por Konuco | May 25, 2025 | Destacadas, Política
La Defensoría del Pueblo reveló que se llegó a un acuerdo entre la comunidad embera que intentó ocupar en los últimos días el Parque Nacional y las autoridades nacionales y del distrito, para reubicarlos en un lugar más adecuado.
A través de su cuenta en la red social X, la entidad celebró el acuerdo y señaló que ahora viene una fase de trabajo para la habilitación urgente de un espacio que reemplace la UPI Rioja, en donde están ubicados actualmente los indígenas de la comunidad.
«Hacemos un llamado al Gobierno Nacional –a cada una de las entidades que conforman el Sistema de Atención a Víctimas– para que, en el menor tiempo posible, aporten en el proceso de adecuación del albergue temporal», dijo la entidad, que también expresó su preocupación porque los cambios en la dirección de la Unidad para las Víctimas puedan afectar este proceso.
«Acompañamos a la comunidad Embera en su diálogo con las instituciones. Exhortamos al Gobierno nacional a cumplir sus compromisos. Esperamos que los nuevos cambios anunciados en @UnidadVictimas no generen nuevos traumatismos en el cumplimiento de los acuerdos», dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín, en su cuenta en la red social.
Desde hace varias semanas, la comunidad embera que se encuentra asentada en Bogotá ha intentado en varias ocasiones reocupar el parque, que por varios meses estuvo ocupando el año pasado y que quedó seriamente afectados después de meses de ocupación.
En el último intento, registrado hace unos días, las autoridades impidieron su ingreso al parque, pero los manifestantes, alrededor de 300 personas, se quedaron al lado del parque, en la carrera séptima con calle 40.
El distrito acusó a los líderes de la comunidad de instrumentalizar a los niños en su protesta.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 24, 2025 | Destacadas, Región
La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una alerta en las últimas horas sobre la grave situación de seguridad que enfrentan los habitantes del bajo Calima, en el distrito de Buenaventura.
La crisis de seguridad se estaría presentando por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, quien actúa en alianza con el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
«Esto estaría generando una grave crisis que ha afectado a más de 4.000 personas en su mayoria pertenecientes al Consejo Comunitario de Bajo Calima y del pueblo indígena Wounan del Resguardo Santa Rosa de Guayacán», informó la defensora.
Ambas comunidades habían retornado en diciembre de 2023 y junio de 2024 a sus territorios luego de encontrarse desplazadas en Buenaventura.
“El conflicto ha generado al menos 40 confinamientos masivos, nuevos desplazamientos como el de 46 familias en Semana Santa, asesinatos selectivos, la siembra de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual”, indicó Marín, recordando que estos hechos ya habían sido advertidos por la Alerta Temprana 039 de 2023.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 24, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría solicitó a los ministerios del Interior y de Defensa, información relacionada con una operación de la Armada que involucró a integrantes de la comunidad indígena Minitas – Mirolindo, en Barrancominas, Guainía.
Según la denuncia, cuando los pescadores y cazadores de la comunidad regresaban al resguardo con los alimentos recogidos, luego de sus tradicionales actividades de subsistencia, fueron interceptados y judicializados por integrantes de la Armada Nacional, un hecho interpretado por las autoridades ancestrales como un acto de persecución y atropello, en contravía de sus derechos territoriales, culturales y colectivos.
En tal sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior evaluar la posibilidad de propiciar un espacio de diálogo, escucha y construcción de soluciones entre la comunidad afectada y el Batallón de la Armada.
Al Ministerio de Defensa le pidió un informe sobre los hechos referidos, las acciones institucionales adoptadas y las medidas de relacionamiento desarrolladas con las autoridades del resguardo.
Por último, el ente de control requirió a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía reportar las medidas ambientales vigentes sobre el resguardo, así como las estrategias de relacionamiento establecidas con sus autoridades indígenas para armonizar la gestión ambiental con los usos tradicionales de los recursos naturales.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 24, 2025 | Destacadas, Política
La Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación al Ministerio del Interior por no realizar el diálogo intercultural previsto para el 7 de mayo en el que se discutiría la normatividad de las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) de la Amazonía.
Indicó que esta omisión afecta principios fundamentales de consulta previa y autonomía de los pueblos indígenas y representa un incumplimiento de compromisos establecidos.
En una comunicación oficial, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos recordó al Viceministerio para el Diálogo Social y a la Dirección de Asuntos Indígenas que la no realización del encuentro contraviene lo pactado con autoridades étnicas.
Además, señaló que la suspensión del espacio vulnera los compromisos adquiridos en la Mesa Regional Amazónica, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Decreto Ley 632 de 2018 —que establece la creación y reglamentación progresiva de las Entidades Territoriales Indígenas mediante consulta y concertación— y la sentencia T-180 de 2024, que ordenó garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y advirtió que omitir estos espacios vulnera derechos fundamentales como la autonomía y el autogobierno.
