largo de unas horas que se hicieron cortas para despedir a este joven político. Pasadas las 3 de la tarde se dio uno de los momentos más cargados de dolor y sentimiento: la llegada al salón de su familia, incluyendo a su pequeño hijo Alejandro, quien, por las paradojas de la vida y del terrorismo, también tuvo que despedir a su padre cuando apenas tiene cuatro años, lo mismo que Miguel cuando el narcotráfico mató a su mamá, Diana Turbay Quintero.
Todos los asistentes guardaron un largo silencio, la escena no daba para más. María Claudia, la esposa de Miguel, daba muestras de fortaleza al explicar a su hijo Alejandro que ahí, en esa caja fúnebre, estaba su papá, al que dejó de ver desde ese sábado desgraciado para su familia cuando fue víctima del atentado.
Ni el más fuerte de los asistentes pudo contener sus sentimientos cuando, en al menos tres ocasiones, el papá del senador, el empresario Miguel Uribe Londoño, se fundió en abrazos largos con el ataúd. Su mirada se perdía en el mismo, sus lágrimas expresaban ese dolor, y ahí junto a él le animaba en medio de toda esta compleja situación, María Claudia Tarazona.
Y si alguno de los asistentes aún tenía algo de fortaleza para no flaquear en ese momento, la cantante Andrea Botero interpretó por tres ocasiones, en diferentes momentos, la canción que le compuso en junio pasado al inmolado líder: “Fuerza Miguel”, pero que hoy lleva por título “Vuela Miguel”.
Las sombras de la noche empezaron a aparecer, el frío era cada vez más apabullador en ese histórico edificio que tristemente tenía un huésped pasajero, similar a muchos que han estado allí por culpa de las acciones del terrorismo. Los sonidos del viento se cruzaban por los pasillos del Capitolio Nacional, un silbido que parecía decir: «Ni uno más aquí velado por culpa de la criminal violencia que se ha llevado a miles».
De Colprensa
por Konuco | Ago 4, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
El magistrado Ramiro Riaño Riaño, adscrito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, fue quien resolvió la acción de tutela que presentó la defensa del condenado expresidente Álvaro Uribe, con la que buscaba su libertad inmediata. El político fue sentenciado a 12 años y se ordenó prisión domiciliaria.
El magistrado Riaño ya había tomado decisiones referentes en el caso. En febrero de este año presentó un impedimento para analizar la tutela que interpuso la defensa del expresidente, en ese caso por la recusación en contra de la juez Sandra Heredia.
El argumento del abogado Jaime Granados fue que se violaron los derechos fundamentales del exmandatario, por lo que solicitó que se levantara esa decisión hasta tanto se resolviera el recurso de apelación, es decir, aquel que tenía que revisar el Tribunal Superior de Bogotá, con el que confirmaría o desestimaría la condena.
“La jueza Sandra Heredia transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez”, argumentó la tutela presentada por la defensa.
La juez en su momento precisó que era necesario privar de su libertad a Uribe dado su gran reconocimiento a nivel internacional, por lo que resultaba fácil que pudiera abandonar el país para eludir la sanción impuesta.
Uribe fue sentenciado tras ser declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.
Lo que concluyó la jueza Heredia fue que el expresidente buscó la manipulación de al menos tres testigos, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias «Víctor», y Euridice Cortés, alias «Diana». Pero también sabía que se estaba engañando a la justicia con cartas falsas.
De Colprensa
por Konuco | Ago 4, 2025 | Destacadas, Región
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estuvo a punto de dar un paso crucial en el proceso de justicia transicional en Colombia al imponer las primeras sanciones restaurativas contra exjefes de las FARC, en el contexto de los macrocasos que investigan violaciones graves de derechos humanos, como secuestros (Caso 01) y ejecuciones extrajudiciales (Caso 03).
Esta medida, que fue la primera de su tipo en la historia reciente del país, generó controversia debido a los impactos que tuvo tanto en las víctimas como en los comparecientes, quienes asumieron sanciones sin recurrir a la cárcel, pero con restricciones significativas a sus derechos.
«Nosotros tomamos el camino difícil: estructurar los proyectos primero para que no sea una sentencia imposible de cumplir«, señaló en su momento a Colprensa el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien indicó que esta fase, clave en la justicia transicional, implicó la verificación de las condiciones para que las sanciones, que incluyeron trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador (TOAR), fueran viables y ejecutables.
Estos proyectos, que según la JEP respondieron a las necesidades y expectativas de las víctimas, incluyeron acciones como la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado en zonas afectadas y la reparación simbólica mediante la memoria histórica.
El modelo judicial que se aplicó en estos casos buscó romper con la justicia punitiva tradicional, apostando por un enfoque de reparación, reincorporación y no repetición. Pero, ¿qué se pudo esperar de estas penas? ¿Cómo operaron en la práctica y qué impacto tuvieron en las víctimas y los responsables?
Ramelli indicó en diversas intervenciones que el modelo de sanciones restaurativas «requirió estructurar proyectos viables antes de dictar sentencia«, pues el objetivo fue evitar que las decisiones judiciales se convirtieran en «promesas incumplidas para las víctimas«. Según el magistrado, este proceso fue «difícil«, pero permitió diseñar sanciones que no se quedaran en el papel.
