por Konuco | Feb 14, 2025 | Destacadas, Educación, Judicial e Investigación
Un juez de control de garantías envió a prisión a Willinton Vallejo López, acusado de asesinar a un hombre durante una riña en Anzoátegui, Tolima. La Fiscalía General de la Nación presentó las pruebas que sustentan su presunta responsabilidad en el crimen.
El homicidio ocurrió el 24 de febrero de 2024 en un establecimiento público del casco urbano del municipio. Según la investigación, Vallejo López atacó con un arma blanca a la víctima, quien murió en el lugar. La pareja sentimental del fallecido intentó intervenir, pero también sufrió heridas con la misma arma.
La Policía Nacional capturó a Vallejo López en Anzoátegui y lo puso a disposición de la Fiscalía. Un fiscal de la Unidad de Vida de Tolima le imputó el delito de homicidio agravado, pero el acusado no aceptó los cargos.
Con esta medida de aseguramiento, la Fiscalía busca garantizar que el proceso judicial avance sin interferencias y asegurar justicia para la víctima.
por Konuco | Feb 14, 2025 | Política, Región
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que la decisión sobre la solicitud del presidente Gustavo Petro para que ‘Epa Colombia’, nombre de Daneidy Barrera Rojas, pueda salir de la cárcel bajo la ley de utilidad pública está en manos de los jueces, no del Gobierno. En una entrevista con La W, Buitrago destacó que el Ejecutivo no interviene en estos procesos judiciales y que, si se busca que la influencer sea beneficiada por esta ley, será necesario que lo soliciten directamente los interesados o su abogado.
“Es imposible hacerlo por vías diferentes a las que establece la ley. Si se quiere aplicar la ley de utilidad pública, eso solo lo decide un juez, el de conocimiento o el de ejecución de penas”, afirmó Buitrago, subrayando la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
El presidente Petro había manifestado su interés en gestionar ante el INPEC para que Barrera Rojas pudiera salir de prisión bajo esta ley, pero la ministra dejó claro que el Gobierno no tiene competencias para conceder ese beneficio. Según la ley, los requisitos básicos para acceder a este beneficio incluyen ser cabeza de hogar, haber cometido delitos como el hurto o el tráfico de estupefacientes, y haber actuado en condiciones de marginalidad, lo que, según el autor del proyecto, Rodrigo Lara, no cumpliría ‘Epa Colombia’.
Además, Buitrago señaló que el Código Penal establece una prohibición para conceder beneficios a personas condenadas por instigación a delinquir, como es el caso de Barrera Rojas, quien fue sentenciada por instigar actividades terroristas. La ministra citó el Artículo 68A del Código Penal, el cual impide otorgar sustituciones a quienes hayan cometido este tipo de delitos.
Sobre las críticas de que la solicitud del presidente podría violar la separación de poderes, Buitrago defendió el derecho de Petro a expresarse libremente. “Debemos respetar la libertad de expresión del presidente. Él tiene derecho a dar su opinión y manifestarse sobre estos temas”, explicó.
A pesar de las aclaraciones de la ministra, el futuro de ‘Epa Colombia’ sigue siendo incierto, ya que dependerá de lo que decidan los jueces, quienes evaluarán si cumple con los requisitos legales para recibir el beneficio de la ley de utilidad pública.
por Konuco | Feb 13, 2025 | Política, Región
Este jueves 13 de febrero comenzaron las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes para acelerar la discusión sobre la reforma a la salud, pero el inicio estuvo marcado por controversias y denuncias de irregularidades. La incertidumbre sobre si habría quorum retrasó el inicio de la sesión, que estaba convocada para las 4:00 p.m. pero arrancó casi una hora después.
La controversia surgió cuando algunos representantes cuestionaron la legalidad de los decretos que respaldan la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara y representante de la oposición por Cambio Radical, denunció que el decreto con el que se citó a las sesiones no cumplía con los requisitos legales. Según Garrido, el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Gustavo García Figueroa, no estaba publicado en el Diario Oficial al momento de la convocatoria, lo que violaría las normativas que rigen los actos administrativos.
Garrido presentó pruebas, como pantallazos, que mostraban que el nombramiento de García no aparecía en el Diario Oficial el 11 de febrero, pero sí el 12 de febrero, lo que la congresista calificó como un intento de manipulación del documento oficial. “Se configuraría falsedad en documento público y fraude procesal”, advirtió la representante. En respuesta, radicó una acción de nulidad contra los decretos y presentó una tutela para suspender la convocatoria mientras un juez decide sobre la legalidad del acto.