El organismo de control insistió en la necesidad de avanzar en la reglamentación de las ETIs y advirtió que las autoridades indígenas deben ser parte activa en este proceso. Afirmó que su exclusión afecta la garantía de derechos colectivos y los principios constitucionales de participación.
Ante este panorama, la Procuraduría instó al Ministerio del Interior a concertar nuevas fechas para el desarrollo del diálogo intercultural, asegurando la presencia efectiva de los delegados indígenas y de las entidades garantes involucradas en el proceso.
También subrayó que las Entidades Territoriales Indígenas representan una herramienta clave para el reconocimiento de la plurietnicidad y la multiculturalidad del Estado colombiano, y son esenciales para consolidar mecanismos de autonomía y gobernanza propia de los pueblos originarios.
El Ministerio del Interior no realizó el diálogo previsto con autoridades indígenas, lo que pone en riesgo la concertación de normas clave para las Entidades Territoriales Indígenas de la Amazonía.
La Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación al Ministerio del Interior por no realizar el diálogo intercultural previsto para el 7 de mayo en el que se discutiría la normatividad de las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) de la Amazonía.
Indicó que esta omisión afecta principios fundamentales de consulta previa y autonomía de los pueblos indígenas y representa un incumplimiento de compromisos establecidos.
En una comunicación oficial, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos recordó al Viceministerio para el Diálogo Social y a la Dirección de Asuntos Indígenas que la no realización del encuentro contraviene lo pactado con autoridades étnicas.
Además, señaló que la suspensión del espacio vulnera los compromisos adquiridos en la Mesa Regional Amazónica, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Decreto Ley 632 de 2018 —que establece la creación y reglamentación progresiva de las Entidades Territoriales Indígenas mediante consulta y concertación— y la sentencia T-180 de 2024, que ordenó garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y advirtió que omitir estos espacios vulnera derechos fundamentales como la autonomía y el autogobierno.
El organismo de control insistió en la necesidad de avanzar en la reglamentación de las ETIs y advirtió que las autoridades indígenas deben ser parte activa en este proceso. Afirmó que su exclusión afecta la garantía de derechos colectivos y los principios constitucionales de participación.
Ante este panorama, la Procuraduría instó al Ministerio del Interior a concertar nuevas fechas para el desarrollo del diálogo intercultural, asegurando la presencia efectiva de los delegados indígenas y de las entidades garantes involucradas en el proceso.
También subrayó que las Entidades Territoriales Indígenas representan una herramienta clave para el reconocimiento de la plurietnicidad y la multiculturalidad del Estado colombiano, y son esenciales para consolidar mecanismos de autonomía y gobernanza propia de los pueblos originarios.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes que acudirá a las instancias judiciales para se le obligue al Gobierno a cumplir con la orden de retorno de la comunidad indígena embera asentada en el borde del Parque Nacional y además presentará una acción de tutela para que se les restablezcan los derechos de unos 220 niños que acompañan a sus padres en las protestas y estás expuestos a la violencia.
«Vamos a actuar con las herramientas que tenemos a disposición, herramientas que tiene que ver por ejemplo con la presentación de una acción para que se identifique el desacato a la decisión judicial del retorno. Nosotros consideramos que ahí hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda», afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
El mandatario sostuvo que en el 2023 se emitió una orden judicial para que el Gobierno atendiera la situación y garantizara el retorno de los grupos aborígenes que estuvieron asentados ese año en el Parque Nacional y quienes accedieron a abandonarlo, tras acuerdos con la administración de Gustavo Petro, que a la fecha ha incumplido, de ahí la decisión de un grupo de emberas de intentar volver a instalarse en el parque, en protestas a los incumplimientos.
Además de ello, Galán denunció que los más de 200 niños que están con sus padres en los andenes del Parque Nacional no están yendo a la escuela ni sus mayores les permiten recibir ayuda del Distrito.
«Vamos a presentar una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de estos niños y que se les permita recibir la atención que el Distrito les está ofreciendo», avisó el Alcalde, al denunciar que los menores de edad han sido «instrumentalizados» por sus adultos y utilizados en el bloqueo de vías y otras acciones de hecho, poniendo en riesgo la integridad de los menores.
Frente a este tema el secretario de Gobierno de la capital, Gustavo Quintero, le envió un «mensaje claro» a los emberas en protestas, «en Bogotá los derechos de las niñas y los niños están por encima de todo. Esta es una condición esencial para garantizar la permanencia de cualquier comunidad en el territorio».
El mandatario aseguró que toda esta situación crítica se deriva de las promesas incumplidas del Gobierno, que dejó a su suerte a este grupo de indígenas que ahora reclaman lo que les anunciaron.
Galán enumeró los incumplimientos del Ejecutivo con los indígenas, al tiempo que señaló que la ciudad ha invertido unos $22.000 millones para atender a esta población.
Foto y noticia: Colprensa