Las sanciones que se prepararon incluyeron TOAR y fueron el resultado de un largo proceso de negociación y trabajo conjunto con las víctimas. Según el Tribunal de Paz, se consultó a más de 200 víctimas, representantes indígenas y autoridades étnicas, quienes aportaron sus ideas y demandas para que los proyectos fueran lo más pertinentes y efectivos posible.
Para garantizar que las sanciones fueran efectivas, la JEP enfrentó desafíos logísticos y financieros. «No basta con dictar sentencia, sino que hay que construir la infraestructura necesaria para que los proyectos sean viables«, destacó Ramelli.
El acuerdo firmado con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) estableció una financiación de $50 mil millones para hacer realidad las sentencias. Sin embargo, esta financiación enfrentó desafíos adicionales, ya que la JEP debió coordinar el cumplimiento de los proyectos con diferentes actores del Estado y de la sociedad civil.
La JEP no solo tuvo la tarea de estructurar las sanciones, sino también de monitorear su cumplimiento. En este sentido, se diseñaron «bitácoras de seguimiento» que permitieron verificar, por ejemplo, si los excombatientes realmente estaban trabajando en el desminado de las zonas afectadas por las minas antipersonales, o si cumplían con las labores de reparación en las comunidades víctimas de secuestros y otras violaciones de derechos humanos.
LAS SANCIONES RESTAURATIVAS PILOTO
El Tribunal de Paz inició tres proyectos restaurativos anticipados con el fin de implementar sanciones en el marco de la justicia transicional. Estos proyectos, desarrollados en diversas regiones del país, involucraron a exintegrantes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública, y buscaron reparar el daño a las víctimas y contribuir a la reconciliación.
“Nosotros ya realizamos tres proyectos anticipados (…) para medir todas las complejidades” de las Sanciones Propias de la JEP, aseguró Ramelli.
-
En el municipio de Nariño, 13 excombatientes de las FARC colaboraron con la comunidad indígena Awá en la reconstrucción de la Casa de la Sabiduría Marcos Paí, un espacio cultural y espiritual para este pueblo. El proyecto consistió en la construcción de un camino hacia la Casa, en el marco de una minga, o trabajo colectivo, que involucró a ambos grupos en actividades de restauración. Este proyecto buscó fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado en la región.
-
El proyecto Horizontes Seguros, llevado a cabo en Dabeiba, Antioquia, involucró tanto a exintegrantes de las FARC como a miembros de la Fuerza Pública, investigados por ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos”. Estos comparecientes colaboraron en la educación de las comunidades sobre el riesgo de minas antipersona en cuatro municipios: Dabeiba, Mutatá, Frontino y Murindó.
-
Tres máximos responsables del subcaso Huila, vinculados al Caso 03, participaron en el proceso de exhumación de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Cementerio Central de Neiva, en colaboración con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
¿QUÉ SE PUDO ESPERAR DE LAS SANCIONES?
En la práctica, los responsables de crímenes graves como secuestros y ejecuciones extrajudiciales realizaron actividades directamente relacionadas con la reparación de los daños causados, tales como el desminado, la exhumación de víctimas y la construcción de proyectos comunitarios. Estas actividades fueron validadas tanto por la Secretaría Ejecutiva de la JEP como por las víctimas.
El impacto en las víctimas se reflejó en su participación activa en la definición y ejecución de los proyectos restaurativos. La JEP garantizó que las víctimas tuvieran voz en la creación de los TOAR, y que estos respondieran a sus necesidades y demandas.
También se promovió la participación de comunidades étnicas, con enfoques diferenciales y un respeto a sus valores culturales. En los casos de mujeres y personas LGTBI, los TOAR se diseñaron con enfoque de género y diversidad.
En cuanto a los responsables, el proceso se enfocó en su reintegración social mediante estas actividades reparadoras, con restricciones de libertad como limitación de residencia y movimiento, sin necesidad de recurrir a la prisión tradicional.
Para garantizar la efectividad, se estableció un sistema de monitoreo y verificación, en colaboración con organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU y autoridades nacionales como el Ministerio de Defensa.
CAMBIAR EL PARADIGMA
El modelo de justicia restaurativa, aunque innovador, se enfrentó al reto de cambiar una mentalidad arraigada en la sociedad colombiana. Durante décadas, el conflicto armado se resolvió bajo un sistema de castigo y prisión. La transición hacia un enfoque de reparación y reconciliación exigió un cambio cultural profundo.
Según Ramelli, este cambio no fue fácil. Surgieron voces críticas que calificaron estas sanciones como una forma de impunidad, sobre todo en casos como los secuestros y las ejecuciones extrajudiciales.
Estos sectores defendieron que solo las penas de prisión garantizaban justicia. Por ello, el reto fue doble: implementar el modelo y convencer a la sociedad de que era un camino más efectivo hacia la paz.
«La verdad tiene un contenido terapéutico«, subrayó Ramelli, insistiendo en la importancia de la reparación emocional y social. «El primer paso para la reconciliación es el establecimiento de la verdad«, concluyó el presidente de la JEP.