La denuncia de Garrido se sumó a la preocupación de otros congresistas, como Andrés Forero, del Centro Democrático, quien afirmó que el decreto para convocar a las sesiones extraordinarias era nulo porque quien firmó la convocatoria, el ministro Gustavo García, aún no estaba posesionado oficialmente en el cargo. Forero calificó la situación como una “usurpación de funciones” y añadió que las sesiones podrían estar viciadas desde su inicio.
Además, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, reconoció que el inicio de las sesiones debió haberse pospuesto hasta este miércoles 12 de febrero debido a los problemas con la publicación de los decretos. Salamanca, cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, se vio obligado a convocar a las sesiones una vez que los decretos fueron corregidos y finalmente publicados.
El debate por la reforma a la salud comienza en un contexto de desconfianza y dudas legales que podrían marcar el curso de la discusión. Si las acciones legales de la oposición prosperan, podrían interrumpir el avance de esta controversial reforma que busca modificar profundamente el sistema de salud en Colombia.
por Konuco | Feb 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un juez de control de garantías ordenó la reclusión en centro carcelario de un hombre acusado de secuestrar a su hijastra de 12 años en Puerto Rico, Meta. La Fiscalía General de la Nación imputó al detenido por secuestro simple agravado, cargo que no aceptó.
Según la investigación, el 7 de febrero el sospechoso ingresó a la vivienda donde residía con su pareja y se llevó a la menor. Dos días después, agentes del CTI y el Gaula del Ejército lo capturaron en una zona rural del municipio, donde mantenía retenida a la niña.
Durante el operativo, el presunto secuestrador intentó autolesionarse con un arma cortopunzante al notar la presencia de las autoridades. La víctima fue rescatada y puesta a salvo.
por Konuco | Feb 12, 2025 | Política, Región
Este miércoles, durante una Sala Plena, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del presidente Gustavo Petro y otros involucrados en el caso que investiga la presunta violación de los topes electorales en su campaña presidencial de 2022. Con esta decisión, el proceso investigativo se reanuda y continúa su curso, lo que implica nuevos pasos para determinar la responsabilidad de los implicados.
El caso había quedado en suspenso mientras el CNE evaluaba si la solicitud de nulidad era procedente. En su argumentación, los abogados de Petro sostenían que, por cuestiones de competencia, el caso debería ser trasladado a la Comisión de Acusación de la Cámara. Sin embargo, la mayoría de los magistrados (seis) votaron en contra de la nulidad, mientras que tres magistrados, cercanos al Pacto Histórico, salvaron su voto: Altus Baquero (afín al Partido Liberal), Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.
El CNE Actúa Tras Meses de Aplazamientos y Recusaciones
El pasado mes de octubre, tras un largo periodo de aplazamientos, recusaciones y una revisión exhaustiva del expediente, el CNE decidió abrir oficialmente la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. La sospecha principal es que la campaña de primera y segunda vuelta superó los topes de gastos establecidos por la ley electoral, lo que llevó a la autoridad electoral a iniciar un proceso formal.
Con la decisión tomada, comienza una fase clave del proceso: la práctica de pruebas. Según la ley, después de que los investigados presenten sus descargos, el CNE tendrá tres meses para recolectar pruebas. En algunos casos, esta etapa podría extenderse por otros dos meses. Posteriormente, se darán los alegatos finales y, tras ellos, el ponente del caso dispondrá de dos meses para emitir su fallo definitivo, lo que podría ocurrir a finales de junio de este año.
Un Caso Que Podría Largar Más Tiempo Si Se Apelan Decisiones
Si el CNE determinara que la campaña presidencial de Petro violó los topes de gastos, la defensa aún podría interponer una demanda ante el Consejo de Estado. Esta acción prolongaría aún más el proceso y permitiría que la discusión continúe en una instancia superior.
Los Números de la Investigación: Exceso de Gastos en la Campaña de Petro
La investigación sostiene que durante la primera vuelta electoral, la campaña del presidente Petro habría excedido el límite de gastos en aproximadamente $3.709 millones, mientras que en la segunda vuelta el exceso fue de $1.646 millones. En total, se sospecha que los topes fueron violados por un monto cercano a los $5.355 millones. Aunque en las declaraciones oficiales la campaña reportó gastos de transporte por $4.155 millones en la primera vuelta y $1.330 millones en la segunda, los investigadores concluyen que hubo gastos adicionales, especialmente por los servicios contratados con la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), lo que llevó a cuestionar la veracidad de los informes presentados.
Este caso sigue siendo uno de los más seguidos en la política colombiana y podría tener un impacto importante en la imagen del presidente Petro, dependiendo de cómo avance la investigación en el CNE.
