por Konuco | Ago 23, 2024 | Destacadas, Región
Sahagún, Córdoba, 23 de agosto de 2024. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó el día de ayer una significativa entrega de terrenos en Sahagún, Córdoba, que promete transformar la vida de 300 campesinos de la región.
Un total de cinco fincas, que suman 1.378 hectáreas, fueron oficialmente transferidas a diversas organizaciones y agencias gubernamentales con el objetivo de rehabilitar estas tierras previamente vinculadas con actividades ilegales.
Entre las propiedades entregadas destaca la Finca Nuevo México, una extensión de 497 hectáreas, que ha sido asignada a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta acción es parte de una estrategia integral del Gobierno Nacional destinada a mejorar la calidad de vida de los campesinos en Sahagún.
La Finca Tucunare, con 17 hectáreas, también ha sido entregada a la ANT, facilitando así la distribución de tierras y fortaleciendo el apoyo a los agricultores locales.
La Finca Maragón, que cuenta con 710 hectáreas, ha sido cedida a la organización Los Laureles. Esta propiedad es especialmente prometedora para la producción de alimentos, lo que contribuirá al desarrollo económico y la seguridad alimentaria en la región.
Por otro lado, la Finca Tengo Amores, de 40 hectáreas, ha sido asignada a sus nuevos ocupantes que planean implementar proyectos agrícolas y piscícolas, diversificando así las actividades económicas de la zona.
La Finca Las Monitas, con 114 hectáreas, fue entregada a la Asociación Rosmug, que se encargará de la producción de cultivos de pancoger y avicultura, este terreno beneficiará directamente a 18 personas, quienes podrán generar ingresos y mejorar su bienestar mediante actividades agrícolas sostenibles.
Estos terrenos estaban anteriormente asociados con delitos como lavado de activos, narcotráfico y corrupción. La transferencia de estas fincas es parte de un esfuerzo continuo del Gobierno Nacional para restituir tierras a comunidades que las necesitan, promoviendo un desarrollo rural inclusivo y sostenible.
La SAE, junto con la ANT y otras organizaciones locales, busca convertir estos espacios en motores de progreso económico y social, impulsando así la economía popular y el bienestar de las comunidades campesinas en Sahagún.
Con esta entrega, el Gobierno reafirma su compromiso con la justicia social y el desarrollo integral de las regiones afectadas por conflictos y actividades ilícitas, dando un nuevo propósito a las tierras que una vez fueron símbolos de problemas y ahora se transforman en oportunidades para el crecimiento y la prosperidad local.
por Konuco | Ago 22, 2024 | Destacadas, Política
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha iniciado acercamientos con la empresa Thomas Greg & Sons para explorar la posibilidad de prorrogar temporalmente el contrato para la expedición de pasaportes, el cual está programado para vencer el próximo 2 de octubre. Según fuentes cercanas al proceso, estas conversaciones se han estado llevando a cabo durante la última semana, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y evitar posibles interrupciones en la expedición de pasaportes.
Además de la prórroga del contrato, el Gobierno también estaría buscando la retirada de la demanda que Thomas Greg & Sons presentó contra el Estado colombiano. Esta demanda, que supera los $100.000 millones, se originó por el incumplimiento de un contrato vigente y la revocatoria del mismo durante la administración del entonces canciller Álvaro Leyva.
Según información, las negociaciones entre el Gobierno y la multinacional aún se encuentran en una fase inicial, y se espera que las discusiones continúen en las próximas semanas. Estas mesas de trabajo contarán con la participación de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General, quienes supervisarán el proceso para garantizar la transparencia y legalidad del mismo.
A pesar de la incertidumbre generada por la posible expiración del contrato, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró el pasado 20 de agosto que no habrá ninguna afectación en la expedición de pasaportes. El Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometió a trabajar conjuntamente para asegurar que el servicio continúe sin interrupciones, tranquilizando así a los ciudadanos colombianos preocupados por la situación.
Los detalles financieros y la duración exacta de un nuevo acuerdo con Thomas Greg & Sons aún no se han revelado, pero se espera que se tomen decisiones en las próximas semanas para resolver este tema crucial.
por Konuco | Ago 22, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Red de Veedurías de Colombia ha presentado una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Disciplina Judicial contra Fabio Andrés Humar Jaramillo, abogado de Helicol. Según informes, Humar no solo defendía a Helicol, sino que también habría asesorado al juez en el caso y actuado como contraparte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la cual también recibía pagos.
El caso se remonta a marzo de 2023, cuando se destapó un escándalo que implicaba presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte aéreo y la compra de vehículos blindados para Ecopetrol.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, calificó estas acciones como una clara violación ética y pidió a las autoridades que investiguen a fondo para garantizar la transparencia en el proceso.
Hay que contar que el escándalo de Helicol salió a la luz pública a finales de marzo de 2023, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio -en la cual según fuentes, el citado abogado asesoraba desde el 2009 y hasta el 2013- irrumpió por solicitud del mismo profesional del derecho ya actuando como apoderado de Helicol, en las oficinas de Ecopetrol – y dos de sus filiales.
