por Konuco | Jun 30, 2024 | Destacadas, Política
El presidente Gustavo Petro ha anunciado oficialmente la salida del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en medio de un inminente cambio en el gabinete. En la mañana del 29 de junio, Petro comunicó que Velasco dejará su puesto, y recomendó a su sucesor que avance con la concreción del poder constituyente.
Petro criticó las encuestas que intentan frenar este poder y señaló que el próximo ministro deberá establecer los contactos necesarios para lograrlo, ya sea en este o en el próximo gobierno. Agradeció públicamente a Velasco por su buen desempeño.
Por su parte, Velasco agradeció a Petro por la oportunidad de servir en el gobierno, destacando su compromiso con el proyecto progresista. Asimismo, afirmó que seguirá apoyando al gobierno desde cualquier posición donde pueda ser útil.
Esta semana se había anticipado estos cambios ministeriales, que incluyen la salida de varios otros ministros:
- Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, clave en la reforma pensional.
- Jennifer Mojica, ministra de Agricultura, envuelta en controversias con la Agencia Nacional de Tierras.
- William Camargo, ministro de Transporte, criticado públicamente por Petro.
- Aurora Vergara, ministra de Educación, enfrentando desafíos en el sector educativo.
- Catalina Velasco, ministra de Vivienda, en medio de un descontento generalizado.
- Néstor Osuna, ministro de Justicia, que podría ser embajador en España o candidato a la Defensoría del Pueblo.
- Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, cuya salida también sorprendió.
Se mencionan posibles reemplazos como Roy Barreras o Juan Fernando Cristo para el Ministerio del Interior, María Mercedes Maldonado para Agricultura, María Constanza García para Transporte, Amelia Pérez para Justicia, y una mujer aún no confirmada para Minas y Energía. Oscar Sánchez podría asumir Educación, y un hombre, aún sin nombrar, se haría cargo de Vivienda.
por Konuco | Jun 26, 2024 | Destacadas, Política
Medellín, Antioquia (Colombia). Miércoles 26 de junio de 2024. La sala primera especial de decisión de pérdida de investidura del Consejo de Estado ha desestimado en primera instancia la demanda que buscaba la pérdida de investidura del Representante a la Cámara David Alejandro Toro Ramírez.
Toro, quien representa a Antioquia e integra el Pacto Histórico, fue acusado de gestionar, firmar o ejecutar un contrato con el Colegio Mayor de Antioquia durante el período de ley de garantías previo a su elección. El tribunal determinó que no se ha probado que Toro haya incurrido en estas acciones:
“Tenemos hoy un fallo positivo del Consejo de Estado hemos luchado contra un poder económico y mediático muy grande, porque les hemos hecho control político, porque hemos luchado contra la corrupción en Medellín y en Antioquia y porque hemos querido representar a las zonas más excluidas y a las poblaciones más vulnerables”, señaló el congresista luego de la decisión.
Finalmente, aseguró que se trata de una persecusión política contra el Pacto Histórico de la que es víctima y señala que seguirán dando la lucha por las comunidades:
“No podrán porque tenemos la verdad como principio y la defensa de los derechos de las minorías y los excluidos como nuestro faro. Gracias a quienes nos siguen acompañando, gracias al pacto histórico y gracias a este gobierno del cambio”.
por Konuco | Jun 24, 2024 | Destacadas, Política
Bogotá, 24 de junio de 2024 – Colombia se encuentra nuevamente envuelta en un escándalo de interceptaciones telefónicas ilegales, conocidas popularmente como «chuzadas». Recientes revelaciones han expuesto la persistencia de estas prácticas, afectando a la Corte Suprema de Justicia y a varias figuras públicas prominentes.
El Retorno de las Chuzadas
El país tiene una historia de escándalos de interceptaciones, notablemente durante el gobierno de Álvaro Uribe. En esa época, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue acusado de espiar a magistrados, políticos y periodistas sin autorización judicial. Estas acciones buscaban obtener información confidencial y desprestigiar a la Corte Suprema en momentos clave de investigaciones sensibles, como la parapolítica.
María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, fue implicada en coordinar estas interceptaciones. Según las investigaciones, Hurtado ordenó infiltraciones en la Corte Suprema, grabando reuniones privadas y manipulando la información recolectada para favorecer intereses específicos.
Nuevas Revelaciones
En las últimas semanas, han surgido nuevas pruebas que indican que estas prácticas continuaron más allá del DAS. Miembros de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) han sido acusados de colaborar en la manipulación de informes y en la organización de reuniones clandestinas para coordinar interceptaciones ilegales. Estas actividades han implicado a funcionarios de alto rango y revelado una red de espionaje que amenaza la independencia judicial del país.