Allí al parecer buscaba detectar presuntas irregularidades, que apuntaban a un posible direccionamiento de contratos hacia empresas que en ese momento operaban en la Orinoquía, evidenciándose también ejecución de órdenes de compra de vehículos blindados, así como prácticas restrictivas a la libre competencia en la contratación del servicio de transporte de personas y carga en helicópteros y aeronaves de la compañía Helistar, para atender las operaciones y mantenimientos solicitados por la petrolera estatal Ecopetrol.
«Este ya no es el caso de la silla giratoria sino de la hélice giratoria, y por eso la Red de Veedurías de Colombia presentó queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá», señaló Pablo Bustos.
Para la Red de Veedurías de Colombia, llama la atención el hecho de que al parecer se llevaran algunos elementos claves como pruebas:
«El abogado habría actuado para que se adelantaran estas diligencias administrativas a entidades públicas, en las que se llevaron información de computadores y teléfonos celulares, proceso que terminó incluso en la Fiscalía mediante decreto de archivo, toda vez que esta corroboró la inviabilidad jurídica de la denuncia del abogado Humar», afirmó el Presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos.
Finalmente, Bustos cuestionó las acciones del abogado y pidió que se tomen medidas:
«Estas acciones rayan contra la ética y el buen decoro y además generan un eventual conflicto de intereses. Es una clara violación de un régimen legal aplicable a los abogados y a las restricciones propias de los contratistas de las entidades públicas», puntualizó Bustos.
por Konuco | Ago 20, 2024 | Destacadas, Política
Tres congresistas han presentado un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes que busca eliminar gradualmente el impuesto a los movimientos financieros, conocido como el 4×1000. Los autores de la iniciativa, Christian Garcés, Katherine Miranda y Armando Zabarain, proponen que este gravamen se suprima completamente en un plazo de siete años.
De acuerdo con el proyecto, la eliminación del 4×1000 comenzaría en 2026, con una reducción anual de 0.5 por mil. Esto significa que en 2026 el impuesto sería de 3.5×1000, en 2027 se reduciría a 3×1000, y así sucesivamente hasta llegar a cero en el año 2033.
La representante Katherine Miranda destacó que el impuesto, que inicialmente fue establecido como una medida temporal, se ha convertido en un tributo permanente que afecta negativamente a los usuarios del sistema financiero. «Este impuesto crea distorsiones en los costos financieros de los bancos, disminuye la bancarización y precariza a aquellos que logran mantenerse dentro del sistema financiero», afirmó Miranda.
El proyecto de ley señala que el GMF es un tributo antitécnico que encarece las transacciones financieras y reduce la competitividad del país. Además, se argumenta que este impuesto desincentiva el uso de la banca formal y representa un costo adicional para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La estrategia propuesta en el proyecto es desmantelar el impuesto de manera gradual, permitiendo al Estado ajustar sus finanzas en el proceso. En 2023, el GMF recaudó 14 billones de pesos, y hasta mayo de 2024, la cifra ascendía a 5.9 billones de pesos. Según los autores del proyecto, la reducción del impuesto podría ser compensada por la reinversión de los recursos que las empresas dejarían de pagar en impuestos, estimando una recuperación anual de 1.75 billones de pesos.
Este proyecto de ley promete generar un debate significativo en el Congreso, ya que toca aspectos fundamentales de la política fiscal y la competitividad económica del país.
por Konuco | Ago 16, 2024 | Destacadas, Política
Prosperidad Social ha iniciado un nuevo proceso de prerregistro en el departamento de Amazonas, invitando a más de 5.000 jóvenes a integrarse al programa Renta Joven. Esta iniciativa, que comenzó el jueves en Leticia, busca brindar apoyo financiero y oportunidades a los jóvenes de la región, promoviendo su desarrollo y participación en el bienestar de sus comunidades.
Durante la jornada de prerregistro, los potenciales beneficiarios recibieron asesoría sobre cómo acceder al programa. Además, se presentó la estrategia ‘Impulso Voluntario’, que busca involucrar a los jóvenes en actividades solidarias que contribuyan al desarrollo de sus territorios. Este año, el voluntariado se enfocará en actividades pedagógicas relacionadas con la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad (COP16), que se celebrará en Cali el próximo octubre.
Los jóvenes que participen en el voluntariado tendrán acceso a una caja de herramientas elaborada por el Ministerio de Ambiente, diseñada para fomentar la gestión ambiental y la protección de la biodiversidad en sus comunidades.
María Fernanda Rojas, subdirectora de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, también destacó la importancia de la iniciativa de Economía Popular para el Cambio, lanzada por Prosperidad Social. Esta convocatoria, abierta hasta el 30 de agosto, permitirá a las asociaciones locales recibir hasta 50 millones de pesos para financiar proyectos empresariales.
En cuanto a las transferencias monetarias en el Amazonas, Prosperidad Social ha invertido más de 2.330 millones de pesos en los programas sociales del departamento desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Entre estos, el programa Renta Ciudadana ha beneficiado a 1.000 hogares, de los cuales 962 tienen jefatura femenina, con una inversión de 526 millones de pesos. Además, el programa Colombia Mayor ha apoyado a 1.639 personas de la tercera edad, con una inversión cercana a los 1.100 millones de pesos.
Este esfuerzo demuestra el compromiso del gobierno con el bienestar de las comunidades del Amazonas, proporcionando no solo apoyo financiero, sino también oportunidades para el desarrollo y la participación activa en la protección de su entorno.