Grabaciones obtenidas durante las investigaciones muestran cómo se utilizó tecnología avanzada para evadir los controles de seguridad de la Corte Suprema y registrar conversaciones privadas de magistrados. Estas interceptaciones permitieron a los espías acceder a información confidencial sobre decisiones judiciales y discusiones internas del tribunal.
Reacciones y Consecuencias
Las revelaciones han generado una fuerte reacción en la opinión pública y en la comunidad internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores políticos han condenado estas prácticas, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y regulación en las actividades de inteligencia.
La Fiscalía General de la Nación ha asegurado que llevará a los responsables ante la justicia y continuará con las investigaciones para prevenir futuras violaciones. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la independencia judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos, destacando la importancia de mantener la integridad de las instituciones democráticas del país.
Este escándalo subraya la urgente necesidad de implementar controles más estrictos sobre las actividades de inteligencia en Colombia, asegurando que se respeten los derechos fundamentales y se mantenga la confianza en las instituciones.
La situación sigue desarrollándose, y se espera que nuevas revelaciones y medidas judiciales arrojen más luz sobre el alcance y las implicaciones de estas prácticas de interceptación ilegal.
Foto: Colprensa
por Konuco | Jun 21, 2024 | Destacadas, Política
En las últimas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el senador del Cambio Radical, David Luna, han protagonizado un acalorado enfrentamiento en redes sociales a raíz del hundimiento de la reforma educativa en el Congreso de la República. La falta de un último debate necesario para su aprobación en la legislación ordinaria provocó el malestar del mandatario, quien no dudó en expresar su descontento públicamente.
Petro acusó a Luna y a sus compañeros de la Comisión Primera del Senado de intentar crear «EPS privadas de la educación», sugiriendo que su verdadero objetivo era desviar fondos para intereses privados en lugar de mejorar el sistema educativo colombiano. «Lo que querían David Luna y sus amigos de Comisión I del Senado era crear las EPS privadas de la educación. Ordeñar el presupuesto para los dueños de una llamada ‘educación terciaria de pacotilla’», escribió Petro en su cuenta de X.
En respuesta, Luna no se quedó callado y lanzó una fuerte réplica contra el presidente. «Presidente, cuando se refiere a mis amigos de la Comisión I, ¿habla de los miembros de su propio partido que firmaron la enmienda del acuerdo al que llegamos?», replicó el senador.
Además, acusó a Petro de usar la reforma educativa para cumplir compromisos políticos con FECODE, el sindicato de maestros, sugiriendo que los 500 millones de pesos que FECODE aportó a la campaña presidencial de Petro influenciaron el curso de la reforma. «Dígale la verdad al país, a usted lo que le interesaba era responder por los 500 millones que le aportó FECODE a su campaña y por eso hundió la reforma a la educación. Su interés nunca fue mejorar la educación, solo cumplirle a un sindicato», declaró Luna.
El enfrentamiento escaló cuando Luna también responsabilizó al gobierno de Petro por actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afirmando: «No se equivoque, yo no soy como su gobierno, que ordeñó la UNGRD y se robó la plata de La Guajira. El que está acostumbrado a eso es usted».
Ante este conflicto, la Ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció que a pesar del hundimiento de la reforma, el gobierno propondrá nuevamente la ley estatutaria en la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio. Vergara enfatizó la necesidad de continuar con los esfuerzos para mejorar la educación en el país y pidió a Petro que brindara más información sobre los planes futuros para su ministerio.
La situación ha generado un intenso debate en el país, reflejando la polarización política y las tensiones dentro del Congreso en torno a las reformas clave del gobierno. La controversia sobre la reforma educativa y los enfrentamientos públicos entre figuras políticas de alto perfil como Petro y Luna subrayan los desafíos que enfrenta la administración en la implementación de su agenda legislativa.
por Konuco | Jun 20, 2024 | Destacadas, Política
Bogotá, 20 de junio de 2024 – El Senado y la Cámara de Representantes han aprobado la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una medida destinada a mejorar el acceso a la justicia para los campesinos y comunidades rurales.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que esta ley protege la propiedad rural sin introducir disposiciones sobre expropiación. «La ley crea jueces especializados que aplicarán el derecho vigente para proteger la propiedad», afirmó.
La ley establece jueces de circuito y tribunales agrarios, ubicados en zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), núcleos de reforma agraria y áreas con cultivos ilícitos. También se crearán centros de apoyo técnico y la figura del facilitador agrario, que brindará orientación gratuita.
Los jueces y magistrados serán seleccionados mediante concursos de méritos, enfocados en derecho agrario, administrativo y ambiental. Aún queda pendiente la discusión de una ley ordinaria que definirá los requisitos y procedimientos operativos de la nueva jurisdicción.
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